Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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D.1 Daño material





  1. La Comisión solicitó a la Corte, en términos generales, que ordenara al Estado reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo, tanto en el aspecto material como moral.




  1. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. En efecto, ha establecido que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”24.


a) Pérdida de ingresos


  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de US$ 85.165,53 (ochenta y cinco mil ciento sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 53/100) por “concepto de daño material por lucro cesante, a favor de cada uno de los padres de la víctima fallecida, es decir, los señores Edgar Ortiz y Zaida Hernández”. Las representantes señalaron que Johan Alexis Ortiz Hernández era un estudiante de último nivel de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales al momento de su fallecimiento y que el cálculo del lucro cesante sería a partir de junio de 1998, fecha en la cual debía haber comenzado a percibir el sueldo base de Guardia Nacional, momento en el que dicho sueldo ascendía a la cantidad de Bs. 13.000. Las representantes indicaron que “el Estado venezolano, a través de su institución de la Defensa Pública Bolivariana, no colaboró con la obtención de una certificación en donde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Ministerio de la Defensa, indicara los salarios base de cada uno de los rangos jerárquicos reconocidos a la Guardia Nacional Bolivariana, desde el año en el que murió Johan Alexis hasta el 2015, como tampoco se pudo obtener la tasa oficial de dólar [con] relación al bolívar dispuesta por el Banco Central de Venezuela en el indicado período e, incluso, en una búsqueda en internet en la que accedi[eron] a la página web de la Guardia Nacional Bolivariana, compro[baron] que no tenían el registro de nómina de manera pública, sino exclusivamente para aquéllos que [eran] miembros de la institución militar”. Por ello, para el cálculo se apoyaron en fuentes extraídas en documentos en línea, así como informaciones suministradas por Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano.




  1. Las representantes calcularon la pérdida de ingresos tomando en consideración no solo el salario base que hubiera devengado Johan Alexis, sino también los beneficios adicionales, consistentes en prima por antigüedad de 50 bolívares por cada año de servicio, más la prima de transporte consistente en 315 bolívares mensuales. Asimismo, dado que Johan Alexis estaba inscrito en la Universidad para estudiar la Licenciatura en Derecho, incluyeron la prima por profesionalización que es un 12% del sueldo básico, así como el bono de fin de año, es decir, la regalía pascual, y un décimo cuarto salario consistente en un bono vacacional, todo lo cual se comprueba con los documentos ofertados por dos Guardias Nacionales, uno de ellos era de la promoción de alumnos de Johan Alexis Ortiz Hernández, así como en la página web consultada “Notilogía”, la cual publicó en junio del año 2015 un reporte respecto a cuánto ganaba un militar en Venezuela en ese año.




  1. Con base en lo anterior, las representantes calcularon que, en los primeros cinco años subsiguientes al fallecimiento de Johan Alexis Ortiz Hernández, el monto por pérdida de ingresos ascendería a la suma de Bs. 930.710,00, los cuales convertidos en dólares equivaldrían a US$ 4.653,55. De los años 2003 a 2010, el monto ascendería a la suma de Bs. 2.497.280,00, los cuales convertidos en dólares equivaldrían a US$ 12.486,4, y de 2011 a 2015 el monto ascendería a la suma de Bs. 2.823.950,00, los cuales convertidos en dólares equivaldrían a US$ 14.119,75. Para los períodos comprendidos entre 2016 a 2026, 2027 a 2037 y 2039 a 2049, la suma por pérdida de ingresos asciende a Bs. 7.766.500,00; Bs. 9.887.900,00 y Bs.14.407.800,00, respectivamente, equivalente a la sumas de US$ 19.416,25; US$ 16.479,833 y US$ 18.009,75, respectivamente. Las representantes consideraron conveniente establecer un criterio uniforme y mantener el valor del dólar cambiario a 200, 400, 600 y 800 bolívares para los períodos de 1998 a 2015, 2016 a 2026, 2027 a 2037 y 2038 a 2049, respectivamente, con el fin de evitar cálculos complejos producto de las devaluaciones y los diferentes precios del dólar en Venezuela. Todo ello, equivaldría a un total de US$ 85.165,53 por concepto de pérdida de ingresos de Johan Alexis Ortiz Hernández.




  1. El Estado señaló que, tanto la base de cálculo como el monto solicitado, se alejaban notablemente de la jurisprudencia de la Corte y que dicha base no tomaba en consideración los “gastos de subsistencia”, es decir, los gastos que habrían sido utilizados por la víctima para su manutención, el cual fue estimado como el 25% del ingreso de la víctima por la Corte en el caso del Caracazo. Indicó que era clara la dificultad para la fijación de la indemnización del lucro cesante, ya que no existían elementos objetivos que permitieran establecerlo, toda vez que estaba altamente sometido a factores aleatorios completamente incomprobables. Asimismo, resaltó que debido a que la Escuela de Formación de Guardias Nacionales era una institución encargada de formar tropa profesional, Johan Alexis Ortiz Hernández solo podía aspirar a llegar al rango de Sargento, como máxima jerarquía aplicable a la tropa profesional, y no al rango de Teniente Coronel, como alegaban las representantes, pues dicha jerarquía sólo podía ser alcanzada por los oficiales graduados de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional (EFOFAC).




