Corte interamericana de derechos humanos caso coc max y otros (masacre de xamáN) vs. Guatemala sentencia de 22 de agosto de 2018



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Comisión señaló que quienes actuaron como peticionarios ante ella informaron que el 4 de octubre de 1996 presentaron una demanda civil por daños y perjuicios, solicitando que se condenara a los “acusados” y al Estado al pago de una suma de dinero. Los representantes, por su parte, manifestaron que el juicio civil no avanzó. Si bien la Corte cuenta con alguna información sobre el desarrollo del proceso, la misma no es completa y, en particular, no señala cómo concluyó el mismo. Tampoco qué sucedió después del 24 de octubre de 2002 cuando asesores legales de las víctimas “hi[cieron] una visita [a la Corte de Constitucionalidad] para preguntar si estaba resuelta [una] petición” relacionada con un “incidente de constitucionalidad”. Lo anterior, de acuerdo a información remitida a la Comisión Interamericana por los peticionarios (cfr. comunicación de los peticionarios de 29 de octubre de 2002, dirigida a la Comisión Interamericana (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, folios 2371 a 2385)). La información, entonces resulta insuficiente para que este Tribunal examine el proceso civil o lo tenga en cuenta en el marco de la determinación de reparaciones.

22 Cfr. expediente de prueba, anexo 5 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 5355 a5367. Los representantes, en ese escrito, expresaron montos en quetzales guatemaltecos. La Corte, a efectos de señalar la equivalencia en dólares de Estados Unidos de América, tiene en consideración el tipo de cambio indicado por el Banco de Guatemala en su sitio de internet: http://www.banguat.gob.gt/cambio/. Se toma en cuenta la equivalencia correspondiente al 31 de marzo de 2017, cuando fue presentado el escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 6): 1 US$ = 7.47444.

23 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 43, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 487.

24 Según indicaron, refiriendo a dicha sentencia, el cálculo debe hacerse tomando en cuenta la edad de la víctima a la fecha de su muerte, los años por vivir […], la actividad a la que se dedicaba al momento de los hechos, las mejoras económicas que hubiese podido obtener y su ingreso, y debe utilizarse para todos los cálculos el salario real o, en su defecto, el salario mínimo para las actividades correspondientes en Guatemala (en el caso Villagrán Morales, actividades “no agrícolas”), considerando 12 salarios mensuales de cada año.

25 Para “Maurilia” Q 7,672,792.92; para “Carlos” Q 7,707,511.44; para “Manuela” Q 7,290,889.20, para “Abel” Q 5,381,370.60; para “Pablo” Q 3,992,629.80; para “Juana” Q 3,124,666.80; para “Andrés” Q 2,256,703.80; para “Hilaria” Q 1,562,333.40; para “Pedro” Q 3,645,444.60, y para “Pedro” Q4,687,000.20. (Los representantes, al hacer estos señalamientos, indicaron solo nombres y no mencionaron apellidos. Por otra parte, los representantes se refirieron a Santiago Coc en su escrito de solicitudes y argumentos, mas señalaron no tener contacto con su familia, explicando que por ese motivo no pueden efectuar “solicitud[es] de medidas de reparación”).

26 Solicitaron para “Maurilia” Q 85,928.34; para “Carlos” Q 63,014.11; para “Manuela” Q 85,928.34; para “Abel” Q 63,014.11; para “Pablo” Q 46,349.22; para “Juana” Q 35,933.67; para “Andrés” Q 25,518.11; para “Hilaria” Q 17,185.67; para “Pedro” Q 42,183, y para “Pedro” Q 54,681.67. Expresaron que “toma[ron] como base el interés que los bancos pagan para quienes mantienen depósitos a largo plazo”.

27 Los nombres de tales personas, conforme indicaron los representantes, son: “Pascual José Pascual”; “Santiago Maquín Quip”; “Rosendo Morales Ortíz”; “Víctor Carrillo Morales”; “Ricardo Pop Caal”; “Juana Felipe Velásquez”; “Santos Choc Coc”; “Rosenda Sales Ortíz”; “Marcos Raymundo Jolomná Yat”; “Rolando Hernández Maldonado”; “Aurelio Hernández Morales”; “Josefa Mendoza Aguilar”; “Micaela Pascual Juan”; “Carmen Caal Saqui”, “Juan Medina Toma”; “Mateo Pedro”; “Martín Quip Mucú”; “Francisco Hernández”; “Juana Andrés Maldonado”; “Tomás Grave Morente”; “Jacinta Matón Raymundo”; “Pedro Daniel Carrillo López”; “Natividad Sales Calmo”; “Efraín Grave Morente”; “Eliseo Hernández Morales”, y “Santiago Cajbón Quip”.

28 Los representantes pidieron Q 173,592.60 para cada una de las 26 personas. Señalaron que utilizaron el mismo método usado para el cálculo del monto de lucro cesante a favor de las víctimas fallecidas, pero aclararon que “se computó únicamente por los primeros cinco años a partir de 1997”.

29 Pidieron para cada una de las 26 personas referidas Q 179,959.98, indicando que la suma total por las 26 personas corresponde a Q 4,678,959.39.

30 Reclamaron Q 2,083,111.2 por concepto de lucro cesante, lo cual es equivalente a US$ 278,697.96 y una cifra por concepto de intereses de Q 124,986.67 lo cual equivale a US$ 16,721.84.

31 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 81.

32 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 84, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 482.

33 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 84, y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 424.

34Cfr. en similar sentido, Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, supra, párr. 109, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 228.

35 Se aclara que se hace alusión a familiares de 10 víctimas fallecidas pues no se indicaron familiares del niño fallecido Santiago Coc.

36 Se aclara que lo indicado sobre el pago a familiares de personas fallecidas es aplicable respecto de cualquiera de las víctimas que de hecho se encuentre fallecida al momento de emitirse esta Sentencia, aun si dicho fallecimiento no está indicado en la misma. Por otra parte, se aclara que las víctimas que se encuentran incorporadas tanto en el Anexo B.3 como en el Anexo B.5 de la presente Sentencia deben recibir tanto las indemnizaciones por daño inmaterial determinadas correspondientes a las víctimas heridas como también las indemnizaciones por daño inmaterial determinadas correspondientes a los familiares de personas fallecidas.

37 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 42, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr.494.

38 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 401.

39Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra, párr. 82, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 424.

40 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 277, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr.494.

41 Cfr. Declaración jurada de 8 de marzo de 2018 efectuada ante notario por la Administradora de la Fundación Grupo Apoyo Mutuo (expediente de prueba, anexo 5 a los alegatos finales escritos de los representantes, folios 5590 a 5595).

42 Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 331, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 404.

1 Los nombres de las personas identificadas por la Comisión en el Informe de Fondo como víctimas se han escrito de acuerdo a la información allegada a la Corte sobre los distintos nombres, aun si presentan diferencias con la forma en que los mismos fueron asentados en el Informe de Fondo.

2 La Corte advierte que eventuales inconsistencias o inexactitudes que pudieran evidenciarse en los nombres de las víctimas, o en el modo de escribirlos, no puede motivar la falta de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia. Por otra parte, de conformidad con información que ha sido allegada a la Corte, además de las personas cuyos nombres están incorporados en los Anexos B.2 y B.4, se encuentran fallecidas las siguientes víctimas: Pedro Daniel Carrillo López; Gerardo Maldonado Sales; Santiago Maquín Quip; Francisco Hernández; Rosendo Morales Ortíz, y Manuela Pop Choc.

3 La Corte aclara, respecto de la repetición del nombre “Antonio Medina Toma”, que la Comisión incluyó en el informe de fondo, como víctimas, a dos personas con el mismo nombre. Este Tribunal pudo constatar, a partir de documentación remitida por los representantes que, en efecto, una víctima es “Antonio Medina Toma”, quien nació el 27 de noviembre de 1971, y otra persona es “Antonio Medina Toma”, quien nació el 23 de septiembre de 1986 (cfr. Certificados de Nacimiento (expediente de prueba, anexo 1 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 5036 y 5048)).



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