Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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supra, párr. 82, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, supra, párr. 266.

11 La Guardia Nacional de Venezuela o Guardia Nacional Bolivariana, es uno de los cuatro componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, de acuerdo al artículo 328 de la Constitución. La Guardia Nacional se encuentra encargada de conducir las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, cooperar en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación, ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuyan las leyes, así como también participar activamente en el desarrollo nacional, en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: http://www.guardia.mil.ve/

12 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párrs. 119 y 123. Véase también, Peritaje rendido ante fedatario público por Elizabeth Salmón el 2 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10792 a 10810).

13 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Elizabeth Salmón el 2 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10792 a 10810).

14 Cfr., mutatis mutandi, Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 124.

15 Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 125, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 169.

16 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 206.

17 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Elizabeth Salmón el 2 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10792 a 10810).

18 Peritaje rendido ante fedatario público por Elizabeth Salmón el 2 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10806).

19 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Maurice Gastón Larée Quevedo el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10754 a 10755).

20 Según una declaración, la Orden de Operaciones habría sido modificada por el Teniente Villasana Fernández, precisamente porque ésta lo hacía responsable de la práctica en la que se produjo el hecho. Esa modificación le habría atribuido responsabilidad sobre la misma al STTE Rodríguez Barrolleta y, además, habría eliminado las situaciones en las que presentaba fuego real, porque la ESGUARNAC no lo habría autorizado. Cfr. Declaración testimonial rendida por José Gregorio Perdomo Somaza ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 13 de enero de 2005 (expediente de prueba, tomo XXXIII, anexo a la contestación del Estado, folios 9264 a 9266).

21 Con fecha 24 de febrero de 2000 la Consultoría Jurídica del Ministerio de Defensa informó que el correspondiente instructivo es un acto administrativo de carácter general y que, por tanto, no puede ser modificado sino por otro acto de igual jerarquía, dictado por un órgano competente. Asimismo, especificó que un Teniente no tiene cualidad ni competencia para modificar los instructivos dictados por sus superiores jerárquicos. Cfr. Oficio CJ-045 de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Defensa del 24 de febrero de 2000 (expediente de prueba, tomo XIX, anexo a la contestación del Estado, folio 6293).

22 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117, y Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr. 170.

23 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 157, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 154.

24 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Elizabeth Salmón el 2 de febrero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10806 a 10809).

25 Cfr. Orden Administrativa N° 1/98, para la Evacuación y Hospitalización (apartado 3) (expediente de prueba, tomo XXI, anexo a la contestación del Estado, folios 6718 a 6719).

26 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10762 a 10764 y 10768).

27 Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10763).

28 Cfr. Peritaje rendido por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017, y Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10768).

29 Cfr. Peritaje rendido por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017, y Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10762 a 10764 y 10768).

30 Según la declaración testimonial de la médica tratante, Dra. Lucy Vega Chávez, el hospital no se encontraba equipado para atender un paciente con el cuadro que presentaba Ortiz Hernández. En efecto, se trataba de un nosocomio tipo I, donde sólo se daba atención médica en las áreas de pediatría, medicina interna, obstetricia y eventualmente cirugías menores. Además, la médica destacó que en ese entonces no se contaba con quirófano, ni anestesiólogos, cirujano general, cirujano cardiovascular, cirujano de tórax ni con banco de sangre. Cfr. Declaración testimonial rendida por Lucy Vega Chávez ante la Fiscalía Militar Tercera de San Cristóbal el 26 de octubre de 1999 (expediente de prueba, tomo XIX, anexo a la contestación del Estado, folio 6100).

31 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10763).

32 Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 99, y, contrario sensu, Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 181.

33 Cfr. Declaraciones testimoniales rendidas ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 14 y 17 de septiembre de 2004, respectivamente (expediente de prueba, tomo XXXIII, anexo a la contestación del Estado, folios 9167 y 9178).

34 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 111, y Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr. 147.

35 Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 80, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 134.

36 Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 96, y Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 180.

37 Cabe recordar que, según una primera versión oficial de la ESGUARNAC, aproximadamente a las 12.40 horas del día 15 de febrero de 1998, mientras Ortiz Hernández se encontraba atravesando el obstáculo en cuestión recibió “[un] impacto de bala a la altura del hombro derecho con orificio de salida en el cuello, la herida fue producida por un proyectil calibre 7.62 disparada por AFAG, que estaba siendo manipulada por el G/Nal. MALPICA CALZADILLA JEAN CARLOS […]”. Luego, la propia ESGUARNAC destacó que el señor Ortiz Hernández recibió, en realidad, dos (2) impactos de bala, en atención a que el disparo de las ráfagas de proyectiles a cargo de Malpica Calzadilla estaba siendo efectuado, como medida de hostigamiento, con fuego real proveniente de una ametralladora AFAG, calibre 7,62 mm. No obstante esta discordancia en relación con el número de las heridas sufridas por Johan Alexis, ambos relatos coincidieron en señalar que lo ocurrido fue un “trágico accidente”. Cfr. Parte especial remitido por el TCNEL. (GN) J.S. de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. “Víctor Anselmo Fernández Escobar” al CNEL (EJ.) J.S. de la Segunda División de Infantería y Comando de Guarnición del estado de Táchira el 15 de febrero de 1998 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4556), e Informe enviado por el TTE. Comandante de la Primera Compañía al TCNEL Comandante del Cuerpo Alumnos de ESGUARNAC-CORDERO el 12 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo X, anexo 2 al sometimiento del caso, folios 3035 a 3036).

38 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 134.

39 Cfr. Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 27 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo X, anexo 14 al sometimiento del caso, folio 3307).

40 Cfr. Informe de autopsia N° 104/98 de 2 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo a la contestación del Estado, folio 4764).

41 Cfr. Declaración rendida por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 20 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo a la contestación del Estado, folios 8858 a 8868).

42 Peritaje rendido por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

43 Peritaje rendido por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

44 Cfr. Peritaje rendido por Ana Cecilia Rincón Bracho ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

45 Cfr. Declaración testimonial rendida ante el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de San Cristóbal por Cuauhtémoc Abundio Guerra el 10 de diciembre de 1998 (expediente de prueba, tomo XVII, anexo a la contestación del Estado, folios 5647 a 5649).

46 Declaración testimonial rendida ante el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdualito por Franklin Alberto García Rivas el 8 de junio de 1998 (expediente de prueba, tomo XVI, anexo a la contestación del Estado, folios 5181 a 5182).

47 Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10759 a 10760).

48 Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10760).

49 Peritaje rendido ante fedatario público por María del Carmen Bravo González el 24 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folio 10761).

50 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Maurice Gastón Larée Quevedo el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10753 a 10754).

51 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público por Maurice Gastón Larée Quevedo el 26 de enero de 2017 (expediente de prueba, tomo XLII, affidávits, folios 10752 a 10754).

1 El artículo 8.1 de la Convención establece que: “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

2 El artículo 25.1 de la Convención dispone que: “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

3 El artículo 2 de la Convención prevé que: “[s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

4 El artículo 29 de la Constitución venezolana establece que “[e]l Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

5 Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 88, y Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra, párr. 131.

6Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra, párr. 131.

7 Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 130, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 199.

8 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 132.

9 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 132.

10 Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra, párr. 211, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr. 132.

11 Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 117, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 194.

12 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 128, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, supra, párr. 194.

13 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 274, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 147.

14 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 112, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 147.

15 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 142, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, supra, párr. 194.

16 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 145.

17 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 147.

18 Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 118, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 147.

19 Cfr. Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de abril de 2015, considerando 20, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 147.

20 Cfr. Escrito dirigido al Fiscal General de la Nación el 10 de marzo de 1998, suscripto por Edgar Ortiz y Zaida Hernández (expediente de prueba, tomo XI, anexo 27 al sometimiento del caso, folios 3802 a 3805).

21 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra, párr. 128, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, supra, párr. 195.

22 Cfr. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, supra, párr. 198.

23 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 123, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, supra, párr. 411.

24 Cfr. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párrs. 172 y 174, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, supra, párr. 411.

25 El artículo 29 de la Constitución de Venezuela dispone, en lo pertinente, que “[l]as violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

26 El artículo 261 de la Constitución de Venezuela establece que: “[l]a jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada el 15 de diciembre de 1999 y en vigencia desde el 30 de diciembre de 1999, citado en la Sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 87 al sometimiento del caso, folio 4145).

27 Tal decisión se basó en que, conforme a la normativa citada, la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández ocurrió dentro del Destacamento de Comandos Rurales No. 19 y sólo personal militar se encontraba presuntamente vinculado. Cfr. Sentencia emitida por la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela el 22 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 49 al sometimiento del caso, folios 3958 a 3959), y Sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 87 al sometimiento del caso, folios 4142 y 4145).

28 El inciso 3 del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar vigente en la época establecía que “[l]a jurisdicción penal militar comprende: 3. Los delitos comunes cometidos por militares en unidades, cuarteles, guarniciones, institutos educativos, establecimientos militares o en instalaciones de entes descentralizados de las Fuerzas Armadas, en funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas”. Código Orgánico de Justicia Militar publicado en la Gaceta Oficial No. 5.263, Extraordinario del 17 de septiembre de 1998, el cual derogó el Código de Justicia Militar y Naval de 21 de julio de 1933, citado en Sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 87 al sometimiento del caso, folio 4147).

29 Sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 87 al sometimiento del caso, folios 4146 a 4147).
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