Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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B.1 En cuanto a los hechos





  1. En el presente caso, el Estado planteó su reconocimiento parcial de responsabilidad en torno a las violaciones de la Convención Americana alegadas sin admitir de manera clara y específica cuáles hechos, descritos en el informe de fondo de la Comisión o en el escrito de solicitudes y argumentos de las representantes, le daban sustento a dicho reconocimiento. Sin embargo, manifestó que el reconocimiento se basaba en los hechos contenidos en el informe de fondo (supra párr. 17). Como lo ha hecho en otros casos9, este Tribunal estima que en supuestos como los del presente debe entenderse que el Estado aceptó los hechos que, según el informe de fondo —marco fáctico de este proceso—, configuran las violaciones reconocidas en los términos en que el caso fue sometido.




  1. En particular, la Corte nota que no existe controversia respecto al hecho que el 15 de febrero de 1998 Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de 19 años de edad que cursaba el último año de preparación como efectivo de la Guardia Nacional, falleció en el Hospital San Rafael de El Piñal a raíz de heridas de arma de fuego, cuyo impacto sufrió en el desarrollo de un ejercicio o práctica militar en el marco del “I Curso Anti-Subversivo”, que se realizaba en las instalaciones del Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales de Caño Negro, Municipio Fernández Feo del estado de Táchira (infra párrs. 63 a 75). No obstante lo anterior, la Corte advierte que, tanto en la exposición de los hechos por parte de la Comisión como en sus observaciones sobre el reconocimiento y en la de las representantes, se evidencia que las circunstancias y la forma en que efectivamente ocurrió la muerte del joven Ortiz Hernández no se encuentran esclarecidas.




  1. En efecto, existen diversas versiones o hipótesis sobre las circunstancias que provocaron el deceso del joven Ortiz Hernández y, hasta el momento de la emisión de la presente Sentencia, los tribunales nacionales no han llegado a una determinación suficientemente certera de los hechos (infra párr. 88). La versión oficial, adoptada desde el inicio por las autoridades militares y seguida por la jurisdicción ordinaria es que la muerte fue accidental, debido a que durante el paso del señor Ortiz Hernández por el obstáculo N° 5 consistente en una “zona de rampadera”, el joven se habría levantado por encima de la alambrada y habría sido impactado por las balas de fuego real disparadas por un instructor con una ametralladora AFAG 7,62 mm. En esta misma línea, la hipótesis adoptada por el Ministerio Público se centró en que las heridas que causaron la muerte de Johan Alexis se habrían debido a esquirlas o fragmentos de bala de la referida ametralladora que lo impactaron, mas no a balas enteras y, por esta razón, no existirían orificios de salida. La versión de los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández sostiene, con base en las experticias realizadas, que su muerte fue intencional. Así, conforme a la declaración de un testigo, los familiares alegaron que Johan Alexis ni siquiera habría entrado a “la conejera”, sino que más bien habría llegado al obstáculo herido en el brazo. Otras versiones aparecidas en la prensa, refieren que la muerte habría radicado en el presunto suicidio o que se debió a un disparo proveniente del arma que manipulaba un compañero, esto es, a una herida de bala que lo habría alcanzado accidentalmente.




  1. En suma, a pesar del reconocimiento de responsabilidad del Estado que abarca la aceptación de los hechos contenidos en el informe de fondo de la Comisión, las circunstancias fácticas en que se produjo la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández permanecen controvertidas. En esta línea, si bien el esclarecimiento de las circunstancias fácticas de la muerte de la víctima es una tarea que debe emprender la jurisdicción interna, la Corte considera relevante para el establecimiento de la determinación de lo acontecido en el marco de las obligaciones del Estado, referirse a las distintas hipótesis que presentan cierto grado de verosimilitud.



B.2 En cuanto a las pretensiones de derecho





  1. En lo que se refiere a los alcances de la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 4 de la Convención Americana, la Corte recuerda que, al reconocer su responsabilidad, el Estado se centró en el hecho de que las autoridades de la época desatendieron las regulaciones existentes para el desarrollo de estas prácticas militares, incrementando ilegítimamente el riesgo, que de por sí caracteriza los ejercicios de esta naturaleza.




