Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs


Hechos posteriores al reconocimiento de la competencia de la Corte el 6 de junio de 1995



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Hechos posteriores al reconocimiento de la competencia de la Corte el 6 de junio de 1995

80. El 7 de octubre de 1996 el Juzgado Quinto de lo Penal de San Salvador condenó al señor José Raúl Argueta Rivas a “veintiséis años de prisión por el delito de asesinato en perjuicio de Ramón Mauricio García Prieto […]”, así como “al pago de cincuenta mil colones en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la familia” del señor García Prieto y a la pena de “cuatro años de prisión por el delito de falsedad material […]; siendo en su totalidad la pena de treinta años de prisión”. En la misma sentencia fue absuelto el señor Pedro Antonio Sánchez Guerrero de acuerdo a lo que el jurado había decidido el 23 de julio de 199641.


b) Proceso Penal No. 110/98 adelantado por el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador42
81. El 28 de agosto de 1997 la Policía Nacional Civil reabrió la investigación sobre el homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, de acuerdo a lo ordenado por el Ministerio de Seguridad Pública el 26 de agosto de 1997. Asimismo, inició la investigación sobre las supuestas amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y las señoras Gloria Giralt de García Prieto y Carmen Alicia Estrada43.
82. El 16 de septiembre de 1997 el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann, padre de Ramón Mauricio García Prieto, rindió declaración ante la PNC, en la que proporcionó información detallada sobre la existencia, posible identidad y características físicas de un tercer autor material del asesinato de su hijo. Asimismo, se refirió a la posible participación de autores intelectuales en los hechos, para lo cual mencionó un incidente originado en marzo de 1987 a propósito de la negociación de un inmueble, propiedad de un miembro de la familia García Prieto Giralt, con el señor Roberto Hernán Puente Rivas, y en la cual habría participado el señor Mauricio Ernesto Vargas Valdés44. También hizo mención a una serie de “amenazas y seguimientos” de las cuales alega había sido víctima el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann. El 17 de septiembre de 1997 la señora Gloria Giralt de García Prieto, madre de Ramón Mauricio García Prieto, declaró ante la PNC que había tenido conocimiento, a través de una tercera persona, de quiénes habrían participado en el asesinato de su hijo. Asimismo, se refirió con detalle a una serie de “amenazas y seguimientos” recibidas con posterioridad a la muerte de su hijo45.
83. El 19 de enero de 1998 la señora Carmen Alicia Estrada, en diligencia de reconocimiento de fotografías, identificó a Julio Ismael Ortiz Díaz como uno de los perpetradores del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto46. El 20 de enero de 1998 la PNC emitió una orden de detención administrativa en contra del señor Ortiz Díaz, quien fue capturado el 23 de enero de 199847. El 23 de enero de 1998 los investigadores rindieron requerimiento fiscal y ese mismo día el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador inició el proceso penal48.
84. El 24 de enero de 1998 la señora Carmen Alicia Estrada reconoció en rueda de reos al señor Julio Ismael Ortiz Díaz49, quién rindió declaración indagatoria el 25 de enero de 199850.
85. Los días 29 de septiembre y 30 de octubre de 1998 Gloria Giralt de García Prieto y José Mauricio García Prieto Hirlemann, respectivamente, rindieron declaración ante el Juzgado Tercero de Instrucción en relación con la investigación de los responsables materiales, así como la probable participación de autores intelectuales en la muerte de su hijo51.
86. El 10 de febrero de 1999 fue vinculado como presunto autor material el señor Carlos Romero Alfaro, conocido como “Zaldaña”52.
87. El 27 de abril de 1999 el Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la realización de una inspección judicial de los libros de entradas y salidas del personal del Batallón San Benito de la Policía Nacional (infra párr. 111).
88. El 15 de agosto de 2000 el proceso penal fue elevado a estado de plenario respecto al imputado Julio Ismael Ortiz Díaz y en el mismo auto se sobreseyó provisionalmente al señor Carlos Romero Alfaro, con fundamento en que no se “estableció algún elemento de juicio en su contra” ni se contó con otro medio probatorio. En ese mismo auto el Juzgado Tercero de Instrucción señaló que “no pudo comprobarse que el General [Mauricio Ernesto] Vargas Valdés y el Ingeniero [Roberto Hernán] Puente Rivas hayan tramitado negociaciones del inmueble propiedad de la [f]amilia García Prieto”53.
89. Los días 26 y 28 de agosto de 2000 el auto señalado anteriormente fue apelado por la Fiscalía y por el señor Julio Ismael Ortiz Díaz, respectivamente, ante la “Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro”, San Salvador, y el 23 de octubre de 2000 dicha Cámara resolvió confirmarlo54.
90. El 30 de enero de 2001 Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza interpuso acusación particular en contra del imputado Julio Ismael Ortiz Díaz procesado por el delito de asesinato en perjuicio de la vida del señor García Prieto, en representación de los padres de Ramón Mauricio García Prieto. En dicho escrito señaló como ofendidos a Ramón Mauricio García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto55.
91. El 26 de mayo de 2001 en una vista pública el jurado declaró culpable al señor Julio Ismael Ortiz Díaz, quien era un antiguo miembro de la desaparecida Policía Nacional, como autor material del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto. El 7 de junio de 2001 el Juzgado Tercero de Instrucción dictó sentencia condenatoria en contra del señor Ortiz Díaz a treinta años de prisión y al “pago de 50.000 colones en concepto de responsabilidad civil por el daño moral ocasionado a la familia ofendida”, y se determinó que el móvil del homicidio fue el robo56. El 18 de junio de 2001 el señor Julio Ismael Ortiz Díaz interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria57, la cual fue confirmada el 19 de julio de 2001 por la “Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro”58, San Salvador, contra la cual el señor Ortiz Díaz interpuso un recurso de casación. El 22 de agosto de 2001 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso y declarar firme la sentencia recurrida59.

c) Investigación Fiscal ante la Unidad de Delitos Especiales (Expediente No. 34-00-03)


92. El 6 de junio de 2003 el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la cual manifestaron “desconocer quiénes [eran] los autores intelectuales del asesinato de [su] hijo, [pero] si […] afirma[ron] que sospecha[ban] [de] Mauricio Ernesto Vargas [Valdés y] Roberto Hernán Puente Rivas”; indicaron que no ha habido condena respecto a la persona que trasladó a José Raúl Argueta Rivas y a Julio Ismael Ortiz Díaz al lugar donde ocurrió el homicidio, y solicitaron la realización de una serie de diligencias60. El 16 de junio de 2003 la Fiscalía General de la República abrió la investigación fiscal No. 34-00-03, caratulada como “sobre-averiguar”61. El 27 de enero de 2004 los padres de Ramón Mauricio García Prieto presentaron una solicitud a la Fiscalía General de la República de El Salvador con el fin de conocer las diligencias realizadas y los resultados obtenidos acerca de la denuncia presentada. El 15 de abril de 2004, por intermedio del IDHUCA, nuevamente se solicitó a la Fiscalía que se les informara sobre las diligencias instruidas y el resultado de las mismas, y se permitiera el acceso al expediente. El 4 de mayo de 2004 los padres del señor García Prieto reiteraron dicha solicitud62.
93. El 9 de junio de 2004 el Fiscal General de la República emitió declaraciones públicas y habría manifestado que “el caso García Prieto cumplía el plazo de prescripción de la acción penal con fecha 10 de junio de 2004, lo cual cerraba oficialmente las investigaciones”63.
94. El último documento que consta en el expediente fiscal No. 34-00-03 es de junio de 2004 y contiene la respuesta del Banco Agrícola a un requerimiento de información de la Fiscalía en relación con una “solicitud efectuada a dicha institución bancaria por parte del General [Mauricio Ernesto] Vargas [Valdés] y el Ingeniero Roberto [Hernán] Puente [Rivas]” en el año mil novecientos ochenta y ocho (1988), relativa a un préstamo hipotecario para la compra de una propiedad de la familia García Prieto64. En el expediente aportado como prueba en el proceso ante la Corte Interamericana no hay constancia de actuaciones procesales desde junio de 2004.

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95. Por otra parte, el 12 de julio de 1995 la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos inició investigaciones sobre los hechos relacionados con la muerte de Ramón Mauricio García Prieto ante una denuncia presentada por sus padres, José Mauricio García Prieto y Gloria Giralt de García Prieto. El 14 de octubre de 1996 la Procuraduría emitió una resolución respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en relación con la investigación del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, el cual contiene varias recomendaciones65. El 1 de noviembre de 1996 la Procuraduría remitió al Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador la referida resolución. El 7 de noviembre de 1996 la Jueza Décimo Quinta de Paz de San Salvador dio respuesta a la resolución de la Procuraduría, en la cual se refirió a diversos puntos, entre ellos, a la prueba testimonial, perito-científica e inspeccional que recabó en la investigación y que fue el sustento jurídico-procesal para elevar a plenario el juicio respectivo66.
96. El 22 de junio de 2005 la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos emitió un “Informe Especial sobre el Caso Ramón Mauricio García Prieto Giralt, expediente SS-0725-95”, de acuerdo a las atribuciones que le competen en la legislación interna de El Salvador. En el referido informe concluyó, inter alia, que: a) la muerte de Ramón Mauricio García Prieto fue una ejecución extrajudicial realizada, presuntamente, por un grupo armado ilegal, que habría actuado bajo la tolerancia de las autoridades policiales; b) ratificó su resolución de 14 de octubre de 1996 en la que se concluyó que el móvil del crimen fue privar arbitrariamente de la vida a la víctima y no se trataba de un robo como sentenció la Jueza Instructora; c) en las investigaciones llevadas a cabo por la Jueza Décimo Quinta de Paz se omitió investigar la pertenencia de los autores materiales a una estructura dedicada a la eliminación de personas; d) indica que han existido varias “paralizaciones” en los procesos investigativos e impunidad generalizada en el caso García Prieto debido a una falta de voluntad del Estado por establecer la verdad de los hechos; y e) señala que han continuado los hostigamientos telefónicos, las vigilancias por parte de sujetos desconocidos, entre otros hechos similares, en perjuicio de miembros de la familia García Prieto Giralt 67.

