Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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Cfr. Sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo a la contestación del Estado, folios 8586 a 8616).

64 Este artículo establece que: “[l]a jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 20 de diciembre de 1999.

65 Cfr. Auto de apertura de la investigación emitido por la Fiscalía Séptima (7°) del estado de Táchira el 7 de marzo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo a la contestación del Estado, folio 8646).

66 Cfr. Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 27 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo X, anexo 14 al sometimiento del caso, folios 3304 a 3451).

67 El experto en balística concluyó que: “1) [l]a víctima, para el momento en que recibe el disparo que le originó las heridas […] se encontraba de pie, de frente al victimario, con el torso inclinado y ubicado en sentido OESTE y adyacente a la entrada de la Conejera[;] 2) [e]l victimario, para el momento de efectuar los disparos hacia la humanidad de la víctima, se encontraba, de pie, de frente a la víctima, ubicado en sentido ESTE, y como área comprometida, después de la salida de la Conejera […]”. Cfr. Informe técnico realizado por el experto en balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística el 18 de agosto de 2005 (expediente de prueba, tomo XXXIV, anexo a la contestación del Estado, folio 9492).

68 Según el experto en balística que realizó la experticia sobre el arma (marca FN AFAG, modelo M61, calibre 7,62) “[…] el daño que produce este tipo de proyectil sobre un cuerpo humano, a un metro y medio de distancia…’ Es letal”. Asimismo, indicó que “[d]icho calibre es de gran poder de penetración motivo por el cual a esa distancia dicho proyectil debe traspasar el cuerpo humano”. Cfr. Experticia de Reconocimiento Técnico realizada por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística el 9 de junio de 2005 (expediente de prueba, tomo XXXIII, anexo a la contestación del Estado, folio 9318).

69 Según el informe técnico, las piezas analizadas no presentaban característica como huellas de campo o huellas de estrías y giro helicoidal que permita individualizarlas con arma de fuego alguna. Cfr. Experticia de Reconocimiento Técnico realizada por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística el 19 de septiembre de 2005 (expediente de prueba, tomo XXXIV, anexo a la contestación del Estado, folio 9404).

70 Cfr. Experticia de Reconocimiento Técnico realizada por una experta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística el 26 de septiembre de 2005 (expediente de prueba, tomo XXXIV, anexo a la contestación del Estado, folios 9408 a 9411).

71 Cfr. Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 24 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, tomo XXXV, anexo a la contestación del Estado, folios 9842 a 9981).

72 Cfr. Nulidad interpuesta ante el Juez Penal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del estado de Táchira el 23 de marzo de 2012, por los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano (expediente de prueba, tomo XII, anexo 116 al sometimiento del caso, folios 4255 a 4261).

73 Cfr. Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 23 de febrero de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXV, anexo a la contestación del Estado, folio 9996); Auto de diferimiento de audiencia preliminar emitido por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 19 de marzo de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10020); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 12 de abril de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10044); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 7 de mayo de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10061); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 22 de mayo de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10079); Auto de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 12 de junio de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10083); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 21 de junio de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10103); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 6 de julio de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10142); Auto de diferimiento de audiencia preliminar emitido por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 20 de julio de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folio 10148); Acta de diferimiento de audiencia preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 14 de agosto de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVI, anexo a la contestación del Estado, folios 10179 a 10180), y Auto de diferimiento de audiencia preliminar emitido por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 5 el 7 de septiembre de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folio 10239).

74 Cfr. Acta de Audiencia Preliminar emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del estado de Táchira el 4 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folios 10269 a 10275), y Sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del estado de Táchira el 5 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folios 10355 a 10365).

75 Cfr. Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 27 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo X, anexo 14 al sometimiento del caso, folios 3304 a 3451).

76 Según la fiscal Mejía Molina, en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público no se pudo determinar el objeto sobre el cual habría impactado el proyectil, para luego fragmentarse y ocasionar las heridas en el cuerpo de Ortiz Hernández. Cfr. Declaración rendida por Marelvis Mejía Molina ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

77 Cfr. Acusación formulada por los representantes del Ministerio Público el 27 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo X, anexo 14 al sometimiento del caso, folio 3307).

78 Cfr. Auto de citación emitido por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control el 5 de marzo de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folio 10378); Acta de diferimiento emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 3 de abril de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folio 10385); Acta de diferimiento de audiencia emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 30 de abril de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folio 10396); Boleta de notificación emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 23 de mayo de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folio 10410); Acta de diferimiento de Audiencia emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 20 de junio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVII, anexo a la contestación del Estado, folio 10435), y Acta de diferimiento de Audiencia emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 18 de julio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folio 10451).

79 Cfr. Acta de diferimiento de audiencia con solicitud de captura emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control el 19 de agosto de 2013 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folios 10472 a 10473).

80 Cfr. Oficio N° 20-F20-2641-2015 emitido por la Fiscalía 20° del Ministerio Público de la circunscripción Judicial del estado de Táchira el 18 de agosto de 2015 (expediente de prueba, tomo XXXVIII, anexo a la contestación del Estado, folio 10506).

81 Cfr. Declaración rendida por la señora Marelvis Mejía Molina ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 9 de febrero de 2017.

82 Entre estas actuaciones pueden señalarse las siguientes: a) el 17 de febrero de 1998 los padres de Ortiz Hernández solicitaron a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público una investigación por la muerte de Johan Alexis; b) el 25 de febrero de 1998 reiteraron dicha solicitud ante el Ministerio Público y denunciaron que desde el día 19 estaban recibiendo llamadas telefónicas anónimas donde, por un lado, les indicaban que averiguaran sobre la muerte de su hijo y, por otro, los amenazaban de muerte para que cesaran sus investigaciones; c) el 1 de abril del mismo año consignaron una copia de un papel encontrado en la ropa de Johan Alexis y manifestaron que su hijo les había comentado, días antes de su muerte, que junto a otros cinco alumnos estaban investigando por su cuenta la muerte de un alumno ocurrida en la misma escuela el año anterior. Además, informaron que habían recibido una llamada anónima donde les decían que lo acontecido con su hijo estaría relacionado con la investigación de dicha muerte. Por tal motivo, solicitaron que ello sea tenido en cuenta en la pesquisa judicial; d) el 29 de abril de 1998 solicitaron al Ministro de Defensa que se designara un juez instructor, se removiera al fiscal militar asignado por ser funcionario de la Guardia Nacional y que, en consecuencia, se designara un fiscal militar especial. Además, alegaron que el expediente debía ser conocido en otra instancia y jurisdicción. Finalmente, denunciaron irregularidades en la instrucción, vinculadas principalmente con las medidas adoptadas en materia de balística, experticia tanto al arma como al uniforme que portaba la víctima, prueba de luminol, exhumación del cadáver, entre otros; f) en octubre del mismo año solicitaron a la Fiscalía que se requiriera al Jefe de la Policía Técnica Judicial de San Cristóbal información sobre las actuaciones relativas a la experticia del arma vinculada con el hecho, el análisis de la trayectoria balística y planimetría y experticia al uniforme que portaba Johan Alexis; g) el 27 de octubre de 1998 consignaron ante el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal una serie de pruebas recabadas como fruto de su propia investigación para que fueran tenidas en cuenta en el caso; h) similar comunicación dirigieron el 6 de noviembre al Fiscal General; i) en enero de 1999 realizaron dos solicitudes al Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, a través de las cuales reclamaron la realización de diligencias investigativas y de experticia en el proceso, incluyendo la prueba de balística, al uniforme de Johan Alexis, al armamento de todo el personal militar perteneciente a la ESGUARNAC y al del personal de los Comandos Rurales del Destacamento N° 19, entre otras, y que todas ellas fueran realizadas por personal no perteneciente a la GN; j) el 5 de mayo de 1999 denunciaron ante la Fiscalía Superior del estado de Táchira que se estaban cometiendo irregularidades en el proceso ante la jurisdicción penal militar, que se les había negado el acceso a la información sobre las diligencias practicadas en el expediente; k) a mediados de 2000, denunciaron que el personal involucrado en el fallecimiento Johan Alexis había sido promovido, aun cuando la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales vedaba dicha posibilidad, y l) requirieron en diversas oportunidades copias certificadas de la totalidad del expediente penal militar, sin que en alguna de ellas pudieran efectivamente conseguirlas.

83 Entre estas diligencias se encuentran las siguientes: i) el 7 de febrero de 2003 Edgar Humberto Ortiz Ruiz solicitó ante la Fiscalía Séptima que se practiquen determinadas medidas de prueba, entre ellas, la citación de la Dra. Rincón Bracho y la exhibición de los fragmentos del proyectil que se encontraban a disposición del órgano investigador; ii) el 26 de marzo de 2003 efectuó una nueva presentación, requiriendo se provean nuevas declaraciones testimoniales y afirmando que Johan Alexis fue herido antes de ingresar a “la conejera” y que éste fue asesinado por proyectiles enteros de pequeño calibre; iii) un mes después, el 29 de abril de 2003 reiteró la solicitud de que se cite a declarar a la Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, lo que efectivamente aconteció el 20 de mayo del mismo año; iv) el 5 de marzo de 2004 presentó un escrito ante la Fiscalía General del Ministerio Público denunciando que la investigación se encontraba paralizada; v) el 3 de diciembre de 2004 solicitó se oficie, entre otras autoridades, al Presidente de la República, con el objeto de poner en conocimiento los ascensos de los funcionarios militares involucrados en el hecho, en contravención del artículo 155 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Además, requirió otras diligencias tendientes a determinar el tipo de arma que causó la muerte de su hijo. La Fiscalía Séptima, negó la solicitud de oficio al Presidente y demás autoridades en relación con el tema de los ascensos de los funcionarios, pero acordó requerir a la empresa CAVIM un informe respecto de la incidencia de un proyectil de una AFAG en el cuerpo humano; vi) el 16 de agosto de 2005 Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández reiteraron su denuncia de retardo en el procedimiento y, a su vez, requirieron que se vuelvan a producir todas las diligencias llevadas a cabo en la investigación militar que luego fueron declaradas nulas por la Sala Constitucional, y vii) el 6 de noviembre de 2006 los progenitores de Johan Alexis efectuaron una nueva presentación en la que denunciaron que la casa de sus abogados fue baleada y, además, solicitaron que se realizara una reconstrucción de los hechos.

84 Cfr. Solicitud presentada ante el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Táchira el 19 de mayo de 1998 por Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández (expediente de prueba, tomo XII, anexo 66 al sometimiento del caso, folios 4051 a 4052).

85 Cfr. Informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Táchira, emitido el 16 de enero de 1999 (expediente de prueba, tomo X, anexo 8 al sometimiento del caso, folios 3258 a 3259).

86 Durante el transcurso de la pesquisa seguida ante la justicia militar, Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano denunciaron que sus letrados se vieron involucrados en el inicio de un procedimiento ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado de Táchira. Según éstos, dicho procedimiento, promovido de oficio, habría estado motivado por fuertes declaraciones públicas realizadas por la señora Zaida Hernández de Arellano en relación con la suerte de la investigación y fue considerado, por los propios padres de Johan Alexis, como una nueva jugada para colocarlos en “desventaja” y evitar el esclarecimiento de lo acontecido con su hijo. Cfr. Nota de prensa aparecida en el diario “Los Andes” el 11 de agosto de 2000 titulada “Los padres de Johan Alexis denuncian nuevas manipulaciones” (expediente de prueba, tomo XII, anexo 75 al sometimiento del caso, folio 4083); Nota de prensa aparecida en el diario “La Nación” el 13 de agosto de 2000 titulada “Padres de Johan Alexis se enfrentan a un nuevo obstáculo por la verdad” (expediente de prueba, tomo XII, anexo 75 al sometimiento del caso, folio 4084), y Escrito presentado ante el Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado de Táchira el 10 de agosto de 2000, suscripto por Zaida Hernández y Edgar Ortiz (expediente de prueba, tomo XII, anexo 77 al sometimiento del caso, folio 4088).

87 En este sentido, cabe destacar las siguientes denuncias: i) el 25 de febrero de 1998 denunciaron ante el Ministerio Público que desde el día 19 estaban recibiendo llamadas telefónicas anónimas donde, por un lado, les indicaban que averiguaran sobre la muerte de su hijo y, por otro, los amenazaban de muerte para que cesaran sus investigaciones; ii) el 30 de noviembre de 1998 denunciaron nuevamente ante el Fiscal General de la República que luego de una serie de reportajes periodísticos habían recibido amenazas en su contra, en las que les pedían que dejen las averiguaciones ya que la vida de sus familiares corría peligro; iii) el 28 de junio del mismo año el señor Ortiz Ruiz denunció ante el Ministerio Público que se sentía amenazado por funcionarios de la Guardia Nacional y temía por su seguridad, la de su familia y la familia de la madre de Johan Alexis. En esta misma línea, el 6 de julio denunció ante la Fiscalía Militar que, luego de que fueran dictados autos de detención en contra de funcionarios de la Guardia Nacional vinculados al proceso, venía siendo amenazado, hostigado y perseguido por un capitán que estaba presente el día de la práctica en la que murió su hijo; iv) ambos progenitores denunciaron ante la fiscalía del estado de Táchira y la Defensoría del Pueblo que el 30 de septiembre de 1999 la vivienda del señor Ortiz Ruiz fue objeto de un disparo de arma de fuego. Previo a ello, habría recibido una llamada anónima en la que lo amenazaron y le advirtieron que “le darían un aviso”; v) durante el transcurso de la pesquisa seguida ante la justicia militar, denunciaron que sus letrados se vieron involucrados en el inicio de un procedimiento ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado de Táchira. Según éstos, dicho procedimiento, promovido de oficio, habría estado motivado por fuertes declaraciones públicas realizadas por la señora Zaida Hernández de Arellano en relación con la suerte de la investigación y fue considerado, por los propios padres de Johan Alexis, como una nueva jugada para colocarlos en “desventaja” y evitar el esclarecimiento de lo acontecido con su hijo; vi) el señor Ortiz Ruiz mencionó en la audiencia pública ante esta Corte Interamericana, que en el año 2006 fue golpeado por miembros de la Policía Técnica Judicial. Asimismo, que por este hecho fue denunciado, detenido y se le inició un proceso penal que se extendió por más de tres años, luego de lo cual, pese a sujetarse por ese período a diversas pautas de conducta, se dictó su sobreseimiento; vii) en dicha audiencia también indicaron que no recibieron ningún tipo de asistencia legal ni psicológica por parte del Estado y que, por el contrario, diferentes profesionales (psicólogos y notarios) les negaron sus servicios en atención al rol desempeñado en el presente caso.

1 El artículo 4.1 de la Convención establece que: “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

2 El artículo 5.1 de la Convención dispone que: “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

3 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144, y Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327, párr. 130.

4 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 144, y Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra, párr. 130.

5 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra, párr. 153, y Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra, párr. 130.

6Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párrs. 144 y 145, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 259.

7Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 57, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 267.

8 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 68, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, supra, párr. 261.

9 Por ejemplo, en el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, la Corte analizó el uso de la fuerza militar en contra de ciudadanos haitianos que estaban siendo transportados en un camión dentro de la República Dominica, el cual no paró tras la orden militar en un puesto de control. Asimismo, en el caso de los Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, la Corte analizó el uso excesivo de la fuerza policial en el marco de una persecución en contra de un civil.
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