Consejo de estado



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3. Sentencia de primera instancia.
11 El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia el 21 de febrero de 2001 por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda fundamentando su decisión en los siguientes argumentos:
(…) En providencia anterior, proferida por esta Sala de decisión, se tuvo oportunidad de estudiar los mismos fundamentos fácticos y de derecho para entrar a establecer si efectivamente se configuraba una falla del servicio por parte de la administración municipal, con pruebas que en lo fundamental son las mismas presentadas en este proceso en la que se señaló:

1. El edificio donde funcionaba el Cuerpo de Bomberos, fue construido hace unos treinta y cinco (35) años, es decir, hace más o menos en la década de los sesenta, cuando no existía código alguno de sismoresistencia (sic).



2. La ley 400/97 le otorgó a las diferentes autoridades administrativas un plazo de tres (3) años para adecuar las construcciones oficiales existentes, a las normas de sismoresistencia (sic) vigentes, plazo que no había vencido el 25/01/99 cuando ocurrió el movimiento sismico (sic) a que se hace referencia en este asunto.

3. Los oficios enviados desde 1995 por los diferentes Comandantes de Bomberos a las autoridades municipales se referían principalmente a la necesidad de instalaciones más amplias y en mayor número, la vulnerabilidad de las instalaciones que hoy se alega no era prioridad en ese entonces.

4. El estudio de los estudiantes (sic) de la Universidad del Quindío, era una tesis de grado, que no había sido sometida a debate técnico alguno y que no obligaba a ninguna autoridad administrativa.

5. Los estudios de microzonificación de Armenia son muy costosos y relativamente nuevos, por lo cual tampoco estaba la administración de Armenia en la obligación de acometerlos independientemente.
Concluye, pues, la Sala que:
1. No se probó que la causa del desplome del edificio donde funcionaban los Bomberos (sic), fuera de mala construcción, todo lo contrario, aparece probado que el edificio colapsó a consecuencia del movimiento sísmico del 25/01/99, unido esto no a que el edificio estuviera mal construido, sino a que la construcción no era apta para resistir un movimiento de tal magnitud, configurándose la causal de fuerza mayor o caso fortuito definido en la Ley 95 de 1980 como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto… imprevisto que en el sentir de la Corte Suprema de Justicia (sent. Del .-sic- 05/07/35) presenta las siguientes características: a) No (sic) ser imputable al demandado; b) Con (sic) haber concurrido con una culpa de éste, sin la cual no se habría producido el perjuicio; c) Ser (sic) irresistible, en el sentido de que no haya podido ser impedido por el demandado; y, d) Haber (sic) sido imprevisible, aunque exista una posibilidad vaga de realización, hecho que constituye un (sic) eximente de responsabilidad;

2. Y, aunque el sistema de construcción del edificio hubiera tenido incidencia en su derrumbamiento, no existía norma alguna que obligara la administración a construir en determinada forma, existía, sí, a partir de la Ley 440797 la obligación de adecuar los edificios públicos a las normas de sismoresistencia (sic) en un plazo de tres (3) años, plazo que aún no había concluido para el 25/01/99

Recuérdese además que la fuerza mayor está aceptada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como eximente de la responsabilidad extracontractual de la administración, concluyendo la Sala que no hubo falla de la administración municipal, razón por la cual se declarará probada dicha excepción propuesta por la entidad demandada…”1.

Encontrando en las anteriores consideraciones el fundamento jurídico necesario y preciso para resolver el asunto objeto de la litis, se deniega las pretensiones del demandante” (fls.83 a 85 cp).
12 Respecto a la sentencia se presentó el siguiente salvamento de voto:
(…) 4. Así las cosas y analizadas las pruebas, creo que ellas en su conjunto permiten concluir que en el presente caso no se verificaron los caracteres descritos para que, en este específico debate judicial, el terremoto del 25 de enero de 1999 pudiese ser catalogado en forma “mecánica” como fuerza mayor. Veamos.

5. Sea lo primero dejar en claro cuál era la obligación del municipio que fue inejecutada (sic). Ella se desprende de nuestra carta, pues tenía –y tiene- la obligación primordial de proteger a los ciudadanos en sus bienes y honra y, especialmente, en su vida, obligación de protección que se desprende, a nivel del municipio, por el ejercicio de la función administrativa que ejerce el estado, mediante la descentralización territorial.

