Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



Descargar 0.55 Mb.
Página9/12
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño0.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

D) Costas y Gastos



202. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana114.
203. En el presente caso, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos legales en que han incurrido los familiares del señor Ramón Mauricio García Prieto, en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como ante el sistema interamericano.
204. El interviniente común solicitó al Tribunal que ordene al Estado el pago US$40,987,32 (cuarenta mil novecientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con treinta y dos centavos) por concepto de gastos a favor del IDHUCA, organización que ha colaborado con la familia García Prieto Giralt en las diligencias judiciales a nivel nacional. Asimismo, solicitó la suma de US$14,055.24 (catorce mil cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con veinticuatro centavos) por concepto de gastos a favor de CEJIL, organización que ha actuado junto con el IDHUCA como representante de las víctimas desde la presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana el 22 de octubre de 1996. Por último, adicionó a la solicitud anterior con los gastos y costas incurridos en el trámite desde la presentación de la demanda hasta el momento de presentar los alegatos finales escritos en el trámite ante la Corte, cuyos rubros se desglosan así: la cantidad de US$865.38 (ochocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con treinta y ocho centavos) correspondientes a los gastos del IDHUCA y la cantidad de US$3,365,96 (tres mil trescientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con noventa y seis centavos) correspondientes a los gastos de CEJIL.
205. Por su parte, el Estado solicitó que la Corte declarara no ha lugar a una condena en costas.
206. Respecto al reembolso de las costas y gastos, el Tribunal ha señalado que le corresponde apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable115.
207. En razón de lo anterior, y en consideración de los comprobantes aportados por el interviniente común en el presente caso, el Tribunal estima en equidad que el Estado debe reintegrar la cantidad de US$13.000,00 (trece mil dólares de los Estados Unidos de América) a la señora Gloria Giralt de García Prieto, quien entregará la cantidad que estime adecuada a sus representantes, para compensar las costas y los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano. El Estado deberá efectuar el pago por concepto de costas y gastos dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

E) Modalidad de Cumplimiento de los pagos ordenados
208. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas será hecho directamente a aquellas. En caso que alguna de estas personas fallezca antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, ésta deberá ser entregada a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable116.
209. Los pagos destinados a solventar las costas y gastos generados por las gestiones realizadas por los representantes en los procedimientos interno e internacionalr, serán hechos a quién efectuará los pagos correspondientes.
210. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de la indemnización no fuese posible que éstos la reciban dentro del indicado plazo de un año, el Estado consignará dichos montos a favor de aquéllos en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria salvadoreña solvente, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si la indemnización no ha sido reclamada al cabo de diez años, la suma correspondiente será devuelta al Estado, con los intereses generados.
211. El Estado debe cumplir las obligaciones económicas señaladas en esta Sentencia mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda nacional de El Salvador.
212. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos no podrán ser afectadas o condicionadas por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia.
213. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre el monto adeudado, correspondiente al interés moratorio bancario en El Salvador.
214. Como lo ha determinado y practicado en todos los casos sujetos a su conocimiento, la Corte supervisará el cumplimiento de la presente Sentencia en todos sus aspectos. Esta supervisión es inherente a las atribuciones jurisdiccionales del Tribunal y necesaria para que éste pueda cumplir la obligación que le asigna el artículo 65 de la Convención. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Fallo. Dentro de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado presentará a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta Sentencia.


XI

Puntos Resolutivos


215. Por tanto,



LA CORTE,

DECIDE,

Por unanimidad,


1. Desestimar parcialmente la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado denominada “Incompetencia de Jurisdicción Ratione Temporis”, en los términos los párrafos 31 a 46 de la presente Sentencia; desestimar la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado denominada “Falta de Agotamiento de los Recursos Internos”, en los términos del los párrafos 47 a 53 de la presente Sentencia; y desestimar los alegatos respecto a la informalidad de la demanda en los términos de los párrafos 54 a 59, de la presente sentencia.

