Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



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VI

Competencia

60. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, en razón de que El Salvador es Estado Parte en la Convención desde el 23 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995. Por lo tanto, el Tribunal pasará a decidir sobre el fondo y las eventuales reparaciones en el presente caso, en consideración de lo decidido en las excepciones preliminares (supra párrs. 46, 53 y 59).


VII

artículo 4 (Derecho a la Vida)29 en relación

con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos)

de la Convención Americana
61. En su escrito de solicitudes y argumentos CEJIL e IDHUCA alegaron que el Estado violó el derecho a la vida en perjuicio de Ramón Mauricio García Prieto bajo dos consideraciones: a) porque el Estado propició las condiciones para la creación y consolidación de los escuadrones de la muerte, responsables de la ejecución, y b) porque el Estado no investigó de forma completa los hechos que dieron lugar a la muerte del señor García Prieto. La Comisión y el Estado no se refirieron de manera específica a este alegato.
62. Este Tribunal ya estableció que sólo tiene competencia para analizar aquellos hechos que ocurrieron con posterioridad al 6 de junio de 1995, fecha en que el Estado reconoció la competencia de la Corte (supra párrs. 44 y 45). Además, todas las partes han reconocido que la muerte de Ramón Mauricio García Prieto ocurrió el 10 de junio de 1994, y por tanto, dicho hecho no se encuentra en el ámbito de competencia temporal de la Corte (supra párr. 42). En el presente caso el Tribunal se encuentra impedido de conocer la supuesta violación de la obligación de respetar el artículo 4 de la Convención, como fue alegado por el interviniente común.

VIII

artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal)30,

8.1 (Garantías Judiciales)31 y 25.1 (Protección Judicial)32

en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos)

de la Convención Americana

1. Determinación de las presuntas víctimas
63. Previamente al examen de las alegadas violaciones en el presente capítulo, este Tribunal considera oportuno determinar quiénes deben considerarse presuntas víctimas en el presente caso.

64. Esta Corte observa que en el Informe de Fondo de la Comisión No. 94/05 se concluyó que las víctimas eran los señores Ramón Mauricio García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann, y las señoras Gloria Giralt de García Prieto y Carmen Alicia Estrada. En la demanda presentada ante la Corte, la Comisión indicó como presuntas víctimas a las mismas personas señaladas en el referido Informe, excepto el señor Ramón Mauricio García Prieto (supra párr. 5). Dado que en el trámite del caso se presentaron dos escritos de solicitudes y argumentos, en uno de ellos, el de CEJIL e IDHUCA, se indicó como presuntas víctimas a las mismas personas señaladas por la Comisión en su demanda y adicionaron al señor Ramón Mauricio García Prieto, su hijo Ramón Mauricio García Prieto Estrada y a María de los Ángeles García Prieto de Charur, Ile María del Carmen García Prieto Taghioff y Lourdes García Prieto de Patuzzo, todas hermanas de Ramón Mauricio García Prieto (supra párr. 8). En el otro escrito de solicitudes y argumentos se incluyó a la señora Carmen Alicia Estrada, Ramón Mauricio García Prieto Estrada, así como a los demás familiares del señor García Prieto, sin indicar sus nombres (supra párr. 7). Posteriormente, el 26 de febrero de 2007 la Comisión, en su escrito de alegatos finales, incluyó a Ramón Mauricio García Prieto Estrada y a las señoras María de los Ángeles García Prieto de Charur, Ile María del Carmen García Prieto Taghioff y Lourdes García Prieto de Patuzzo como presuntas víctimas.


65. La jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto a la determinación de quienes son víctimas, ha sido amplia y ajustada a las circunstancias del caso. Las víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de fondo de la Comisión emitido según el artículo 50 de la Convención. Por ende, de conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento, corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar con precisión, y en la debida oportunidad procesal, a las víctimas en un caso ante la Corte33.
66. De acuerdo con el criterio expresado en el párrafo anterior el Tribunal analizará si las personas indicadas en el párrafo 64 pueden ser incluidas como presuntas víctimas en el presente caso. La Corte observa que no fue sino hasta la presentación de los alegatos finales que la Comisión solicitó la incorporación del hijo y las hermanas de Ramón Mauricio García Prieto como presuntas víctimas.
67. De lo expuesto, en lo que se refiere a las señoras María de los Ángeles García Prieto de Charur, Ile María del Carmen García Prieto Taghioff y Lourdes García Prieto de Patuzzo, hermanas del señor García Prieto y Ramón Mauricio García Prieto Estrada, su hijo, la Corte observa que dichas personas no fueron consideradas en el informe del artículo 50 de la Convención ni en el escrito de demanda como presuntas víctimas en el presente caso.
68. Al respecto, la Corte ha señalado que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que fueron mencionados en ésta, o bien, responder a las pretensiones del demandante34. En razón de lo anterior, la Corte considera que las alegaciones referidas a las señoras María de los Ángeles García Prieto de Charur, Ile María del Carmen García Prieto Taghioff, Lourdes García Prieto de Patuzzo, y Ramón Mauricio García Prieto Estrada, hermanas e hijo, respectivamente, del señor García Prieto, constituyen hechos nuevos y por tanto no pueden ser consideradas por este Tribunal.
69. En el presente caso se celebró un “acuerdo de solución amistosa” el 23 de enero de 2007 entre la señora Carmen Alicia Estrada, en nombre propio y como representante legal de su hijo Ramón Mauricio García Prieto Estrada y El Salvador35, en el que se establece una reparación económica. Este Tribunal destaca que, ateniéndose a la responsabilidad que le incumbe de proteger los derechos humanos, puede disponer que continúe con el examen del caso, aunque las partes hayan realizado actos que pretendan poner fin al proceso o resolver el conflicto (artículo 55 del Reglamento).
70. Al respecto, si bien la señora Estrada en su escrito de solicitudes y argumentos alegó haber sido víctima de los hechos del presente caso, la Corte concluye que proseguirá con el análisis de este caso respecto a las alegadas violaciones en perjuicio de José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto y no así respecto a las violaciones invocadas por la señora Carmen Alicia Estrada, quien renunció a sus pretensiones alegadas en este proceso en el referido “acuerdo de solución amistosa”.
*

* *
2. Investigación de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto, en el ámbito de competencia del Tribunal


71. La Comisión alegó en la demanda que con posterioridad al 6 de junio de 1995 el Estado incumplió su obligación de investigar efectiva y adecuadamente la muerte de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos que sufrieron sus familiares. En dicho sentido, indicó que las investigaciones estuvieron paralizadas en varias oportunidades36 y que no se han investigado a todos los autores materiales e intelectuales de los hechos en cuestión.

72. En relación con el proceso penal No. 110/98 tramitado por el Juzgado Décimo Tercero de Paz para investigar la muerte de Ramón Mauricio García Prieto y las presuntas amenazas, la Comisión alegó que las autoridades militares obstaculizaron la investigación sobre los movimientos del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional en la fecha en que fue asesinado el señor García Prieto, impidiéndose la verificación de si miembros de dicho batallón se habían presentado en la escena del crimen y las gestiones allí realizadas. También la Comisión indicó que en el desarrollo del proceso penal No. 110/98 se requirió a la División de Investigación Criminal que informara sobre las actividades del señor Carlos Romero Alfaro, sindicado de ser el posible tercer autor material del crimen. A ese respecto, dicha División presentó el libro de novedades en el que constaban las actividades realizadas por el señor Romero Alfaro el día de los hechos, en donde, según la Comisión, se presentan incongruencias en las actividades de ese día, y resaltó que éstas no fueron investigadas.

73. Adicionalmente, expresó que si bien “los padres de Ramón Mauricio García Prieto […] presentaron en el año 2003 una nueva denuncia y solicitaron diligencias específicas”, el Estado no ha desarrollado una investigación diligente, pese al abundante material probatorio que señalaría una presunta participación de una tercera persona en el crimen. Respecto al principio del plazo razonable, la Comisión consideró que “[l]a demora experimentada en el presente caso se ha manifestado […] por el tiempo transcurrido en obtener la sanción de algunos de los autores materiales en los respectivos procesos penales, cuya duración se prolongó hasta el año 2001” y se caracterizó por lapsos en los cuales la actividad procesal no era significativa.

74. El interviniente común coincidió con los argumentos expresados por la Comisión en la demanda y adicionalmente manifestó que en el proceso penal No. 110/98 “existen abundantes constancias que demuestran que las autoridades judiciales [...] faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial adecuados [para llevar] al castigo de todos los responsables, […] y afectaron el derecho a la verdad de los familiares de las [presuntas] víctimas”. También expresaron que “[e]s claro que las autoridades a cargo de los procesos judiciales desestimaron o desecharon sin ningu[na] […] justificación evidencias que reposaban en los procesos”.


75. El Estado, por su parte, alegó que en el presente caso el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto “fue investigado ampliamente por las instituciones competentes, [y] en las investigaciones realizadas se determinó como un delito cuya comisión [era] responsab[ilidad] de personas particulares, sin ninguna relación con el Estado y así fueron encontrados culpables […] José Raúl Argueta Rivas [y] Julio Ismael Ortiz Díaz”. En cuanto al debido proceso, manifestó que “se realizaron por parte del Órgano Judicial, Fiscalía General de la República, [y] Policía Nacional Civil un gran número de diligencias, las cuales les dieron no una sino varias posibilidades de hacer uso de todos los recursos que el Estado pone a disposición de cualquier ciudadano”. En cuanto al plazo en que se desarrollaron las investigaciones y procesos judiciales, expresó “que las investigaciones conllevan una serie de etapas procesales previamente establecidas, las cuales tienen tiempos prudenciales de cumplimiento, a lo cual se ciñó el Estado y tuvieron resultados óptimos”.
76. Para el análisis de los hechos presentados en la demanda por la Comisión relacionados con la supuesta vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, este Tribunal detallará los hechos referidos al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y algunas diligencias policiales y judiciales que ocurrieron con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, únicamente para ser considerados como antecedentes del caso, por lo que no determinará ninguna consecuencia jurídica con base en ellos.
Homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las investigaciones iniciales
77. El homicidio de Ramón Mauricio García Prieto ocurrió el 10 de junio de 1994, cuando se dirigía a la casa de unos familiares en compañía de su esposa Carmen Alicia Estrada y su hijo de cinco meses Ramón Mauricio García Prieto Estrada. Antes de dirigirse a su destino había visitado una sucursal bancaria donde había retirado una suma de dinero. Al llegar a la casa de sus familiares fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte con armas de fuego. El señor Ramón Mauricio García Prieto llevaba en sus brazos a su hijo de cinco meses y logró entregárselo a su esposa mientras solicitaba a los agresores que se calmaran. Uno de los sujetos le despojó de una bolsa de cuero en donde llevaba treinta mil colones, que había retirado del banco, junto con un arma que portaba. Posteriormente, uno de ellos disparó contra el señor Ramón Mauricio García Prieto, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento, y los dos individuos huyeron en un vehículo conducido por un tercer sujeto que les esperaba a pocos metros del lugar. El señor García Prieto fue conducido al Hospital de la Mujer donde falleció.37
78. Con posterioridad a la muerte de Ramón Mauricio García Prieto el Estado inició dos procesos penales y una investigación fiscal al respecto.
a) Proceso Penal No. 262/94 adelantado por el Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador38
79. Como consecuencia de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto el 10 de junio de 1994, el Juzgado Décimo Quinto Penal de Paz asumió la investigación de los hechos. El 16 de agosto de 1994 fue detenido José Raúl Argueta Rivas como presunto autor material del asesinato. En el momento de su detención le fueron decomisados dos carnés de identificación de las Fuerzas Armadas. Los carnés fueron objeto de un dictamen grafo-técnico por el Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional Civil, el cual determinó que eran falsos. El 12 de septiembre de 1994 dos investigadores de la División de Investigación Criminal asignados al caso suscribieron un acta en la que indicaron que una “fuente confidencial” señalaba como sospechoso del homicidio al señor José Raúl Argueta Rivas. El 8 de noviembre de 1994 el señor Pedro Antonio Sánchez Guerrero39 fue vinculado al caso en calidad de presunto coautor material. El proceso fue elevado a estado de plenario contra ambos procesados el 15 de marzo de 199540.




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