Constitucion politica de la republica del ecuador



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L. Artículo 13
232. El Estado ecuatoriano en su legislación no contempla la figura de la expulsión sino de la deportación y la exclusión. La legislación interna determina expresamente las causas por las cuales un extranjero puede ser deportado de acuerdo a la Ley de Migración. En ningún caso un extranjero que se halle legalmente en el país puede ser deportado, salvo cuando exista una solicitud de extradición, debidamente justificada por el país solicitante, en base a convenios de cooperación penal o judicial vigentes o cuando no pudiera ser juzgado en el territorio ecuatoriano por un delito común cometido fuera del país. La Ley de Migración también establece causas de exclusión a extranjeros para el ingreso al territorio nacional, asimismo por motivos de migración irregular o por delitos comunes cometidos en el exterior.
233. El artículo 19 de la Ley de Migración establece los motivos de deportación de extranjeros del territorio nacional, que básicamente están relacionados con causas de irregularidad migratoria, como el ingreso al país de manera ilegal o la permanencia en el territorio fuera del plazo legal. El artículo 19, numeral III, prevé también la deportación para los extranjeros que hubieren cumplido una condena penal o hubieren obtenido el indulto por una determinada pena en el Ecuador y que no tengan regularizada en el país su condición migratoria y el numeral IV del mismo artículo para los extranjeros que no pudieran ser juzgados en el país por delitos comunes.
234. El Art. 29 de la Constitución Política de la República señala que el Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo. Concordante con esta normativa, la Ley de Extranjería (promulgada mediante Decreto Supremo 1897, Registro Oficial 382, de 30 de diciembre de 1971), dispone en su Artículo 6, que los extranjeros que hubieren sido desplazados como consecuencia de guerras o persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, podrán ser admitidos en condición de asilados por el Gobierno del Ecuador, observándose lo dispuesto en los respectivos convenios internacionales o, en su defecto, se aplicarán las normas de la legislación interna.
235. El artículo 15 de la Ley de Migración y el Reglamento para la Aplicación de las Normas de la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo, expedido este último mediante Decreto Ejecutivo N.° 3.316, de 6 de mayo de 1992, prohíben la expulsión o rechazo en frontera de extranjeros que hayan solicitado asilo o refugio; por tanto, no pueden ser deportados al país de tránsito o de origen, independientemente de su condición migratoria. Esta prohibición es temporal hasta que se determine la calidad de refugiado o asilado, por parte de la Comisión de Elegibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esta disposición, se garantiza el principio de no devolución, previsto en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

236. Estas normas han sido acatadas por las autoridades ecuatorianas en todos los casos, ya que, hasta la presente fecha, no se conoce de denuncias que indiquen la deportación de ciudadanos a territorios en los que se presuma peligro para su integridad física o libertad personal.


237. La Ley de Migración, en su artículo 37, establece la privación de la libertad de ciudadanos extranjeros cuando han cometido delitos de carácter migratorio. El Código Penal determina la privación de la libertad por delitos flagrantes en el uso de documentos de viaje y de identificación tales como: suplantación de identidad, falsificación de documentos públicos, utilización de sellos y visas falsos, adulteración de pasaportes, etc. Las penas por estos delitos, según la Ley de Migración van de seis meses a tres años de prisión.
238. La autoridad responsable para deportar a extranjeros es el Intendente General de Policía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley de Migración, previo el cumplimiento del proceso legal respectivo. El proceso de investigación para estos casos se sujeta a las normas del debido proceso, señaladas en el Artículo 24 de la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal.
1. Procedimiento de la deportación
239. El Intendente General de Policía de cada Provincia inicia el juzgamiento en base al informe expreso del agente de policía del Servicio de Migración, de la respectiva notificación del juez o tribunal, del director del establecimiento penitenciario o del Director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
240. Según los artículos 25 y 26 de la Ley de Migración, en el proceso que es totalmente sumario, el Intendente convoca, en un plazo que no puede exceder de 24 horas desde la instrucción penal, a la audiencia en que se resolverá la acción de deportación. En la audiencia intervienen el Ministerio Público, el extranjero y su defensor privado o de oficio y el representante de su gobierno acreditado en el Ecuador si existiere, quienes exponen los documentos y situaciones de hecho y derecho, con lo que se garantiza el derecho a la defensa del extranjero.
241. Posteriormente, en el término de cuarenta y ocho horas, el Intendente emite su fallo, el cual no es susceptible de recurso administrativo o judicial, salvo para el caso en que se haya sobreseído de la deportación de manera provisional a un extranjero, circunstancia en la cual se eleva a consulta del Ministro de Gobierno, quien debe confirmar o revocar el sobreseimiento en el plazo de cinco días, desde la recepción del fallo del Intendente (Artículos 28, 20 y 30 de la Ley de Migración). Cuando el extranjero es sobreseído de la deportación, tiene derecho a la acción de daños y perjuicios (Artículo 29 de la Ley de Migración).
242. La Dirección Nacional de Migración ejecuta el fallo de deportación. Así, en orden de prioridad, el extranjero puede ser trasladado al país que provino con anterioridad a su ingreso; al país donde se embarcó con destino al Ecuador; al país de origen; al país donde estuvo domiciliado con anterioridad a su ingreso o, al país que lo acepte (Artículo 35 de la Ley de Migración).
243. A continuación se muestran estadísticas de extranjeros deportados, detenidos por delitos migratorios y excluidos, es decir, no aceptados para ingresar al país, en el año 2004.

ESTADÍSTICAS MIGRATORIAS AÑO 2004

JEFATURAS

DEPORTADOS

DETENIDOS

EXCLUIDOS

PICHINCHA

1105

415

122

GUAYAS

613

194

151

EL ORO

234

166

1

MANABI

201

63

1

IMBABURA

200

302

0

CARCHI

78

73

0

AZUAY

67

67

0

TUNGURAHUA

59

56

0

LOJA

35

46

1

CAÑAR

21

13

0

CHIMBORAZO

16

38

0

NAPO

14

12

0

PASTAZA

13

13

0

ZAMORA CHINCHIPE

9

4

0

ESMERALDAS

7

26

0

COTOPAXI

4

1

0

BOLIVAR

2

18

0

SUCUMBIOS

2

22

0

MORONA SANTIAGO

1

2

0

GALÁPAGOS

0

0

0

LOS RIOS

0

6

0

TOTAL

2681

1537

276

Fuente: Dirección Nacional de Migración

244. El Estado ha realizado esfuerzos para legalizar la permanencia de extranjeros ilegales que ingresan a su territorio, evitando en lo posible, su deportación del territorio nacional.


245. El conflicto armado en Colombia y, particularmente la aplicación del Plan Colombia desde el año 2000, ha tenido repercusiones para el Ecuador, en materia de seguridad, migración, medio ambiente, salud y trabajo. El alto nivel de violencia que vive Colombia por su conflicto armado interno ha obligado a una buena parte de sus habitantes a abandonar su país, en búsqueda de lugares donde se les ofrezca tranquilidad y se les permita desarrollar actividades en beneficio exclusivo de su mejoramiento personal y familiar. En este ámbito, muchos han escogido al Ecuador para radicarse, realidad que ha incrementado la problemática social, porque el país no ofrece condiciones suficientes para su asentamiento.
246. De acuerdo a las estadísticas, las cifras de ciudadanos colombianos que han ingresado y se han radicado en el país se han incrementado año a año. Miles de personas que han ingresado como turistas se han quedado residiendo ilegalmente en el Ecuador, particularmente en las provincias fronterizas de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. Fuentes extraoficiales indican que estarían en condición irregular alrededor de 300.000 personas.
247. Igualmente, desde la Firma de la Paz con el Perú y la dolarización en el Ecuador, se ha incrementado el flujo migratorio de ciudadanos peruanos que ingresan al país en calidad de turistas y con el fin de mejorar sus ingresos económicos se quedan trabajando ilegalmente (alrededor de 40.000 personas, según fuentes extra oficiales).
Estadísticas de refugiados y solicitantes de refugio en el Ecuador.

Año

SOLIC.

ACEP.

NEGA.

CADU.

CANC.

REA.

REPA.

PEN COM.

PEN.

2000

475

390

60

 

 

 

36

 

 

2001

3.017

1.406

394

999

 

 

87

 

 

2002

6.766

1.578

1.199

1.586

 

4

7

 

 

2003

11.463

3.270

4.392

3.606

 

157

4

 

 

2004

7.935

2.420

4.200

1.930

 

379

4

 

 

2005

7.091

2.435

2.673

1.312

11

 

0

168

 

2006

7.638

2.026

2.691

2

3

332

3

23

 

2000-2006

44.385

13.525

15.609

9.435

14

872

141

191

4.598

PORCENTAJE

100,00

30,47

35,17

21,26

0,03

1,96

0,32

0,43

10,36



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