Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso García Prieto y Otro vs



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Procedimiento ante la Corte

12. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado6 y a los representantes el 24 de marzo de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 6, 7, 8, 10 y 11), el Presidente de la Corte7 (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), testimonios y peritajes ofrecidos por la Comisión, el interviniente común y el Estado, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, al interviniente común y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de una de las presuntas víctimas y tres testigos, así como los alegatos finales de las partes sobre excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 25 y 26 de enero de 2007 durante el LXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte8. En la referida audiencia pública el Estado informó a la Corte sobre la existencia de un “acuerdo de solución amistosa” celebrado entre el Estado y la señora Carmen Alicia Estrada. La Comisión y el interviniente común solicitaron a la Corte que prosiguiera con el examen del fondo del caso. Además, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y con base en el artículo 45 del Reglamento, requirió al Estado la presentación de determinada documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver. El 15 de febrero de 2007 el Estado presentó parte de dicha prueba. El 19 de febrero de 2007 la Secretaría informó al Estado que quedaba a la espera de los documentos que no fueron enviados o de información relacionada con los mismos. La Corte hace notar que a la fecha de la emisión de la presente Sentencia no han sido remitidos dichos documentos. El 26 de febrero de 2007 la Comisión, el interviniente común y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales sobre excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. El Estado y el interviniente común adjuntaron al escrito algunos anexos. El 30 de marzo de 2007, Sonia Rubio Padilla, Astrid María Valencia y Francisco Antonio Chicas presentaron un escrito de amicus curiae. El 16 de junio de 2007 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió al Estado la remisión, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, del comprobante de pago de la indemnización fijada en el referido “acuerdo de solución amistosa” y el 4 de julio de 2007 el Estado presentó una copia del mismo. El 20 de septiembre de 2007 el interviniente común presentó nueve notas periodísticas publicadas en internet para que fueran incorporadas al acervo probatorio del caso como prueba superviniente.




III

Medidas Provisionales

13. El 25 de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana9 sometió a la Corte una solicitud de medidas provisionales a favor de Gloria Giralt de García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann, María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuéllar Martínez, Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza, Paulino Espinoza y José Roberto Burgos Viale para “que adopte sin dilación todas las medidas que sean necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarios […]”. El 26 de septiembre de 2006 la Corte requirió al Estado, inter alia, que adoptara de forma inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas indicadas, con excepción de Paulino Espinoza, esposo de Guadalupe Hernández.


14. El 29 de noviembre de 2006 CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Corte la adopción de medidas provisionales a favor de Ricardo Alberto Iglesias Herrera, con fundamento en que “sufrió un atentado contra su vida e integridad personal” y quien fue ofrecido por ellos como perito en el presente caso. El 3 de diciembre de 2006 el Presidente ordenó al Estado adoptar medidas urgentes a su favor. El 27 de enero de 2006 la Corte resolvió, inter alia, requerir al Estado que mantenga las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios de las medidas indicados en el párrafo anterior, y ampliar las medidas para garantizar la vida y la integridad personal del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera.
IV

Prueba
15. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, el interviniente común y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver solicitada por el Presidente, así como las declaraciones testimoniales y periciales rendidas mediante affidávit y ante la Corte durante la audiencia pública celebrada en el presente caso. Para ello el Tribunal se atendrá a las reglas de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente10.


  1. Prueba documental, testimonial y pericial

16. Fueron presentadas mediante affidávit las declaraciones testimoniales y los dictámenes rendidos por las siguientes personas:



a) José Mauricio García Prieto Hirlemann: propuesto por la Comisión y el interviniente común, padre de Ramón Mauricio García Prieto. Declaró sobre las gestiones realizadas ante la Misión de Observadores de las Naciones Unidas (en adelante “ONUSAL”), el IDHUCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante “la Procuraduría”), así como ante la Policía Nacional Civil (en adelante “PNC”), la Fiscalía General de la República de El Salvador y la Asamblea Legislativa, para que se procesara a los supuestos autores materiales e intelectuales de la muerte de su hijo. Además declaró acerca de las denuncias realizadas ante juzgados, la PNC y el Ministerio de Defensa, con el fin de que investigaran a los responsables de las amenazas e intimidaciones de que han sido objeto sus familiares y él. Asimismo, se refirió al daño a su salud física y psíquica experimentado durante la búsqueda de justicia.
b) David Ernesto Morales Cruz: propuesto por la Comisión y el interviniente común, trabajó como Jefe del Departamento de Investigaciones de la sede central de la Procuraduría. Declaró sobre el contexto de violencia e impunidad existentes en la época de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto, las características y actividades de los llamados “escuadrones de la muerte” y las diversas investigaciones realizadas por la Procuraduría, Misión de Observadores de las Naciones Unidas (MINUSAL)11, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Ilegales Armados, en éste y otros casos representativos.
c) María de los Ángeles García Prieto de Charur: propuesta por el interviniente común, hermana de Ramón Mauricio García Prieto. Declaró sobre las amenazas, persecuciones, vigilancias y llamadas anónimas sufridas por ella y sus padres durante la búsqueda de justicia y el cambio que ha sufrido su vida con la muerte de su hermano y por las amenazas, recibidas por sus padres y sus hermanas; así como sobre la frustración, impotencia y angustia que le ha generado la alegada denegación de justicia en el caso.
d) Ile del Carmen García Prieto Taghioff: propuesta por el interviniente común, hermana de Ramón Mauricio García Prieto. Declaró sobre cómo la denegación de justicia en el caso de la muerte de su hermano y las múltiples amenazas, recibidas por sus padres y sus hermanas, han afectado a su familia y a ella a nivel emocional, así como la salud física de su padre, lo cual a su vez ha afectado sus ingresos.
e) Lourdes García Prieto de Patuzzo: propuesta por el interviniente común, hermana de Ramón Mauricio García Prieto. Declaró sobre los actos de intimidación, persecución y vigilancias de que han sido objeto ella, sus padres y su hermana la señora Ile María García Prieto Taghioff; sobre la afectación que ha sufrido ella y su familia por la denegación de justicia en el caso de la muerte de su hermano y las múltiples amenazas recibidas por la búsqueda de justicia; la desconfianza hacia la policía y hacia la justicia, lo cual le ha generado impotencia, frustración e inseguridad; el deterioro de la salud de su padre como consecuencia de la referida situación. Por último, se refirió a las pérdidas económicas y la desprotección en la que viven sus padres.
f) Alina Isabel Arce: propuesta por el interviniente común, fue agente operativo de la División de Protección a Personalidades Importantes de la Policía Nacional, Sección de Jueces y Testigos. Declaró sobre las amenazas a la seguridad y a la integridad física sufridas por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto durante el período que les prestó sus servicios de protección y el alto riesgo a que estaban sometidos durante la búsqueda de justicia por la muerte del señor Ramón Mauricio García Prieto.
g) María Julia Hernández: propuesta por el interviniente común, Directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Declaró sobre las investigaciones de violaciones a la vida que ha realizado dicha organización acerca de la operación de los “escuadrones de la muerte” después de la finalización del conflicto armado salvadoreño.
h) Ricardo Alberto Iglesias Herrera: propuesto por el interviniente común, abogado especialista en Derechos Humanos, rindió su dictamen sobre el supuesto contexto general de impunidad de delitos de diversa índole, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador; las actuaciones policiales y judiciales realizadas respecto del caso de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto; y las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía General de la República de El Salvador por las amenazas en perjuicio de la familia García Prieto Giralt, en razón de su búsqueda de justicia en este caso.
i) Mauricio José Ramón Gaborit Pino: propuesto por el interviniente común. Rindió su dictamen sobre la gravedad de las alegadas afectaciones psicológicas que han sufrido el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto, causada por la impunidad parcial de la muerte de su hijo, por las múltiples intimidaciones y amenazas de que habrían sido objeto como consecuencia de la búsqueda de justicia emprendida por ellos, y por la impunidad de las mismas. El perito estableció el trastorno que sufre cada uno de ellos, según el criterio del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV).
j) Benjamín Cuéllar Martínez: propuesto por el interviniente común, director del IDHUCA. Declaró sobre las supuestas intimidaciones, amenazas y atentados que han sufrido él y abogados del IDHUCA contra sus vidas e integridad física, relacionándolos con su trabajo en el presente caso.
k) Oscar Antonio Castro Ramírez: propuesto por el Estado, fue fiscal auxiliar del Fiscal General durante las actuaciones investigativas del grupo de fiscales conformado para investigar la muerte del señor García Prieto. Declaró sobre las diligencias que se practicaron y se solicitaron, tanto en las sede policial como judicial; sobre la investigación de uno de los autores materiales que fue condenado, y acerca de las investigaciones realizadas respecto a otros autores materiales e intelectuales.
17. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones testimoniales de:

a) Gloria Giralt de García Prieto: propuesta por la Comisión y el interviniente común, madre de Ramón Mauricio García Prieto. Declaró sobre las demoras e irregularidades en las diligencias judiciales y las gestiones realizadas ante la Fiscalía General de la República de El Salvador, el Ministerio de Seguridad Pública, la Procuraduría, y ONUSAL, entre otros, para impulsar la investigación para procesar a los responsables de la muerte de su hijo. Además, describió las amenazas e intimidaciones de que han sido objeto ella y sus familiares e hizo referencia a las denuncias presentadas y la forma en que han sido realizadas las investigaciones, así como el daño, los efectos y perjuicios experimentados y la situación de riesgo a que ha sido sometida ella y su familia durante la búsqueda de justicia.


b) Pedro José Cruz Rodríguez: propuesto por el interviniente común, quien fue auxiliar fiscal en la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía General de la República y coordinador de dicha unidad, declaró sobre las irregularidades, entorpecimientos y obstrucciones en la investigación fiscal realizada por la muerte de Ramón Mauricio García Prieto, así como respecto a las diligencias realizadas y las líneas de investigación trazadas sobre el tercer autor material, la presunta autoría intelectual y la investigación relacionada con las amenazas sufridas por los familiares del señor Ramón Mauricio García Prieto en la búsqueda de justicia. Por último, indicó que en razón del conocimiento de este caso fue objeto de amenazas.
c) Fredy Ramos: propuesto por el Estado, en el marco de sus funciones como fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, en la época de la investigación, declaró sobre las investigaciones efectuadas en el caso de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto y algunas de las diligencias que se practicaron.
d) Virginia Lorena Paredes de Dueñas: propuesta por el Estado, jueza, declaró sobre la forma en que instruyó el proceso seguido en el Juzgado Tercero de lo Penal, respecto de los autores materiales y los supuestos autores intelectuales de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas sufridas por la familia García Prieto, señalando, entre otras cosas, la diligencia del trabajo de la Fiscalía General de la República de El Salvador, la inexistencia de influencias u obstáculos en su labor como jueza y la justificación sobre la falta de realización de ciertas diligencias.


B) Valoración de la prueba

Valoración de la Prueba Documental
18. En este caso, como en otros12, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
19. En cuanto a los documentos presentados por el Estado durante la audiencia pública, los remitidos como prueba para mejor resolver por el Estado, así como los documentos presentados por el interviniente común y el Estado como anexos del escrito de alegatos finales, el Tribunal los incorpora al acervo probatorio conforme al artículo 45 del Reglamento.
20. El Estado no remitió la documentación e información solicitada sobre las diligencias de investigación de las supuestas amenazas denunciadas por los miembros de la familia García Prieto Giralt, relativas a las investigaciones posteriores a junio de 2002 y los documentos relacionados con las supuestas investigaciones sobre el hecho ocurrido en playa El Cuco. Al respecto, la Corte observa que las partes, y en este caso el Estado, deben allegar las pruebas requeridas por ésta y facilitar todos los elementos probatorios solicitados, a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus decisiones.

21. En relación con las declaraciones rendidas ante fedatario público por las señoras Alina Isabel Arce (supra párr. 16.f) y María Julia Hernández (supra párr. 16.g), este Tribunal las admite en cuanto concuerden con el objeto señalado en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12) y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio.


22. En cuanto a las declaraciones rendidas ante fedatario público por José Mauricio García Prieto Hirlemann (supra párr. 16.a), María de los Ángeles García Prieto de Charur (supra párr. 16.c), Ile del Carmen García Prieto Taghioff (supra párr. 16.d); y Lourdes García Prieto de Patuzzo (supra párr. 16.e), las cuales el Estado objetó por considerar que se encuentran “impregnadas de sensibilidad, impidiendo un testimonio imparcial”, la Corte estima que dichas declaraciones pueden contribuir a la determinación por parte del Tribunal de los hechos en el presente caso, en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12). Por ello, la Corte las valora aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado. Asimismo, este Tribunal recuerda que por tratarse de víctimas o de sus familiares y tener un interés directo en este caso, sus declaraciones no pueden ser valoradas aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso13. Las declaraciones de las víctimas o sus familiares son útiles en la medida en que proporcionen mayor información sobre las consecuencias de las presuntas violaciones perpetradas14.
23. Además, el Estado objetó las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por el señor David Ernesto Morales Cruz (supra párr. 16.b), por considerar que “sus apreciaciones no deb[ían] ser subjetivas […]”, así como las rendidas por el señor José Benjamín Cuéllar Martínez (supra párr. 16.j), basándose en que éste había presenciado la audiencia pública, lo que brindó condiciones de desigualdad frente a los demás testigos e indicó que su declaración es subjetiva. La Corte precisa que en efecto el señor Cuéllar Martínez presenció la audiencia pública celebrada los días 25 y 26 de enero de 2007 y quien por requerimiento del Tribunal de 22 de enero de 2007 presentó un affidávit. Al respecto, la Corte toma en cuenta las observaciones presentadas por el Estado, y estima que las referidas declaraciones pueden contribuir a la determinación, por parte del Tribunal, de los hechos en el presente caso, en cuanto concuerden con el objeto que fue determinado en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12) y en la comunicación de la Secretaría de 22 de enero de 2007, las cuales valora aplicando las reglas de la sana crítica.
24. El interviniente común objetó la declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Oscar Antonio Castro Ramírez (supra párr. 16.k), y solicitó a la Corte que valore su declaración de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la experiencia, y que aplique el artículo 52 del Reglamento, relacionado con la falsa deposición. Al respecto, la Corte admite dicha declaración en cuanto concuerde con el objeto establecido en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12), la cual se valorará tomando en consideración las observaciones del interviniente común, el acervo probatorio del presente caso y las reglas de la sana crítica.
25. Respecto del peritaje del señor Mauricio José Ramón Gaborit Pino (supra párr. 16.i), rendido ante fedatario público (affidávit), el Estado lo objetó en cuanto a que éste “se desempeña como Jefe del Departamento de Psicología de [la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas], [i]nstitución a la cual igualmente pertenece el [IDHUCA…], representante de las presuntas víctimas en el presente proceso[,] razón por la cual considera que […] no resulta ser confiable como perito para la parte demandada en razón de su estrecha y evidente vinculación con los representantes de las [presuntas] víctimas”, y solicitó a la Corte que se requiera a otra persona un dictamen psicológico objetivo y profesional. Al respecto, la Corte señala que dicha objeción ya fue resuelta en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 en los considerandos undécimo y duodécimo. Igualmente, el Estado objetó el dictamen del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera (supra párr. 16.h) por considerar que lo relatado por él “no constituye un ‘peritaje técnico’, sino más bien, una denuncia, afirmando hechos y situaciones sin fundamento probatorio, expresando su apreciación ‘subjetiva’ sobre la situación histórica de El Salvador […]”. Además, señaló que “en su dictamen hace una narrativa de acusaciones temerarias y hasta calumniosas contra los operadores de justicia […] cuando no le corresponde como perito, hacer aseveraciones sin un fundamento técnico”. Este Tribunal admite los referidos dictámenes tomando en cuenta el objeto de los peritajes fijados en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12) y las observaciones presentadas por el Estado, y serán valorados de acuerdo al acervo probatorio del presente caso y las reglas de la sana crítica.
26. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso15.
27. Respecto a las notas periodísticas publicadas en Internet que fueron remitidas por el interviniente común para que fueran admitidas como prueba superviniente (supra párr. 12), y que se refieren a la supuesta participación de miembros de la Policía Nacional Civil en “escuadrones de la muerte”, la Corte observa que la Comisión no formuló observaciones y el Estado, por su parte, solicitó que no se admitiera dicha prueba por no ser superviniente. Al respecto, este Tribunal considera que dichos documentos y la información contenida en los mismos no se vinculan directamente con los hechos del presente caso, por lo que no pueden ser considerados como prueba superviniente. Consecuentemente, el Tribunal concluye que los documentos referidos no cumplen con los supuestos del artículo 44.3 del Reglamento y por lo tanto, los inadmite.
Valoración de la Prueba Testimonial
28. El Tribunal admite el testimonio rendido ante la Corte por la señora Gloria Giralt de García Prieto (supra párr. 17.a), en cuanto concuerde con el objeto de la declaración determinado en la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12), y lo valora en el conjunto del acervo probatorio. Asimismo, la Corte reitera lo señalado anteriormente respecto al valor de su declaración por tratarse de una víctima en el presente caso (supra párr. 22).
29. En lo que se refiere a los testimonios rendidos ante la Corte por los señores Pedro Cruz Rodríguez (supra párr. 17.b) y Fredy Ramos (supra párr. 17.c) y la señora Virginia Lorena Paredes de Dueñas (supra párr. 17.d), este Tribunal los valora conforme a la sana crítica y en cuanto concuerden con el objeto de la declaración fijada en la Resolución de 14 de diciembre de 2006 (supra párr. 12).




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