Corte interamericana de derechos humanos caso ortiz hernández y otros vs. Venezuela sentencia de 22 de agosto de 2017



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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


CASO ORTIZ HERNÁNDEZ y otroS VS. VENEZUELA
SENTENCIA DE 22 DE AGOSTO DE 2017
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Ortiz Hernández y otros,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente en ejercicio;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;

Elizabeth Odio Benito, Jueza;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

L. Patricio Pazmiño Freire, Juez;


presente además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario**,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 62, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

TABLA DE CONTENIDO




I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 5

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 7

III COMPETENCIA 8

IV RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL 9

A. Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y de las representantes 9

B. Consideraciones de la Corte 11

B.1 En cuanto a los hechos 13

B.2 En cuanto a las pretensiones de derecho 14

B.3 En cuanto a las reparaciones 15

B.4 Valoración del alcance del reconocimiento parcial de responsabilidad 15

V PRUEBA 16

A. Prueba documental, testimonial y pericial 16

B. Admisión de la prueba 16

B.1 Admisión de la prueba documental 16

B.2 Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales 17

C. Valoración de la prueba 18

Vi HECHOS 19

A.Sobre Johan Alexis Ortiz Hernández y su grupo familiar 19

B.El “I Curso Anti-subversivo” y la práctica denominada “cancha anti-subversiva” 19

C.Sobre lo ocurrido el 15 de febrero de 1998 22

D.El traslado, la asistencia médica y la autopsia 24

E.La comunicación a los padres y la entrega del cuerpo a su familia 29

F.La investigación de los hechos en el fuero militar y en la jurisdicción ordinaria 31

G.La intervención de los padres de Ortiz Hernández en la investigación 37

H.Las amenazas y hostigamiento recibidos por los familiares de Ortiz Hernández 38

VII fondo 39

VII-1 derechoS a la VIDA Y A LA INTEGRIDAD personal de johan alexis ortiz hernández en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos 39

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 40

A.1 Argumentos sobre el derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención Americana) 40

A.2 Argumentos sobre el derecho a la integridad personal en relación con la atención en salud (artículo 5.1 de la Convención Americana) 42

B. Consideraciones de la Corte 42

B.1 El derecho a la vida y a la integridad personal 43

B.2 El derecho a la vida y a la integridad personal en el contexto militar 43

B.3 La atribución de responsabilidad por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal en el caso en concreto 45

i) La regulación, planificación y puesta en práctica del entrenamiento 45

ii) La atención médica oportuna y adecuada 47

iii) La privación arbitraria de la vida 50

B.4 Conclusión 54

VII-2 derechoS a las garantías judiciales y protección judicial RESPECTO de Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno 55

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 55

A.1 Alegatos en relación con la incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos 55

A.2 Alegatos en relación con el deber de debida diligencia y plazo razonable 56

B. Consideraciones de la Corte 57

B.1 Incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos 58

B.2 Debida diligencia en la investigación 61

VII-3 derecho A LA INTEGRIDAD personal DE LOS FAMILIARES en relación con la obligación de respetar los derechos 67

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 67

B. Consideraciones de la Corte 67

VIII REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 69

A.Parte Lesionada 70

B.Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 70

C.Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 72

C.1 Rehabilitación 72

C.2 Satisfacción 73

C.3 Garantías de no repetición 75

C.4 Otras medidas solicitadas 76

D.Indemnizaciones compensatorias 78

D.1 Daño material 79

D.2 Daño inmaterial 82

E.Costas y Gastos 84

F.Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 85

G.Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 86



IX PUNTOS RESOLUTIVOS 87

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA y OBJETO DE LA CONTROVERSIA



  1. El caso sometido a la Corte. – El 13 de mayo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Johan Alexis Ortiz Hernández” contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado de Venezuela”, “el Estado venezolano” o “Venezuela”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro. El joven Johan Alexis Ortiz Hernández era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC) y, de acuerdo a la Comisión, habría muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, en el contexto de una “práctica de fogueo” realizada con balas reales al interior de la instalación militar como requisito para completar su formación como funcionario de la referida institución. De acuerdo a lo alegado, el Estado no habría dado respuesta de manera adecuada ni oportuna a las lesiones sufridas por Johan Alexis Ortiz Hernández, al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado hasta un centro médico. Según la Comisión, las supuestas graves omisiones e irregularidades incurridas en la investigación, así como la falta de debida diligencia, constituyeron factores de impunidad que habrían obstaculizado la determinación de la verdad y la eventual sanción a los responsables. Las presuntas víctimas en este caso, además de Johan Alexis Ortiz Hernández, son: Zaida Hernández de Arellano1, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Saúl Arellano Mora, Maritza González Cordero, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández.




  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:




  1. Petición. – El 15 de marzo de 2000 el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Zaida Hernández de Arellano (en adelante “los peticionarios”), presentaron la petición inicial ante la Comisión.




  1. Informe de admisibilidad. – El 25 de febrero de 2005 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 22/05 en el que concluyó que la petición era admisible2.




  1. Designación de Defensoras Públicas Interamericanas. – El 6 de enero de 2014 la Comisión informó a los peticionarios sobre la posibilidad de contar con representación legal gratuita en la etapa de fondo del caso ante la Comisión. Los peticionarios autorizaron a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (en adelante “AIDEF”) para asumir la representación el 24 de enero de 2014. El 14 de marzo de 2014 la AIDEF comunicó que las señoras Gustava Soledad Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí habían sido designadas como defensoras públicas interamericanas para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “las representantes”).




  1. Informe de fondo. – El 29 de enero de 2015 la Comisión aprobó el informe de fondo No. 2/15, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el informe de fondo” o “el informe No. 2/15”), en el cual llegó a una serie de conclusiones, y formuló varias recomendaciones al Estado:

  1. Conclusiones. – La Comisión concluyó que el Estado de Venezuela era responsable por la violación de los siguientes derechos:




  1. a la vida e integridad personal establecidos en los artículos 4 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández;

  2. a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre) y Zaida Hernández Hernández (madre), y

  3. a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de Zaida Hernández Hernández (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre), Maritza González Cordero, Saúl Arellano Mora, Jeckson Edgardo Ortiz González (hermano), Gre[yssi] Maried Ortiz González (hermana), Gregory Leonardo Ortiz González (hermano), [Z]aida Dariana Arellano Hernández (hermana) y Sa[ú]l Johan Arellano Hernández (hermano).




  1. Recomendaciones. – En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones:




  1. [r]ealizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el […] informe, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de los hechos descritos;

  2. [d]isponer de las medidas administrativas disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso;

  3. [r]eparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el […] informe tanto en el aspecto material como moral, y

  4. [d]esarrollar las medidas necesarias para asegurar que los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales sean protegidos debidamente en los cursos de capacitación y procesos de formación.




  1. Notificación al Estado. – El informe de fondo fue notificado al Estado el 13 de febrero de 2015 otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.




  1. Informe sobre las recomendaciones de la Comisión. – El Estado venezolano no dio respuesta alguna al informe de fondo de la Comisión.




  1. Sometimiento a la Corte. – El 13 de mayo de 2015 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo “por la necesidad de obtención de justicia para los familiares de la [presunta] víctima”3.




  1. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su informe de fondo (supra párr. 2.d.a). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo VIII de la presente Sentencia.


II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE



  1. Notificación a las representantes y al Estado. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado a las defensoras públicas interamericanas que actúan en representación de las presuntas víctimas1 el 30 de julio de 2015 y al Estado el 31 de julio de 2015.




  1. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 5 de octubre de 2015 las representantes de las presuntas víctimas presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Las representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión. Asimismo, las defensoras interamericanas hicieron solicitudes respecto a la utilización del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”) “tanto para el abordaje específico de [la] defensa en el proceso internacional, como para los gastos que demande [su] intervención”. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.




  1. Escrito de contestación. – El 12 de enero de 2016 el Estado2 presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento e informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado interpuso como excepción preliminar la alegada “falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”.




  1. Observaciones a la excepción preliminar. – El 28 de marzo de 2016 las representantes y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus observaciones a la excepción preliminar opuesta por el Estado.




  1. Audiencia Pública - Mediante Resolución de 20 de diciembre de 20163, el Presidente convocó a las partes y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas, de una testigo propuesta por el Estado y de una perita ofrecida por las representantes. Asimismo, el Presidente declaró procedente la aplicación del Fondo de Asistencia de la Corte para cubrir los gastos que ocasione la representación de las presuntas víctimas por parte de las defensoras interamericanas. La audiencia pública fue celebrada el 9 de febrero de 2017, durante el 117° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede4. En la audiencia se recibió la declaración de las presuntas víctimas Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández de Arellano, de la testigo Marelvis Mejía Molina y de la perita Ana Cecilia Rincón Bracho. Asimismo, el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de esta Corte. Las declaraciones solicitadas ante fedatario público fueron recibidas los días 31 de enero, 1, 3 y 6 de febrero de 20175.




  1. Alegatos y observaciones finales escritos. - El 10 de marzo de 2017, las representantes y el Estado remitieron sus respectivos alegatos finales escritos, así como determinados anexos, y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas.




  1. Observaciones de las partes y de la Comisión. – El Presidente otorgó un plazo a las partes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los anexos remitidos por el Estado y por las representantes junto con sus respectivos alegatos finales escritos. El 27 de marzo de 2017 las representantes formularon observaciones sobre los alegatos finales escritos del Estado y no se pronunciaron respecto del anexo que fue remitido junto con dicho escrito. La Comisión y el Estado no presentaron observaciones. El 17 de abril de 2017 el Estado solicitó se declarara inadmisible las observaciones a los alegatos finales del Estado presentadas por las representantes. Tomando en cuenta que el Estado formuló, por primera vez, sus argumentos sobre las reparaciones al presentar su escrito de alegatos finales y en aras de asegurar el derecho de defensa de las partes, la Corte considera pertinente admitir en esta oportunidad tanto los alegatos formulados por el Estado como las observaciones de las representantes en torno a las reparaciones.




  1. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia. – El 11 de abril de 2017 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes. El Estado presentó sus observaciones el 21 de abril de 2017.




  1. Deliberación del presente caso. - La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 21 de agosto de 2017.


III
COMPETENCIA



  1. Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. Por su parte, el 10 de septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convención Americana, la cual entró en vigor el 10 de septiembre de 2013. De acuerdo con el artículo 78.2 de la Convención, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, tomando en cuenta que los hechos analizados son anteriores a la entrada en vigor de la denuncia de la Convención.


IV
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL

A. Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y de las representantes


  1. El Estado declaró ante la Corte Interamericana, en la audiencia pública del presente caso que, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Corte, reconocía la responsabilidad internacional del Estado, generada por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en perjuicio del joven Johan Alexis Ortiz Hernández. Resaltó que “[s]e trata de una muerte arbitraria, lamentable y, sobre todo, completamente injustificada”. En particular, señaló que el Estado venezolano considera inaceptable que las autoridades de la época, hayan desatendido las regulaciones existentes para el desarrollo de este tipo de prácticas militares, incrementando ilegítimamente el riesgo, que de por sí caracteriza los ejercicios de esta naturaleza. De igual forma, el Estado reconoció su responsabilidad internacional, derivada de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y de la señora Zaida Hernández, “como consecuencia de la demora excesiva del proceso judicial destinado a establecer responsabilidades por la muerte del joven Johan Alexis Ortiz”. Al respecto, afirmó que “la deficiente actuación de los órganos inicialmente llamados a conocer el presente caso, al amparo de la derogada constitución del año 1961, condujo a que el proceso judicial se complejizara y en consecuencia se extendiera más allá de un plazo razonable”. Precisó que, actualmente, dicho caso es conocido por la jurisdicción penal ordinaria, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 29 de la Constitución, que establece que todos los casos de violación de derechos humanos, son competencia de esa jurisdicción, a diferencia de lo que ocurría durante el siglo XX, cuando casos como el de este joven, eran investigados confidencialmente por la jurisdicción militar. Además, el Estado reconoció la responsabilidad internacional que se desprende de la violación del derecho a la integridad personal, prevista en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández, identificados en el informe de fondo de la Comisión Interamericana. No obstante, aclaró que el presente reconocimiento de responsabilidad no incluye la alegada responsabilidad del Estado, que se desprendería de la supuesta falta de investigación oportuna y adecuada de las denuncias de violación a la integridad personal, en los términos previstos en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Al respecto, indicó que, más allá de los señalamientos realizados por el padre de la víctima, no existe en el expediente elementos que permitan sostener la hipótesis de la tortura1. En virtud de lo anterior, solicitó a esta Corte declarar que no existe violación a la integridad personal en los términos previstos en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.




  1. Respecto a las reparaciones, el Estado solicitó a la Corte que procediera a fijar las reparaciones correspondientes, de conformidad con su jurisprudencia en esta materia y tomando en cuenta lo acreditado en el expediente del presente caso. El Estado precisó que “procederá de conformidad con su práctica reciente a brindar medidas y atención integral a las víctimas del presente caso, con el objeto de dar respuesta a sus necesidades socioeconómicas, haciendo uso para ello de todo el sistema de protección social que ha sido construido por el gobierno venezolano”. Asimismo, sostuvo que han sido adoptadas las medidas correspondientes a los fines de fortalecer el respeto a los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, durante todos los procesos de entrenamiento y capacitación. Como parte de las medidas adoptadas se ha incluido de manera expresa y categórica en el instructivo que regula la ejecución del ejercicio de orden abierto, mejor conocido como “cancha de infiltración”, la obligación de hacer uso de municiones de fogueo durante la ejecución de los mencionados ejercicios de entrenamiento. Igualmente, han sido reforzadas las medidas de seguridad y de prevención ante posibles emergencias en los señalados ejercicios. Finalmente, señaló que procederá, como medida de satisfacción, a bautizar con el nombre de Johan Alexis Ortiz Hernández una promoción de egresados de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional Bolivariana.




  1. Asimismo, es de destacar que, en el transcurso de la audiencia pública, el Estado realizó la siguiente declaración dirigida directamente a los padres del joven Ortiz Hernández:

Señora Hernández, señor Ortiz: en nombre del Estado venezolano y en el mío propio, les pido perdón por la actuación de los agentes estatales que causaron la muerte de su hijo Johan Alexis Ortiz, el 15 de febrero de 1998. Lamentamos profundamente los hechos que dieron lugar a su sensible fallecimiento. Por ello, […] quisiéramos en esta audiencia, rendir un sencillo pero sentido homenaje, con un minuto de silencio a ese humilde y valiente joven, que aspiraba a ingresar a las fuerzas armadas para servir a su patria, defender nuestra soberanía y proteger a nuestro pueblo.


[…]
El Estado lamenta profundamente que la investigación adelantada por la justicia se haya demorado más allá de lo razonable. Y que, hasta este momento, no exista una sentencia definitivamente firme que establezca responsabilidad por tan grave hecho. Durante prácticamente 19 años, los padres de Johan Alexis Ortiz han estado persistiendo en la búsqueda de la justicia, llevando a cuesta una profunda angustia y dolor. Son ellos, ejemplo de la constancia que caracteriza a un padre y a una madre en procura de la respuesta institucional frente a la repentina e injustificada perdida de un ser querido.
En esta audiencia, les ratifico que el Estado venezolano no cesará hasta que los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz, sean debidamente sancionados de conformidad con el marco jurídico vigente en nuestro país.


  1. En sus alegatos finales, el Estado además de confirmar su reconocimiento parcial de responsabilidad, precisó que éste se basaba en los hechos contenidos en el informe de fondo de la Comisión y comprendía las violaciones del derecho a la vida de Johan Alexis Ortiz Hernández; del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de sus padres “como consecuencia de la demora excesiva del proceso judicial destinado a establecer responsabilidades por la muerte”, y del derecho a la integridad personal en perjuicio de todos los familiares identificados en el informe de fondo. Además, el Estado reiteró que su reconocimiento no incluye “la alegada responsabilidad que se desprendería de la supuesta falta de investigación oportuna y adecuada de las denuncias de violación a la integridad personal, en los términos previstos en el artículo 5.1 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, por lo que solicitó a la Corte que declarara que no existe violación a dichas disposiciones.




  1. La Comisión expresó su satisfacción por el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado de Venezuela, en relación con: i) la violación del derecho a la vida y a la integridad personal establecidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández; ii) la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández Hernández, y iii) la violación al derecho a la integridad personal, reconocida en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández, todos en los términos en que se estableció en el informe de fondo del caso aprobado por la Comisión Interamericana.




  1. En sus observaciones finales escritas, la Comisión reiteró su satisfacción por la declaración realizada por el Estado venezolano en la audiencia, la cual constituye un paso constructivo en el marco del presente proceso internacional. La Comisión consideró, no obstante, que era pertinente presentar algunas observaciones en cuanto al alcance que se debe otorgar a dicho reconocimiento. En lo que se refiere al derecho a la vida, consideró que ha cesado la controversia sobre la atribución de responsabilidad directa del Estado por la muerte de la víctima y destacó el hecho de que el Estado se haya referido a la utilización de balas reales en la práctica militar. En cuanto a los derechos a las garantías y protección judiciales, la Comisión entendió que, si bien el Estado se refirió el conocimiento de la primera etapa de la investigación por las autoridades militares y al incumplimiento de la garantía de plazo razonable, debía darse al reconocimiento un alcance general en relación con todos los obstáculos identificados en el presente caso en el acceso a la justicia tanto en el proceso ante las autoridades militares como en la jurisdicción ordinaria. En esta línea, sostuvo que el reconocimiento de responsabilidad debe abarcar la falta de esclarecimiento de los hechos con base en los criterios desarrollados sobre el deber de debida diligencia en casos de uso de la fuerza letal y la necesidad de determinar la veracidad y el esclarecimiento de las distintas versiones sobre la privación de la vida. En esta línea, la Comisión consideró que el hecho de que las autoridades internas sólo se hayan enfocado en investigar la versión sobre lo ocurrido a Johan Alexis el día de su muerte que apunta a la ocurrencia de un hecho accidental, aunado a una serie de omisiones e inconsistencias verificadas en la investigación, es uno de los factores que ha contribuido a la impunidad en el presente caso. Al respecto, la Comisión puntualizó que las incongruencias que surgen de la evidencia disponible en relación con la tesis oficial del hecho accidental generan serias dudas sobre su verosimilitud, lo cual haría parte de su responsabilidad por las violaciones a los derechos a las garantías y protección judiciales. Finalmente, sostuvo que había cesado la controversia en cuanto a la violación del derecho a la integridad personal de los familiares. Adicionalmente, la Comisión reconoció tanto el compromiso asumido por el Estado de dar cumplimiento con las medidas de reparación que se ordenen en el caso, como el ofrecimiento expreso de medidas simbólicas en memoria de Johan Alexis Ortiz Hernández. Asimismo, solicitó a la Corte que dictara las reparaciones conforme a todos los componentes de una reparación integral.




  1. Las representantes señalaron que consideraban pertinente realizar algunas precisiones respecto al alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado. En particular, se refirieron a los siguientes aspectos: la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández se produjo con balas reales no fragmentadas; no se aplicaron las medidas de seguridad y de manejo estricto de emergencia en la práctica militar en la que resultó herido; Johan Alexis no recibió atención médica especializada oportuna; las balas que impactaron su cuerpo provinieron de arma de fuego de cañón corto; la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos por no haberse investigado las diferentes versiones sobre los hechos; la intención de los padres de conocer la verdad de lo acontecido y que se juzgaran en el ámbito interno a los verdaderos responsables del fallecimiento de Johan Alexis, y el daño moral causado a sus familiares. Asimismo, en la audiencia aclararon que, en razón de la prueba recibida, no iban a sostener el alegato relativo a los supuestos signos de tortura en el cuerpo de Johan Alexis Ortiz Hernández, lo cual fue reiterado en sus alegatos finales escritos.


B. Consideraciones de la Corte


  1. La Corte destaca la buena voluntad del Estado, expresada en este caso tanto en su manifestación de disculpas públicas como en su reconocimiento parcial de responsabilidad, el cual fue realizado, por primera vez, en la audiencia pública ante este Tribunal. Asimismo, la Corte considera que este reconocimiento parcial de responsabilidad reivindica la búsqueda de justicia por parte de los familiares del señor Ortiz Hernández, quienes continúan luchando por el esclarecimiento de lo ocurrido desde hace más de 19 años.




  1. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con los artículos 622 y 643 del Reglamento y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes4, de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido5. En tal sentido, el reconocimiento no puede tener por consecuencia limitar, directa o indirectamente, el ejercicio de las facultades de la Corte de conocer el caso que le ha sido sometido6 y decidir si, al respecto, hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención7. Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto8.






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