Constitucion politica de la republica del ecuador



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G. Artículo 8

168. La Constitución Política de la República, en el artículo 23, numeral 4, prohíbe la esclavitud y la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. El artículo 23, numeral 17, establece: “La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso”.

169. Este principio consagrado en la Constitución es recogido también por el Código de Trabajo, Artículo 3 y es obligación de las autoridades laborales controlar el respeto de los derechos de los trabajadores, denunciar y sancionar cualquier forma de explotación laboral, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubieren lugar cuando se infringen los derechos humanos en general.

170. En el año 2004 se creó, mediante Decreto Presidencial, una Comisión para la elaboración del “Plan Nacional para combatir el plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y, otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”.


171. Mediante las reformas al Código Penal, aprobadas en junio de 2005, se tipifican los delitos de pornografía infantil, de la trata de personas, los delitos relativos a la extracción y tráfico ilegal de órganos y los delitos de explotación sexual, considerados como nuevas formas de esclavitud.
172. En abril del 2006 se concretó la elaboración de dicho Plan, cuyo objetivo es promover acciones integrales y coordinadas entre las diferentes instituciones del Estado, de la sociedad civil y organismos internacionales, tendientes a reconocer la existencia y consecuencias de los delitos de explotación sexual comercial infantil, prostitución forzada de mujeres, plagio, tráfico y trata de personas; construir y poner en marcha sistemas especializados para combatir dichos males e implementar el marco jurídico internacional en la normativa nacional, de manera que las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas, o en riesgo de serlo, gocen de garantías para la atención, protección y restitución de sus derechos.
173. Actualmente, la Comisión está diseñando los mecanismos adecuados de ejecución del Plan. Ello implica aprobar un nuevo Decreto Ejecutivo mediante el cual se formaliza la creación de la Comisión Interinstitucional y de la Secretaría Técnica del mismo, definiendo los roles de cada una de las instituciones que hacen parte de estas instancias y que ya han venido funcionado desde el 2004.
174. En el Ecuador la prostitución no está prohibida. Sin embargo, quienes promuevan y utilicen dicha actividad con fines de explotación son sancionados, según las normas penales antes señaladas. No existen datos estadísticos a nivel nacional sobre el número de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución. Se cuenta solamente con datos parciales provenientes de asociaciones de mujeres trabajadoras sexuales; sin embargo, la mayoría de mujeres no se encuentran asociadas.
175. Con la reforma al Código Penal del año 2000 (Registro Oficial N.° 110, de 30 de junio de 2000), se tipificó el delito de tráfico ilegal de migrantes nacionales o extranjeros hacia otros países, estableciendo sanciones de reclusión menor ordinaria de tres a seis años para los traficantes de personas. La Ley Reformatoria al Código Penal, publicada en el Suplemento 1 del Registro Oficial N.° 427, de 29 de diciembre de 2006, incrementó las penas por estos crímenes a reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de hasta cuarenta remuneraciones básicas, sancionando inclusive a los encargados de la custodia de menores, como padres, familiares y otros. Con estas disposiciones, se procura aplicar las normas internacionales que prohíben el tráfico ilegal de personas, como la Convención internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y el Protocolo Adicional de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, referente al tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire, de los cuales el Estado es Parte.
176. Más información sobre el flujo migratorio de ecuatorianos hacia el exterior y de extranjeros al interior del país se encuentra en el Artículo 12 de los presentes informes.

H. Artículo 9

177. El derecho a la libertad y a la seguridad personales está consagrado en el artículo 24, numeral 6 de la Constitución Política del Ecuador, el cual señala que nadie puede ser privado de su libertad, salvo en virtud de orden escrita de autoridad competente, por el tiempo y de acuerdo a las formalidades prescritas por la ley, excepto en casos de delito flagrante, en los que una persona puede ser detenida sin orden judicial por un término no mayor de 24 horas. Esta disposición la confirma el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 174. El artículo 24, numeral 4 de la Constitución dispone también que toda persona detenida tenga derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio. Tampoco podrá mantenerse detenido sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Nadie podrá ser incomunicado. Esta disposición constitucional se pone en práctica con los artículos 2 del Código Penal y Código de Procedimiento Penal que se refieren al principio de legalidad.


178. Para privar de libertad a una persona se debe observar también las disposiciones del artículo 166 del Código de Procedimiento Penal vigente. El Código Penal Ecuatoriano sanciona las violaciones al derecho a la libertad individual, en el Capítulo III, del Título II, del Libro Segundo, relacionado con los “Delitos contra la Libertad Individual” (artículos 180 al 190).
179. En lo que respecta a la observación constante en el párrafo 13 de las Observaciones Finales del Comité, según la cual “aproximadamente el 70% de las personas recluidas se encuentran en espera de juicio durante un período máximo de una tercera parte de la posible pena que se les pueda imponer”, es de notar que, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 8 del artículo 24, de la Constitución vigente, “la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce de la causa. En todo caso y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.”
180. Con la aplicación de esta norma obtuvieron su libertad 753 detenidos en el año 2000, según el Boletín Estadístico de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social del mismo año.
181. Sin embargo, la Unidad de Presos sin sentencia del Consejo Nacional de la Judicatura, en el año 2002, destacó que a partir de la vigencia de la actual Constitución, la defensa de los detenidos incrementó conductas e incidentes procesales tendientes a entorpecer y retardar el trámite de las causas con el propósito de cumplir los plazos establecidos en la norma constitucional arriba señalada (Art. 24, numeral 8) y pedir la revocatoria de la orden de prisión; a ello también se suma el retardo de la instrucción fiscal y de los informes de la Policía Judicial.
182. En delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, por ejemplo, las audiencias de juzgamiento no se realizaron por: a) la constante inasistencia del defensor del procesado; b) por la negativa del reo a ser defendido por los Defensores Públicos que les asignan los Tribunales y, en otras ocasiones c) por la inexplicable falta de presentación de los reos, porque su salida no fue facilitada de manera oportuna por las autoridades del centro carcelario.
183. Estas circunstancias hacen que los procesos sufran retardo, lo que ocasiona que los Tribunales no lleguen a aplicar los plazos previstos para la prisión preventiva, establecidos en el Art. 24, numeral 8 de la Constitución. La disposición constitucional está dirigida a amparar a los detenidos cuyas causas penales sufren retardo en el trámite por negligencia judicial; sin embargo, de lo anterior, se evidencia que no existe tal negligencia, pues en la actualidad obedecen a los incidentes señalados.
184. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura exhortan a los jueces del área penal a impulsar los procesos penales, para que den prioridad a aquellos en los que se ha dictado orden de prisión preventiva.
185. El nuevo Código de Procedimiento Penal, vigente desde el 13 de julio de 2001, regula la prisión preventiva en su artículo 167 y establece las circunstancias para la aplicación de tal medida: “Garantizar la presencia del imputado o acusado al proceso; asegurar el cumplimiento de la pena; ordenar la prisión preventiva siempre que medien los siguientes requisitos: a) Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; b) Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito; y, c) Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad, superior a un año.
186. El artículo 174 del Código de Procedimiento Penal señala que se suspenderán los efectos del auto de prisión preventiva o de la “detención en firme” cuando el imputado rindiere caución a satisfacción del juez competente, caución que podrá consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía de una institución financiera.
187. En el mismo Código, con reforma de enero de 2003, se incluyó la “Detención en Firme”, en el artículo 173-A, a fin de contar con la presencia del acusado y evitar en suspensión, en el auto de llamamiento a juicio, el juez que conoce la causa deberá obligatoriamente ordenar la detención en firme del acusado, con excepción de los siguientes casos:

a) para quien haya sido calificado como presunto encubridor;



b) para quienes estén siendo juzgados por una infracción cuya pena no exceda de un año de prisión. Si el acusado tuviera en su contra orden de prisión preventiva, al dictarse el auto de llamamiento a juicio, se le cambiará por la detención en firme.” Es decir, con la detención en firme, dictada la resolución de auto de llamamiento a juicio, se eliminaba la prisión preventiva desde ese momento procesal.