  1. El monto solicitado por concepto de pérdida de ingresos (supra párr. 230) fue calculado tomando en cuenta tipos de cambio de bolívares a dólares oscilantes entre 200 a 800 bolívares por dólar. Dicho monto fue calculado de manera progresiva, en el entendido de que Johan Alexis Ortiz Hernández sería promovido a rangos superiores. Por lo tanto, corresponde al cálculo de 52 años de pérdida de ingresos de Johan Alexis Ortiz Hernández con base en distintos períodos de tiempo y tomando en cuenta los rangos de jerarquía que habría ostentado, a partir de junio de 1998, fecha en la cual debía haber comenzado a percibir un sueldo, luego de graduado de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, y hasta el año 2049, en el cual cumpliría 71 años de edad, conforme a la expectativa de vida de un hombre en Venezuela. Las representantes tomaron en cuenta el salario base que hubiera devengado Johan Alexis Ortiz Hernández, así como beneficios adicionales consistentes en: i) una prima por antigüedad por cada año de servicio; ii) primas de transporte mensuales; iii) una prima por profesionalización de un 12% del sueldo básico; iv) un bono de fin de año, es decir, la regalía pascual, y v) un décimo cuarto salario consistente en un bono vacacional. La Corte nota que las representantes no pudieron aportar pruebas precisas sobre los salarios dejados de percibir por Johan Alexis Ortiz Hernández desde junio de 1998 debido a las dificultades alegadas para conseguir dicha información, por lo que fundamentaron sus cálculos en fuentes no oficiales o documentos disponibles. El Estado tampoco aportó medios probatorios para controvertir los cálculos efectuados por las representantes de las víctimas, sino que se limitó a señalar que eran desproporcionados.




  1. La Corte advierte que Johan Alexis Ortiz Hernández se vio imposibilitado de percibir ingresos con motivo de su deceso derivado de las heridas de arma de fuego recibidas y la posterior falta de atención en salud adecuada y oportuna mientras se encontraba en custodia del Estado en el marco del desarrollo de una práctica militar. Por lo tanto, si bien la Corte no tiene certeza de los montos que Johan Alexis Ortiz Hernández hubiera debido percibir como un militar graduado de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, ni de los rangos que efectivamente hubiese ostentado, tomará en consideración los montos solicitados y las referencias probatorias alegadas, la edad de la víctima al momento de su muerte, y la expectativa de vida de un hombre en Venezuela para el cálculo correspondiente. En virtud de ello, este Tribunal considera que el monto solicitado es razonable, tomando en cuenta que hubiese sido el salario que Johan Alexis Ortiz Hernández habría percibido durante 52 años de servicio militar, y lo toma como base para determinar los ingresos dejados de percibir. Asimismo, la Corte acepta el argumento del Estado y considera apropiado deducir un porcentaje prudencial por los gastos personales en que hubiera incurrido la víctima25. En consecuencia, el Tribunal estima procedente fijar la cantidad de US$ 64.000,00 (sesenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicho monto deberá ser distribuido en partes iguales entre sus progenitores, Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz.


b) Daño emergente


  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de una suma por concepto de daño emergente, en virtud de la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos del presente caso. En este sentido, las representantes acompañaron en calidad de prueba sólo algunos documentos que acreditan los gastos realizados, entre ellos gastos funerarios, de transporte, publicaciones en medios de prensa, alojamiento, llamadas telefónicas, gastos por envíos de documentos, entre otros. Las representantes alegaron que el monto cuantificado con comprobantes era de Bs. 1.329.249,21, equivalente a US$ 2.045,00, sobre la base de una tasa de cambio de 650 bolívares por dólar. Sin perjuicio de ello, las representantes señalaron que “a [ese] monto deb[ía] adicionarse aquellos [...] que por el transcurrir del tiempo y la informalidad, es imposible que sean detalladamente cuantificados, pero siguiendo la línea jurisprudencial de esta Corte, pod[ían] afirmar que la falta de comprobantes de gastos de esta naturaleza no [podían] ser motivo de rechazo de un justo resarcimiento”. En ese sentido, las representantes solicitaron: i) por los gastos de honorarios profesionales de asistencia legal a nivel nacional e internacional, pagados por los padres de Johan Alexis Ortiz Hernández, el pago de la suma de US$ 15.000; ii) por los gastos derivados de traslados, hospedaje y alimentos para asistir a las audiencias en la jurisdicción militar y ordinaria, así como a otras instituciones, el pago de la suma de US$ 20.000; iii) por los gastos incurridos en virtud de la solicitud de certificaciones y copias de legajos de documentos del expediente, el monto de US$ 3.000, y iv) por el envío de documentos hacia la Comisión, así como los pagos de reseñas periodísticas por más de 17 años, el monto de US$ 7.000. En consecuencia, las representantes solicitaron, por concepto de daño emergente, el pago de la suma de US$ 47.045,00 (cuarenta y siete mil cuarenta cinco dólares de los Estados Unidos de América), de los cuales US$ 27.045 deberán ser pagados en beneficio de Edgar Humberto Ortiz Ruiz y US$ 20.000 para Zaida Hernández de Arellano.




  1. El Estado no presentó alegatos específicos sobre este punto.




  1. En relación con el daño emergente, la Corte advierte que las representantes basaron el monto solicitado en una serie de gastos derivados de la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, entre los que se encuentran gastos funerarios, tramitación del expediente judicial, obtención de copias, traslados en búsqueda de información, llamadas y envío de documentación, tramitación del caso ante el sistema interamericano y honorarios profesionales de abogados privados. La Corte considerará bajo el rubro de daño emergente los gastos funerarios, las publicaciones en periódicos, así como los gastos en llamadas y transporte, mientras que los gastos relativos a la tramitación del caso serán analizados bajo el concepto de costas y gastos (infra párr. 254).




  1. En atención al monto comprobado en el expediente ante esta Corte, la Corte estima pertinente ordenar el pago de la suma de US$ 535,00 (quinientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de daño emergente, la que deberá ser distribuida en partes iguales entre Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz.






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