DECLARA,
Por unanimidad, que:
1. Toma nota del “acuerdo de solución amistosa” celebrado el 23 de enero de 2007 entre la señora Carmen Alicia Estrada y el Estado, así como de la renuncia por parte de la señora Estrada a sus pretensiones alegadas en este proceso, en los términos de los párrafos 69 y 70 de la presente Sentencia.
2. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal consagrados en los artículos 8.1, 25.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo ello en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto, de conformidad con los párrafos 97 a 121 de la presente Sentencia.
3. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, por el incumplimiento del deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto, en los términos de los párrafos 128 a 160 de la presente Sentencia.
Y DISPONE,
Por unanimidad, que:

4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.


5. El Estado debe concluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos, en un plazo razonable, en los términos de los párrafos 192 al 197 de la presente Sentencia.
6. El Estado debe publicar en los términos del párrafo 198 de la presente Sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma, por una sola vez, lo siguiente: la parte resolutiva de este Fallo, así como los párrafos que se indican a continuación: 1 a 3, 5 a 11 del Capítulo I denominado “Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia”; y 76 a 160, del Capítulo VIII denominado “Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos)” de la Convención, incluyendo los nombres de cada capítulo y del apartado según corresponda y sin las notas a pie de página.

7. El Estado debe brindar la asistencia médica, psiquiátrica o psicológica que requieran el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto, la cual debe ser suministrada de forma gratuita, en los términos de los párrafos 200 al 201 de la presente Sentencia.


8. El Estado debe pagar al señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y a la señora Gloria Giralt de García Prieto, la cantidad fijada en el párrafo 185, por concepto de indemnización por daño inmaterial, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 183 a 186 de la misma.
9. El Estado debe pagar a la señora Gloria Giralt de García Prieto la cantidad fijada en el párrafo 207 de la presente Sentencia, por concepto de costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 206 y 207 de la misma.
10. Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
El Juez García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña a la presente Sentencia.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, 20 de noviembre de 2007.

Sergio García Ramírez

Presidente



Cecilia Medina Quiroga

Manuel E. Ventura Robles

Leonardo A. Franco


Margarette May Macaulay









Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,


Sergio García Ramírez

Presidente
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN EL CASO GARCÍA PRIETO (EL SALVADOR),

DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007

A) Deber de investigar
1. En la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso García Prieto (El Salvador), del 20 de noviembre de 2007, a la que acompaño este Voto, se ha examinado la necesidad de llevar adelante ciertas investigaciones, que se considera inconclusas y necesarias, para establecer la verdad sobre determinados hechos que pudieran interesar a los efectos de la justicia penal.
2. El deber de realizar estas investigaciones tiene una doble y sucesiva fuente, admitida por el Estado que se constituye en parte del tratado sobre derechos humanos y reconoce la competencia del tribunal internacional en asuntos contenciosos: ante todo, el tratado mismo --la Convención Americana--; y como consecuencia de éste y del reconocimiento de competencia, la resolución pronunciada por la Corte, llamada a interpretar y aplicar la Convención, en los términos de ésta y del Estatuto que deriva de ella.
B) Adopción de medidas para el cumplimiento de las resoluciones: el proceso de recepción nacional
3. Es posible que el cumplimiento de este deber de investigación (dejo para otra oportunidad el alcance de la investigación y su trascendencia como capítulo para el acceso al enjuiciamiento y la sanción, cuestión a la que se refiere la Corte en un párrafo que invita a la reflexión) enfrente cuestiones suscitadas por el orden interno: obstáculos francos o vacíos normativos. El Tribunal interamericano se ha pronunciado a menudo, siguiendo las orientaciones del Derecho de los tratados y las reglas en materia de responsabilidad internacional, sobre el cumplimiento --ofrecido por los Estados partes-- de las disposiciones generales (normativas) o particulares (jurisdiccionales, con doble impacto: en el caso concreto y en el conjunto del sistema) del orden internacional. No insistiré en este asunto.
4. No hay duda sobre la obligación que tiene el Estado de adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza (artículo 2 de la Convención Americana) necesarias para la observancia y protección de los derechos y libertades recogidos por ese instrumento. De ahí que la propia sentencia, consciente de las circunstancias existentes y de los alegatos que pudieran formularse a partir de éstos, haya dispuesto en un párrafo enfático: “Corresponde a los Estados expedir las normas y ajustar las prácticas para cumplir lo ordenado en las decisiones de la Corte Interamericana, si no cuentan con dichas disposiciones”. El mandamiento se halla, pues, en el orden internacional que los Estados aceptan; la solución, con sus particularidades, se encuentra en las manos (y en los deberes) de éstos.
5 Esa expresión acentúa, una vez más, la necesidad de que los Estados dispongan lo que resulte necesario, en su propio ordenamiento interno, para la atención puntual de los compromisos contraídos al amparo del ordenamiento internacional, adoptado con carácter vinculante por los mismos Estados a través de sus propias decisiones soberanas. Me ha parecido interesante referirme ahora a esta adopción de medidas, que constituye un deber ampliamente examinado y aceptado --y que no se contrae, evidentemente, a este caso--, en tanto se relaciona con la cuestión más relevante y activa, hoy día, en el enlace entre los órdenes nacionales e internacional y en la consolidación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: la recepción nacional de las decisiones internacionales.
6. El tema tiene, por supuesto, múltiples facetas e implicaciones, que no pretendo examinar ahora, ni podría hacerlo. Corresponde subrayar, sin embargo, que esa recepción --el dato más relevante y decisivo del momento actual, y uno de los más frecuentemente examinados ahora por la doctrina*-- debe ser motivo del esfuerzo más enérgico y sostenido, y proyectarse hacia los diversos frentes en los que debiera instalarse y arraigar.
C) Recepción en la cultura
7. En otras oportunidades me he ocupado de los diferentes ámbitos en que los que debe operar la recepción y de las actuaciones que es preciso desarrollar para que efectivamente se proyecte en ellos. He mencionado la necesidad de fortalecer la recepción en la cultura americana sobre los derechos humanos, siempre asediada, sobre todo cuando hay signos de inseguridad pública que nutren el discurso desfavorable a los derechos humanos (que es, en esencia, un discurso desfavorable al Derecho mismo). Esa cultura es el “ambiente natural” para la observancia de los derechos. De la convicción generalizada dependen la vigencia efectiva, la exigencia imperiosa (que impide desandar caminos y favorece el avance sobre nuevos territorios) y la eficacia real de los instrumentos previstos para la protección de los derechos, tanto en el orden nacional como en el internacional.
D) Recepción constitucional
8. También se requiere la recepción constitucional, que ha prosperado bajo diversas fórmulas --cuyo conjunto aporta un panorama de progreso, aunque con heterogéneas expresiones normativas-- y que paulatinamente pudiera consolidar la idea de que más allá de la siempre ardua cuestión de jerarquía entre los órdenes nacional e internacional, se halla la suprema jerarquía del ser humano --común a las decisiones fundamentales de ambos, en su versión más desarrollada y contemporánea--, que vincula todas las decisiones y las actuaciones.
E) Recepción política
9. La admisión de las relaciones internacionales y sus consecuencias declarativas, normativas y jurisdiccionales en las leyes básicas de los Estados, prohíja la adopción de políticas públicas favorables a la tutela y expansión de los derechos humanos. Este ámbito de recepción puede atenderse, sin embargo, aun en ausencia de disposiciones constitucionales explícitas --como ha ocurrido en varios casos--, con sustento en las normas internas a propósito de libertades y derechos fundamentales y en el “espíritu antropocéntrico” que anima las decisiones radicales de las sociedades políticas modernas.