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97. Este Tribunal ha reconocido en casos anteriores que un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, indica que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos que vulneren derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana68. Además, los artículos 8 y 25 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad por los actos de cualquiera de los órganos del Estado69.
98. La Corte se ha pronunciado acerca de la necesaria relación que existe entre el deber general de garantía señalado en el artículo 1.1 de la Convención y los derechos específicos protegidos por este instrumento70 para que el Estado pueda garantizarlos. Como consecuencia de dicho deber de garantía, surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción71. Este deber de garantía, al estar vinculado con derechos específicos, puede ser cumplido de diferentes maneras, dependiendo del derecho que el Estado tenga el deber de garantizar y de la situación particular del caso.
99. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención72. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar, los Estados deben, no solo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en ese instrumento, como las alegadas en el presente caso y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.
100. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa73, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios74.
101. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva75. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad.
102. Por otra parte, este Tribunal se ha referido al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los respectivos hechos. Al respecto, la Corte también ha señalado que
del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación76.
103. Los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido77.
104. Cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.
105. En el Código Procesal Penal de El Salvador vigente al momento de los hechos se establecía en el artículo 50 que “[t]endrán acción para acusar por delitos y faltas que den lugar a procedimiento de oficio, los titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, sus representantes legales, su cónyuge y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, mayores de veintiún años […]”. A su vez, el artículo 86 del referido Código Procesal Penal señalaba que “[l]a acción penal pública deberá ser iniciada y seguida por el Ministerio Público o de oficio por el juez, sin perjuicio del derecho de acusar conforme a la ley […]”.
106. Asimismo, el artículo 125 de ese Código Procesal Penal disponía que:
[c]ualquier persona mayor de veintiún años que se considere ofendida por un delito perseguible de oficio o que sin considerarse ofendida tenga conocimiento de él, podrá denunciarlo al juez competente; […]
107. En el presente caso, los padres de Ramón Mauricio García Prieto ostentaban el derecho de participar en la consecución de la determinación de la verdad y en la investigación, identificación, procesamiento, y eventual sanción de los responsables del homicidio de su hijo, de conformidad con la legislación interna vigente la cual establecía ese derecho78. De tal modo que el Estado tenía el deber de brindar un recurso judicial adecuado para garantizar dicha obligación de investigar. La Corte destaca que los padres de Ramón Mauricio García Prieto, en calidad de ofendidos79 en el proceso No. 110/98, presentaron acusación particular por intermedio de su representante legal antes de que se emitiera la sentencia de 7 de junio de 2001 por el Juzgado Tercero de Instrucción (supra párr. 90)80.
108. Además, este Tribunal observa que, en el desarrollo de la investigación No. 110/98, Gloria Giralt de García Prieto y José Mauricio García Prieto rindieron declaraciones ante el Juzgado Tercero de Instrucción en calidad de ofendidos. En dichas declaraciones hicieron referencia a diversos hechos o situaciones relacionadas con la investigación de la muerte de su hijo (supra párr. 85).
109. De conformidad con lo expuesto, este Tribunal debe determinar si el Estado ha incurrido en violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese Tratado. Para tal efecto, la Corte ha establecido que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”81, razón por la cual este Tribunal examinará el proceso penal No. 110/98 y el expediente fiscal No. 34-00-03, atendiendo algunas de las alegaciones de la Comisión y del interviniente común (supra párrs. 71 a 74).

Investigación del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto a partir del 6 de junio de 1995 (proceso penal No. 110/98 y expediente fiscal No. 34-00-03)
110. La Comisión y el interviniente común indicaron que en el proceso penal No. 110/98 tramitado por el Juzgado Tercero de Instrucción ocurrieron diversas omisiones y “obstaculizaciones” que impidieron recaudar información relevante para la investigación del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto. Entre ellas, señalaron la relacionada con la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional en el mes de junio de 1994 (supra párrs. 72 y 74).
111. En la prueba aportada por las partes, la Corte observa que en el expediente No. 110/98 se constatan los siguientes hechos respecto a la referida inspección judicial:


  1. el 12 de abril de 1999 el fiscal del caso solicitó mediante comunicación escrita a la Jueza Tercera de Instrucción que “se inspeccion[ara] […] los libros de entradas y salidas del personal del Batallón San Benito” 82;




  1. el 27 de abril de 1999 la Jueza Tercera de Instrucción requirió al Ministro de la Defensa Nacional que permitiera al “Colaborador Judicial de[l] Tribunal ingres[ar] a las instalaciones respectivas de Archivos o donde puedan […] acceder (sic) a los libros de Entradas y Salidas del personal del extinto Batallón San Benito durante el mes de junio de 1994” 83. Ese mismo día, la Jueza, junto con el fiscal del caso, se apersonaron en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional “con el objeto de practicar inspección en los archivos de [esa] institución”. Se entrevistaron con el Jefe del Departamento Jurídico, quien les explicó que “el Libro de Entradas y Salidas referido no se encontró al momento de la búsqueda”. Al insistir en revisar los Controles de Archivos, el Jefe del Departamento Jurídico les presentó al Jefe del Departamento de Archivos, quien les explicó que en los archivos “exist[ía] un tremendo desorden” y manifestó que “[les] tomó aproximadamente un mes la búsqueda de dicha información”, sin que se hayan encontrado los documentos. Además, expresó que había otros documentos en las instalaciones del Archivo Histórico ubicado en la Fuerza Naval84;




  1. el 18 de mayo de 1999 la Jueza Tercera de Instrucción y uno de los fiscales del caso se presentaron en las instalaciones de la Fuerza Naval. Sin embargo, los funcionarios del Archivo Histórico les indicaron que no se encontraban presentes quienes podían facilitarles el ingreso. Finalmente, la Jueza indicó en el acta correspondiente que “se ha[bía] tratado por todos los medios […] efectuar la diligencia, pero [fue] imposible […,]ya que no se les prestó la colaboración necesaria, por parte del Ministerio de la Defensa Nacional” 85; y




  1. el 21 de junio de 1999 la Fiscalía General solicitó a la Jueza Tercera de Instrucción que ordenara nuevamente la inspección en el Archivo Histórico86. El 28 de junio de 1999 la Jueza ordenó que la inspección debía practicarse el 5 de julio de 199987. Sin embargo, el expediente no revela si dicha inspección fue llevada a cabo por las autoridades estatales.

112. La obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional.


113. Este Tribunal considera que en la realización de la diligencia de inspección ordenada por el Juzgado Tercero de Instrucción en el Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional, con el fin de desarrollar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos (supra párr. 87 y 111), los funcionarios estatales del Ministerio de Defensa Nacional y del Archivo Histórico ubicado en la Fuerza Naval tenían la obligación de colaborar de manera diligente y efectiva con la investigación que adelantaba el juez penal. De tal forma, con su actuación, el Estado incumplió la obligación referida al no permitir que se pudiera acceder a los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional en el mes de junio de 1994.
114. Por otra parte, en lo que se refiere a la investigación fiscal No. 34-00-03 (supra párrs. 92 a 94) , la Corte observa que José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto presentaron una denuncia el 6 de junio de 2003 ante la Fiscalía General de la República, en la cual manifestaron “desconocer quiénes [eran] los autores intelectuales del asesinato de [su] hijo, [pero] sí [han] afirmado que sospecha[ban] de Mauricio Ernesto Vargas [Valdés y] Roberto Hernán Puente Rivas”, e indicaron que no ha habido condena respecto a la persona que trasladó a los señores José Raúl Argueta Rivas y Julio Ismael Ortiz Díaz al lugar donde ocurrió el homicidio. El 16 de junio de 2003 dicha Fiscalía abrió la investigación fiscal No. 34-00-03 (supra párr. 92), en relación con el homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, en la cual no existen constancias de actuaciones procesales desde junio de 2004, es decir, la investigación se encuentra pendiente desde esa fecha.
115. Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.
116. Por lo tanto, en lo que se refiere a la averiguación de los hechos por parte de las autoridades estatales respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, la Corte concluye que el Estado no ha realizado una investigación completa, en virtud de que algunas autoridades estatales incumplieron el deber de colaborar con las autoridades encargadas de la investigación en la inspección judicial de los libros “de entrada y salida” de los miembros del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. Del mismo modo, en el expediente fiscal No. 34-00-03 abierto para investigar la posible participación de autores intelectuales en el homicidio del señor García Prieto y la identificación del posible tercero que habría participado en los hechos, la Corte observa una falta de la debida diligencia para actuar de oficio por parte de las autoridades policiales y judiciales de El Salvador, así como el retardo en el pronunciamiento de la resolución judicial para concluir la investigación de los hechos. Consecuentemente, el Tribunal considera que se configuró una violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto en relación con el artículo 1.1 de dicho Tratado.
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117. La Comisión y el interviniente común alegaron que la integridad personal de los miembros de la familia García Prieto Giralt se ha visto afectada por la insuficiente investigación del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto llevada a cabo por las autoridades estatales. En respuesta a lo anterior, el Estado sostuvo que la muerte del señor García Prieto fue investigada ampliamente por las instituciones competentes.


118. Esta Corte observa que las señoras Ile del Carmen García Prieto Taghioff y Lourdes García Prieto de Pattuzzo, en sus declaraciones rendidas ante fedatario público (supra párr. 16.d y 16.e) describieron cómo la falta de una completa investigación sobre los hechos del homicidio de su hermano ha afectado a la familia. Asimismo, la señora Gloria Giralt de García Prieto, en su declaración rendida ante la Corte (supra párr. 17.a) manifestó que:
[N]os hemos sentido frustrados, tristes, enojados, es un contraste de sentimientos, sentimos que nuestro futuro está limitado en un país que tiene toda la capacidad para deshacernos y que no hay nadie que le ponga freno, nos sentimos definitivamente desintegrados como familia, no podría […] pensar en traer a mis hijos a vivir todos como una familia completa a [El] Salvador, estaría definitivamente muerta de angustia.
119. Por su parte, el perito psicólogo Mauricio José Ramón Gaborit Pino, en relación con el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señor Gloria Giralt de García Prieto, indicó en su dictamen (supra párr. 16.i) que:

[…e]l impacto psicológico en la vida de doña Gloria y don Mauricio ha sido mayoritariamente debido a la denegación de justicia en las múltiples acciones iniciadas para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo […]


120. De lo expuesto, este Tribunal observa que si bien fueron condenados los señores José Raúl Argueta Rivas y Julio Ismael Ortiz Díaz como responsables del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, sus padres han vivido con un sentimiento de impotencia y angustia por la falta de una investigación completa y por el hecho de que se encuentre pendiente de resolución la investigación fiscal No. 34-00-03 (supra párr. 116).
121. Por lo tanto, además de las violaciones declaradas en el párrafo 116, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto.
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3) Amenazas y hostigamientos sufridos por algunos de los miembros de la familia García Prieto Giralt y su falta de investigación


122. La Comisión Interamericana alegó que los familiares de Ramón Mauricio García Prieto fueron objeto de actos de intimidación recurrentes, los cuales pusieron en peligro sus vidas y afectaron su seguridad e integridad personal. Tales hechos estuvieron constituidos, entre otros, por actos de amenazas anónimas u hostigamientos telefónicos, persecución en vehículos y vigilancias por sujetos desconocidos, los cuales alega han sido consecuencia del intento de la familia García Prieto Giralt por obtener justicia. También alegó que el Estado, ante la falta de una debida investigación, ha permitido la continuidad de esa situación. Finalmente indicó que estos actos causaron una afectación psíquica en los familiares del señor García Prieto.
123. A su vez, la Comisión argumentó que “[l]as falencias en la investigación de las amenazas han permitido la situación de latente amedrentamiento que pesa sobre las [presuntas] víctimas y que ha justificado la vigencia de medidas cautelares”, y que dicha investigación se ha caracterizado, entre otras cosas, por la lentitud y por la omisión de llamar a testigos relevantes. Asimismo, expresó que “ninguna de las alegadas investigaciones han tenido como producto la identificación de algún responsable” y precisó que las investigaciones “se caracteri[zaron] por largos períodos de completa inactividad investigativa”.
124. Igualmente, el interviniente común señaló que los actos de intimidación hacia la familia García Prieto Giralt han ocurrido con frecuencia y perduran hasta la actualidad. Según el interviniente común, la mayoría de los actos han estado dirigidos a los padres de Ramón Mauricio García Prieto, pero también han afectado a las señoras María de los Ángeles García Prieto de Charur y Lourdes García Prieto de Patuzzo y a otros miembros de la familia.
125. En cuanto a la investigación de las “amenazas e intimidaciones”, el interviniente común indicó que si bien el proceso penal No. 110/98 fue abierto a raíz de la solicitud de medidas cautelares de la Comisión (supra nota 9), el Estado nunca identificó a los presuntos responsables. Según el interviniente común, la mayoría de las diligencias que se realizaron fueron superficiales. “Así por ejemplo, cuando se investigaba la participación de vehículos en los actos de intimidación, en algunos casos se determinó que pertenecían a particulares, mas estos nunca fueron llamados a declarar; en otros casos, los vehículos se encontraban inscritos a nombre de entidades estatales […], sin embargo, tampoco se desarrolló una línea de investigación en ese sentido”. Por otra parte, las diligencias para investigar las amenazas y actos de intimidación denunciados se caracterizaron por ser negligentes, y se concretaron en solicitar información acerca de los números telefónicos de donde provenían las llamadas. Dichas investigaciones se detuvieron en el año 2002.
126. Por su parte, el Estado señaló que “ha mostrado consideración y respeto a la familia García Prieto [Giralt] y sus asesores [y] ha protegido la integridad física y psíquica” de ellos partiendo desde el otorgamiento de las medidas cautelares, es decir, “desde 1997 hasta 2006”, y que las alegadas “amenazas y actos intimidatorios han sido infundados y con ausencia de pruebas e indicios”. Además, el Estado alegó que todos los actos de intimidación han sido debidamente investigados sin poder probar su existencia.
127. En lo que se refiere a la investigación, el Estado indicó que con el “propósito de darle cumplimiento tanto al acceso a la justicia como a la integridad personal ha puesto en marcha los mecanismos dispuestos por la legislación nacional correspondiente, de tal forma que se han realizado investigaciones sobre las denuncias de amenazas que presuntamente ha sufrido la familia García Prieto [Giralt], sobre los cuales no se ha logrado comprobar los hechos”. El Estado agregó que “la familia García Prieto [Giralt] tuvo todas las oportunidades procesales necesarias para reclamar ante la justicia salvadoreña dichos hechos de hostigamiento, persecución y amenazas pero no lo hicieron en su momento”.
128. Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones de las partes, el Tribunal se referirá a los hechos que tiene por probados conforme a su competencia ratione temporis respecto a las amenazas y hostigamientos de que han sido objeto el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto. La Corte a continuación examinará los hechos relacionados con el proceso penal No. 110/98 adelantado en el Juzgado Tercero de Instrucción, y seguidamente aquellos relacionados con la investigación fiscal desarrollada en el expediente No. 4799-UDV-2001.
a) Proceso Penal No. 110/98 adelantado en el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador
129. En el expediente del proceso penal constan denuncias y declaraciones relacionadas con el matrimonio García Prieto Giralt, quienes han sido objeto de reiterados actos de hostigamiento que se refieren a visitas de personas desconocidas que han acudido a la casa de habitación de la familia García Prieto Giralt o a sus propiedades rurales; hechos de seguimiento que han consistido en persecuciones realizadas por vehículos en su mayoría con vidrios polarizados y sin placas; y llamadas telefónicas que han provenido de números de teléfono desconocidos, mediante las cuales han transmitido en algunas ocasiones mensajes intimidatorios88.
130 En el desarrollo de la investigación de las amenazas y hostigamientos en perjuicio de los familiares de Ramón Mauricio García Prieto se realizaron una serie de diligencias89 para identificar a los presuntos responsables de los referidos actos. En la comunicación de 23 de enero de 1998 la Fiscalía remitió al Juzgado de Turno información acerca de las diligencias realizadas e indicó que no se había logrado determinar a los presuntos responsables, por lo cual consideró que debían continuar las investigaciones respecto a las amenazas y hostigamientos90.
131. Está probado que uno de los hechos más relevantes fue el ocurrido el 4 de agosto de 1998 en la playa El Cuco, en el Departamento de San Miguel, cuando la familia estaba de vacaciones. De acuerdo a los hechos el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto esa noche salieron a caminar a la orilla de la playa y unos sujetos desconocidos les habrían disparado. Los agentes que les brindaban protección respondieron el fuego, y el matrimonio García Prieto Giralt inmediatamente regresó a la casa. Según la señora Gloria Giralt de García Prieto este hecho fue denunciado91.
132. En el auto emitido por el Juzgado Tercero de Instrucción el 15 de agosto del 2000, se indicó que “les asiste la razón a los señores García Prieto, en cuanto al inobjetable hecho de las intimidaciones sufridas […] se sostiene la existencia de tales intimidaciones y persecuciones en la familia García Prieto, pues no es normal la intranquilidad sufrida a consecuencia de la presencia de los sujetos extraños a su alrededor vigilando sus pasos”. Asimismo, en dicha decisión la Jueza indicó que en razón de la necesidad de continuar con la etapa procesal de juzgamiento en contra del señor José Ismael Ortiz Díaz y para no dilatar el procedimiento clausuraba la investigación sobre las intimidaciones y persecuciones92.
b) Investigación fiscal tramitada en el expediente No. 4799-UDV-2001
133. El 12 de diciembre de 2001 el Fiscal General, Belisario Amadeo Artiga, envió un memorando a la señora Coralia Coto, jefe de recepción de denuncias del Ministerio Público, en el cual comunicó que “Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt [de García Prieto], han estado siendo objeto de amenazas y seguimientos, por lo que por este medio […] instruyó para que inicie un expediente de investigación penal” 93.
134. El 3 de diciembre de 2001 la fiscalía abrió el expediente No. 4799-UDV-2001 con la finalidad de investigar las amenazas y hostigamientos de los cuales habían sido objeto, particularmente, el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto. En dicho expediente se describen diversos hechos constitutivos de tales actos, muchos de los cuales ocurrieron antes del inicio de esa investigación94 (supra párr. 129).
135. En el expediente fiscal No. 4799-UDV-2001 constan una serie de diligencias relacionadas con la recepción de testimonios de las víctimas y familiares, de empleados de la familia, así como de diversos agentes estatales que han brindado seguridad a algunos de los miembros de la familia García Prieto Giralt; también constan diligencias relativas a la averiguación de las llamadas anónimas recibidas en las residencias del matrimonio García Prieto; sobre la propiedad de varios vehículos que dieron seguimiento al señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y a la señora Gloria Giralt de García Prieto, y otras diligencias relacionadas con los hechos denunciados (supra párrs. 130)95. Además, consta en el expediente que la investigación se encuentra abierta y no se ha emitido acusación alguna.
136. El 30 de enero de 2002 el Subcomandante Bladimir Alberto Cáceres Rivas, Jefe de la División Regional Metropolitana de Investigaciones, remitió a la Fiscalía General de la República un informe de las diligencias practicadas con respecto a la investigación de las amenazas e hizo constar que “se continúan las diligencias de investigación”96.
137. El último acto procesal del expediente fiscal No. 4799-UDV-2001, relacionado con la investigación de los hechos de amenazas y hostigamientos es de junio de 2002 y es parte del acervo probatorio del caso. Dicha actuación se refiere a una citación para llevar a cabo una diligencia extrajudicial en las oficinas del “sistema de emergencias 911”97. En el expediente aportado como prueba en el proceso ante la Corte Interamericana no existe decisión alguna que dé por concluida la investigación.

*

* *


138. En los dos siguientes acápites este Tribunal examinará: A) Presuntas amenazas y hostigamientos sufridos por algunos de los miembros de la familia García Prieto Giralt y B) Investigaciones de las amenazas y hostigamientos.
A) Presuntas amenazas y hostigamientos sufridos por algunos de los miembros de la familia García Prieto Giralt
139. Está demostrado que el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto han sido objeto de hechos o actos de amenazas y hostigamientos, los cuales han ocurrido con diversa intensidad. Este Tribunal observa que el matrimonio García Prieto Giralt, en sus declaraciones rendidas ante las autoridades policiales, fiscales, los tribunales internos y ante la Corte Interamericana, manifestaron que ellos y otros miembros de la familia han sido objeto de tales hechos o actos, e indicaron cómo esto les ha afectado la salud física y psicológica (supra párrs. 16.a, 16.d, 16.e y 16.j). Entre tales hechos se destacan: lo ocurrido en la playa El Cuco; lo relativo a disparos de desconocidos contra su casa de habitación en San Salvador; la recepción de llamadas anónimas en sus casas de habitación de San Miguel y de San Salvador; la presencia de personas desconocidas que preguntan por el paradero de miembros de la familia, en particular del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann; los seguimientos por personas desconocidas, en ocasiones armadas, y a bordo de vehículos con vidrios polarizados y algunos sin placas (supra párr. 129). En ese sentido, la señora Gloria Giralt de García Prieto expresó ante la Corte que:
ahora yo quiero que se entienda vivimos en una rutina de amenazas que no podemos estar todos los días denunciando que nos siguieron, que nos hablaron por teléfono a las dos de la mañana, que nos encendieron las luces del carro, porque sería totalmente desgastante[. E]stamos [mencionando] las más importantes, las más trascendentes, las que sí exhiben la verdad de que hay amenazas, hay amenazas graves y no han sido investigadas[…]

140. Asimismo, está probado que funcionarios de la Policía Nacional Civil han informado y declarado sobre la ocurrencia de tales amenazas y hostigamientos a consecuencia del seguimiento de vehículos desconocidos y otros actos de intimidación, que se constatan en las bitácoras e informes de novedades de los agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes de la Policía Nacional Civil, asignados para brindar protección a los miembros de la familia García Prieto Giralt98. En ese sentido, la señora Alina Isabel Arce, en su declaración rendida ante fedatario público (supra párr. 16.f), manifestó que “en el período que protegió a los esposos García Prieto Giralt sucedieron hechos que amenazaron y pusieron en riesgo [su] seguridad e integridad física”. Por último, indicó que tenía la obligación de rendir informes de novedades de su servicio a sus superiores99.


141. Igualmente, funcionarios judiciales han manifestado la ocurrencia de hechos relacionados con las amenazas y hostigamientos. Al respecto, el testigo Fredy Ramos (supra párr. 17.c), quien fue fiscal en el proceso penal seguido para investigar la muerte del señor Ramón Mauricio García Prieto, expresó ante la Corte que se logró establecer con las declaraciones de los padres del señor García Prieto la existencia de las amenazas. En igual sentido, el testigo, el señor Pedro José Cruz (supra párr. 17.b), quien conoció del caso como auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía General de la República en el año 1997, manifestó ante la Corte que:
[…] lo que logramos establecer [fue] la existencia de las amenazas y de los seguimientos mediante los medios de prueba idóneos, testimonios, no sólo de las víctimas sino también de otras personas, de empleados o de gente que le constaban las amenazas que habían recibido, también las llamadas, que habían visto […] sujetos merodeando o persiguiendo a la familia de la víctima.
142. A este respecto, cabe destacar que el 10 de diciembre de 1998 el Jefe de la División de Protección de Personalidades informó a la Jueza Tercera de Instrucción que “en el mes de junio [de 1998,] en evaluación efectuada por la División, referente a los problemas de inseguridad que estaba presentando la familia [García Prieto Giralt,] se pudo identificar mediante la información proporcionada por el equipo de protección, que el nivel de amenaza era inminente, ya que se dedujo seguimientos, vigilancia, provocación, hostigamientos y llamadas telefónicas amenazantes”100. Sin embargo, no es sino hasta el auto del Juzgado de Instrucción 15 de agosto de 2000 en el que “se sostiene la existencia de tales intimidaciones y persecuciones en la familia García Prieto”101 (supra párr. 132).
143. A su vez, la Procuraduría, en el informe emitido en relación con el caso, de fecha 22 de junio de 2005, hace referencia a la existencia de tales actos de amenazas y hostigamiento en contra de algunos miembros de la familia García Prieto Giralt y hace una descripción detallada de los mismos (supra párr. 96).
144. Por otra parte, este Tribunal hace notar que el 20 de junio de 1997, ante la ocurrencia de tales hechos de amenazas y hostigamientos, la Comisión Interamericana adoptó medidas cautelares (supra nota 9), y posteriormente solicitó a la Corte la adopción de medidas provisionales, las que fueron ordenadas por el Tribunal, por lo que actualmente algunos de los miembros de la familia García Prieto Giralt se encuentran protegidos por éstas (supra párrs. 13 y 14). Al respecto, este Tribunal observa que luego de la adopción de las medidas cautelares, el Estado ordenó como medida de cumplimiento de éstas que diversos agentes de la PNC brindaran protección a los beneficiarios de las medidas.
145. De todo lo expuesto, queda demostrado que efectivamente el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto han sido objeto de amenazas y hostigamientos (supra párrs. 139). Consecuentemente, la Corte considera que no es admisible la argumentación del Estado de que las alegadas “amenazas y actos intimidatorios han sido infundados, con ausencia de pruebas o indicios”.
146. Si bien este Tribunal tiene por probada la existencia de los hechos de amenazas y hostigamiento, no cuenta con elementos de prueba para atribuir al Estado una responsabilidad por no haber respetado la integridad personal de las referidas personas.
147. En relación con la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, la Corte ha señalado que el Estado debe realizar una investigación completa y efectiva, de acuerdo con la legislación interna.
148. La Corte debe analizar si el Estado ha cumplido con su deber de garantizar de manera efectiva la integridad personal del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto que deviene del artículo 1.1 de la Convención, lo cual será examinado en el siguiente acápite atendiendo la competencia temporal del Tribunal.

B) Investigaciones sobre las amenazas y hostigamientos
149. De conformidad con los criterios establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, se analizará si la investigación de los actos de amenazas y hostigamiento ocurridos, dentro del ámbito de competencia temporal de la Corte, en el caso sub judice ha sido realizada conforme a las exigencias de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de dicho tratado. Bajo dichos parámetros la Corte ejerce su competencia para examinar si la investigación fue un medio adecuado y eficaz para la protección de los derechos reconocidos en la Convención.

150. De la prueba allegada, este Tribunal ha constado que para la investigación de los referidos hechos de amenazas y hostigamientos en contra de algunos miembros de la familia García Prieto, se realizaron diligencias investigativas en el proceso penal No. 110/98, que fueron cerradas el 15 de agosto de 2000 por el Juzgado Tercero de Instrucción (supra párr. 132), y posteriormente en el expediente fiscal No. 4799-UDV-2001.


