Corte interamericana de derechos humanos caso coc max y otros (masacre de xamáN) vs. Guatemala sentencia de 22 de agosto de 2018



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el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Valdemir Quispialaya Vilcapoma, quien se encontraba vivo y había sufrido lesiones a su integridad personal, como también de Victoria Vilcapoma Taquia, quien había denunciado los hechos (cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, supra, párr. 188; ver, en el mismo sentido caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 271). En el presente caso, no consta que los familiares de las personas heridas denunciaran los hechos. Sin perjuicio de ello, en el ámbito interno Rigoberta Menchú se presentó como “querellante adhesiva” (supra párr. 40) y, a su vez, también fungió como peticionaria ante la Comisión Interamericana, indicando que lo hacía en conjunto con distintas presuntas víctimas, y en relación con lesiones a derechos sufridas por distintas personas, inclusive familiares de personas heridas (cfr. Comunicación de los peticionarios recibida por la Comisión el 16 de noviembre de 1995 (expediente de prueba, anexo 4 al Informe de Fondo, folios 28 a 48). En el ámbito interno, además, el proceso judicial fue iniciado de oficio y se relaciona con un hecho que afectó a un amplio grupo de personas. En este marco, dadas las especificidades propias del caso, no resulta necesario a efectos del examen que aquí se realiza, considerar si cada una de las personas familiares de personas heridas presentó una denuncia o de otro modo tuvo alguna vinculación a los procesos internos. La Corte entiende, entonces, que hay razones suficientes en el caso concreto para asumir un interés relevante de los familiares de las personas heridas en el avance de la investigación de los hechos, así como la afectación a sus derechos por el incumplimiento de deberes estatales.

34 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párrs. 105 y 106.

35 Cfr. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 403, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 106.

36 La jurisprudencia de este Tribunal ha considerado cuatro elementos para determinar, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 105).

37 En ese sentido, se aclara que tampoco respecto de la etapa examinada resulta relevante analizar los cuatro elementos relevantes para evaluar la razonabilidad del plazo antes indicado (supra nota a pie de página 147).

1 El artículo 4.1 de la Convención dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

2 La Convención, en su artículo 5.1, expresa: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

3 Señala el artículo 19 de la Convención que “[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

4 Cfr. Anexo B.2 de la presente Sentencia. Los nombres allí indicados coinciden con los referidos por la Comisión.

5 Cfr. Anexo B.3 de la presente Sentencia. Los primeros 26 nombres allí indicados coinciden con los referidos por la Comisión.

6 1.-Santiago Maquín Quip; 2.-Gerardo Maldonado Sales y 3.-Rosendo Morales Ortiz

7 1.-Carlos Fernando Chop Chic; 2.-Santiago Coc, y 3.-Maurilia Coc Max.

8 La Comisión señaló en la audiencia pública de 9 de febrero de 2018 que “tuvo en cuenta el contexto histórico de discriminación por razones étnicas que han sufrido los pueblos indígenas en Guatemala, y en particular el contexto del conflicto armado durante el cual dicha discriminación étnica estuvo en la base de la política estatal de señalamiento y exterminio del pueblo maya. La Comisión consider[ó] que el comportamiento de las tropas en la [C]omunidad el día de los hechos, fue una expresión de la discriminación étnica ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala”.

9 Además de las personas indicadas por la comisión, los representantes señalaron a Eulalia Antonio, madre de Manuela Mateo Antonio como víctima, quien es considerada presunta víctima en el caso (supra párr. 17). Por otra parte, a diferencia de la Comisión, los representantes no presentaron argumentos respecto de Daniela Catarina Chic López, madre de Carlos Fernando Chop Chic, aunque aportaron documentación que acredita el vínculo (cfr. certificado de defunción de Carlos Fernando Chop Chic (expediente de prueba, anexo 1 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 5021 y 5022)). Por último, aunque el GAM se refirió a Santiago Coc en el escrito de solicitudes y argumentos, indicó carecer de contacto con su familia y no poder efectuar solicitudes en su favor (infra, nota a pie de página 227). El Estado no se pronunció al respecto. Teniendo eso en cuenta, así como la aceptación del Estado de los hechos en que se sustentan los alegatos sobre violaciones a derechos humanos en el caso (supra párr. 26), del cual se ha indicado ya su carácter colectivo (supra párr. 17), la Corte entiende procedente en este caso efectuar el examen atinente a estas personas, en cuanto a las distintas violaciones a derechos alegadas y eventuales medidas de reparación, a partir de lo señalado por la Comisión.

10 Destacaron que la falta de observancia de los acuerdos de retorno suscritos por Guatemala (supra párr. 33), en cuanto a la no intervención de grupos militares, causó una situación de vulneración de derechos de la población indígena y por lo tanto produjo las violaciones alegadas. Además, resaltaron el temor de los sobrevivientes y los familiares de quienes murieron de que, a partir de su liberación, militares involucrados puedan intentar vengarse.

11 El Estado se refirió a lo expresado por la Corte en el caso Perozo y otros vs. Venezuela, en relación con el deber de garantía: “la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho” (Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 298).

12 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. párr. 209, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351, párr. 272.

13 La Corte recuerda que ha dicho que “del principio iura novit curia se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente” (cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 163, y Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, nota a pie de página 188).

14 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 209, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 272.

15 La Corte advierte que los hechos del caso se insertan temporalmente en el conflicto armado interno guatemalteco (supra párr. 27), que se desarrolló entre 1962 y 1996. Por ello, considera relevante aclarar que ni las partes ni la Comisión adujeron que normas de Derecho Internacional Humanitario fueran pertinentes en el caso. En este marco de ausencia de argumentación, la Corte no encuentra motivos para tener en cuenta las normas referidas.

16 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 144 y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 162.

17 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 139, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 162.

18Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 153, Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 162.

19 Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 153, y Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 101.

20 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 68, y Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 103.

21 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57, y Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 102.

22 Si bien ha habido señalamientos diversos sobre las circunstancias en que en se originaron los disparos de armas de fuego por parte de los militares, ninguna de ellas podría justificar su actuación. En cualquier caso, la sentencia interna condenatoria expresa, como hecho acreditado, que cuando los militares intentaron retirarse de la Comunidad, se toparon con miembros de la misma, y luego de “disparar[…] a quemarropa” y matar a Juana Jacinto Felipe, continuaron disparando “indiscriminadamente” (sentencia de 8 de julio de 2004, supra. Cabe aclarar que, dado lo concluido, no resulta necesario examinar el argumento de los representantes sobre la falta de observancia de acuerdos sobre el retorno a Guatemala de personas que se encontraban en México (supra nota a pie de página. 158).

23 De los certificados de defunciones acompañados durante el proceso, emitidos por el Registro nacional de las Personas de la República de Guatemala se advierte que las causales de muerte no evidencian, por sí mismas, relación con los hechos ocurridos el 5 de octubre de 1995 (y tampoco hay explicación suficiente al respecto por la Comisión o los representantes): 1.- Santiago Maquin falleció a los 73 años de edad, el 18 de noviembre de 2005, a causa de “meningitis”, “insuficiencia respiratoria” y “edema cerebral”; 2.-Gerardo Maldonado Sales falleció el 12 de enero de 2004, a causa de “sepsis”, “absceso periodontal” y una “hipoplasia medular”, y 3.- Rosendo Morales Ortiz falleció a los 71 años, el 8 de agosto de 2011, a causa de “[p]aro cardiorrespiratorio”, “[i]nsuficienci[a r]respiratoria” y “[a]rterioesclerosis –[e]ufema” (cfr. Certificados de defunciones emitidos por el Registro nacional de las Personas de la República de Guatemala (expediente de prueba, anexo 1 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 5176, 5181 y 5182, y 5234).

24 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 111, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 141.

25 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio, supra, Tomo III. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, pág. 79.

26 Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay, supra, párr. 144. Ver también los párrafos 111 a 134 de esa Sentencia.

27 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, y Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, supra, párr. 407.

28 Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia, supra, párr. 156, y Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, supra, párr. 327.

29 Ello, sin perjuicio de lo señalado sobre la falta de alegatos respecto al derecho internacional humanitario (supra nota a pie de página 163).

30 En audiencia pública de 9 de febrero de 2018, el Estado indicó: “la mayoría de los soldados condenados eran q'eqchís, es decir, pertenecientes a la misma etnia indígena maya prevaleciente en la Comunidad […]”. En el mismo sentido se pronuncia en sus alegatos finales por escrito.

31 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 251.

32 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio, supra, Caso Ilustrativo No. 3, Masacre de Xamán, pág. 43. Al respecto, es pertinente destacar que, como se ha indicado, el Estado, en el litigio del presente caso, se ha manifestado a favor de considerar las determinaciones de la CEH (supra párr.26).

33 Declaración de la perita Claudia Virginia Samayoa Pineda mediante afidávit (expediente de fondo, folios 661 a 679).

1 La Comisión se refirió, además de las personas distintas a Eulalia Antonio nombradas en el Anexo B.5 de la presente Sentencia, a las siguientes: A) Familiares de Santiago Maquín Quip (herido y luego fallecido): 1.-Manuela Pop Choc (esposa o conviviente (los representantes informaron que murió el 15 de junio de 2016 ); 2.-Francisco Quip Choc (hijo); 3.-Petrona Quip Pop (hija); 4.-Margarita Quip Pop (hija); 5.-Martín Maquín Quip Pop (hijo); 6.-Dominga Maquin Pop (hija), y 7.-Santiago Quip Pop (hijo). B) Familiar de Rosendo Morales Ortíz (herido y luego fallecido): 8.-José Morales Ortíz (hermano). C) Familiares de Francisco Hernández (herido): 9.-Cruz Maldonado Silvestre (esposa o conviviente); 10.-Martalia Hernández Maldonado (hija); 11.-Andrés Hernández Maldonado (hijo); 12.-Florencia Hernández Maldonado (hija), y 13.- Rolando Hernández Maldonado (hijo, también herido)

2 Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 156 y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 327.

3 Lo anterior, según las circunstancias del caso, dado el sufrimiento padecido como producto de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos (Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 351).

4 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119; Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015.Serie C No. 303, párr. 177, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 351.

5 Tal presunción tiene como consecuencia una inversión de la carga argumentativa, en la que ya no corresponde probar la violación del derecho de tales “familiares directos”, sino que corresponde al Estado desvirtuarla (cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 351).

6 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra, párr. 146; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 218, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 351.

7 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119, y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 328.

8 Los hechos vividos por los familiares de las víctimas fallecidas fueron relatados por algunos de ellos. Cfr. al respecto: 1.- declaraciones en videograbación de 23 de marzo de 2017, incorporadas como prueba documental, presentada junto con el escrito de solicitudes y argumentos, de Atilana Hernández Maldonado, Efraín Grave Morente, Florinda Sales Jacinto, José Coc Cajbón, María Medina, María Miguel, Mario Alberto Ramírez Hernández, Manuela Toma Gómez, Natividad Sales Calmo, Pedro Coc Chén, Petrona Miguel Méndez, Ramón Mateo y Tomás Grave Morente; 2.- Declaraciones de Tomás Grave Morente y de Natividad Sales Calmo, ante la Corte Interamericana, supra; 3.- Declaración de AMQ (expediente de prueba, anexo 3 al Informe de Fondo , folios 5 a 8); 4.- Declaración testimonial de Efraín Grave Morente ante el Organismo Judicial Guatemala, C.A, supra, y 5.- Declaración de Efraín Grave Morente ante la Corte, supra.

9 Cfr. Declaración rendida por Tomás Grave Morente ante la Corte Interamericana, supra, en la cual relató los últimos momentos que paso con su madre, Hilaria Morente de la Cruz. El señor Tomás Grave Morente dijo: “Yo fui con ella, y todavía pude ver que a ella le dieron dos balazos aquí en el pecho, estaba sangrando, y todavía me dijo: ‘mijo, mijo, cuídate, yo ya no voy a aguanta’” y empezó a despedirse, ya con señas de morir. Yo lo que hice me quité la playera y la puse en la cara porque se veía mal”.

10 Aunado a ello, y en el mismo sentido, cabe referir la declaración de Efraín Grave Morente ante la Corte Interamericana, supra. Con relación a la falta de asistencia psicológica señaló: “No recibí ninguna ayuda psicológica de parte del Estado totalmente abandonado, tuvimos apoyo pero por parte de una ONGS, que es Médicos del Mundo de España, pero eso no tiene nada que ver con el Estado de Guatemala, el Estado de Guatemala ni siquiera una pastilla nos regat[ló]o para quitarnos el susto”.

11 Tampoco con respecto a Gerardo Maldonado Sales la Corte determinó la vulneración de su derecho a la vida, que había sido alegada, pero respecto a él no se han indicado familiares.

12 Cfr. Declaraciones por videograbaciones de 23 de marzo de 2017, incorporadas como prueba documental, presentadas junto con el escrito de solicitudes y argumentos, de Atilana Hernández Maldonado y Rolando Hernández Maldonado.

1 El artículo 21 de la Convención dice: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

2 Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 155, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 48

3 Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 120 a 122, y Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341, párr. 240.

4 Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 182 y Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, supra, párr. 241.

5 En la sentencia condenatoria de 8 de julio de 2004 (supra, párr. 64) se da como un hecho acreditado que el 5 de octubre de 1995, los militares ingresaron a “la propiedad de la Cooperativa Unión Maya, denominada Finca Xamán” (sentencia de 8 de julio de 2004, supra). Los representantes, preguntados por la Corte sobre la propiedad de la tierra, se manifestaron en igual sentido, aclarando que pertenecía a la Cooperativa Integral Agrícola Unión Maya, conformada por “algunos de los afectados por la masacre”, a quienes no identificaron, así como por otras personas “que retornaron”.

1 El artículo 24 de la Convención reza: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

2 Cfr. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 100 y Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 258.

3 Al respecto, la Corte nota que la declaración pericial de Alejandro Rodríguez Barillas, incorporada como prueba documental (expediente de fondo, folios 419 a 506), señala que “[e]l Estado de Guatemala ha mantenido las condiciones de facto, para que los pueblos indígenas y específicamente, el pueblo maya achí no pueda acceder a la justicia”.

4 Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 258. En el caso, se aducía la pertenencia al pueblo maya como tal carácter.

1 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

2 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 466.

3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 467. La Corte, de acuerdo a cada caso, ha entendido que las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionado (cfr. Caso Cantoral Benavidez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 79 a 81, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 467).

4 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 468.

5 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 469.

6 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 56, y Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, supra, párr. 474.

7 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 279.

8 La solicitud estatal de que se consideren prestaciones ya dadas en virtud del PNR, por una parte, resulta extemporánea, por haber sido efectuada recién en los alegatos finales escritos. Por otra parte, de modo adicional, debe señalarse que el documento aportado como prueba de las prestaciones recibidas por integrantes de la Comunidad no brinda información suficiente para considerarlas como a reparaciones de los hechos del caso.

9 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 281.

10 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, supra, párr. 223; y en similar sentido, Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 243.

11Cfr. Caso Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, párr. 270 y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 352.

12 Inclusive en ausencia de solicitud expresa, como ocurrió en este caso. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, supra, párr. 79 y Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 198.

13 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 84 y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 306.

14Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, nota a pie de página 359.

15 Al respecto, en relación con Guatemala, la Corte ha tenido oportunidad de apreciar la utilidad e importancia de realizar diligencias de supervisión en el territorio estatal, respecto a la supervisión del cumplimento de sus decisiones, en cuanto a las reparaciones que lo ameriten. Ha destacado, en ese sentido, “la necesidad de que, en [los casos pertinentes], los Estados [colaboren para que una delegación del Tribunal pueda efectuar diligencias de supervisión en territorio estatal], con la mayor participación posible de funcionarios responsables de ejecutar las reparaciones y la mejor disponibilidad para asumir compromisos dirigidos al pronto cumplimiento de las mismas”. La Corte, en circunstancias anteriores, constató que “[e]ste tipo de visita[s] además permit[eron] la comunicación directa e inmediata entre las víctimas y altos funcionarios estatales, de manera que, en el mismo momento estos últimos pudieran comprometerse a adoptar acciones concretas dirigidas a avanzar en el cumplimiento de las medidas y que las víctimas pudieran ser escuchadas sobre los avances y falencias que identifican”. (Caso Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 25 de mayo de 2017 y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017, Considerando 9).

16 Asimismo, alegó que mediante el Acuerdo Gubernativo número 130-2016, se emitió el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Defensa Nacional, el cual tiene aspectos a resaltar, como la creación de la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional (cfr. Acuerdo gubernativo 130-2016. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa Nacional (expediente de prueba, anexo 9 a la contestación del Estado, folios 5463 a 5471)). Indicó también que cuenta con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales para el desarrollo de estos programas, tales como: Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo de los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), y Oficina de Derechos Humanos del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Asimismo, informó que se han desarrollado “Postgrados, Diplomados, Cursos, Talleres y Conferencias sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario así como en Uso de la Fuerza y de las Armas de Fuego, con el propósito de fortalecer el conocimiento, respeto y aplicación sobre estos temas en el personal militar del Ejército de Guatemala”. Adicionalmente, informó que el 23 de marzo del año 2017 se inauguró el diplomado en Derechos Humanos en el Ministerio de la Defensa Nacional.

17 Guatemala explicó que con dicha “Agencia Fiscal” se buscará reorientar las investigaciones, atendiendo a los principios generales de "debida diligencia" para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y los estándares para las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la desaparición forzada de personas. Informó que esta agencia fiscal estaría integrada por 6 auxiliares fiscales y un agente fiscal.

18 Explicó que esta ley crea el servicio de protección el cual indica el Estado que funcionará dentro del Ministerio Público y tiene como objetivo esencial, proporcionar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, “querellantes adhesivos” y otras personas que estén expuestos a riesgos, por su intervención en procesos penales; y además, periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su función informativo y presta diferentes medidas de protección, según el nivel de riesgo de la persona. Además, señaló que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad del Conflicto Armado Interno informó que se han adoptado una serie de medidas tendientes a cumplir la medida solicitada, tal como que las declaraciones se presten por medios audiovisuales de videoconferencia o cámara Gessel (y, en algunos casos, con la reserva de los datos de identificación personal o con el ocultamiento de rostro, para evitar el contacto directo con los sindicados y exponerlos físicamente con algún riesgo), o solicitar al Departamento de Seguridad del Ministerio Público la asignación de personal de seguridad y de vehículos para el traslado de Fiscales en riesgo, entre otros (expediente de prueba, anexos 10 y 11 a la contestación, folios 5472 a 5509).

19 Cfr. Pensum de estudios sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Uso de la Fuerza y Uso de Armas de Fuego, en el Sistema Educativo Militar del Ejército de Guatemala (expediente de prueba, anexo 8 a la contestación, folios 5449 a 5461) y Acuerdo gubernativo 130-2016. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa Nacional (expediente de prueba, anexo 9 a la contestación, folios 5463 a 5471).

20 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 313.
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