Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017


A.1 Alegatos en relación con la incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos



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A.1 Alegatos en relación con la incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos





  1. La Comisión y las representantes indicaron que, conforme al marco normativo vigente en la época de los hechos, los “delitos comunes” cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas eran de competencia de los tribunales militares, por lo que la investigación y proceso judicial fueron tramitados por la Fiscalía Militar y el Tribunal Militar desde 1998 hasta el 2002. Asimismo, coincidieron en que dicha jurisdicción debía tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de los intereses jurídicos vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. La Comisión y las representantes afirmaron que, a pesar de que la normativa adoptada desde 1999 regularía lo contrario, el proceso penal siguió tramitándose ante la jurisdicción militar. Además, coincidieron en señalar que la jurisdicción penal militar no cumplió con las garantías de juez independiente e imparcial, ya que resultaba problemático para ello el hecho de que sean las propias fuerzas armadas las encargadas de juzgar a sus miembros pares.




  1. El Estado aceptó que el procedimiento se inició ante una jurisdicción incompetente, como si se tratara de un delito de naturaleza militar, en el que la investigación se efectuaba confidencialmente, pero señaló que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la remisión de la causa a los tribunales ordinarios, siendo el propio Estado quién enmendó los errores procesales cometidos por sus órganos jurisdiccionales. El Estado señaló que actualmente el proceso penal es aún conocido por la jurisdicción ordinaria en cumplimiento del artículo 294 de la Constitución de Venezuela, el que establece que todos los casos de violaciones a los derechos humanos son competencia de esta jurisdicción.



A.2 Alegatos en relación con el deber de debida diligencia y plazo razonable





  1. La Comisión sostuvo que, dado que se han planteado al menos cuatro hipótesis sobre las circunstancias en que perdió la vida Johan Alexis Ortiz Hernández, la investigación penal constituía el único medio por el cual se podían esclarecer tales hechos y determinar la actuación de los funcionarios militares vinculados con la realización del entrenamiento, así como establecer los niveles de eventual responsabilidad penal, disciplinaria o de cualquier otra índole por estos hechos. En consecuencia, según la Comisión, el Estado se encontraba en el deber de realizar una investigación independiente, imparcial, diligente y efectiva en un plazo razonable. En particular, la Comisión indicó que la investigación del hecho en el ámbito interno presentó una serie de omisiones e inconsistencias que se relacionan directamente con las diligencias que no se llevaron a cabo o que se realizaron tardíamente, como la prueba de balística o la experticia sobre el uniforme que portaba Johan Alexis, y la preservación de las pruebas que las autoridades militares tuvieron bajo su custodia. Por otra parte, consideró que las líneas investigativas han estado guiadas por la versión oficial de lo acontecido, esto es, que la muerte de Ortiz Hernández fue producto de un hecho accidental, de modo tal que no se han evaluado otras hipótesis en relación con el hecho. Finalmente, resaltó que se ha configurado una demora injustificada debido a la actuación negligente y omisiva de las autoridades. En conclusión, la Comisión sostuvo que el Estado incumplió el deber de llevar a cabo una investigación diligente, imparcial y en un plazo razonable sobre la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, lo cual conllevó a que sus familiares no contaran con un recurso judicial efectivo en el cual se estableciera la verdad de los hechos, las sanciones de los autores materiales e intelectuales y una reparación adecuada. Por lo tanto, alegó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.




  1. Las representantes concordaron con la Comisión en que las autoridades intervinientes no practicaron las diligencias esenciales para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, a la vez que no se establecieron otras líneas de investigación para dilucidar las múltiples contradicciones que surgieron con el desarrollo del proceso. Además, aseguraron que tanto la investigación a cargo de la justicia militar como el proceso judicial en el fuero ordinario se caracterizaron por sufrir reiteradas dilaciones, atribuibles a las autoridades que tenían a su cargo la conducción de las pesquisas, ya que, en realidad, el caso no reviste alta complejidad. Concluyeron señalando que, habiendo transcurrido más de 19 años desde la muerte de Johan Alexis, aún subsiste la impunidad de los autores materiales e intelectuales.




  1. El Estado afirmó que “[…] ha hecho todo lo necesario para que el Juzgamiento de estos hechos no queden impunes, corrigiendo en su devenir falencias tales como la falta de jurisdicción de la justicia militar, todo lo cual condujo la causa al estadio en el que hoy se encuentra”. En este sentido, indicó que pese a que se declaró la nulidad de todo lo actuado en el fuero militar, se ordenó la plena vigencia de todas aquellas diligencias practicadas que fueren de carácter irrepetible, lo que permitió salvaguardar el debido proceso y evitar dilaciones indebidas. También, destacó que el proceso se encuentra aún en trámite –en instancia intermedia– a la espera de la realización de la audiencia preliminar, que no pudo llevarse a cabo en virtud de la reticencia y contumacia del acusado, al que se le dictó medida de privación judicial preventiva de libertad. Posteriormente, en el marco de la audiencia pública llevada a cabo ante esta Corte, el Estado reconoció su responsabilidad en relación con la alegada vulneración de los derechos contemplados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en particular al considerar que el proceso se extendió más allá de un plazo razonable.


B. Consideraciones de la Corte


  1. Como una obligación especialmente acentuada y un elemento condicionante para garantizar el derecho a la vida5, la Corte ha establecido que, una vez que se tenga conocimiento de que ha ocurrido una muerte violenta o sospechosa de criminalidad de una persona bajo su custodia o en una especial situación de sujeción, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva6, a fin de dar una explicación satisfactoria de lo ocurrido y desvirtuar así su responsabilidad. En este sentido, la Corte ha señalado que, en supuestos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, los derechos afectados corresponden a los familiares de las víctimas fallecidas, quienes son la parte interesada en la búsqueda de justicia y a quienes el Estado debe proveer recursos efectivos para garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y eventual sanción, en su caso, de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones7.




  1. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos8. Se trata, no obstante, de una obligación de medios y no de resultado que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios9.




  1. Además, este Tribunal ha señalado que “el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”, y que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario “se conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”10.




  1. En el presente caso, la Corte advierte que el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en la tramitación del proceso penal (supra párr. 14). Asimismo, que luego de transcurridos 19 años de ocurridos los hechos no existe un pronunciamiento final y definitivo en cuanto a lo acaecido pues no se ha podido realizar la audiencia preliminar (supra párr. 88), lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos. A la luz de estas consideraciones y del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte da por establecido que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio de los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández.




  1. La Corte considera oportuno recordar su jurisprudencia relativa a los límites de la competencia de la jurisdicción militar y estima pertinente precisar los alcances de dicha violación con el objetivo de asegurar una mejor comprensión de la responsabilidad estatal en el presente caso (supra párr. 39). Además, corresponde analizar los alegatos restantes en torno a la posible violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en cuanto a si el actuar estatal en el curso de la investigación, considerando a ésta en su conjunto, se llevó a cabo con la debida diligencia requerida para satisfacer el derecho de acceso a la justicia.






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