6. A esta obligación primordial de protección a la vida le es (sic) inherente (sic) las conductas encaminadas a la prevención de desastres, pues lo que antiguamente configuraba una axioma absoluto de eximente de culpabilidad, en esta época ya no lo es, situación que vislumbraron los juristas de la Corte, según se desprende de la providencia parcialmente transcrita. Y es que no puede predicarse la eximente de responsabilidad del Estado, cuando no adopta las medidas necesarias para evitar efectos nefastos para el caso de un sismo. Es decir, no tomar las mínimas precauciones que permite la tecnología, constituye un claro ejemplo de imprevisión de los previsible, pues lo evidente es que en la actualidad, con el avance científico logrado, la estadística y las consecuencias sabidas de los hechos de la naturaleza, el concepto de fuerza mayor deja de ser un principio absoluto para convertirse en un elemento simplemente relativo que se encuentra en función del desarrollo de la ciencia. En esta región del Viejo (sic) Caldas, el riesgo sísmico, o sea, las eventuales consecuencias económicas y sociales que causan los terremotos son calculables a partir del estudio de las fallas geológicas y de las experiencias vividas, pero también es calculable, con base en los conocimientos actuales, la vulnerabilidad o condiciones de resistencia y fragilidad de las construcciones al fenómeno.

7. En el caso específico debatido, la obligación del municipio de protección de la vida tenía un doble significado. Se trataba, de un lado, en tomar las medidas de protección especial para evitar los nefastos efectos que un eventual sismo produjera en el inmueble donde funcionaba el Cuartel de Bomberos y, por ende, de sus ocupantes. De otro lado y, de soslayo pero no menos importante, en la PROYECCION que esa protección pudiera significar luego de ocurrida la eventualidad. Ese 25 de enero colapsó la edificación, murieron algunos servidores y se destruyeron las máquinas y, por consiguiente, se imposibilitó cualquier labor inherente a su función de rescate, lo que implicó que estas labores fueran más arduas para los demás organismos que asumieron la responsabilidad que al cuerpo de bomberos correspondía.

8. Examinado el expediente encontramos las (…) pruebas de las cuales se desprende que el acontecimiento y sus efectos fueron humanamente previstos y que no se empleó toda la inteligencia y pericia necesaria para evitar los efectos de la fuerza irresistible, lo que impide que pueda alegarse tal hecho como causa de liberación, es decir, que proceda la declaración de FUERZA MAYOR: (sic)

(…)
13. Todas estas pruebas conducen a concluir que la administración municipal no tuvo previsión, entendido este término en tecnología culposa como la acción de conocer lo que vendrá y en la de precaverse de sus consecuencias o sea prevenir el riesgo, daño o peligro de él y evitarlo.
14. Todas estas conclusiones me permiten afirmar que, como atrás lo anoté, para el caso específico acá debatido, no había lugar a alegar la fuerza mayor como causal exonerativa ni a declarar probada tal excepción. Debió encaminarse el estudio tal vez declarando la responsabilidad del demandado o, porqué (sic) no, su no responsabilidad, pero con base en otros elementos de juicio diferentes al descrito, esto es, con base en la fuerza mayor. Ejemplo de tales elementos pudiera ser: a. la alta intensidad del sismo, acompañado de su superficialidad (según algunos estudios, aunque se esperaba el fenómeno, se pensaba que fuera profundo, lo que determina un comportamiento estructural diferente) b. Encontrarse la administración dentro de los plazos para estudiar la vulnerabilidad de edificaciones como la de bomberos (3 años) y para su reacondicionamiento (6 años) a normas de sismo resistencia según lo determinó la Ley 400 de 1997, artículo 54.
15. Seguramente existirán más elementos que permitan declarar una responsabilidad disminuida o, tal vez, un fallo de no responsabilidad, pero en ningún momento fundados en la eximente de FUERZA MAYOR porque para el caso específico acá debatido, tal figura no se presentó” (fls.87 a 90 cp).
4. Recurso de apelación.
13 La parte actora, mediante escrito radicado el 9 de septiembre de 2004, interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 21 de febrero de 2001 mediante la cual negó las pretensiones (fls.92 a 102 cp). En dicho escrito, la parte actora pidió revocar la sentencia y argumentó:
(…) En la parte considerativa de la sentencia, en forma simple y genérica se aceptó la FUERZA MAYOR, sin entrar en análisis puntual, respecto de cada uno de los elementos que la estructuran.

(…)

La sentencia que recurro en ninguno de sus apartes desvirtúa la responsabilidad del ente demandado, por los hechos y omisiones precisados en los hechos de la demanda y debidamente probado (sic) en el proceso, en donde es apreciable la negligencia generadora de culpa. La sentencia de manera simple y genérica acepta la existencia de “fuerza mayor”, sin analizar las circunstancia (sic) de tiempo de los hechos y omisiones por lo que se reclama la responsabilidad de la administración, los que se presentaron constante y sucesiva durante los años 1995, 1996, 1997 y 1998, mientras que el hecho al que se le atribuye la fuerza mayor alegada por el ente demandado es un acontecimiento del 25 de enero de 1999, (sic)

(…)

Obra en el expediente, a folio 7 del cuaderno No. 2, se aprecia el oficio No. SGM 107 de fecha 8 de marzo de 1995 (…)

(…)

Mediante el contenido de este oficio se ha PROBADO en el proceso, que desde 1995, la administración Municipal (sic) de Armenia Quindío, conocía plenamente que el Edificio (sic) sede del cuerpo de bomberos de Armenia NO OFRECIA GARANTIAS DE NINGUNA INDOLE PARA MAQUINARIA Y PERSONAL.

Siendo obligación CONSTITUCIONAL de las autoridades, la protección de la vida de las personas, la Administración (sic) Municipal (sic) de Armenia debió retirar o trasladar el personal del cuerpo de bomberos a otro sitio, alejando las personas de ese edificio, por el ALTO RIESGO que representaba para la vida de las personas.

Así las cosas, la falla de la Administración (sic) Municipal (sic) de Armenia, consiste en no tomar medidas orientadas a proteger la vida de los funcionarios del cuerpo de bomberos.

(…)

Es de resaltar que retirar a las personas del Edificio (sic) que presentaba grave riesgo para la vida de las personas, no implicaba necesariamente la construcción de nuevo edificio.

Es de tener en cuenta que transcurrieron los años 1995, 1996, 1997 y 1998, sin que la administración ejecutara medida para conservar la vida de los Bomberos (sic), como era su deber constitucional y legal, la omisión perduró hasta el 25 de enero de 1999 cuando el edificio colapsó y término (sic) con la vida de (sic) Señor (sic) JOSE FABIO HOYOS LOPEZ.

(…)

Ante la gravedad de lo anterior y como quiera que el edificio no ofrecía garantías de ninguna índole el Señor (sic) ALCALDE MUNICIPAL de Armenia, debió cumplir con lo establecido en el artículo 216 del código (sic) Nacional de Policía, esto es, ordenar la demolición de dicho edificio, porque estaba de por medio la seguridad y la tranquilidad pública y la vida de los miembros del cuerpo de bomberos, ya que se trataba de la sede de una entidad llamada a brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad (…)

Como la Administración (sic) Municipal (sic) de Armenia, no ordenó la demolición del Edificio (sic) sede del cuerpo de bomberos, en cumplimiento al mencionado artículo 216, incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones (…)

La sentencia que recurro, tampoco expresa los fundamentos con base en los que libera de responsabilidad al Municipio (sic) de Armenia, por no cumplir con la Ley (…)

(…)

El edificio sede del cuerpo (sic) de Bomberos de Armenia Quindío, fue construido inicialmente, por el año 1963 de dos pisos, posteriormente en los años setenta, se le adicionó un tercer piso, generando sobrepeso a la estructura.

(…)

De esta manera, la parte demandante ha probado dentro (sic) proceso, que con la construcción del tercer piso, el Edificio (sic) sede del cuerpo de bomberos fue sobrecargado en 42.2 ton/m2.

Esta FALLA DE LA ADMINISTRACION, consiste en que la administración Municipal (sic) ADICIONO UN TERCER PISO al edificio, sin planeación, sin cálculos, sin técnica (…) sobrecargado el Edificio (sic) sede del cuerpo de bomberos, haciéndolo vulnerable a un sismo, generando con ello alto riesgo para la vida de quienes lo ocuparan.

(…)

La Sentencia (sic) que recurro, tampoco expresa las razones para determinar que no hubo falla de la administración, por la construcción del tercer piso generando sobrepeso de la edificación, ello a pesar que se encuentra demostrado que el sobrepeso tuvo incidencia en el colapso del Edificio (sic).

(…)

Esta es otra falla de la administración por omisión, la que consiste en no prestar atención A LA ALERTA que hizo el Señor (sic) comandante del Cuerpo del Cuerpo (sic) de Bomberos cuando un año antes del Colapso (sic) del Edificio (sic), le expresa al Señor (sic) ALCALDE MUNICIPAL, que se debe EVITAR EL HACINAMIENTO DE PERSONAL Y VEHICULOS dentro de la sede ya que en caso de terremoto se corría el RIESGO DE PERDER TODO.

(…)

Ninguna atención se presto (sic), a la recomendación de DEMLOER EL ULTIMO NIVEL del edificio, que era precisamente el se había construido inapropiadamente y por lo tanto sobrecargaba la estructura del edificio.

El no acoger la recomendación de demolición del tercer piso, como medida de protección a la vida de los ocupantes del edificio, es otra OMISION, que constituye FALLA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

(…)

En forma clara, precisa y concisa el Comandante de bomberos, diez meses antes del colapso del Edificio (sic), en forma respetuosa le solicita al Señor (sic) Alcalde que dada la vulnerabilidad de la estructura del edificio de la institución bomberil, sugiere se trate el asunto en Consejo de Gobierno, PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES, y recomienda la reubicación.

Esta es otra falla de la administración POR OMISION, al no tomar las medidas pertinentes, la reubicación así fuera provisional, u otra medida como la clausura del edificio, la demolición, Etc (sic). Ello para proteger la vida de los miembros del cuerpo de bomberos.

(…)

La administración Municipal (sic) no cumplió con la obligación, que le impone el artículo 2350 del Código Civil, de reparar el edificio sede del cuerpo de bomberos, a pesar de conocer del mal estado en que se encontraba, por lo que no era garantía para la seguridad de las personas.

(…)

HABER SIDO IMPREVISIBLE, AUNQUE EXISTA UNA POSIBILIDAD VAGA DE REALIZACIÓN. Este es el elemento d) requerido para que haya lugar a la fuerza mayor.

(…)

Esta demostrado que el actuar negligente de la administración llevó a que el Bombero (sic) JOSE FABIO HOYOS LOPEZ, permaneciera dentro de un edificio que ofrecía grave peligro de colapsar, por lo que estaba dentro del edificio el día que éste colapsó (sic), perdiendo así la vida.

La fuerza mayor, declarada en la sentencia que apelo, sería aceptable jurídicamente, como un hecho capaz de generar la ruptura del nexo de causalidad entre la conducta y el daño si:

  • El Edificio no hubiera estado en grave riesgo de colapsar, o que

  • La administración no hubiera tenido conocimiento del tal riesgo, o que

  • La administración hubiera cumplido con las recomendaciones de la tesis de grado realizada por estudiante de último grado de Ingeniería (sic) con asesoría de profesionales idóneos, o que

  • La administración hubiera desvirtuado las fallas anotadas al edificio, coordinando la realización de otros estudios, Etc (sic)”.

14 El recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora fue concedido por el a quo por medio de providencia de 2 de mayo de 2001 (fl.105 cp).


15 Una vez conocido el recurso en esta Corporación, por medio de auto de 30 de julio de 2001 se ordenó devolver el expediente la haber sido concedido el recurso de apelación a la parte que no lo interpuso, esto es, a la demandada (fl.110 cp). Se advierte físicamente en el expediente, por la Sala, que no se encuentran los folios 111 a 113 del cuaderno principal.
16 Recibido el expediente por el Tribunal, este mediante auto de 10 de junio de 2005 subsanó la irregularidad y concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 21 de febrero de 2001 (fl.119 cp).
5. Actuación procesal en segunda instancia.
17 El 2 de diciembre de 2005 fue admitido el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte actora (fl.123 cp). El 7 de febrero de 2006 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos finales y en caso de solicitarse el traslado especial por el Ministerio Público, para que este emitiera su concepto (fl.125 cp).
18 Las partes y el Ministerio Público en esta instancia guardaron silencio.

CONSIDERACIONES
1. Competencia.
19 Advierte la Sala, que puesto que la parte actora es el único apelante, para decidir el recurso se centrará en los argumentos expuestos en el recurso, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 9 de febrero de 2012 (expediente 21060).
20 En ese sentido, a efectos de resolver lo pertinente, la Sala se ocupa en primer lugar de dos cuestiones previas: 1) el valor probatorio de algunos documentos que obran en el expediente en copia simple; y, 2) la procedencia de la acción de reparación directa respecto de operaciones administrativas. Una vez abordado lo anterior, se precisará el objeto del recurso, se plantearán los problemas jurídicos específicos que se derivan de los argumentos esgrimidos, con base en el análisis del caso concreto, a la luz de los hechos probados dentro del proceso, se establecerá si se encuentra demostrado tanto el daño antijurídico, como la imputación, o si operó eximente alguna de responsabilidad (en función del principio de precaución).
2. Aspecto procesal previo.
21 La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones acerca de las que debe pronunciarse: 1) la prueba aportada en copia simple;
22 Si bien, la Sección Tercera2 ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del C.P.C., según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente, en el presente caso las entidades en las contestaciones de la demanda admitieron tenerlas como prueba e incluso, sus argumentos estuvieron fundamentadas en aquellas allegadas por la parte actora. Por su parte, el demandante también tuvo en cuenta los documentos obrantes en el expediente para la defensa de sus pretensiones. Por lo tanto, las partes no desconocieron los documentos, ni los tacharon de falso, sino que conscientemente manifestaron su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.
En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por las partes en copia simple.
Es oportuno precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fueran apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal3, por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto4.
23 Después de estudiada la anterior cuestión procesal, la Sala procede a establecer el análisis de la impugnación y los medios probatorios.
3. Análisis de la impugnación.
24 El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte actora en el recurso de apelación, específicamente en lo que tiene que ver con la imputación de la responsabilidad patrimonial a entidad públicas demandada y condenarla a la indemnización de los perjuicios reclamados, sin que haya operado la fuerza mayor.
4. Los medios probatorios.
25 Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes medios probatorios:
25.1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Beatriz Ariza Zúñiga (fl.14 c1).

25.2. Copia de fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Leonardo Fabio Hoyos Ariza (fl.17 c1).

25.3. Copia de fotocopia auténtica del certificado del registro civil de nacimiento (expedido por el Notario Tercero del Círculo de Armenia) de Fredy Alexander Hoyos Ariza (fl.18 c1).

25.4. Copia de fotocopia auténtica del certificado del registro civil de nacimiento de Aura Liseth Hoyos Ariza (fl.19 c1).

25.5. Copia de fotocopia auténtica del registro del matrimonio celebrado entre José Fabio Hoyos López y Beatriz Ariza Zúñiga el 8 de diciembre de 1979 (fl.20 c1).

25.6. Copia auténtica del registro civil de defunción de José Fabio Hoyos López (fl.21 c1).

25.7. Copia de fotocopia auténtica del certificado del registro civil de nacimiento (expedido por el Notario Tercero del Círculo de Armenia) de José Fabio Hoyos López (fl.22 c1).

25.8. Copia simple de la certificación del Capitán Operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia (Quindío), de 9 de febrero de 1999 (fl.23 c1).

25.9. Copia simple del Certificado de disponibilidad presupuestal (Secretaría de Hacienda, municipio de Armenia) (fl.24 c1).

25.10. Copia auténtica del “CONTRATO DE PRESTACIÓN SE SERVICIOS SIN FORMALIDADES #086” celebrado entre la Secretaria General de la Alcaldía de Armenia y José Fabio Hoyos L. (fls.45 y 46 c1).

25.11. Oficio, de 8 de marzo de 1995, del Secretario de Gobierno Municipal de Armenia (Quindío), dirigido a Luis Zuluaga Gómez (fl.7 c2).

25.12. Oficio COBA No.001, de 2 de enero de 1998, del Comandante General (Jorge Hernán Jaramillo J) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Armenia (Quindío), dirigido al Alcalde de Armenia, por medio del cual se ofreció el “DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, NECESIDADES DE LA INSTITUCION Y RECOMENDACIONES” (fls.8 a 24 c2).

25.13. Oficio COBA número 076, de 16 de febrero de 1998, del Comandante General (Jorge Hernán Jaramillo J) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Armenia (Quindío), dirigido al Alcalde de Armenia (con copia a la Secretaría General), por medio del cual se remitió “fotocopia del texto enviado por la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, el que contiene aparte del nuevo código sismo resistente” (fl.29 c2).

25.14. Oficio COBA número 113, de 16 de marzo de 1998, del Comandante General (Jorge Hernán Jaramillo J) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Armenia (Quindío), dirigido al Secretario de Gobierno del municipio de Armenia –recibida el 16 de marzo de 1998- (con copia a Planeación Municipal, recibida en esta entidad el 16 de marzo de 1998), por medio del cual se envió “copia de la Universidad del Quindío, Facultad de Ingeniería, Ref: CONCLUSIONES ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL “Cuerpo de Bomberos Armenia Q.”, donde se nos informa la vulnerabilidad que presenta la Estructura (sic) de nuestra Institución (sic), en caso de sismo. Deseo que ante esta situación se nos tenga en cuanta el Nuevo (sic) Código Sismo Resistente contenido en la Ley 400 de 1997 y el Decreto-Ley 33 de Enero (sic) 09 de 1998 y que entro a regir a partir del 19 de febrero del presente año en todo el país (fl.30 c2).

25.14.1 Estudio de vulnerabilidad sísmica y propuesta de solución al problema existente en el edificio del Cuerpo de Bomberos de Armenia5, “Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil” por Martha Lucía Álvarez Gómez, Pablo Lozano Barbosa y Julio César Peláez Quintero ante la Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, de la Universidad del Quindío (dirigida por el ingeniero civil César A. Ángel Isaza), de 1993 (fls.31 a 189 c2).

25.15. Oficio número 158-2000, de 20 de junio, del Comandante General (Jorge Hernán Jaramillo J) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Armenia (Quindío) (fl.192 c2).

25.16. Testimonio rendido por Amanda del Socorro Rojas Duque (fl.205 c2).

25.17. Testimonio rendido por María Obdulia Prado de Villa (fls.205 y 206 c2).

25.18. Testimonio rendido por Jorge Hernán Jaramillo Jaramillo (fls.207 a 209 c2).

25.19. Testimonio rendido por Rodrigo Villegas Jaramillo (fls.209 y 210 c2).

25.20. Testimonio rendido por Luis Enrique Hincapié Uribe (fl.211 c2).

25.21. Testimonio rendido por Luis Zuluaga Gómez (fls.211 y 212 c2).

25.22. Oficio DATH-1054, de 29 de junio de 2000, del Jefe de División Administración de Personal (E) del municipio de Armenia, con el que se envió “certificación del señor JOSE FABIO HOYOS L en calidad de Bombero (sic) contratista al servicio del Municipio (sic) de Armenia” (fl.4 c3).

25.22.1. Certificación, de 29 de junio de 2000, de la Jefa de la División de Administración de Personal del municipio de Armenia (fl.5 c3).



25.23. Oficio CRE-309, de 29 de junio de 2000, de la Jefe (E) del Departamento para la Prevención y Atención de Desastres (Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del Quindío) con el que se informó “que revisados los archivos del departamento para la Prevención y Atención de Desastres, no reposan documentos ni oficios relacionados con el estado de la Edificación (sic) de la Sede (sic) del Cuerpo Oficial de Bomberos, que se encontraba ubicada en la Calle (sic) 21 Carrera (sic) 23” (fl.6 c3).


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