Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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C.3 Garantías de no repetición



a) Adopción de medidas de seguridad necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad personal de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales


  1. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado desarrollar las medidas necesarias para asegurar que los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales sean protegidos debidamente en los cursos de capacitación y procesos de formación.




  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado de Venezuela adecuar la legislación interna a los estándares mínimos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto que el Estado garantice la prohibición del uso de balas reales en los cursos antisubversivos para la formación de Guardias Nacionales, así como cumplimiento de sus instructivos a fin de que apliquen las medidas estrictas de seguridad ante la manipulación de equipos especiales, armas y/o explosivos, con la presencia de personal médico, equipos de primeros auxilios y ambulancia en coordinación con servicios de asistencia civil.




  1. El Estado alegó que una de las garantías de no repetición implementadas en este caso, tal y como fuera informado en la audiencia pública, consiste en la inclusión de “manera expresa y categórica en el instructivo que regula la ejecución del ejercicio de orden abierto, mejor conocido como cancha de infiltración, la obligación de hacer uso de balas de fogueo durante la ejecución de los mencionados ejercicios de entrenamiento, tal como puede apreciarse en el ‘Instructivo que establece las normas, procedimientos y responsabilidades para la ejecución del ejercicio de orden abierto (pasaje por la cancha de infiltración) por parte del personal de alumnos del curso básico de seguridad y vigilancia rural’[,] identificado con el número CG-DE-EFGNGDVAFE-DIR-1205, aprobado el 8 de noviembre de 2016 […]”.




  1. En lo que se refiere a la solicitud de adecuación de la legislación interna y el cumplimiento de instructivos con medidas de seguridad a fin de velar por el efectivo aseguramiento de los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, la Corte nota que el Instructivo No. CG-DE-EFGNGDVAFE-DIR-1205 de 8 de noviembre de 2016, denominado “Instructivo que establece las normas, procedimientos y responsabilidades para la ejecución del ejercicio de orden abierto (pasaje por la cancha de infiltración) por parte del personal de alumnos del curso básico de seguridad y vigilancia rural”, que fue aportado por el Estado, establece que se utilizará munición de fogueo y que se realizará sin armamento. Asimismo, ordena en sus disposiciones finales que, para el inicio y durante todo el desarrollo de la instrucción debe estar presente un médico y/o paramédico y una ambulancia y que, en caso de ocurrir un incidente o emergencia médica, se realizará una evacuación de manera rápida y oportuna hasta el centro asistencial más cercano o hasta el Hospital Militar de la ciudad de San Cristóbal. Estas pautas se complementan con las obligaciones del Mayor Jefe del Servicio Médico, las cuales se refieren a asistir en compañía de un enfermero, instalar dos puestos de socorro que cuente con los equipos y materiales necesarios para practicar primeros auxilios en cualquier estación de la cancha de obstáculos, prever la asistencia del médico y coordinar la ambulancia con personal paramédico, debidamente equipada. No obstante, conforme a la prueba obrante en el expediente, la Corte entiende que el ejercicio de la “cancha anti-subversiva”, durante el cual Johan Alexis Ortiz Hernández fue herido, es distinto al ejercicio de pasaje por la “cancha de infiltración” (supra párrs. 58 y 63), por lo que el instructivo adoptado por el Estado no le sería aplicable.




  1. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo resuelto en esta Sentencia (supra párrs. 112 a 115) y habida cuenta de la obligación del Estado de prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el presente caso, el Estado deberá, de acuerdo a la naturaleza y finalidad de cada ejercicio en el ámbito de la instrucción militar de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, establecer de forma expresa el tipo de municiones a utilizarse y, en su caso, justificar de forma estricta la necesidad militar de utilizar balas reales en un ejercicio en concreto.



