Corte interamericana de derechos humanos caso acosta y otros vs. Nicaragua sentencia de 25 de marzo de 2017



Descargar 0.73 Mb.
Página1/14
Fecha de conversión26.02.2019
Tamaño0.73 Mb.
Vistas183
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO ACOSTA Y OTROS VS. NICARAGUA

SENTENCIA DE 25 DE MARZO DE 2017

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Acosta y otros,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:
Roberto F. Caldas, Presidente;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, juez;

Elizabeth Odio Benito, jueza;

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez, y

L. Patricio Pazmiño Freire, juez;


presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,


de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:


TABLA DE CONTENIDO


I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4

III COMPETENCIA 7

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES 7

V PRUEBA 8

APrueba documental, testimonial y pericial 9

B Admisibilidad de la prueba 9

C Valoración de la prueba 10

VI CONSIDERACIón PREVIA 10

VII hechos 11

VIII FONDO 34

ViIi.1 derecho a las garantías judiciales y Protección judicial 34

1.A) Derechos de acceso a la justicia y a la verdad de los familiares del señor García Valle en relación con la investigación y proceso penal por el homicidio de éste 35

1.B) Derecho a las garantías judiciales de la señora Acosta en relación con los procesos penales y civiles abiertos en su contra (arts. 8.1 y 8.2) 50

ViIi.2 derecho a la integridad personal y otros derechos 53



2.A) Derecho a la integridad personal 53

2.B) Alegada violación del derecho a la honra y dignidad (artículo 11 de la Convención) 55

2.c) Otras alegadas violaciones (“derecho a defender derechos humanos”) 56

IX REPARACIONES 57



A. Parte lesionada 58

B. Obligación de investigar 58

C. Medida de satisfacción (publicación de la sentencia) 59

D. Garantía de no repetición (mecanismo de protección y protocolo de investigación) 60

E. Otras medidas solicitadas 62

F. Indemnizaciones compensatorias 63

G. Costas y gastos 66

H. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 67

X PUNTOS RESOLUTIVOS 68




I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA





  1. El caso sometido a la Corte. - El 29 de julio de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, el caso Acosta y otros contra la República de Nicaragua (en adelante “el Estado” o “Nicaragua”). Según la Comisión, el caso se relaciona con la alegada falta de investigación diligente y en un plazo razonable del homicidio del señor Francisco García Valle, esposo de la señora María Luisa Acosta (defensora de derechos humanos), ocurrido el 8 de abril de 2002 en Bluefields, Nicaragua. La Comisión consideró que, si bien fueron condenadas dos personas como autores materiales del homicidio, el Estado no investigó diligentemente el móvil, en particular la hipótesis de que el mismo pudo deberse a la intensa actividad que realizaba la señora Acosta en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se plantea que específicamente no se investigaron indicios sobre un tercer autor material y la autoría intelectual de dos personas, a cuyo favor fue dictado un sobreseimiento definitivo en incumplimiento de requisitos legales, de manera apresurada y sin que se hubiesen practicado pruebas esenciales. Posteriormente, aunque aparecieron pruebas que apoyaban tal hipótesis, las autoridades internas se negaron a reabrir las investigaciones. Tales acciones y omisiones, sumadas a otros indicios, fueron calificados por la Comisión como un supuesto de “encubrimiento deliberado”. La Comisión también consideró que dicho proceso penal, así como las denuncias por delitos de encubrimiento, falso testimonio y denuncia falsa y un embargo y proceso civil de daños y perjuicios, interpuestos por tales presuntos autores intelectuales contra la señora Acosta fueron conducidos en violación de garantías del debido proceso y constituyeron un mecanismo de amedrentamiento e intimidación contra ella. Las presuntas víctimas del presente caso son la señora María Luisa Acosta Castellón (en adelante “la señora Acosta”), la señora Ana María Vergara Acosta y el señor Álvaro Arístides Vergara Acosta, hijos de ésta, así como la señora María Leonor Valle Estrada (conocida como Leonor del Carmen Valle de García) y el señor Rodolfo García Solari, madre y padre del señor García Valle.




  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:




  1. Petición.- El 22 de junio de 2007 la Comisión recibió una denuncia presentada por la señora Acosta Castellón, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) (en adelante “los representantes”), actuando en representación de aquélla, de Francisco García Valle y de las demás presuntas víctimas.



  1. Informe de admisibilidad. – El 1 de noviembre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad 148/10, en el que declaró que la petición 830-07 era admisible1.




  1. Informe de Fondo. – El 26 de marzo de 2015 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 22/15, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo” o “el Informe”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado, a saber:


Conclusiones.- La Comisión concluyó que el Estado era responsable por
[…] la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y a la integridad psíquica y moral consagrados en los artículos 8.1, 25 y 5.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de María Luisa Acosta Castellón, Ana María Vergara Acosta, Álvaro Arístides Vergara Acosta, Leonor del Carmen Valle de García y Rodolfo García Solari. Asimismo, la CIDH concluye que el Estado violó los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de María Luisa Acosta.
Recomendaciones.- La Comisión recomendó al Estado:
1. Reparar integralmente las violaciones a derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral.

2. Desarrollar y completar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto de esclarecer las circunstancias de la muerte del señor Francisco García Valle; investigar de manera exhaustiva las líneas lógicas de investigación sobre la autoría material e intelectual del asesinato; identificar a todas las personas que participaron en los diferentes niveles de decisión y ejecución; y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes.

3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron al encubrimiento y consecuente denegación de justicia e impunidad parcial en se encuentran los hechos del caso.

4. Adoptar medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir la exposición al riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el Estado debe:

4.1 Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de investigación que tengan en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, y en particular del derecho a un medio ambiente sano, que conduzcan a la sanción de los responsables y a una reparación adecuada a las víctimas. Asimismo, el Estado debe asegurar que cuando funcionarios públicos estén implicados en investigaciones de violaciones de derechos humanos, las investigaciones se realicen eficazmente y con independencia.

4.2 Fortalecer los mecanismos para proteger eficazmente a testigos, víctimas y familiares que se encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a las investigaciones.

4.3 Desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo.

4.4 Adoptar medidas legislativas, institucionales y judiciales para evitar el uso indebido de procesos civiles y penales como mecanismo de intimidación y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos.




  1. Notificación al Estado.- La Comisión notificó el Informe de Fondo al Estado el 29 de abril de 2015 y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Nicaragua no dio respuesta alguna al Informe.




  1. Sometimiento a la Corte.- El 7 de agosto de 2015 la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 22/15 por la “necesidad de obtención de justicia en el caso particular”2.




  1. Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de derechos declaradas en su Informe de Fondo y que ordenara al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones contenidas en el mismo.




Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos