Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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Cfr. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 167, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 139.

31 Cfr. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 120, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 150.

32 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra, párr. 127, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 151. Cfr. ONU, Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (“Protocolo de Minnesota”), Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).

33 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 301, citando el Protocolo de Minnesota, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 152.

34 Cfr. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 254.

35 ONU, Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (“Protocolo de Minnesota”), Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).

36 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 305, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 153.

37 Cfr. Acta de Inspección Ocular N° 649 de 15 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XV, anexo a la contestación del Estado, folios 4901 a 4905).

38 Cfr. Acta de Inspección Ocular N° 650 de 15 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XV, anexo a la contestación del Estado, folio 4906); Declaración testimonial rendida por Camilo Alexander Bonilla Cárdenas ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 8 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXII, anexo a la contestación del Estado, folios 8969 a 8970), y Declaración rendida por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 20 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo a la contestación del Estado, folios 8858 a 8868).

39 Cfr. Declaración rendida por Fidel Camilo Rodríguez Barrolleta ante el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdualito el 23 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo XV, anexo a la contestación del Estado, folios 4865 a 4866).

40 Cfr. Declaración rendida por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 20 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo a la contestación del Estado, folios 8858 a 8868).

41 Cfr. Declaración rendida por Celmira Ruiz Velasco ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 25 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXII, anexo a la contestación del Estado, folio 9041).

42 Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra, párr. 87, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 169.

43 Cfr. Acta de diferimiento de Audiencia con solicitud de captura emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 19 de agosto de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folios 10472 a 10473).

44 Cfr. Oficio N° 20-F20-2641-2015 emitido por la Fiscalía 20° del Ministerio Público de la circunscripción Judicial del estado de Táchira el 18 de agosto de 2015 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folio 10506).

45 Cfr. Declaración rendida por Marelvis Mejía Molina ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

1 El artículo 5.1 de la Convención dispone que: “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

2 Cfr. Declaración rendida por Zaida Hernández de Arellano ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017; Declaración rendida por Edgar Humberto Ortiz Ruiz ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017, e Informe psiquiátrico de 18 de mayo de 2015 (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 20 al escrito de solicitudes, argumentos y prueba, folios 4517 a 4529).

3 Cfr. Declaración rendida por Zaida Hernández de Arellano ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017; Declaración rendida ante fedatario público por Zaida Dariana Arellano Hernández el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10774 a 10775), e Informe socio-económico y familiar emitido por el Licenciado Frank Félix Sosa el 4 de agosto de 2015 (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 21 al escrito de solicitudes, argumentos y prueba, folios 4539 a 4540).

4 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Zaida Dariana Arellano Hernández el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10773).

5 Cfr. Declaración rendida por Edgar Humberto Ortiz Ruiz ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017, y Declaración rendida ante fedatario público por Jeckson Edgardo Ortiz González el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10779).

6 Declaración rendida por Edgar Humberto Ortiz Ruiz ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

7 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Zaida Dariana Arellano Hernández el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10773).

8 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Jeckson Edgardo Ortiz González el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10779).

1 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

2 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 209.

3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 26, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 210.

4 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 79 a 81, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332, párr. 187.

5 Cfr. Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 210.

6Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 211.

7 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 174, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 203.

8 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra, párr. 277, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 203.

9Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 118, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 204.

10 Las representantes informaron a la Corte que el 22 de febrero de 2017, con posterioridad a la celebración de la audiencia pública del caso, los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano se reunieron con el Sub-Director con competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, el cual les presentó un formulario de solicitud de aplicación de medidas de protección, descritas en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, “sin embargo, ambos ciudadanos no est[uvieron] de acuerdo con las mismas, puesto que, limitarían en gran medida sus derechos al libre tránsito, a la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas, escritas, periodística, entre otros, lo cual está debidamente consignado en Acta de Comparecencia ante la Fiscalía […]” adjuntada como prueba junto con el escrito de alegatos finales. Cfr. Acta Fiscal de la Fiscalía Vigésima (20°) de la Circunscripción Judicial del estado de Táchira de 22 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLIII, anexo al escrito de alegatos finales de los representantes, folio 10844).

11Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 216.

12 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución emitida por la Corte Interamericana el 28 de mayo de 2010, considerando 28, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 332.

13 Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 270, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 332.

14Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 270, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 332.

15 Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 253, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 332.

16 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 79, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 218.

17 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 227, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C. No. 309, párr. 313.

18 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 213.

19 Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 576.

20 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 81, y Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, supra, párr. 305.

21 Se ordenó al Estado que adoptara “las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aún bajo estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra, párr. 127 y punto resolutivo 4.a).

22 Se ordenó al Estado a “[e]ntrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de la fuerza” y a “diseñar e implementar un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios”. Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, supra, párr. 149 y punto resolutivo 11.

23 El Estado alegó que la medida debería ser desestimada debido a que: i) los supuestos amedrentamientos cometidos por presuntos agentes del Estado no se encuentran contenidos en el informe de fondo; ii) el señor Ortiz Ruiz ni siquiera recordó con certeza la última vez que había sido amenazado; iii) la existencia de dichas presuntas amenazas no han sido comprobadas ni existe constancia alguna que hayan sido objeto de denuncia formal ante las autoridades competentes, y iv) la medida de protección solicitada no resulta procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico en Venezuela, ya que el artículo 8 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, establece una gama de medidas de protección integral dentro del territorio nacional, que no incluye la posibilidad de enviar a la víctima a otro país.

24Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 233.

25 Cfr. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 81, y Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra, párr. 88.

26Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 252, punto resolutivo 8.

27 Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 84, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 236.

28 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 589.

29 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 42, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 241.

30 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 241.

31Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 79 y 82, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 237.

32 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 277, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 237.

33 AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA durante la celebración del XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Punto Resolutivo 2.a), y CP/RES. 963 (1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de la OEA, “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, artículo 1.1.

34 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 30, y Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301, párr. 89.



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