Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



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A) Parte lesionada

165. La Corte procederá a determinar quiénes deben considerarse como “parte lesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y consecuentemente acreedores de las reparaciones que fije el Tribunal.


166. En el presente caso la Comisión y el interviniente común alegaron que los titulares del derecho a reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención son los familiares de Ramón Mauricio García Prieto. Asimismo, el interviniente común indicó que también el señor García Prieto es titular del derecho de reparación.
167. La Corte considera como “parte lesionada” a José Mauricio García Prieto Hirlemann y a Gloria Giralt de García Prieto en su carácter de víctimas de las violaciones establecidas en su perjuicio (supra párrs. 116, 121 y 160), por lo que serán acreedores de las reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño material e inmaterial.

B) Indemnizaciones


168. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, corresponde a este Tribunal determinar las medidas necesarias para reparar las violaciones declaradas en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto.


B.1) Daño material

169. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y las situaciones en que corresponde indemnizarlo108.


170. Según la Comisión, para determinar el daño material se debe tener en cuenta los esfuerzos realizados por los familiares de Ramón Mauricio García Prieto para obtener justicia, así como los detrimentos patrimoniales experimentados por las víctimas como consecuencia de los constantes seguimientos y amenazas. Por su parte, el interviniente común solicitó a la Corte que ordene al Estado que indemnice a las víctimas por los siguientes conceptos: a) “daño emergente”; b) “lucro cesante”, y c) “daño moral”.
171. A criterio de la Corte, los citados puntos a) y b) deben analizarse dentro del concepto de daño material. El punto c) será considerado en el análisis del daño inmaterial. A continuación la Corte examinará las solicitudes realizadas por el interviniente común respecto al daño material de acuerdo a lo establecido anteriormente.
172 El interviniente común alegó como fundamento para solicitar una indemnización por daño emergente los siguientes hechos: a) la pérdida de las propiedades incendiadas a la familia García Prieto Giralt, por lo que el Estado debe repararle los daños ocasionados a las referidas propiedades a partir de los actos intimidatorios graves; b) los gastos incurridos a raíz de la enfermedad del corazón del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann, debido a la angustia y sufrimiento generados a partir del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto. Dado que no conserva los recibos de los gastos en que han incurrido por dicha enfermedad, solicitó que se fije en equidad el monto indemnizatorio; c) gastos incurridos por la familia García Prieto Giralt para garantizar su seguridad frente al riesgo de un daño a su integridad personal y sus vidas. Indicaron que debido a que por más de “doce años” han sido sometidos a “amenazas, hostigamiento y seguimientos” han tenido que incrementar las medidas de seguridad, ya sea en la contratación de personal como en la adopción de múltiples medidas en su casa de habitación. De acuerdo a lo anterior, el interviniente común solicitó que la Corte fije en equidad el monto que correspondería por concepto de indemnización, toda vez que no conservan los recibos que justifiquen estos gastos.
173. Esta Corte ha considerado en algunos casos109 que es procedente otorgar una indemnización por los gastos en los que las víctimas o sus familiares han incurrido como consecuencia de las violaciones declaradas, siempre que tales gastos tengan un nexo causal directo con los hechos violatorios y no se trate de erogaciones realizadas por motivo del acceso a la justicia, ya que estas últimas se consideran como “reintegro de costas y gastos” y no como “indemnizaciones”.
174. De las violaciones que han sido declaradas en el capítulo VIII de la presente Sentencia, el Tribunal considera que las reparaciones que se dictan en esta instancia deben referirse únicamente a aquellas violaciones sobre los cuales la Corte se ha pronunciado. Cuando corresponde a la Corte fijar una indemnización que tenga como finalidad compensar el daño material deberá tener en cuenta el acervo probatorio, así como los argumentos de las partes. De acuerdo a los elementos de juicio y prueba documental aportados por el interviniente común a este Tribunal, no ha sido posible determinar la existencia de un efecto o nexo de causalidad necesario entre el perjuicio material alegado por el interviniente común en relación a la pérdida de las propiedades incendiadas y los gastos relacionados con la salud del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y los hechos violatorios declarados en la presente Sentencia.
175. En cuanto a la solicitud realizada por el interviniente común respecto a los “gastos incurridos por la familia para garantizar su seguridad frente al riesgo de un daño a su integridad personal y a sus vidas”, éste señaló que sus miembros han permanecido amenazados, hostigados y perseguidos por más de “doce años”, por lo que se han visto obligados a contratar personal y a adoptar otras medidas de seguridad en su casa de habitación. Al respecto, este Tribunal observa que el Estado asignó personal para la protección de algunos miembros de la familia García Prieto Giralt, en razón de la medidas cautelares ordenadas por la Comisión (supra nota 9). En referencia a lo anterior, esta Corte considera que el interviniente común no remitió elementos de prueba suficientes que permitan al Tribunal determinar una indemnización por ese concepto.
176. Asimismo, el interviniente común sostuvo, respecto al lucro cesante, que los miembros de la familia García Prieto Giralt se han dedicado a trabajar en la producción de café en terrenos ubicados en la zona de San Miguel en San Salvador. Debido a las amenazas, hostigamientos y seguimientos e incendios de las propiedades donde ejercían su actividad, se vieron forzados a suspender las visitas a la zona de San Miguel y, por ende, paralizar su actividad laboral para no poner en riesgo sus vidas. En consecuencia, el interviniente común solicitó que la Corte considere dentro del daño material la pérdida de los ingresos descritos y fije el monto correspondiente a este rubro en equidad, debido a la ausencia de documentos que establezcan los montos.
177. En lo que concierne al alegato del interviniente común sobre la pérdida de ingresos de la familia García Prieto Giralt, esta Corte igualmente considera que el interviniente común no presentó pruebas que demuestren que las alegadas pérdidas sean consecuencia de las violaciones declaradas por la Corte en la presente Sentencia.
178. Por lo tanto, la Corte no ha encontrado elementos de prueba suficientes que demuestren que el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto hayan sufrido un daño material. Consecuentemente, se abstiene de concederles indemnizaciones por tal concepto.
B.2) Daño inmaterial