  1. Por su parte, los alegatos de la Comisión y de las representantes se refirieron a otros aspectos, entre los que destaca: i) una omisión en el deber de prevención del Estado, al no aplicar todas aquellas medidas de carácter jurídico y administrativo necesarias para salvaguardar el derecho a la vida de la víctima en el marco del entrenamiento militar; ii) una falla en su deber especial de protección en relación con el derecho a la vida y a la integridad personal de Johan Alexis Ortiz Hernández, quien bajo la dirección y supervisión de agentes estatales, fue expuesto a participar en una actividad práctica de su formación como alumno de la ESGUARNAC, con la utilización de balas reales, en contravención a lo que supuestamente establecía el instructivo de la actividad, y sin que se cumplieran las condiciones mínimas de seguridad y asistencia médica también requeridas para el ejercicio; iii) la posición especial de garante en la que se encontraba el Estado frente a Johan Alexis, debido a que en su calidad de estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales se encontraba en una relación directa de custodia, subordinación o cuidado por parte del Estado; iv) el uso de la fuerza por agentes estatales del cual puede devenir, como un resultado no intencional la privación de la vida, por lo que debe ser ejercido de manera proporcional y no excesiva, adoptando las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza a este derecho, y v) la carga de la prueba que le corresponde al Estado, quien deberá proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Aunado a lo anterior, si bien la Comisión sostuvo que no contaba con elementos para resolver las controversias en cuanto a las circunstancias en que fue herido Johan Alexis, en sus alegatos finales en torno al deber de investigar, tanto la Comisión como las representantes, hicieron hincapié en que no se habría tratado de un hecho incidental, de modo que la producción de la prueba en el proceso ante esta Corte estuvo encaminada a probar este extremo.




  1. La Corte nota los términos generales en que el Estado planteó su reconocimiento parcial de responsabilidad. Ello permite a la Corte interpretar, en este caso en concreto, que bajo el alcance del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado en torno al artículo 4 de la Convención debe entenderse comprendido no sólo lo indicado expresamente por el Estado, sino también los diversos aspectos desarrollados tanto por la Comisión como por las representantes.




  1. Por otra parte, la Corte subraya que el Estado no se pronunció en lo que respecta a los alegatos de la Comisión y las representantes relativos a que Johan Alexis Ortiz Hernández no habría recibido la atención médica oportuna y necesaria para impedir su deceso, omisiones que resultarían directamente atribuibles al Estado.




  1. En lo que se refiere a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Corte nota que el Estado reconoció su responsabilidad específicamente en el extremo que alude a la violación de la garantía de plazo razonable en cuanto a la duración del proceso, pero no hizo referencia a la debida diligencia en la conducción de la investigación. Además, en lo que respecta a la jurisdicción militar, el Estado consideró que el conocimiento de la investigación por parte de las autoridades militares contribuyó al referido retraso y complicación de las investigaciones, pero hizo hincapié en que actualmente el caso es conocido por la jurisdicción ordinaria. El Estado también reconoció su responsabilidad por la falta de adopción de disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención.




  1. En lo que respecta a la integridad personal de los familiares, la Corte considera que el reconocimiento de responsabilidad efectuado abarca las violaciones alegadas.




  1. Por último, la Corte nota que el Estado no reconoció su responsabilidad en cuanto al alegato relativo a la falta de investigación respecto de las presuntas torturas que habrían sido infligidas al señor Ortiz Hernández previo a su muerte (supra párrs. 14 y 17). No obstante, dado que dicha pretensión fue desistida por las representantes (supra párr. 20), la Corte no se pronunciará al respecto.




  1. Ahora bien, teniendo en cuenta las violaciones reconocidas por el Estado, así como las observaciones de las representantes y de la Comisión, la Corte considera que este reconocimiento del Estado constituye un allanamiento parcial a las pretensiones de derecho de la Comisión y de las representantes respecto a la violación de los derechos a la vida en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández; a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz, y a la integridad personal de los familiares identificados, el cual produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte.






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