Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



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V

Excepciones Preliminares

30. En el escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso tres excepciones preliminares denominadas “Incompetencia de Jurisdicción Ratione Temporis”, “Falta de Agotamiento de los Recursos Internos” y “Excepción por la Informalidad en la Demanda” (supra párr. 10). A continuación, la Corte procede, en ese orden, a analizar dichas excepciones preliminares.


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Primera Excepción Preliminar


“Incompetencia de Jurisdicción Ratione Temporis
31. El Estado interpuso la referida excepción preliminar con fundamento en que el Instrumento de Depósito de Reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte de 6 de junio de 1995, contiene la siguiente declaración:
I. El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin Convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”.
II. El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja constancia que su aceptación se hace por plazo indefinido, bajo condición de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta Declaración de Aceptación […].

32. Al respecto, el Estado alegó que la referida declaración excluye de la competencia de la Corte el conocimiento y decisión sobre: a) hechos o actos jurídicos anteriores a la fecha de depósito de la Declaración de Aceptación; y b) “hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución haya dado inicio en fecha anterior [al] depósito de la Declaración de Aceptación de competencia”.


33. El Estado señaló, además, que somete a consideración de la Corte la segunda parte de la declaración de reconocimiento de competencia, ya que está dirigida a que el Tribunal únicamente puede conocer de aquellos hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha de depósito de la declaración de reconocimiento, excluyéndose los hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean anteriores a ésta y que produzcan efectos posteriores a esa fecha límite.
34. El Salvador indicó que al aplicar la limitación temporal al presente caso, “dado que los hechos sucedieron el 10 de junio de 1994, el conocimiento sobre el hecho mismo, así como algunas diligencias del proceso judicial y [algunas actuaciones] fiscales quedan fuera de la competencia de la Corte, tomando en cuenta que ese hecho genera efectos en el tiempo como lo es la tramitación de un proceso judicial y actuaciones fiscales que conllevan la realización de diligencias de diferente naturaleza para la depuración del mismo; por lo tanto dichos hechos o actos jurídicos igualmente quedarían excluidos de la competencia de la Corte, pues estos últimos dependen necesariamente del hecho generador que es el asesinato del señor [Ramón Mauricio García Prieto].” El Estado apoyó su razonamiento “sobre la base de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, siendo este un principio general del Derecho, lo cual indica que si los hechos que originaron todas las posteriores acciones, tienen como punto de partida el asesinato del señor [Ramón Mauricio García Prieto] ocurrido el día 10 de junio de 1994, es decir, anterior al 6 de junio de 1995 y si éste […] es el hecho generador y todo lo demás deviene de éste, resultaría entonces contrario a la seguridad jurídica conocer de los demás actos […]”.
35. La Comisión Interamericana manifestó que la Corte puede conocer hechos y violaciones alegadas que tengan lugar con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado. Al respecto, la Comisión distinguió en su demanda aquellos hechos que en su opinión están fuera de la competencia del Tribunal de aquellos hechos y omisiones que se consumaron en forma independiente después del 6 de junio de 1995, fecha del reconocimiento de la competencia por el Estado. Según la Comisión, tales hechos y omisiones dan lugar al incumplimiento estatal de su obligación de investigar efectiva, adecuadamente y en un plazo razonable la muerte de Ramón Mauricio García Prieto, así como las amenazas de que fueron víctima sus familiares y asesores jurídicos. En ese sentido, la Comisión consideró que “si bien […] en general la denegación de justicia es una violación continua, […] ha identificado […] hechos independientes que tienen relación con la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención”. Asimismo, alegó que diversos “hechos de amenazas recibidas por la familia García Prieto Giralt y sus asesores que tuvieron lugar con posterioridad al 6 de junio de 1995, […] tienen relación con la violación a los artículos 5, 8, y 25 de la Convención [Americana]”.
36. El interviniente común concordó con los alegatos de la Comisión respecto a la presente excepción preliminar interpuesta por el Estado. En ese sentido, señaló que sólo han sometido a consideración del Tribunal actos o hechos cuyo principio de ejecución es posterior al 6 de junio de 1995, tales como diversas amenazas, intimidaciones y seguimientos contra los miembros de la familia García Prieto Giralt, así como la falta de una investigación adecuada y efectiva.
37. La Corte reitera lo establecido en otros casos, en el sentido de que la cláusula de reconocimiento de la competencia de la Corte es esencial para la eficacia del mecanismo de protección internacional, pero debe ser interpretada y aplicada considerando el carácter especial de los tratados de derechos humanos y su implementación colectiva16.
38. La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia. Los instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción17. Este Tribunal toma en cuenta el principio de irretroactividad establecido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196918 para determinar el alcance de su propia competencia.
39. El Tribunal ya ha establecido que el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte realizado por El Salvador contempla una limitación temporal a dicha competencia, que persigue el objetivo de que queden fuera de la competencia de la Corte los hechos o actos anteriores a la fecha del depósito de la declaración de reconocimiento de la competencia del Tribunal, así como los actos y efectos de una violación continua o permanente cuyo principio de ejecución sea anterior a dicho reconocimiento, y que la alegó como excepción preliminar19.
40. Como ya lo consideró el Tribunal la limitación temporal hecha por El Salvador al reconocimiento de la competencia de la Corte tiene su fundamento en la facultad, que otorga el artículo 62 de la Convención a los Estados Partes que decidan reconocer la competencia contenciosa del Tribunal, de limitar temporalmente dicha competencia. Por lo tanto, esta limitación es válida, al ser compatible con la norma señalada20.
41. Corresponde al Tribunal determinar en cada caso si los hechos sometidos a su conocimiento se encuentran bajo la exclusión de la referida limitación, pues la Corte no puede dejar a la voluntad de los Estados que éstos determinen cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia. Esta determinación es un deber que corresponde al Tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales21.
42. En el caso sub judice no hay discrepancia entre las partes de que la muerte de Ramón Mauricio García Prieto ocurrió el 10 de junio de 1994, y con anterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado, por lo que está fuera de la competencia del Tribunal. De otra parte, se encuentra fuera de competencia del Tribunal el alegado contexto de violencia en que ocurrieron los hechos22.
43. Esta Corte ya ha considerado que en el transcurso de un proceso, el cual es uno solo a través de sus diversas etapas23, se pueden producir hechos independientes que podrían configurar violaciones específicas y autónomas de denegación de justicia24.
44. Por lo tanto, la limitación temporal declarada por el Estado al reconocer la competencia de la Corte carece de efecto respecto a hechos independientes que podrían constituir violaciones específicas dentro de la competencia temporal del Tribunal.
45. La Corte tiene competencia para analizar, a la luz del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, los hechos u omisiones ocurridos durante el desarrollo de las actuaciones judiciales o policiales y que puedan ser caracterizados como “hechos independientes” y hayan ocurrido bajo la competencia temporal del Tribunal, es decir, con posterioridad al 6 de junio de 1995. Asimismo, la Corte analizará en el fondo los hechos de amenazas, intimidaciones y seguimientos de los cuales alegan haber sido objeto los miembros de la familia García Prieto Giralt ocurridos después de la fecha indicada.
46. Por lo anteriormente expuesto, la Corte resuelve desestimar parcialmente la excepción preliminar sobre incompetencia de la jurisdicción ratione temporis interpuesta por el Estado, en los términos expuestos en los párrafos anteriores.
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