Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial



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CERD/C/PAN/14

pagina




NACIONES UNIDAS

CERD

Convención Internacional
sobre la Eliminación
de todas las Formas
de Discriminación Racial



ADVANCE UNEDITED VERSION
Distr.
GENERAL

CERD/C/PAN/20


20 de febrero de 2009

Original: ESPAÑOL

Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial

informes presentados por los Estados Partes de
conformidad con el artículo 9 de la Convención

Vigésimo informe periódico que los Estados Partes debían
presentar en 2008


Adición

PANAMA* **

[10 de febrero de 2009]

CONTENIDO





Pág.

Presentación-----------------------------------------------------------------------------

1-2

Descripción Geográfica, Física y Política de la Republica de Panamá ---

Caracterización de la Sociedad Panameña ----------------------------



3-4

4


Introducción -----------------------------------------------------------------------------

El Entorno Internacional que Orienta las Políticas del Estado Panameño para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación



5

Desarrollo del Artículo 1 de la Convención --------------------------------------

6

Desarrollo del Artículo 2 de la Convención --------------------------------------

6

Desarrollo del Artículo 3 de la Convención --------------------------------------

7

Desarrollo del Artículo 4 de la Convención --------------------------------------

8

Desarrollo del Artículo 5 de la Convención --------------------------------------

8 -20

Desarrollo del Artículo 6 de la Convención --------------------------------------

La Protección, respeto y defensa de los Derechos Humanos

Manual de los Procedimientos de la Policía Nacional y su relación con los Derechos Humanos

La Fuerza Pública

Servicio Nacional Aeronaval de Panamá

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Oficina Nacional para la Atención de Refugiados

Servicio Nacional de Migración

Unidad de Atención a Víctimas de Trata de Personas

Refugiados, Solicitantes de Asilo y Desplazados



20-26


Desarrollo del Artículo 7 de la Convención --------------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social

Dirección Nacional de la Mujer

Dirección Nacional de la Niñez

Programa de Atención al Maltrato Infantil

Adultos Mayores

Dirección Nacional de Juventud

Dirección Nacional de Promoción Social y Acción Comunicaría

RED DE oportunidades

Voluntariado Juvenil

Muévete Juventud

Programa de Corresponsabilidad Social

Campaña contra la Violencia Doméstica

Centro de Orientación y Atención Integral

Centro de Orientación Infantil

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

Comedores Comunitarios

Inclusión de la Etnia Negra Panameña

Secretaria Nacional para la Incorporación de Personas con Discapacidad

Dirección Nacional de Política Indigenista

Anexo No 1 ------------------------------------------------------------------------------

Datos Estadísticos en Materia Educativa ----------------------

Datos Estadísticos red de Oportunidades ---------------------

Datos Estadísticos sobre el Sistema Penitenciario ---------

Anexo No 2------------------------------------------------------------------------------

Comunidad Indígenas de Charco la Pava y Valle del Rey



26-37

38

40-43



44-56

57-80
81-100



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
En base a las Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los Tratados internacionales de derechos humanos, contenidas en el documento HRI/MC/2006/3, el proceso de preparación de informes ofrece una ocasión para que cada Estado Parte “lleve a cabo un examen exhaustivo de las medidas adoptadas para armonizar las leyes y políticas nacionales con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes en los que sea Parte.”
En la República de Panamá, la facultad de celebrar convenios internacionales la tiene el Presidente de la República, quien delega ese poder en el Ministro de Relaciones Exteriores, a su vez éste puede delegar esta facultad a otro Ministro de Estado o en los Agentes Diplomáticos, a quienes les confiere los Plenos Poderes.
En el ordenamiento legal panameño, la facultad de celebrar tratados la tiene el Órgano Ejecutivo, sin embargo éstos tienen que ser aprobador por el órgano Legislativo antes de proceder a su ratificación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 153 de la Constitución Política de la República de Panamá. El procedimiento es el siguiente:
El Ministerio de Relaciones Exteriores elabora el Proyecto de Ley por el cual se aprueba un convenio, acompañado con la respectiva exposición de motivos que contiene los objetivos y beneficios del convenio y lo envía al Consejo de Gabinete, a fin de obtener su autorización para que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente dicho Proyecto a la Asamblea Nacional, procedimiento este conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Constitución Política.
Una vez aprobado por el Consejo de Gabinete, el Ministro de Relaciones Exteriores presenta en sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley.
Posteriormente el Proyecto de Ley es remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional donde se lleva a cabo el primer debate, pasando nuevamente al Pleno de la Asamblea para el segundo y tercer debate.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Asamblea Nacional, se envía para su sanción y posterior promulgación en la Gaceta Oficial, lo que la convierte en Ley de la República.
De acuerdo a la jerarquía de los convenios internacionales el artículo 4 de la Constitución nacional, establece que “Panamá acata las normas del Derecho Internacional”. Esta premisa podría referir que Panamá se decanta por la postura que afirma la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional. La identificación con el criterio antes esbozado, llevó a diversos juristas en el ámbito nacional a equiparar jerárquicamente las normas del derecho internacional con las normas constitucionales, es decir, a darles el mismo valor normativo, utilizando normas del derecho internacional, tal como si fuesen normas constitucionales, para invocar la inconstitucionalidad de normas de rango inferior. Y es en este contexto, que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre el alcance y sentido del artículo 4 de la Constitución, y esboza un criterio mediante el cual nos permite conocer cuál es el valor que le debe reconocer a las normas del derecho internacional y si han o no de considerarse como parte integrante del bloque de la constitucionalidad.
Es así que la Corte Suprema de Justicia, a través de diversos fallos, ha definido el alcance del artículo 4 de la Constitución, manifestando que las normas del Derecho Internacional en términos generales, no forman parte del bloque de la constitucionalidad, sino que los Tratados del Derecho Internacional crean para la República de Panamá la obligación de adecuar la legislación nacional a las normas del Derecho Internacional ratificadas a través de dichos Tratados. Es decir, que debe existir coherencia y adecuación entre las normas nacionales y las internacionales, para dar eficacia a éstas últimas, y hasta tanto dicha adecuación no haya tenido lugar, no hay obligaciones o normas internacionales directamente exigibles.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, FÍSICA Y POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ


La República de Panamá está situada en el centro del continente americano; limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con la República de Costa Rica
Está ubicada a 7° y 9° de latitud norte y 77° y 83° de longitud oeste, hecho que la sitúa en la zona intertropical. Se registran dos períodos bien definidos: lluvioso y seco; predominan las altas temperaturas, ya que su territorio está dominado por tierras de bajo relieve.
La extensión del territorio panameño es de 75.517 kms2; la citada dimensión comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma marina, el subsuelo y el espacio aéreo.
Políticamente el territorio está organizado en 9 provincias, 74 distritos, 592 corregimientos y 5 comarcas.
La República de Panamá es un Estado soberano y su gobierno es democrático, unitario y republicano, que se elige cada cinco años.
La República de Panamá posee una extensión territorial de 75.512 km2, su división política corresponde a 9 provincias, 5 comarcas indígenas, 75 distritos y 621 corregimientos.
Según el XVI Censo de Población y Vivienda de 2000, Panamá tiene una población de 2, 839,177 habitantes, siendo mayor la proporción de hombres (51%) que de mujeres (49%). La densidad de población es 37.6 habitantes por km2; variando de 116.2 habitantes por km2, en la provincia de Panamá, a 3.4 habitantes por km2, en la provincia de Darién. El 49% de la población habita en la región metropolitana, principalmente en la ciudad capital de Panamá y sus alrededores, mostrando al interior del país una heterogeneidad en la distribución de la población.
A pesar que la población panameña, está conformada en un porcentaje casi igualitario entre hombres y mujeres, la población económicamente activa, PEA (1,448.532 habitantes), está representada por 62% de hombres y 38 % de mujeres; la población ocupada corresponde al 93.7% de la PEA (1,357.059 habitantes) donde las mujeres representan el 37% y los hombres 63%; mientras que del total de población desocupada (91,473 habitante), el 48% son hombres y 52% mujeres. Otro dato relevante es la considerada población no económicamente activa (861,231 habitantes), de las cuales el 72.7% son mujeres.
Además, se dan condiciones paralelas que son causa, y a la vez consecuencia de la pobreza, entre las que podemos considerar el analfabetismo - según el último censo de la Contraloría, existen 168,140 iletrados de diez años y más, lo que representa el 7.6% de la población del país, de los cuales 78,411 (3.6%) son hombres y 89,729 (4%) son mujeres.
En cuanto a la población de niñez y adolescencia, según datos suministrados por la Contraloría General de la República, en base en la estimación de la población al 1 de julio de 2006, el 11% son niños y niñas con menos de 5 años, 30% tienen menos de 15 años y 26% son jóvenes de 15 a 29 años. Para la niñez, adolescencia y jóvenes, se da una mayor proporción de hombres que de mujeres. Por ejemplo, en las comarcas indígenas las niñas y adolescentes representan sólo el 28% de toda la población.

CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA.


La República de Panamá constituye hoy una nación pluricultural y de diversidad étnica, en donde conviven un crisol de razas, entre mestizos, indígenas, orientales, afroantillanos, hebreos, hindúes, árabes y europeos, entre otras, con una posición geográfica privilegiada, una abundante y rica biodiversidad y una población relativamente pequeña, cuya esperanza de vida se ha elevado a 72.9 años para los hombres y 75 años las mujeres, con ligera tendencias a envejecer y a disminuir su crecimiento.
Según el último censo de población Panamá alcanzó, según el censo del año 2000, un total de 2.839,177 millones de habitantes y al igual que en otras naciones del continente, nuestra población está afectada por la desigual distribución, alta dispersión y la acelerada migración campo-ciudad, todo lo cual repercute en la cobertura y calidad de los servicios básicos, entre ellos los educativos. La condición histórica de país de tránsito y las múltiples migraciones que han tenido lugar en el territorio panameño durante su vida republicana, han hecho de nuestro país, un lugar cosmopolita, pluricultural y multilingüe.
Desde la creación de la República, el Estado ha encaminado sus acciones a la búsqueda de una imagen de la nacionalidad panameña, procurando establecer normas y pautas culturales comunes para todos los grupos sociales que habitan en el territorio nacional que contribuyan a consolidar una identidad nacional.
EL ENTORNO INTERNACIONAL QUE ORIENTAN LAS POLÍTICAS DEL ESTADO PANAMEÑO PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN.
La República de Panamá, así como la mayoría de los países del orbe y la Organización de Naciones Unidas, coinciden en afirmar que a pesar de decenios de lucha por erradicar, todas las formas de discriminación racial, algunas manifestaciones de la misma siguen infectando las relaciones y las instituciones humanas en todas las latitudes.
Al adherirse a los postulados de la Conferencia Mundial sobre el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, realizada en el año 2001, en Durban, Sudáfrica, Panamá reconoce que una de las formas más efectivas para luchar contra la discriminación racial es la educación, al señalar que:
“… la educación a todos los niveles y a todas las edades, inclusive dentro de la familia, en especial la educación en materia de derechos humanos, es la clave para modificar las actitudes y los comportamientos basados en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad en las sociedades…”

Nuestro país, ve la educación como ”…un factor determinante en la promoción, difusión y protección de los valores democráticos de justicia y equidad, que son fundamentales para prevenir y combatir el avance del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia…"


La República de Panamá, en el pasado reciente y en el presente, ha centrado sus esfuerzos en la atención prioritaria de la situación de las minorías étnicas, los indígenas, las personas con discapacidad, los grupos marginados y los sectores más vulnerables de la sociedad. Dichos esfuerzos prestan particular atención a la educación como un proceso por medio del cual los ciudadanos y la sociedad panameña en general puedan alcanzar su entero potencial.
Desde esta perspectiva el Estado panameño, ha logrado avanzar para eliminar el analfabetismo, ampliar la cobertura de oportunidades educativas para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria, expandir la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto en instituciones educacionales, entre otros esfuerzos en el campo educativo.
Todo lo anterior guarda relación con los compromisos asumidos por nuestro país para asegurar los derechos humanos a la educación, emanados de la Cumbre Mundial de la Tierra realizada en Río, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing y la Conferencia Hábitat II de Estambul; igualmente en la síntesis de la Declaración Mundial de Educación para Todos y la Afirmación de Amman.
Artículo 1 de la Convención
En la presente convención la expresión “Discriminación Racial” denominará toda distinción, exclusión restricción o referencia basada en los motivos de raza, color, linaje o origen nacional étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en…
Desarrollo del Artículo 1
El Estado Panameño en el entendido que la discriminación entre los seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacificas entre las naciones, tiene como norma jurídica establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, aprobada en 1972, y reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, los artículos 19 y 63:

Artículo 19.- No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Artículo 63.- A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas.
Es importante mencionar además, que mediante publicación oficial en la Gaceta Oficial No. 25.287 de la Asamblea Nacional de Diputados se creo la Ley No 11 de 22 de abril de 2005, prohíbe toda forma de discriminación laboral.

Artículo 2 de la Convención

Los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial…


Desarrollo del Artículo 2

Como ya lo hemos mencionado en el desarrollo del Artículo 1, el Estado Panameño, mediante normas jurídicas plenamente establecidas previene cualquier tipo de manifestación de esta índole.


Artículo 3 de la Convención
Los Estados Partes condenan especialmente la segregación racial el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.
DESARROLLLO DEL ARTÍCULO 3
En Panamá no existe el apartheid.

En este sentido, y de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política panameña, que a la letra dice: "La República de Panamá acata las normas del derecho internacional", el Gobierno de la República de Panamá ha ratificado un número plural de convenios internacionales en materia de derechos humanos y, de manera particular, aquellos que condenan las prácticas de racismo y cualquier forma de discriminación racial. En función de la ejecución de estas obligaciones se han adoptado un número plural de medidas legislativas, judiciales y administrativas. En virtud de lo anterior, el Código Penal, en su Libro II, Título IX, Capítulo III, sobre Delitos contra la Comunidad Internacional, en sus artículos 311 y 312, establece:


"Artículo 311.- El que tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado número de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza o creencia religiosa o política será sancionado con prisión de quince a veinte años.

Artículo 312. El que reclute gente, acopie armas o realice otros actos hostiles no aprobados por el Gobierno y emprenda dentro del territorio de la República o en el extranjero actos contra otro Estado, que exponga a Panamá a los peligros de una guerra o a la ruptura de las relaciones internacionales, será sancionado con prisión de tres a seis años."


Artículo 4 de la Convención
Los Estados partes condenan toda propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial…
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 4
Con referencia a este artículo de la Convención, el mismo aparece regulado en el artículo 39 de la Constitución Política panameña, al establecer que “No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial.” al contemplar el derecho a formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal.

Por otro lado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, en cuanto a la publicidad, propaganda, anuncios nacionales o extranjeros, mediante Resuelto Nº 00615 de 30 de abril de 1991 se crea la Comisión de Publicidad y Propaganda, integrada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Medios de Comunicación Social. Esta Comisión es la encargada de evaluar todos los anuncios publicitarios que tienen que ver con salud, higiene, alimentos, bebidas alcohólicas y drogas, con el fin de proteger el completo bienestar físico, mental y social de la población sin distingo de raza, color u origen étnico. En el Ministerio de Gobierno y Justicia no se ha presentado querella alguna o denuncia en materia de discriminación racial en alguna de sus formas.



Artículo 5 de la Convención
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido porfuncionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;

d) Otros derechos civiles, en particular:

i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;

ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;

iii) El derecho a una nacionalidad;

iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;

v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;

vi) El derecho a heredar;

vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;

ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;

ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;

iii) El derecho a la vivienda;

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;

v) El derecho a la educación y la formación profesional;

vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 5
La Constitución Política de la República de Panamá, en el artículo 21 establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Nadie puede estar detenido más de veinticuatro (24) horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente.

En ese sentido, toda persona tiene derecho a ser informada inmediatamente y en forma comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.


El Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional que le obliga a perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales. (Numeral 4, del artículo 220)

Asimismo, nuestra Carta Magna establece los principios en que se funda el sistema penitenciario:


Seguridad

Rehabilitación



Defensa Social
Al tiempo que dispone que se establecerá la capacitación a los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad y que los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación. El Artículo 27 de la Constitución Política de la Republica de Panamá, señala que “toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración”. Por otra parte, la Constitución dispone en su Artículo 17, que “las autoridades deben proteger la vida, honra y bienes de los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción”; mientras que el Artículo 19, señala que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza”.
En este sentido, el Artículo 20 de la Constitución establece la igualdad ante la Ley de nacionales y extranjeros, no obstante, detalla que es posible, por razones excepcionales en razón de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general.
Partimos entonces de que tanto nacionales como extranjeros son iguales ante la Ley por lo que ambos tienen derecho a establecer su domicilio en el lugar de su preferencia, sin ningún tipo de restricción por parte de las autoridades más que los sujetos al respeto del derecho a la propiedad privada.
El artículo 15 de la Constitución Nacional establece que extranjeros y nacionales son iguales ante la Ley, el Estado tiene la obligación de proteger las garantías fundamentales de nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción.
La Dirección de Migración toma las medidas necesarias para la protección de los derechos civiles y políticos de los extranjeros en cumplimiento del artículo 17 de la Constitución que establece que el Estado protegerá los derechos fundamentales de los extranjeros bajo su jurisdicción. Sin embargo, de existir una denuncia o queja respecto a la violación de derechos, los interesados podrán interponer las quejas administrativas contempladas en la Ley 38 de 2000 que regula el procedimiento administrativo.
La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo No. 26 establece que el domicilio o residencia son inviolables, señala que nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. De igual manera tiene rango constitucional la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados que no pueden ser examinados, ni retenidos, sino por su dueño.
En Panamá podemos señalar que tanto el domicilio, como la familia, la vida privada así como la correspondencia, tienen a su haber variada legislación que la protegen y salvaguardan de cualquier injerencia o intromisión que se de en contra de la voluntad de sus dueños y al margen de la ley. Este derecho supone igualmente asegurar la libertad de profesar y manifestar cualquier clase de ideas y creencias, por parte de individuos y colectivos sociales, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Tal libertad conlleva, de forma necesaria, la prohibición de obligar a nadie a declarar acerca de sus contenidos; o de ocasionar discriminación alguna por su causa. Por lo tanto, a modo de garantía objetiva, la misma conlleva habitualmente, una cualificada exigencia de neutralidad del poder público ante sus diversas expresiones.
El reconocimiento y la efectiva garantía de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en la Constitución de la República de Panamá, se encuentran resguardados en los artículos 35 y 37.
El artículo 35 establece que es libre la profesión de todas las religiones y el ejercicio de todos los cultos; y el artículo 37 que toda persona puede emitir libremente sus pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier medio sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales, cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

En lo que respeta a la libertad de pensamiento, existen las responsabilidades legales cuando se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o de orden público.



La Defensoría del Pueblo de Panamá, lleva a cabo una labor de protección, promoción y educación de los derechos fundamentales dentro de los que se encuentra establecido en el artículo 18 del Pacto. En dicha labor se capacita a funcionarios, organizaciones no gubernamentales y a la población, mediante seminarios, talleres, programas radiales y de televisión, trípticos, Programa de Defensoría Móvil, reuniones interinstitucionales y con las partes afectadas.
El Código de la Familia y el Menor señala expresamente que se prohíbe la difusión de mensajes, programas o propaganda que contengan apología del delito. Igualmente señala que los medios de comunicación evitarán la difusión de programas, mensajes o propagandas que “...contengan pornografía, violencia gráfica y mutilación.” (Art. 485).
Debe resaltarse que ésta última norma prevé que el Órgano Ejecutivo reglamentará la aplicación de éstas disposiciones mediante la Comisión Ejecutora del Código de la Familia.
El Derecho de Reunión constituye una de las manifestaciones eminentes de la libertad general de actuar, y que dentro de una democracia participativa permite a todo ser humano concurrir de común acuerdo con otras personas a un mismo lugar, con el propósito de lograr un fin específico.
El Artículo 40 de la Constitución Política establece que “Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.
No se establecerá impuestos o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes.
Por su parte el artículo 39 de la Constitución Política señala en su párrafo segundo “…La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la Ley panameña.” De esta manera la legislación panameña regula los derechos que tiene cada miembro de la sociedad a reunirse con fines políticos (derecho político), o simplemente para acordar acciones comunes (derecho cívico).
El derecho de asociación es definido como la potestad y autonomía que poseen todos los trabajadores para agruparse establemente con el fin de participar en la organización de las relaciones productivas. De igual manera, la libertad sindical aparece como una manifestación concreta del derecho de asociación, que adquiere en consecuencia, su mismo valor constitucional.
Respecto a las medidas especiales de protección a la niñez, cabe señalar que la Constitución Política establece la edad de 18 años para alcanzar la mayoría de edad. Asimismo, Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño a través de la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, en donde se establece que se entiende como niño a toda persona menor de 18 años de edad.
Por otro lado, la Constitución Política, el Código de la Familia y otras leyes brindan protección a determinados grupos de niños, niñas y adolescente conforme a su edad, a saber:
La Constitución Política en su artículo 70 establece la prohibición del trabajo a las personas menores de 14 años de edad y el trabajo nocturno a las personas menores de 16 años de edad. Prohíbe igualmente el empleo de menores hasta de catorce años en calidad de sirvientes domésticos y el trabajo de los menores y de las mujeres en ocupaciones insalubres.
El Código de la Familia en el Libro II Título V regula lo referente a las personas menores de edad trabajadores, estableciendo igualmente la edad mínima de admisión al empleo a los 14 años y regula las condiciones de trabajo. Por otra parte en su artículo 510 establece la prohibición a las personas menores de 18 años de realizar trabajos que por su condición o naturaleza sean peligrosos para la vida, salud o moralidad o afecte su asistencia al sistema educativo.

Panamá emitió una serie de regulaciones para la prohibición del trabajo infantil peligroso en las que podemos mencionar el Decreto Ejecutivo 19 de 12 de junio de 2006, mediante el cual se aprueba la lista de trabajo infantil peligroso en el marco de las peores formas de trabajo infantil, el cual enlista los trabajos peligrosos como una obligación adquirida por el Estado, la Ley 18 de 15 de junio de 2000, por la cual se aprueba el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación.


La Constitución Política de Panamá en su artículo 37 con relación a la libertad de expresión, de opinión y de asociación, deja constancia que en nuestro país, las personas pueden emitir libremente su pensamiento por escrito o por cualquier otro medio de comunicación, sin sujeción a censura.

El ejercicio de este derecho puede engendrar responsabilidades de carácter legal allí donde surjan o se pretendan lesiones contra la reputación o la honra de las personas, contra la seguridad social y el orden público.


En lo que respecta a los medios de comunicación social es importante destacar, igualmente, lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que dice así:

"Artículo 85.- Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica.


Cuando se trate de la publicidad o la difusión de propaganda, éstos no deben ser contrarios a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La ley reglamentará su funcionamiento."
El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Junta Nacional de Censura, creada por el Decreto de Gabinete Nº 251 de 6 de agosto de 1969, realiza una importante labor en materia de preservar la moralidad pública mediante la clasificación y evaluación de los espectáculos públicos a través de una Secretaría ejecutiva que coordina estas funciones con los miembros de la Junta Auxiliares de Censura y Juntas Distritoriales, procurando estimular la conservación de la moralidad pública de los ciudadanos y los residentes en el país. La Junta Nacional de Censura tiene como su responsabilidad y objetivo crear conciencia en la sociedad, en el proceso de rescatar los valores cívico morales para la formación integral de la niñez y juventud. Está actualmente en estudio un anteproyecto de ley por el cual se crea la Junta Nacional de Clasificación, en sustitución de la Junta Nacional de Censura.

Cabe destacar que se han desarrollado seminarios especializados en la comunicación social. Uno de estos seminarios se proyectó hacia la forma correcta de divulgar y aplicar el nuevo Código de la Familia, aprobado mediante la Ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, la Ley Nº 12 del 25 de julio de 1994 y la Ley Nº 4 de 20 de enero de 1995. Este Código contiene varios artículos -485, 501, 510, 520, 530, 564, 565, 575, 576, 577, 578, 655, 661, 662, 663 y 676- que se refieren a los medios de comunicación social, su misión y relación con el bienestar del núcleo familiar.


En cuanto al derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, nuestra Constitución Política dispone, en su artículo 38, lo siguiente:

"Artículo 38.- Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y sólo requieren para efectuarse aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro horas.”


La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de terceros."

Por otra parte, el derecho a formar asociaciones se encuentra consagrado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, de la siguiente manera:


"Artículo 39.- Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teoría basada en la pretendida superioridad de una raza o de grupo étnico, o que justifiquen la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley panameña."

Le corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia otorgarle personalidad jurídica a toda asociación sin ningún tipo de discriminación, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Durante el año 1995, el Ministerio de Gobierno y Justicia reconoció aproximadamente 200 asociaciones sin fines de lucro y les otorgó la personería jurídica correspondiente.
En el mismo orden, la Carta Magna tiene una serie de disposiciones que promueven y salvaguardan el derecho al trabajo sin excepción alguna. Así, el Capítulo 3, en su Título III sobre el Trabajo, especialmente en los artículos 60, 61 y 63 que dispone lo siguiente:
"Artículo 60.- El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa.

Artículo 61.- A todo trabajador al servicio del Estado o de empresa pública o privada o de individuos particulares, se le garantiza su salario o sueldo mínimo.


Artículo 63.- A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo cualesquiera sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas."
En lo que respecta a las normas del artículo 10 del Código de Trabajo, se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario, comprendidos en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieran a un trabajador por razón de la relación de trabajo.
En este aspecto, el Código de Trabajo, en el artículo 145, estipula que en los casos de violación del principio de igualdad del salario, o en los de actividades para las cuales no se ha señalado salario mínimo, o cuando la remuneración sea notoriamente inequitativa en comparación con el salario promedio existente en la industria o actividad de que se trate, el trabajador afectado podrá reclamar, mediante el proceso abreviado, la fijación del salario que corresponda. El salario que se fije se hará efectivo a partir de la ejecutoria de la sentencia.
El artículo antes mencionado establece medios efectivos para la reparación en caso de violación del principio de igualdad del salario, el mínimo o inequitativo, de modo que no continúe siendo, en el derecho laboral panameño, la enunciación de los principios mencionados una mera declaración lírica.
Constituye también una práctica desleal en contra de los derechos del trabajador si se discrimina por algunos de los motivos estipulados en el ordinal 3 del artículo 388 del Código de Trabajo, como lo son: los despidos, sanciones, represalias, traslados, desmejoramiento o discriminaciones motivados por reclamos individuales o colectivos, por el hecho de organizar o pertenecer a un sindicato, o por haber participado en una huelga o pliego de peticiones.
Igualmente, el Código de Trabajo, consecuente con las disposiciones de la Carta Magna, fue reformado mediante Ley Nº 44 del 12 de agosto de 1995 por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales y establece:
"Artículo 1.- El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo sobre la base de justicia social concretada en la Constitución Política de la República, fijando LA PROTECCION ESTATAL EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.
El Estado intervendrá para promover el pleno empleo, crear las condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa..."
Adicionalmente, el Código de Trabajo, en el título I del libro I, estipula normas generales de protección del trabajo que establecen medidas destinadas a la protección del trabajo de los nacionales, la jornada de trabajo y los descansos obligatorios. El artículo 3 de la Ley Nº 44 subroga el artículo 22 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971 así:
"Artículo 22.- Se permite la constitución y funcionamiento de agencias privadas de colocación de empleos, con o sin fines de lucro, siempre que no le cobren emolumento alguno al trabajador que solicita sus servicios. El Órgano Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de estas agencias, tomando en consideración los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las universidades, los colegios profesionales y técnicos, al igual que la Fundación del Trabajo, podrán crear, sin fines de lucro, bolsas de colocación que fomenten el empleo de futuros profesionales. Estas bolsas tendrán especial atención en la colocación de graduados para facilitarles las prácticas profesional y técnica."
De igual manera, el artículo 4 de la Ley Nº 44 modifica el numeral 1 del artículo 39 del Código de Trabajo que genera la obligación para todo empleador de conceder a sus trabajadores el período de descanso normal que necesiten para reponer sus fuerzas, de conformidad con las siguientes reglas: "1. La jornada de trabajo tendrá un período de descanso no menor de media hora ni mayor de dos horas. Sin embargo, en caso de jornadas nocturnas o mixtas, el empleador y el trabajador pueden convenir en distribuir dichos descansos sin exceder los límites de la jornada correspondiente, de manera que no se interrumpa la producción".
El artículo 6 de la Ley Nº 44, que reforma un párrafo al artículo 59 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971, señala que, en caso de acumulación de las vacaciones, el trabajador tendrá un descanso mínimo obligatorio de 15 días remunerados en el primer período, y acumulará los otros días para el segundo período.
De igual manera, el artículo 7 de la Ley Nº 44, que subroga el artículo 60 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971, establece que, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá, durante el tiempo en que el trabajador permanezca incapacitado o disfrutando de sus vacaciones, iniciar, adoptar, ni comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código.

Para tales efectos, durante estos períodos quedan suspendidos los términos de caducidad y prescripción.


El artículo 14 de la Ley Nº 44 establece que toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las seis semanas que preceden al parto y las ocho que le siguen. En ningún caso, el período de descanso total será inferior a 14 semanas, pero, si hubiese retraso en el parto, la trabajadora tendrá derecho a que se le concedan, como descanso remunerado, las ocho semanas siguientes al mismo. El empleador cubrirá la diferencia entre el subsidio económico que otorga la Caja de Seguro Social por maternidad y la retribución que, conforme a este artículo, corresponde a la trabajadora en estado de gravidez. Cuando la Caja de Seguro Social no esté obligada a cubrir el subsidio de maternidad, la obligación que señala este artículo correrá íntegramente a cargo del empleador.
El Órgano Ejecutivo queda facultado para expedir reglamentos en desarrollo de este artículo, estableciendo períodos de licencia menores que los aquí previstos en actividades y oficios que, por su naturaleza, así lo requieran. En estos casos también se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Durante el período de licencia señalado en este artículo, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá iniciar, adoptar ni comunicar a la trabajadora ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código y, para estos efectos, durante este período se suspenden los términos de caducidad y prescripción establecidos a favor del empleador.
Por otro lado, en el título III del libro I del Código también se establecen normas especiales sobre la protección del trabajo en lo que se refiere a la contratación de panameños para trabajar fuera del territorio nacional y sobre el trabajo de las mujeres y menores.
Vale destacar que las disposiciones del Código de Trabajo, conforme a lo señalado en el artículo 2, son de orden público y obligan a todas las personas, naturales o jurídicas, empresas explotaciones y establecimientos que se encuentren o se establezcan en el territorio nacional. Por consiguiente, los extranjeros que presten servicios en el territorio nacional quedan sujetos a las normas del trabajo.

En lo que se refiere a la protección contra el desempleo, en los últimos años de la década de los 80, Panamá -como ya se ha señalado- padeció una severa crisis política que fue acompañada de una crisis similar en el campo económico trayendo una serie de consecuencias negativas en todo lo relativo al mercado de trabajo.


Todo lo anterior se vio severamente agravado por los sucesos ocurridos en el mes de diciembre de 1989, ya que como consecuencia de la invasión estadounidense que sufrió el país, se produjo un saqueo casi total de los locales comerciales y de buena parte de los servicios en las ciudades de Panamá y Colón, que concentran más de la mitad de la actividad del país, produciendo niveles sin precedentes de desempleo producto del cierre imprevisto de casi el 100% de los locales comerciales de estas ciudades. En el mes de enero de 1990, la tasa de desempleo abierto alcanzó el 35%.
Para enfrentar esta excepcional situación, el Gobierno puso todo su empeño -recayendo la mayor responsabilidad en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social- en tratar de llegar a arreglos positivos desde el punto de vista laboral entre empresarios y trabajadores con la finalidad de propiciar una pronta reapertura de los locales comerciales y de servicio y reactivar la colocación de la mano de obra desplazada. El esfuerzo conjunto del sector público y del privado logró reducir la tasa de desempleo abierto en el año 1994 al 13,8%.
En estos acuerdos se puso particular empeño en preservar las garantías básicas que promulga la legislación laboral de la República de Panamá y garantizar que tuviesen acceso al trabajo todos los trabajadores que al momento de las acciones bélicas estuvieron laborando en las empresas, sin considerar su antigüedad, sexo, raza, ocupación.
En este aspecto la Ley Nº 44 del 12 de agosto de 1995, moderniza las relaciones laborales tomando en consideración las experiencias ocurridas durante la crisis de 1987-1990, para evitar las pérdidas de fuentes de empleo y normalizar las relaciones laborales en tiempo de crisis económicas graves de carácter nacional.

Un ejemplo de estas nuevas consideraciones está enmarcado en el nuevo artículo 159 del Código de Trabajo, en donde el salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aun mediante el consentimiento del trabajador. Sin embargo, en los casos en que por razones de crisis económica grave, de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades administrativas de trabajo, donde esté en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical o de los trabajadores donde no exista ésta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis.


En tales situaciones el Estado aunará esfuerzos con los trabajadores y empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis.


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