Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



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Segunda Excepción Preliminar


“Falta de Agotamiento de Recursos Internos”
47. El Estado interpuso la excepción sobre la falta de agotamiento de recursos internos con respecto a las supuestas amenazas ocurridas con anterioridad al asesinato de Ramón Mauricio García Prieto y después de éste. Al respecto, señaló que no fue sino “hasta 1998 [que] se interponen denuncias sobre amenazas o actos intimidatorios ante la Fiscalía General de la República [de El Salvador], las cuales […] han sido investigadas una a una, sin llegar a determinarse a ninguna de ellas como un delito penal”. A criterio del Estado, no hubo un agotamiento por parte de las presuntas víctimas de los recursos que estaban a su disposición para garantizar su integridad personal, ya que tal situación no puede ser abordada aún en la instancia internacional.
48. Por su parte, la Comisión solicitó a la Corte que se desestime la presente excepción preliminar e indicó que esta situación ya había sido resuelta en su Informe de Admisibilidad No.27/99 (infra párr. 51). El interviniente común concordó con los alegatos de la Comisión y solicitó a la Corte que declare que la excepción de referencia fue interpuesta en forma extemporánea, y por lo tanto, debe ser rechazada.
49. Al respecto, la Corte reitera los criterios sobre la interposición de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, los que deben atenderse en el presente caso. En primer lugar, la Corte ha señalado que la falta de agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega debe indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que esos recursos son efectivos25. En segundo término, a fin de que sea oportuna la excepción sobre el no agotamiento de los recursos internos debe alegarse en la primera actuación del Estado durante el procedimiento ante la Comisión; de lo contrario, se presume que el Estado ha renunciado tácitamente a presentar dicho argumento. En tercer lugar, el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita a la invocación de la falta de agotamiento de los recursos internos26.
50. En el presente caso el Estado, al responder la denuncia mediante comunicación de 5 de marzo de 1997, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, señaló que “[los peticionarios] nunca denunciaron las supuestas amenazas ante las autoridades competentes. Al contrario, […] siempre manifestaron tener absoluta confianza en las ejecuciones de la Fiscalía General de la República [de El Salvador], situación que contradicen en la denuncia, al manifestar no haber tenido confianza en las diligencias practicadas por la Fiscalía”. Según el Estado, en su “ordenamiento legal se permite la acusación particular, por lo que pudieron haber nombrado un Acusador Particular, cosa que nunca hicieron”.
51. Por otra parte, en su Informe de Admisibilidad No. 27/99 la Comisión señaló que el Estado “[…] no ha[bía] opuesto la excepción relativa a la falta de agotamiento de los recursos internos ni ha[bía] indicado concretamente los recursos que todavía est[aban] disponibles para el peticionario”. En consecuencia, la Comisión concluyó que “el Estado ha[bía] desistido tácitamente de interponer [dicha excepción] y d[io] por satisfecho lo establecido en el artículo [46.1.a] de la Convención”.
52. La Corte observa que de acuerdo con los criterios citados anteriormente, al no indicar expresamente durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión Interamericana cuáles eran los recursos idóneos y efectivos que debieron haber sido agotados, el Estado renunció implícitamente a un medio de defensa que la Convención Americana27 establece en su favor. El Estado estaba, por lo tanto, impedido de alegar el no agotamiento en el procedimiento ante la Corte.
53. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado y analizará en el fondo la presunta violación del artículo 5 de la Convención.

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Tercera Excepción Preliminar


“Excepción por la Informalidad en la Demanda”

54. Al interponer la presente excepción preliminar el Estado alegó que la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte “obviando los requisitos que establece el [artículo 33 del] Reglamento de la Corte Interamericana”, el cual requiere la individualización de los testigos y peritos y el objeto de sus declaraciones28, ya que al ofrecer el testigo número seis, solicitó mantener en reserva su identidad hasta el ofrecimiento definitivo de la prueba. En consecuencia, el Estado consideró que la presentación anónima de ese testigo lo pone en una posición de desventaja de ejercer su legítima defensa, por lo que solicitó a la Corte que declare inadmisible la demanda por la omisión de requisitos procesales.


55. Por su parte, la Comisión en sus observaciones indicó que “lo alegado por el Estado no es materia de una excepción preliminar” y que “la inadmisibilidad de la totalidad de la demanda como consecuencia de la no individualización de un testigo, no guarda relación con las sanciones establecidas en esta materia en [los artículos 44 y 33 del Reglamento]”. Asimismo alegó que “no se trata de una solicitud de reserva de identidad indefinida sino sólo hasta el momento en que la Corte realice la citación de testigos y peritos […]”.
56. El interviniente común manifestó que comparte el planteamiento de la Comisión en el sentido de que la objeción presentada por El Salvador “no es una excepción preliminar, pues la misma no impide que se discuta el fondo del caso sino que se refiere a un asunto que debe ser decidido por la Corte ya avanzado el procedimiento”.
57. La Corte considera que el objeto de una excepción preliminar es cuestionar o limitar la competencia del Tribunal, es decir, que esté dirigida a determinar si el proceso en cuanto al fondo debe ser continuado o no y sobre qué asuntos. Si la excepción no tiene esa característica jurídica no puede considerarse como tal.
58. En el presente caso, la materia alegada por el Estado se refiere a la admisibilidad de una de las pruebas ofrecidas por la Comisión y no corresponde a una excepción preliminar. Además, cabe señalar que la Comisión, posteriormente, en la lista definitiva de testigos, desistió del ofrecimiento del testigo, por lo que este Tribunal observa que desde ese momento no existe materia para pronunciarse al respecto.
59. Por lo expuesto, los alegatos de la presente “excepción preliminar” interpuesta por el Estado no tienen carácter de una defensa de esta naturaleza, por lo cual se desestiman.




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