C.4 Otras medidas solicitadas





  1. Las representantes solicitaron adicionalmente a la Corte que ordenara al Estado de Venezuela: i) realizar capacitaciones en derechos humanos para los miembros de la Guardia Nacional, así como para el personal administrativo y cualquier otro funcionario que tenga incidencia en la formación de los Guardias Nacionales, tendientes a formar y capacitar a sus miembros sobre los principios y normas de los derechos humanos; ii) organizar el aparato estatal para cumplir con las exigencias del derecho a la información e impulsar una cultura de transparencia y garantizar la efectividad de los recursos para hacer exigible el derecho de acceso a la información; e iii) implementar e incluir en un programa habitacional del Estado a cada uno de los padres de Johan Alexis Ortiz Hernández, con el fin de que se les provea de una vivienda adecuada, sin gasto adicional y de manera gratuita, para que cada uno con sus respectivas familias, puedan vivir con dignidad. Asimismo, las representantes señalaron que la inclusión de los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández en un programa habitacional no podía estar sujeta a los resultados de un diagnóstico socio-económico realizado por el Estado. Adicionalmente, en sus alegatos finales, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado eliminar de “los registros judiciales y de toda documentación oficial toda referencia a la causa Penal 6C-6623-06, seguida en contra de Edgar Ortiz Ruiz, por haberse decretado la extinción de la acción penal y consecuencialmente dictado el sobreseimiento de la causa, mediante la sentencia del 04 de [f]ebrero de 2009, dictada por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal, del [e]stado de Táchira”.




  1. El Estado señaló que, conforme a los artículo 166 y 168 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo a los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, debían conocer, respetar y hacer cumplir las disposiciones legales nacionales y los instrumentos internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario ratificados por Venezuela, así como debían estar formados y capacitados permanentemente en derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Estado declaró durante la audiencia pública y reiteró en su escrito de alegatos finales que procederá “a brindar medidas de atención integral a las víctimas del presente caso, con el objeto de dar respuesta a sus necesidades socioeconómicas, haciendo uso para ello de todo el sistema de protección social construido por el Gobierno venezolano. [M]etodología […] orientada a asegurar condiciones de vida digna a la víctima y sus familiares, atendiendo integralmente las necesidades socioeconómicas debidamente determinadas, incluyendo vivienda, asignaciones dinerarias, atención en salud, entre otras medidas de similar naturaleza. Como parte de esa metodología, se realiza a las víctimas directas e indirectas un estudio socioeconómico por parte de personal especializado, con el objeto de determinar sus necesidades reales de atención. A partir de los resultados del diagnóstico, se adoptan las medidas que resulten aplicables a través de los órganos del sistema de protección social […]”.




  1. En cuanto a la solicitud relativa a una capacitación en derechos humanos a los miembros de la Guardia Nacional, la Corte nota que previamente ha ordenado al Estado venezolano realizar cursos de capacitación permanentes en derechos humanos a miembros de fuerzas armadas y de seguridad en el marco de los casos del Caracazo21 y Montero Aranguren y otros (Retén de Catia)22, por lo que no resulta procedente reiterar dicha medida en el presente caso.




  1. Por otra parte, la Corte hace notar que el Estado sujetó el acceso a la medida de reparación solicitada por las víctimas respecto al programa habitacional a la realización de un estudio socioeconómico por parte de personal especializado, lo cual no fue aceptado por las víctimas. Por tanto, hay una controversia entre las partes respecto a esta solicitud de reparación. Al respecto, la Corte no estima necesario otorgar la medida relativa a una vivienda dado que ordenó medidas de satisfacción y de indemnizaciones compensatorias. Sin perjuicio de ello, debido a que el Estado se ofreció a realizar un diagnóstico para determinar las necesidades de atención y brindar la atención integral requerida a las víctimas, el mismo podrá ser efectuado si ellas brindan su anuencia para ello. La Corte no efectuará una supervisión al respecto.




  1. En suma, la Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las víctimas y no estima necesario ordenar las demás medidas solicitadas.




  1. En relación con la solicitud de que el Estado organice el aparato estatal para cumplir con las exigencias del derecho a la información y que elimine los registros judiciales en la causa penal incoada en contra de Edgar Humberto Ortiz Ruiz, la Corte considera que no existe un nexo causal entre dichas solicitudes y los derechos declarados como violados en la presente Sentencia. Además, la medida referente a la eliminación de los registros judiciales fue solicitada extemporáneamente.




  1. Finalmente, la Corte nota que, si bien el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz solicitó en la audiencia pública que se dispusieran las medidas para que él junto con su familia pudiera establecerse fuera de Venezuela, dicha petición no fue formulada como medida de reparación en los alegatos finales de las representantes, por lo que la Corte no se pronunciará al respecto. Por otra parte, el Estado solicitó a la Corte que desestimara dicha medida de protección23. Sin perjuicio de que la Corte no se pronunciará respecto de este asunto al no existir una solicitud en concreto, se recuerda al Estado su obligación de brindar las medidas de protección dentro del territorio nacional a favor de los familiares del joven Ortiz Hernández, tal como le fue ordenado supra.




  1. Indemnizaciones compensatorias




  1. Las representantes solicitaron que las indemnizaciones sean recibidas directamente por las personas beneficiarias, en efectivo, y conforme a la tasa de cambio que resulte de justicia, pero tomando en consideración la devaluación que ha tenido el bolívar frente al dólar, de modo que las sumas que las víctimas reciban puedan mantener un adecuado valor adquisitivo. De igual forma, solicitaron que el pago de los montos ordenados por la Corte se haga dentro de los seis meses a partir de la notificación de la Sentencia y que esté libre de todo impuesto.




  1. El Estado alegó que “no p[odía] indemnizar con sumas millonarias en dólares, porque sería traicionar los intereses del pueblo venezolano”. Sin embargo, en su escrito de alegatos finales señaló que tenía la mejor disposición de tramitar las eventuales indemnizaciones monetarias que ordene esta Corte, las cuales entiende se enmarcarán dentro de parámetros de racionalidad y jurisprudencia anterior del Tribunal. Por otro lado, el Estado señaló que, atendiendo al sistema monetario nacional, al derecho interno y al régimen administrado de divisas, la unidad monetaria en Venezuela era el Bolívar, no siendo el dólar la moneda de curso legal en Venezuela. Adicionalmente, alegó que en virtud del sistema administrado de divisas que existe en el país para proteger el valor de la moneda local y de las reservas internacionales, así como para regular oficialmente la compra y venta de divisas, existen dos tasas de cambio oficiales, establecidas por el Banco Central de Venezuela. Por una parte, el tipo de cambio al cual tienen acceso las personas naturales y las personas jurídicas de naturaleza privada (artículo 24, Convenio Cambiario No. 33, publicado en la Gaceta Oficial No. 6.171 Extraordinario de 10 de febrero de 2015), cuya tasa de cambio es publicada diariamente por dicho Banco, ascendente a Bs. 701.86 por dólar al 9 de marzo de 2017. Por otra parte, el tipo de cambio protegido, denominado “DIPRO” (divisas con tipo de cambio protegido), dirigido exclusivamente a “la liquidación de las operaciones de divisas para el pago de las importaciones de los bienes determinados en el listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y salud y de las materias primas e insumos asociados a la producción de estos sectores” (artículo 2, Convenio Cambiario No. 35, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.865 de 9 de marzo de 2016). En virtud de ello, el Estado solicitó que, a fin de asegurar la ejecución de la presente Sentencia, la moneda extranjera sea utilizada para establecer la cuantía de la obligación, como una fórmula de estabilización de la obligación, mas no como moneda de pago, para que de este modo el Estado pueda honrar esta medida con el pago del monto debido en su equivalente en moneda de curso legal del país. Señaló, además, que estimaba necesario que la Corte pudiera determinar el cambio de referencia aplicable para la conversión, considerando como referencia aplicable la correspondiente a personas naturales.




  1. En lo que respecta a la moneda de pago de las indemnizaciones y reintegro de costas y gastos que se dispondrán a continuación, debido a la información aportada por las partes, la Corte estima que corresponde al Estado asegurar que los montos ordenados mantengan una adecuado valor adquisitivo, para lo cual dispondrá lo pertinente en el capítulo de modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados (infra párr. 262).






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