Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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D.2 Daño inmaterial





  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo, tanto en el aspecto material como moral.




  1. Las representantes señalaron que “[l]a falta de acceso a la justicia, así como su denegación, conjuntamente con las amenazas por vía telefónica recibidas y el atentado contra la vida e integridad de los familiares de la presunta víctima directa de este caso, en razón de la exigencia estatal de que no continuaran con sus investigaciones, generaron [en las víctimas] continuos sufrimientos por las violaciones cometidas, todo lo cual esta Corte ha visualizado al momento de fijar reparación por este concepto de daño inmaterial”. En este sentido, las representantes solicitaron que se ordene el pago de una suma por daño inmaterial de US$ 150.000,00 para cada uno de los padres de Johan Alexis Ortiz Hernández, es decir para los señores Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz; así como US$ 30.000,00 para cada uno de sus hermanos Jeckson Edgardo Ortiz González y Zaida Dariana Arellano Hernández; la suma de US$ 20.000,00 para cada uno de sus otros tres hermanos Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González y Saúl Johan Arellano Hernández, y finalmente, la cantidad de US$ 40.000,00 a favor de Maritza González Cordero y Saúl Arellano Mora. El monto total solicitado por concepto de daño inmaterial asciende a US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).




  1. Asimismo, las representantes alegaron que el Estado ocasionó un daño al proyecto de vida del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, quien como consecuencia de su muerte en manos de agentes del Estado, se vio impedido de realizar “sus expectativas de desarrollo personal y vocacional, existiendo en Venezuela una esperanza de vida en hombres de 71 años, lo cual se comprueba con el hecho de que producto de su muerte no pudo continuar con su formación como Guardia Nacional, […] siendo la obtención del título de Guardia Nacional al momento de la ocurrencia de los hechos su expectativa más evidente, no obstante encontrarse inscrito en la Universidad Católica del Táchira en la Carrera de Derecho”. Asimismo, las representantes señalaron que también se le ocasionó un daño al proyecto de vida, en razón de que no pudo realizar y gozar de relaciones afectivas íntimas, en virtud de que al momento de su fallecimiento, conforme a las informaciones suministradas por sus padres, tenía un noviazgo de seis meses, teniendo las intenciones de profundizar en dicha relación una vez concluidos sus estudios, por lo que tampoco pudo convertirse en esposo ni en padre. En ese mismo orden, las representantes indicaron que la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández impidió continuar consolidando los lazos afectivos con sus familiares, no solo con sus padres, sino también con sus hermanos. Con base en lo expuesto, las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de un monto indemnizatorio por concepto de daño al proyecto de vida en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández, que en ningún caso sea inferior a la suma de US$ 50.000, la cual deberá ser distribuida en partes iguales entre sus padres.




  1. El Estado alegó que las indemnizaciones por daño inmaterial solicitadas se alejaban ampliamente de los criterios sostenidos por la Corte en su jurisprudencia, en aplicación razonable del arbitrio judicial y términos de equidad.




  1. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir per se una forma de reparación26. No obstante, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”27.




  1. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en el presente caso y la Corte precisó dichas violaciones de derechos humanos en el Capítulo VII, como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y oportuna y por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, así como por denegación de justicia, lo cual causó, a su vez, profundos sentimientos de angustia y sufrimiento en sus familiares. En consideración de las circunstancias del presente caso, las violaciones cometidas, los sufrimientos ocasionados y experimentados en diferentes grados, el tiempo transcurrido, la denegación de justicia, así como el cambio en las condiciones de vida de algunos familiares, las comprobadas afectaciones a la integridad personal y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, el Tribunal pasa a fijar en equidad las indemnizaciones por daño inmaterial a favor de las víctimas, las cuales deberán ser pagadas directamente a cada una de ellas.




  1. En primer término, la Corte considera que las circunstancias que rodearon la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández fueron de una naturaleza tal que le causaron profundo temor y angustia, por lo que debe ser compensado. En virtud de ello, la Corte ordena, en equidad, el pago de la suma de US$ 65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial. Este monto deberá ser distribuido en partes iguales entre su padre y madre, Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano.




  1. En segundo término, la Corte estima que Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz se vieron afectados como consecuencia de la muerte de su hijo y la constante denegación de justicia, así como las amenazas y hostigamientos sufridos en su lucha por conocer la verdad de los hechos. Todo ello se ha traducido en la experimentación de grandes sufrimientos que repercutieron en su dinámica familiar y condición socioeconómica. Por lo anterior, la Corte fija en equidad la suma de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno, por concepto de daño inmaterial, a favor de la señora Zaida Hernández de Arellano y del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz.




  1. Finalmente, en atención a las afectaciones a la integridad personal sufridas en diferentes grados a consecuencia de los hechos del presente caso, la Corte fija en equidad la suma de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno, a favor de Maritza González Cordero y Saúl Arellano Mora. De igual forma, la Corte fija en equidad la suma de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de las siguientes víctimas: Jeckson Edgardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González y Saúl Johan Arellano Hernández, hermanas y hermanos de Johan Alexis Ortiz Hernández.




  1. Por otro lado, en relación con el monto solicitado por concepto de daño al proyecto de vida, la Corte sostiene, como lo ha hecho en otro caso28, que dicha reparación no procede cuando la víctima falleció, al ser imposible reponer las expectativas de realización que razonablemente toda persona tiene. Por tal razón, el Tribunal se abstiene de realizar mayores consideraciones al respecto.




  1. Costas y Gastos




  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de las costas y gastos que se hayan originado y originen en la tramitación del caso, tanto en el ámbito interno como ante el sistema interamericano. En este sentido, solicitaron el pago de US$ 2.500,00 por el concepto de costas y gastos a favor de cada uno de los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández.




  1. Ni el Estado ni la Comisión presentaron alegatos específicos sobre este punto.




  1. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia29, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los ocasionados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable30.




  1. El Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”31. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos32.




  1. La Corte nota que las representantes remitieron solo algunos comprobantes de los gastos incurridos referentes a honorarios profesionales de asistencia legal en la tramitación del caso a nivel interno en los años 1999 y 2000, envíos de documentos a la Comisión, así como copias del expediente, entre otros. Pese a que no fueron aportados comprobantes de todos los gastos alegados, es de presumir que los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández incurrieron en gastos adicionales a los comprobados derivados de la búsqueda de justicia a nivel interno y ante el sistema interamericano por más de 19 años, como por ejemplo el monto por la legalización de tres affidávits, que no pudo ser reembolsado a través del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la imposibilidad de la presentación del recibo original, que asciende a la suma de Bs. 360.000,00.




  1. En consecuencia, la Corte decide fijar, en equidad, el pago de un monto total de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos. Dicha cantidad será entregada en partes iguales directamente a la señora Zaida Hernández de Arellano y al señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz. En el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, el Tribunal podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de los gastos razonables debidamente comprobados en dicha etapa procesal.




  1. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas




  1. En el 2008 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual fue creado con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”33. En el presente caso se otorgó con cargo a dicho Fondo la asistencia económica necesaria para cubrir los gastos de: i) viaje y estadía necesarios para que las dos defensoras interamericanas asistan a la audiencia pública a ejercer sus labores de representación de las presuntas víctimas; ii) viaje y estadía necesarios para que el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz, la señora Zaida Hernández de Arellano y la señora Ana Cecilia Rincón Bracho comparezcan en dicha audiencia a rendir su declaración y dictamen pericial, respectivamente; iii) los costos que irrogue la declaración por affidávit de las demás personas propuestas por las representantes, según se especifica en la parte resolutiva de esta decisión, y iv) los demás gastos razonables y necesarios en que hayan incurrido o puedan incurrir las defensoras interamericanas, para lo cual debían remitir al Tribunal tanto la justificación de tales gastos como sus comprobantes.




  1. El Estado tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las erogaciones realizadas en el presente caso, las cuales ascendieron a la suma de US$ 11.604,03 (once mil seiscientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 03/100). El Estado manifestó que los honorarios de los peritos Larée Quevedo y Bravo González no deberían ser incluidos entre los gastos del proceso toda vez que dichos peritos se habrían abstenido de contestar las preguntas formuladas por el Estado al momento de evacuar sus peritajes. Al respecto, sostuvo que ello afecta la validez de los dictámenes periciales de referencia por lo que el Estado consideró que no deberían ser cubiertos por el Fondo de Asistencia.




  1. La Corte nota que el hecho de que se encuentre contemplado en el Reglamento la posibilidad de que las partes puedan formular preguntas por escrito a los declarantes ofrecidos por la contraparte impone el deber correlativo de la parte que ofreció la declaración de coordinar y realizar las diligencias necesarias para que se trasladen las preguntas a los declarantes y se incluyan las repuestas respectivas. Las razones aducidas por el Estado para no cubrir dichos montos se relacionan con consideraciones que hacen al deber de cooperación procesal y al principio de buena fe que rige en el procedimiento internacional34, pero no se relacionan con la procedencia del fondo, lo cual es determinado por la Presidencia de la Corte.




  1. Por lo tanto, en razón de las violaciones reconocidas por el Estado en la presente Sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al Fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la suma de US$ 11.604,03 (once mil seiscientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 03/100). Dicho monto deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo.




  1. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados




  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.




  1. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.




  1. En lo que respecta a la moneda de pago de las indemnizaciones y reintegro de costas y gastos, el Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o, de no ser esto posible, en su equivalente en moneda venezolana, utilizando para el cálculo respectivo la tasa más alta y más beneficiosa para las víctimas que permita su ordenamiento interno, vigente al momento del pago. Durante la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia, la Corte podrá reajustar prudentemente el equivalente de estas cifras en moneda venezolana, con el objeto de evitar que las variaciones cambiarias afecten sustancialmente el valor adquisitivo de esos montos.




  1. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera venezolana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.




  1. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas y organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.




  1. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República Bolivariana de Venezuela.


IX
PUNTOS RESOLUTIVOS



  1. Por tanto,


LA CORTE
DECIDE,
Por unanimidad,


  1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 14 a 39 de la presente Sentencia.



DECLARA:
Por unanimidad, que:


  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández, en los términos de los párrafos 99 a 137 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación de la garantía de juez natural, reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz, en los términos de los párrafos 148 a 154 y 175 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz, en los términos de los párrafos 143 a 147 y 155 a 175 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández, identificados como Zaida Hernández de Arellano, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Saúl Arellano Mora, Maritza González Cordero, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández, en los términos de los párrafos 178 a 182 de la presente Sentencia.


Y DISPONE:
Por unanimidad, que:



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