151. En lo que se refiere propiamente a las diligencias ordenadas en el expediente fiscal No. 4799-UDV-2001, la Corte observa que si bien se ordenó la averiguación de los registros correspondientes a las placas de los vehículos que habían sido denunciados por dar seguimiento al señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y a la señora Gloria Giralt de García Prieto, en algunas ocasiones no se entrevistaron a los dueños de los vehículos. Además, en las bitácoras de los agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes se indicaron varios actos de amenazas y hostigamiento en contra de algunos miembros de la familia García Prieto (infra nota 102). Del expediente se desprende que las autoridades estatales no han agotado la investigación para esclarecer completamente los hechos denunciados.
152. De la prueba aportada en el presente caso, la Corte observa que no se ha determinado en el fuero interno el origen o la autoría de las amenazas y hostigamientos a algunos miembros de la familia García Prieto Giralt, a pesar de que dicha situación se ha mantenido por más de diez años (supra párr. 135).
153. Este Tribunal considera que, cuando existen este tipo de actos en su conjunto, la investigación de los mismos hace necesario que el Estado, por intermedio de sus instituciones, haga uso de los medios técnicos adecuados para lograr la protección eficaz de la integridad personal mediante una investigación exhaustiva, diligente y efectiva. Lo anterior implica la utilización de medios técnicos de investigación como estudios y análisis de factores de riesgo de las personas que sufren dichos actos, el empleo de identificadores de llamadas, el desarrollo de diligencias de entrevistas, y la conducción de indagaciones mediante líneas lógicas de investigación, entre otros.
154. En razón de lo anterior, la Corte debe considerar tanto la gravedad de los hechos como la actividad investigativa desplegada por el Estado para esclarecerlos. Este análisis debe tener en cuenta que la obligación de investigar es una obligación de medios, no de resultados.
155. El Tribunal hace notar que la mayoría de los hechos sucedieron a partir de 1997. Sin embargo, como consta en el expediente fiscal algunas de las diligencias para esclarecerlos fueron desarrolladas mucho tiempo después de ocurridas, tales como la recepción de las declaraciones de los agentes que les brindaban seguridad a algunos de miembros de la familia García Prieto Giralt102. Por otra parte, en lo que se refiere a las diligencias realizadas con el fin de investigar los números telefónicos identificados de los que procedían las llamadas anónimas recibidas en las residencias del matrimonio García Prieto, no se les dio el seguimiento adecuado para esclarecerlas103.
156. Asimismo, esta Corte observa que el Estado no investigó lo ocurrido en la Playa El Cuco el 4 de agosto de 1998, aun cuando agentes estatales habían sido testigos presenciales de su ocurrencia. Si bien en la audiencia pública el testigo Fredy Ramos declaró que se desarrolló una investigación al respecto, el Estado no presentó copia del expediente ni prueba adicional a dicha declaración que demostrara que efectivamente se realizó una investigación sobre de estos hechos (supra párr. 17.c y 20).
157. Finalmente, cabe mencionar que en el expediente aportado no consta una decisión fiscal sobre el estado de la investigación que justifique el desistimiento de la misma o su archivo. La última actuación que consta en el expediente fue realizada en el mes de junio de 2002, lo cual indica que han transcurrido más de 64 meses desde esa fecha sin realizar diligencia alguna.
158. Esta Corte encuentra que existió, por parte de las autoridades policiales y fiscales, una falta de diligencia en la conducción de la investigación, lo cual ha impedido el esclarecimiento e identificación de los autores responsables de las amenazas y hostigamientos en contra de algunos miembros de la familia García Prieto Giralt, así como su procesamiento y eventual sanción. Además, la falta de una investigación adecuada y seria ha permitido la continuidad de tales actos hasta el presente.
159. En el presente caso, está probado que el señor José Mauricio García Prieto Hirlemman y la señora Gloria Giralt de García Prieto han vivido y continúan viviendo, con sentimientos de inseguridad, angustia e impotencia por la falta de investigación de los hechos realizados en su agravio. Dicha falta de cumplimiento de investigar las amenazas y hostigamientos ha afectado la integridad personal de los padres de Ramón Mauricio García Prieto. Es decir, en el caso sub judice, la Corte aprecia que la investigación sobre los mencionados hechos no se llevó a cabo de manera eficaz y completa que hiciera posible garantizar el derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto.
*

* *
160. Por todo lo anterior, esta Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, por el incumplimiento del deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto.



IX

artículo 11.2 Protección de la honra y la Dignidad)104

en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos)

de la Convención Americana

161. El interviniente común solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación del artículo 11.2 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Ramón Mauricio García Prieto. El interviniente común alegó que “por más de diez años los [miembros de la famillia] García Prieto han sido objeto de vigilancias y seguimientos sistemáticos por parte de sujetos desconocidos, que en ocasiones han podido ser identificados como agentes estatales”. Esta situación ha “afectado el desarrollo de sus relaciones internas y sociales, lo cual, forma parte de su vida privada”, y ha “restringido sus movimientos, obligando[…] a modificar sus costumbres y actividades diarias”. La Comisión y el Estado no se refirieron a la alegada violación del artículo 11.2 de la Convención.

162. En lo que se refiere a la presunta violación del referido artículo de la Convención Americana, la Corte destaca que la Comisión consideró en su Informe de Fondo que no había determinado cuestiones autónomas que discutir respecto a la supuesta violación del artículo 11 de la Convención. Por otra parte, en consideración de los alegatos expuestos por el interviniente común, en cuanto a la violación del artículo 11.2 (Protección de la Honra y de la Dignidad) de la Convención, esta Corte estima que los hechos alegados para sustentar la alegada violación y su alcance jurídico, fueron examinados en la ya declarada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana.

X

Reparaciones

(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana)105
163. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana106.
164. El Tribunal, de acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la Convención declaradas en el capítulo VIII, así como a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar107, procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por CEJIL e IDHUCA respecto a las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños.




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