179. Corresponde ahora determinar si deben ser ordenadas reparaciones respecto al daño inmaterial alegado en el presente caso, según lo ha entendido la Corte en su jurisprudencia110.


180. La Comisión alegó que en el presente caso resulta evidente que los familiares del señor Ramón Mauricio García Prieto han sido víctimas de sufrimiento psicológico, angustia, incertidumbre, alteración de la vida, en virtud de la falta de justicia en un plazo razonable y a la impunidad parcial existente respecto a posibles responsables de su muerte, así como de las amenazas y actos de hostigamiento de que han sido también víctimas, lo que “magnifica su sufrimiento”. En razón de ello, la Comisión solicitó a la Corte que fije en equidad un monto de la compensación a favor de los familiares del señor García Prieto por concepto de daño inmaterial.
181. El interviniente común manifestó que el Estado incurrió en una serie de violaciones a los derechos de Ramón Mauricio García Prieto y de sus familiares, causando con ello un profundo sufrimiento y dolor a estos últimos. Agregó que la falta de justicia por la muerte del señor García Prieto generó en sus padres y hermanas, inicialmente un sentimiento de frustración que se ha traducido en una impotencia absoluta y la pérdida de confianza en el sistema de justicia salvadoreño, lo que les ha causado un sufrimiento inconmesurable. Además, el interviniente común manifestó que los miembros de la familia García Prieto Giralt han sido víctimas de agresiones, amenazas e injerencias en la vida privada que se han agravado a raíz de su insistencia por obtener justicia, por lo que permanecen en una inseguridad constante y temerosos de las propias autoridades que debían protegerles. Por lo tanto, solicitó a la Corte que fije en equidad un monto indemnizatorio por concepto de daño inmaterial.
182. En los alegatos finales el Estado solicitó que se dé por finalizada la controversia y se le absuelva de las acciones incoadas.
183. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación111.
184. No obstante, por las circunstancias del caso sub judice, el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto han sufrido una afectación a su integridad psíquica y moral por la falta de una investigación completa de la muerte de su hijo Ramón Mauricio García Prieto, así como por la falta de la investigación de las amenazas y hostigamientos. Por lo tanto, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación, fijada equitativamente, por concepto de daños inmateriales.
185. En consecuencia, la Corte fija en equidad la suma de 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las víctimas, el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto, por concepto de daño inmaterial. Dicha cantidad deberá ser entregada a cada uno de ellos.
186. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial directamente a sus beneficiarios dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.





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