188. En enero del año 2004, la Corte Suprema de Justicia mantuvo reuniones con los representantes de los detenidos que pedían la liberación de quienes estaban bajo prisión preventiva y que habían sobrepasado el límite establecido por la Constitución para su liberación. Así, en resolución de 14 de enero de 2004, la Corte decidió que los procesos penales iniciados antes del 13 de enero del 2003 no estarían sujetos a la detención en firme, a que se referían los Artículos 10, 16, 28 y 34 de la Ley 2003-101, reformatoria del Código de Procedimiento Penal, promulgada en el Registro Oficial N.° 743 de 13 de enero de 2003, ya mencionada. Por consiguiente, en esos procesos el juez o tribunal dejaron sin efecto -por ineficaz- la orden de detención en firme. Esta resolución tuvo fuerza obligatoria. Con ello, se logró la liberación de varios detenidos, lo que contribuyó en algo a la reducción del hacinamiento en las cárceles y centros de detención.
189. La Corte Suprema de Justicia aplicó el articulo 24, numeral 2 de la Constitución Política de la República que establece que en caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación fuere posterior a la infracción; en caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable al encausado; norma concordante con los artículos 2 del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.
190. Por lo manifestado y por la connotación social de la aplicación de la figura jurídica de la detención en firme, ésta procedía exclusivamente para los procesos iniciados a partir del 13 de enero de 2003. Esta disposición legal fue cuestionada por las autoridades estatales, por la sociedad civil y por los prisioneros, lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el recurso judicial de la detención en firme y los artículos del Código de Procedimiento Penal que regulaban dicho recurso. La resolución del Tribunal Constitucional fue publicada en el Registro Oficial N.° 382, de 23 de octubre de 2006. Por lo tanto, la detención en firme ha quedado jurídicamente derogada.
191. En el siguiente cuadro, se puede observar que a partir de la vigencia de la actual Constitución y del nuevo Código de Procedimiento Penal, las quejas por violaciones al debido proceso y por detenciones arbitrarias han disminuido entre 1998 y 2006, mientras que las acciones por amparo constitucional se han incrementado.
TIPO Y NUMERO DE TRAMITES PRESENTADAS EN EL ÁMBITO NACIONAL EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AÑOS 1998- 2006

*TIPO DE TRÁMITE*

*1998 1999*

*2000*

*2001*

*2002*

*2003*

*2004*

*2005*

*2006*

*TOTAL*

*%*

Quejas

10.920

15.171

16.397

17.686

18.046

18.749

23.612

32.543

15.3124

31,05

Hábeas Corpus

841

1.768

686

695

381

321

215

194

5101

1,039

Hábeas Data

49

70

34

69

9

5

15

16

267

0,054

Acción de Amparo

178

594

148

872

93

136

126

134

2281

0,464

Informes de Procedencia

310

124

124

102

89

98

108

105

1060

0,216

Consultas

ND

31.998

37.976

41.634

48.409

63.146

52.680

43.833

31.9676

65,09

Repatriaciones

0

0

14

103

139

116

124

84

580

0,118

Total

12.298

55.379

55.379

61.161

67.166

82.571

78.875

78.915

491.744

100

Fuente: Defensoría del Pueblo: Dirección de Comunicación, Lcdo. Santiago Acosta
192.  Las estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social muestran en el siguiente cuadro la situación legal de la población condenada con variantes entre el año 2005, (4.594 hombres y 715 mujeres), respecto al  año 2004, en que se registraron 4.057 hombres y 499 mujeres. Se observa un incremento de población penitenciaria sentenciada, lo que se demuestra en el comportamiento que registra esta variable, cuando en el 2005 alcanza el 41,5% en comparación al 40,11% que se registra en el 2004, mientras que la población de procesados (sin sentencia), en 2005 representó el 58,5%23.
Distribución Poblacional de Internos según Situación Legal, años 2004-2005

Población Penitenciaria

Población Condenada

2004

Porcentaje Población Penitenciaria

Sentenciada

Población procesada sin sentencia

Población Condenada 2005

Porcentaje Población Penitenciaria

Sentenciada

Población procesada sin sentencia

Hombres

4.057


40,11%


41,5%

4.594





58,5%

Mujeres

499

715

Total

4.556

5.309

Fuente: Dirección Nacional de Rehabilitación Social DNRS





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