F) Recepción jurisdiccional
10. Es indispensable la recepción jurisdiccional interna de los criterios jurisprudenciales internacionales, que a su vez deben asumir las reflexiones y aportaciones que provienen de la justicia nacional. La armonización del ordenamiento continental de los derechos humanos debe ser el producto de un diálogo persistente y profundo: el diálogo jurisprudencial, que avanza. Este ámbito de la recepción constituye --como he tenido ocasión de afirmar en distintos foros, particularmente ante los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos-- uno de los signos más alentadores en la hora actual del Sistema Interamericano.
G) Recepción legal (instrumental)
11. Asimismo, es absolutamente necesaria la recepción a través de las normas internas de cumplimiento (que se podría denominar legal instrumental), que constituyen el puente para que las resoluciones internacionales transiten con naturalidad y sin tardanza ni tropiezo hacia la aplicación interna, que implica medidas ejecutivas inmediatas y adecuadamente facilitadas. No digo que esa normativa sea condición para la validez de las disposiciones internacionales; sólo recuerdo que es medio natural para su eficacia.
12. Esta vertiente de la recepción se ha rezagado. En general, no se dispone de fórmulas nacionales --aunque haya buenas voluntades en ejercicio, que contribuyen poderosamente al cumplimiento, a través de convenientes interpretaciones-- que provean con detalle la admisión interna de las recomendaciones y resoluciones internacionales. Las reparaciones indemnizatorias constan en algunos ordenamientos, pero no ocurre lo mismo con otras especies de reparación, cuya complejidad requeriría normas claras que aporten soluciones expeditas. Estas otras formas constituyen, por cierto, una de las aportaciones más relevante, características y evolutivas de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos y de la garantía de reparación adecuada que aquélla entraña.
H) Iniciativas de regulación
13. Son plausibles las iniciativas, que han surgido en algunos Estados y que pudieran verse apoyadas, complementadas o enriquecidas por la contribución profesional y académica, en el sentido de elaborar anteproyectos de ordenamientos legales secundarios, preferentemente con raíz constitucional, llamados a encauzar el cumplimiento de recomendaciones y resoluciones internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto, cada Estado debiera contar con normas que reconozcan y desarrollen sus propias circunstancias, pero no parece impracticable la preparación de un instrumento de bases que recoja normas generales sobre la introducción nacional de las decisiones internacionales, reglas amplias a propósito de reparaciones y orientaciones especiales en relación son las diversas categorías de reparación que ha acuñado la jurisprudencia interamericana.
I) Ratificación sobre el papel de la Corte, a través del proceso, en la tutela subjetiva y objetiva de los derechos humanos
14. En otro lugar de la sentencia dictada en el Caso García Prieto, la Corte Interamericana examina de nueva cuenta, en forma breve y pertinente, las consecuencias de un acuerdo de solución amistosa propalado entre el Estado y una de las personas que intervinieron en una etapa anterior del litigio, por sí misma y por su hijo menor de edad. Visto el tema desde la perspectiva del sujeto particular, se trata de una composición instalada en la renuncia a ciertas pretensiones que la interesada estima atendidas por el Estado.
15. Una vez más interesa, sin perjuicio de las consideraciones de carácter sustantivo y adjetivo conexas al caso particular, destacar la función de la Corte Interamericana y la forma en que ésta se proyecta sobre una contienda que, en otras condiciones, cesaría una vez conseguido el acuerdo compositivo entre las partes (materiales) del litigio. El Tribunal ha dejado en claro que: a) le incumbe el deber de proteger oficiosamente –una vez promovido el proceso a través de la acción internacional-- los derechos humanos de los interesados (tutela subjetiva que desencadena la tutela objetiva del orden jurídico); b) esta protección atañe al caso sub judice y a sus protagonistas, pero no interesa menos (por la naturaleza y las características en que se ejerce, en el marco de un “Sistema internacional” de protección de derechos) al conjunto de los Estados comprometidos en el Sistema y de los individuos sujetos a la jurisdicción de esos Estados, y por lo tanto receptores de una expectativa de respeto y garantía de los derechos y libertades convencionales, interpretados por la Corte; y c) al amparo de estos conceptos puede disponer que siga adelante el enjuiciamiento, no obstante la composición alcanzada (e independientemente, hasta cierto punto, de los actos de confesión, allanamiento y transacción relacionados con aquélla), lo cual conduce a una tramitación más o menos completa del juicio, a una sentencia integral sobre la controversia planteada en la demanda y a un desempeño “pedagógico”, “preventivo”, digamos, de la jurisdicción que opera a pesar de la composición. En estos términos ha conducido la Corte los procesos tramitados en años recientes, en los que abundan los actos de composición inter partes. Esta orientación queda firme en el presente caso, sin perjuicio de las características específicas que aquí concurren y que no es necesario examinar ahora.

Juez Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario

 El 22 de enero de 2007 el Juez Diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19 del Estatuto de la Corte Interamericana y 19 del Reglamento de la Corte. El Juez ad-hoc Alejandro Montiel Argüello, mediante comunicación de 15 de junio de 2007, presentó renuncia formal de su cargo como juez ad hoc por motivos de fuerza mayor.


1En el Informe de Fondo No. 94/05 la Comisión concluyó, inter alia, que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en perjuicio de Ramón Mauricio García Prieto, así como los derechos consagrados en los artículos 5, 8, y 25 de la Convención, en perjuicio de José Mauricio García Prieto Hirlemann, Gloria Giralt de García Prieto y Carmen Alicia Estrada; todos en concordancia con el artículo 1.1 del mismo tratado.


2La Comisión originalmente designó al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton y al Comisionado Clare Kamau Roberts como delegados, y a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Marisol Blanchard Vera, Manuela Cuvi Rodríguez, y a los señores Víctor H. Madrigal Borloz y Nelson Camilo Sánchez León, especialistas de la Secretaría Ejecutiva, como asesores legales. El 16 de noviembre de 2006 la Comisión comunicó a la Secretaría que había designado al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, a los Comisionados Evelio Fernández Arévalo y Freddy Gutiérrez Trejo como delegados. Finalmente, el 12 de enero de 2007, la Comisión comunicó a la Secretaría que había designado al Comisionado Freddy Gutiérrez Trejo como delegado y a las señoras Marisol Blanchard, Lilly Ching y Manuela Cuvi Rodríguez como asesores legales.



3Las víctimas, mediante poder de representación designaron como sus representantes ante la Corte a las señoras Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza y Claudia María Hernández Galindo y al señor Henri Paul Fino Solórzano, del IDHUCA, así como a las señoras Viviana Krsticevic y Gisela De León, de CEJIL.


4El 12 de junio de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes que eligieran un interviniente común de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento.


5El 21 de abril de 2006 el Estado designó al señor Oscar Alfredo Santamaría como Agente, y al señor Embajador Milton José Conlindres Uceda como Agente Alterno.

6Cuando se notificó la demanda al Estado, se le informó su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. El 11 de mayo de 2006, después de una prórroga otorgada, el Estado designó al señor Alejandro Montiel Argüello como Juez ad hoc, quien informó al Tribunal el 25 de enero de 2007 que por razones de fuerza mayor no podía estar presente en la audiencia pública celebrada en el presente caso. Mediante comunicación de 4 de julio de 2007 el Estado solicitó que se le permitiera designar un nuevo juez ad hoc. Mediante comunicación de 9 de julio de 2007, se informó al Estado que no era posible admitir la solicitud planteada.


7Resolución emitida por el Presidente de la Corte Interamericana el 14 de diciembre de 2006. El 22 de enero de 2007 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, solicitó al señor Benjamín Cuéllar Martínez que rindiera su declaración jurada ante fedatario público (affidávit).

8


 A esta audiencia pública comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Freddy Gutiérrez Trejo, como delegado; Manuela Cuvi Rodríguez y Marisol Blanchard, asesoras; b) por los representantes: Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza, del IDHUCA; y Gisela De León, Viviana Krsticevic, y Soraya Long, de CEJIL; y c) por el Estado: Oscar Alfredo Santamaría, Agente; Milton Colindres Uceda, Embajador y Agente Alterno; y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Directora General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Teresa del Carmen Blanco de Quijano; Jorge Cortéz; y Carlos Argueta, asesores.

9La Comisión Interamericana había adoptado medidas cautelares el 20 de junio de 1997, las que fueron reiteradas el 20 de noviembre de 2001.


10Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007 Serie C No. 167, párr. 38; Caso Zambrano Vélez y otros Vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 32; y Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 22.


11La Misión de Observadores de las Naciones Unidas, anteriormente ONUSAL, en el año 1995 adoptó la denominación de MINUSAL



Compartir con tus amigos:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad