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Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.



Subdirección de Informática Jurídica.

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos






Última Reforma: 08-10-2014




CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

OBSERVACIONES GENERALES.- Abrogación. El Código de Procedimientos Penales promulgado el 7 de octubre de mil novecientos noventa y seis seguirá rigiendo, en lo conducente, en los procedimientos iniciados con anterioridad a la aplicación del nuevo Código, y quedará abrogado en la medida en que aquellos queden agotados.

- El artículo segundo transitorio establece que el presente Código iniciará su vigencia de conformidad con las siguientes disposiciones:



  • Se aplicarán a hechos que ocurran a partir de las cero horas del día 30 de octubre del 2008, en el Primer Distrito Judicial.

  • A partir de las cero horas del 1 de junio del 2009 en el Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla y en el Quinto Distrito Judicial con sede en Yautepec, Morelos.

  • Y a partir de las cero horas del día 1 de febrero del 2010, en el Cuarto Distrito Judicial con sede en Jojutla, en el Segundo Distrito Judicial con sede en Tetecala, en el Tercer Distrito Judicial con sede en Puente de Ixtla y en el Séptimo Distrito Judicial con sede en Jonacatepec.

  • El presente Código iniciará su vigencia para efectos de aplicación supletoria a la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, a partir del primero de enero del 2008.

- El artículo tercero transitorio establece que el Código de Procedimientos Penales promulgado el 7 de octubre de mil novecientos noventa y seis seguirá rigiendo, en lo conducente, en los procedimientos iniciados con anterioridad a la aplicación del nuevo Código, y quedará abrogado en la medida en que aquellos queden agotados.

- Adicionado el párrafo cuarto al artículo segundo transitorio por artículo único del Decreto No. 557 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4577 de 2007/12/19. Vigencia: 2007/12/20.

-Adicionados los párrafos Sexto y Séptimo, por Artículo Segundo del Decreto No. 995 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4655 de fecha 2008/11/12.

-Se adicionó el artículo 256 Bis al presente Código, por artículo Primero del Decreto Número 996, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4655 de fecha 2008/11/12.


- Se reforma el segundo párrafo del artículo segundo transitorio por Artículo Único del Decreto Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4711 de fecha 2009/05/27.



- Se reforman: artículo 1; el artículo 2; el primer párrafo del artículo 3; los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 6; los párrafos primero y quinto del artículo 7; el artículo 10; los párrafos primero y tercero del artículo 16; el primer párrafo del artículo 17; el segundo párrafo del artículo 18; el artículo 23; el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 29; el artículo 82; el artículo 83; la fracción III del artículo 87; la fracción I del artículo 101; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; el primer y segundo párrafos del artículo 117; el segundo párrafo del artículo 121; las fracciones I, IV y V del artículo 124; el artículo 125; el primer párrafo y las fracciones I y VII del artículo 128; el segundo y cuarto párrafos del artículo 129; el primer párrafo del artículo 134; el artículo 137; el artículo 141; el artículo 143; el artículo 144; el segundo y tercer párrafos del artículo 154; el segundo párrafo del artículo 158; el segundo párrafo del artículo 161; el artículo 166; el epígrafe y el primer párrafo del (sic) artículo 167; el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 168; el artículo 169; el artículo 171; el artículo 172; el artículo 173; el segundo párrafo del artículo 174; el primer párrafo del artículo 175; se reacomoda la fracción XI del artículo 176, para pasar a ser fracción I, recorriéndose en su orden la actual fracción I y sucesivas; el artículo 177; el artículo 178; el epígrafe y contenido del artículo 179; la fracción III del artículo 190; el artículo 194; el tercer párrafo del artículo 205; las fracciones II, IV y XII del artículo 213; el primer y segundo párrafos del artículo 215; el primer párrafo del artículo 218; el primer párrafo del artículo 222; el segundo párrafo del artículo 223; el primer párrafo del artículo 226; el artículo 228; el primer párrafo del artículo 237; el quinto párrafo del artículo 245; el primer y segundo párrafos del artículo 253; el artículo 265; el primer párrafo del artículo 275; las fracciones II, III y V del artículo 278; el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 280; las fracciones IX y X del artículo 292; el artículo 298; el epígrafe y el inciso A) del artículo 304; el primer párrafo del artículo 329; el artículo 333; el primer párrafo del artículo 339; el artículo 344; el artículo 362; el artículo 372, y el tercer párrafo del artículo segundo transitorio por Artículo Primero; se adicionan: un artículo 32 Bis; un segundo párrafo al artículo 44; un segundo párrafo al artículo 82; un tercer párrafo al artículo 83; un artículo 86 Bis; un tercer párrafo al artículo 118; un Capítulo Sexto Bis denominado Personas Colectivas con los artículos 155 Bis y 155 ter al Título VI del Libro Primero; el artículo 165 Bis; el artículo 165 Ter; el artículo 165 Quater; el artículo 165 Quinquies; el artículo 165 Sexies; un sexto párrafo al artículo 171; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 172; los artículos 174 Bis y 174 Ter; los artículos 179 Bis y 179 Ter; un cuarto párrafo al artículo 191; un cuarto párrafo al artículo 205; las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 213; un Capítulo Tercero denominado Seguimiento de los Modos Alternativos al Proceso con el artículo 217 Bis al Título VIII del Libro Primero; un segundo párrafo al artículo 227; los párrafos sexto, séptimo y octavo al artículo 237; un artículo 238 Bis; un artículo 242 Bis; un artículo 244 Bis; los párrafos cuarto y quinto al artículo 253; el artículo 260 Bis; un tercer párrafo al artículo 265; un tercer párrafo al artículo 274; la fracción XI al artículo 292; el inciso C) con sus fracciones I, II y III al artículo 304; la fracción IX al artículo 375 recorriéndose en su orden la actual IX para pasar a ser X; un Capítulo Segundo Bis denominado Del Procedimiento Simplificado con los artículo 393 Bis, 393 Ter y 393 Quater al Título I del Libro Tercero, y un Capítulo Cuarto denominado Procedimiento por Delito de Acción Privada con los artículos 398 Bis, 398 Ter, 398 Quater, 398 Quinquies, 398 Sexies, 398 Septies y 398 Octies al Título I del Libro Tercero por Artículo Segundo; Se derogan: párrafo segundo del artículo 4, el artículo 296 y la fracción IV del artículo 278 y se recorre la fracción V, pasando a ser la IV por Artículo Tercero y se reforman los artículos 2, 17, 28, 76, 79, 82, 127, 147, 177, 191, 209, 215, 374, 429 y 430 sustituyendo la palabra “condenado” por la palabra “sentenciado”; artículos 39, 80, 86, 89, 90, 160, 168, 200, 208, 210, 212, 213, 234, 251, 273, 289, 319, 366, 389, 413 y 420 sustituyendo la(s) palabra(s) “juez(ces) de garantías ” por la(s) palabra(s) “juez(ces) de control”, y/o las palabras “Juzgados de Garantías” por “Juzgados de Control” por Artículo Cuarto del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24.

- Se reforma el artículo 125, en su fracción XXI y el artículo 343, y se adiciona el artículo 343 bis por Artículo Único del Decreto No. 586 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4844 de fecha 2010/10/20. Vigencia: 2010/10/21.

- Se reforma el segundo párrafo del artículo 52 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 110, la fracción III al artículo 244 recorriéndose en su orden la actual fracción III y subsecuentes para pasar a ser IV, y subsecuentes, así como la adición de la fracción VI por Artículo Primero del Decreto No. 883 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4860 de 2010/12/29. Vigencia: 2010/12/30.

- Se reforma el párrafo tercero del Artículo Segundo Transitorio por Artículo Único del Decreto No. 972 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4862 de 2011/01/05. Vigencia: 2011/01/06.

- El artículo segundo del Decreto No. 1250, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4916 de fecha 2011/09/01. Vigencia 2011/09/02 establece que se reforma el artículo 105 primer párrafo, sin embargo no fue incluido dentro del cuerpo del mismo, no encontrándose fe de erratas a la fecha.

- Adicionada la fracción II recorriéndose en su orden las actuales de la II a la XIX para pasar a ser de la III a la XX del artículo 174 Bis por artículo Segundo del Decreto No. 1250, publicado en el Periódico Oficial No. 4916 de 2011/09/01. Vigencia 2011/09/02.

- Reformado el segundo párrafo del artículo 205 por articulo Segundo del Decreto No. 1250. Publicado en el Periódico Oficial No. 4916 de 2011/09/01. Vigencia 2011/09/02.

- Reformada la fracción tercera del artículo 260 Bis por articulo Segundo del Decreto No. 1250, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No, 4916 de fecha 2011/09/01. Vigencia 2011/09/02.

- Se adiciona el artículo 10 Bis; se reforma el artículo 110 en su segundo párrafo; se adiciona un quinto párrafo al artículo 113; se adiciona un inciso C) al artículo 174 Bis por artículo Segundo del Decreto No.113 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5050 de fecha 2012/12/14. Vigencia 2012/12/15.

- Se reforman el último párrafo, del artículo 10; los párrafos primero y segundo, del artículo 117; se adiciona una fracción XXI, al inciso B), del artículo 174 bis, y se derogan las fracciones II y III, del artículo 86 bis, por artículo Segundo del Decreto No. 993 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5142 de fecha 2013/11/20. Vigencia 2013/11/21.

- Se deroga el último párrafo, del artículo 242 por artículo Único del Decreto No. 1443, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5194 de fecha 2014/06/11. Vigencia 2014/06/12.

- Se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII, todas del apartado B), del artículo 174 Bispor artículo SEGUNDO del Decreto No. 1640, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5224 de fecha 2014/10/08. Vigencia 2014/10/09.



DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, CON LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
I. Antecedentes de la iniciativa
El pasado 12 de julio del año en curso, a la Comisión que suscribe le fue turnada para su análisis y dictaminación la iniciativa que contienen el proyecto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, presentada por el Mtro. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Con fecha 24 de octubre del año 2007, en sesión de ésta Comisión y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen para ser sometido a la consideración de pleno de éste Congreso.
II. Materia de la iniciativa
Transformar al actual sistema de justicia penal, perfeccionando el proceso, en el que prevalezcan los principios de oralidad, publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación, que garanticen los derechos de presunción de inocencia, imparcialidad, transparencia, legalidad, accesibilidad, prontitud, gratuidad y que sea expedita la administración de justicia penal, que permita contar con una procuración e impartición de justicia modernas, capaces de conciliar con toda eficacia y eficiencia, el poder punitivo del Estado, con pleno respeto a las garantías individuales de los gobernados.
III. Valoración de la Iniciativa
Manifiesta el iniciador que uno de los ejes rectores y objetivos del actual gobierno, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2011, aprobado por esta soberanía, es la búsqueda permanente, creativa e incansable, por llevar a los ciudadanos morelenses una justicia penal moderna, eficiente, transparente, accesible y humana; por ello, desde mediados del año 2006, se iniciaron en el estado de Morelos, los trabajos preparatorios para llevar a cabo una Reforma Integral al Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública, con miras a lograr el objetivo anteriormente planteado.
Por otra parte, alrededor del 70% de las entidades federativas de la República Mexicana, se encuentran en proceso de elaboración e implementación o ya cuentan con reformas en este sentido. Los Estados de Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y el Estado de México tienen reformas aprobadas, y en algunos casos en vigor, en su mayoría, con resultados positivos.
En el Estado de Morelos celebramos, de septiembre a diciembre de 2006 el Foro de Consulta para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos, con la participación del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, el Foro de Abogados y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; todos, actores involucrados en el tema de procuración y administración de justicia, así como de seguridad pública.
Derivado del Foro de Consulta antes mencionado, se concluyó en lo general:

a) Que existe la necesidad de mejorar la normatividad, la organización y el funcionamiento de diversas instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y prestación de servicios jurídicos a la sociedad.

b) Que los tiempos actuales requieren que la sociedad cuente con instituciones públicas fortalecidas, de tal suerte que ante las diversas y legítimas exigencias de la comunidad y del ciudadano sobre la seguridad pública y el imperio de la ley para la justicia, cuenten con la capacidad para encauzar, coordinar y estimular la adopción de soluciones viables y duraderas; en tal virtud, resulta prioritario adecuar las disposiciones legales y los comportamientos de los servidores públicos al cumplimiento efectivo y eficaz de los fines que socialmente le corresponden.

c) Que la seguridad pública, la prevención de conductas antisociales, la procuración e impartición de justicia penal y la readaptación social, son ámbitos del sector público que revisten especial trascendencia para la tranquilidad social y el aliento del espíritu emprendedor de los morelenses, por lo cual es necesario fortalecer las instituciones a cargo de éstas funciones, continuando con la transparencia en su ejercicio, con base en la cultura de la legalidad.

d) Que el objetivo de fortalecer la seguridad pública y las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia en todos los campos del quehacer público estatal constituye, tiene como una premisa inamovible el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los habitantes del Estado, establecidos tanto por la Constitución General de la República, como contemplados en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a los cuales se ha adherido el Estado Mexicano.
Como consecuencia de lo anterior, el pasado 31 de enero del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el Acuerdo para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública del Estado de Morelos, mismo que contiene el compromiso por parte de los tres poderes del Estado de impulsar la referida reforma, bajo el esquema de los juicios orales o adversariales. En cumplimiento al compromiso referido, el pasado 5 de marzo de 2007 se instaló la Mesa Redactora para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública en el Estado de Morelos. Dicha mesa tuvo como principal objetivo la elaboración del proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos a partir del cual se transite hacia un sistema de justicia oral y acusatorio con las características y bajo los principios antes referidos. Dicha mesa estuvo integrada por expertos en derecho penal y en sistema oral acusatorio, provenientes de los tres poderes del Estado y de asociaciones de abogados de la Entidad.
I.- Entorno histórico constitucional y fuentes.

El desarrollo de los sistemas de justicia penal en América Latina presenta líneas comunes en cuanto al entorno ideológico y a las funciones políticas bajo las cuales dichos sistemas han venido funcionando. El proceso de independencia política de los países de la región, permitió que los sistemas de justicia en materia penal se justificaran de acuerdo a los parámetros de los sistemas conocidos como de enjuiciamiento mixto. La característica común de los sistemas mixtos, que fueron inaugurados por el Código de Enjuiciamiento Criminal Francés de 1808, es que soportan la falta de equilibrio de los sujetos procesales. En la Europa continental, este tipo de sistema fue concebido en términos de transición de un proceso penal inquisitivo, que tuvo su nicho natural a lo largo del medioevo, hacia un proceso de orden acusatorio, que es el que en general ya tienen todos los países europeos.


Así pues, lo que en Europa era una transición a un proceso penal más democrático, en América Latina se convirtió en un medio para garantizar la hegemonía de las clases sociales que encabezaron los movimientos de independencia. El proceso penal mixto, sin embargo, en el marco de los nuevos movimientos de democratización de la región, ha comenzado a ser revisado a partir de la década de los noventa.
La diferencia con México es notable, si se le compara con la reciente experiencia latinoamericana, toda vez que el proceso de revisión inició mucho antes. En efecto, el proceso mixto fue analizado, profundamente criticado y finalmente descartado por el Constituyente de 1917; de hecho, en el mensaje que Venustiano Carranza dirigió al Constituyente de 1917, cuando éste fue instalado el 1° de diciembre de 1916, se hizo el anuncio de una profunda revolución procesal.
Sin embargo, contingencias de carácter político impidieron que la Constitución adquiriera eficacia normativa a este respecto y las instituciones del proceso penal acusatorio nunca fueron atendidas por el legislador ordinario y, en lugar de aquellas, se continuó con el mismo proceso heredado de la época de la Colonia.
No fue sino hasta 1934, fecha en que se publicó el Código Federal de Procedimientos Penales, que la falta de concordancia con los principios normativos superiores de la Constitución de 1917 finalmente se “legitimó” por la vía legislativa.
Carranza hizo una reflexión en torno a la finalidad de todo gobierno, que no es otra sino “el amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compone el agregado social...”. De dicho postulado se llegaba a la conclusión de que “...el primer requisito que debe llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre.”
Carranza dimensionó con perspectiva histórica los orígenes del malestar de la justicia penal mexicana, indicó, en concreto, que ésta había sido hasta esa época, “con ligerísimas variantes exactamente la que dejó implantada la dominación española, sin que se haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado en mejorarla.”
En este orden de ideas, la iniciativa de Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, ha sido sometida a la discusión entre los distintos sectores de la sociedad de la entidad en general, asume explícitamente la orientación originaria de la Constitución, y en ella se pretende retomar y concretar la revolución procesal anunciada por Carranza en 1916 y adecuarla a los más altos principios de la Carta Magna, así como a los principios y garantías previstas en los Tratados Internacionales suscritos por México.
Las fuentes que se utilizaron para la redacción de este Código son de muy diversa naturaleza. Se recurrió a un análisis histórico-constructivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de él se desprendieron las principales orientaciones de regulación procesal, de acuerdo con los principios superiores que ésta consagra. Enseguida, se revisaron las experiencias normativas de los países de América Latina que recientemente se han involucrado en reformas a sus códigos adjetivos en materia penal. Específicamente fueron revisados los siguientes ordenamientos:
Anteproyecto de Código Procesal Penal de Panamá; Anteproyecto de Código Procesal Penal de Neuquén, Argentina; Código Modelo para Iberoamérica (1989); Código Procesal Penal de Bolivia (1999); Código Procesal Penal de Chile (2000); Código Procesal Penal de Chubut, Argentina (2003); Código Procesal Penal de Costa Rica (1999); Código de Procedimiento Penal de Colombia (2004); Código Procesal Penal de Guatemala (1992 con reformas al 2000); Código Procesal Penal de Honduras (1999); Código Procesal Penal de Paraguay (1998); Código Procesal Penal de la República Dominicana (1999); Código Procesal Penal de Venezuela (2001); Nuevos Códigos Procesales Penales para los Estados de Oaxaca y Chihuahua, Anteproyecto de Código Procesal Penal para el Estado de Tamaulipas; Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León reformado (2005) y el propio vigente.
Asimismo, para la elaboración de este Código se recurrió a fuentes provenientes del derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los principales tratados y pactos sobre la materia, la doctrina universal desarrollada a partir de ellos, las llamadas observaciones generales y reglas creadas por expertos internacionales, así como a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU (Comité de Derechos Humanos) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana), principalmente. También se acudió a la doctrina procesal penal más avanzada.
Respecto a la normativa internacional, cabe destacar que se utilizó el criterio de reconocer todos aquellos derechos fundamentales contemplados en los tratados internacionales, en los términos reconocidos por la jurisprudencia universal e interamericana. Ello implicó que en ocasiones se reconocieran derechos que no se encuentran contemplados en nuestra Carta Magna o que, incluso, se ampliarán los derechos en ella previstos, lo cual se encuentra permitido, tomando en cuenta que las garantías individuales previstas en la Constitución son mínimas y que existen criterios de nuestros tribunales federales que permiten dicha ampliación y que en caso de darse esto, debe estarse a lo dispuesto en el tratado internacional o bien en la norma secundaria.
II.- Objetivos del Nuevo Código de Procedimientos Penales.

Para el suscrito, con la promulgación del Nuevo Código de Procedimientos Penales se buscan como objetivos fundamentales, los siguientes:

1) Garantizar el debido o justo proceso penal de los imputados de un delito.

2) Garantizar la asistencia, protección y restauración a las víctimas y ofendidos por el delito, así como su efectiva participación en el proceso penal.

3) La eficiencia y eficacia del proceso penal.

4) Recobrar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal.

Por tanto, la presente iniciativa se debe justificar en la medida en que verdaderamente garantiza el cumplimiento de los mencionados objetivos. Para tal efecto, resulta necesario explicar primero en que consisten dichos objetivos fundamentales y cómo es que el Nuevo Código permitirá, en términos generales, alcanzar los mismos, sin perjuicio de más adelante detallar de qué manera los institutos y figuras procesales específicas que lo componen contribuyen con ese fin. A la par, debe fundamentarse porqué es que el Código de Procedimientos Penales vigente impide o, al menos, dificulta seriamente el logro de estos objetivos, y destacar una serie de prácticas vigentes (algunas legales otras extralegales) que violentan el debido proceso penal y los derechos de las víctimas y ofendidos, la ineficiencia del proceso penal vigente y los motivos que llevan a la ciudadanía a desconfiar del mismo.

1.- Garantizar el justo o debido proceso penal.

El debido proceso penal o el derecho a un juicio justo, como también se le conoce a esta garantía, debe ser la finalidad esencial del proceso penal en un Estado Democrático de Derecho.

Desgraciadamente, en nuestros días la gran mayoría pretende asignar y, de hecho le asigna al proceso penal, la función de garantizar la seguridad pública o el combate a la delincuencia. Por tanto, buscan transformar el proceso penal en una máquina de condenar o método para ingresar a prisión a personas imputadas, sin importar la justicia y legitimidad de dichas condenas o penas de prisión anticipadas.

Por tanto, con la instauración del nuevo proceso penal se busca antes que nada garantizar justicia, esto es, procesos verdaderamente “justos y equitativos” tal y como lo exige el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Existen ciertos parámetros, estándares o requisitos mínimos (llamados por nuestra Constitución en su artículo 14 “formalidades esenciales”) que permiten calificar a un proceso como debido o justo, son precisamente los que se contemplan en los artículos 17 y 20, Apartado A, de nuestra Constitución Federal, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como aquellos que la jurisprudencia internacional de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos (primordialmente el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) ha considerado también como requisitos o garantías del debido proceso penal.

Luego entonces, de acuerdo con los citados artículos de nuestra Carta Magna, los mencionados tratados internacionales y la jurisprudencia aplicable del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los requisitos o garantías mínimas del justo o debido proceso penal, son las siguientes.

A. Imparcialidad, Independencia, competencia y establecimiento legal previo del Juzgador.

B. Presunción de inocencia.

C. Igualdad entre las partes.

D. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, cuando no comprenda o hable el idioma del juzgado o tribunal.

E. Derecho a estar presente en el proceso.

F. Derecho de Defensa.

G. Derecho a guardar silencio

H. Inadmisibilidad o exclusión de pruebas ilícitas.

I. Derecho a ser juzgado en plazo razonable.

J. Juicio público, contradictorio, concentrado, continuo y celebrado ante Juez o jurado (juicio en audiencia pública).

K. Prohibición de doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos o non bis in ídem.

L. Tutela jurisdiccional de las garantías del debido proceso penal.
De acuerdo con el plan trazado, procede ahora entonces señalar cuáles de esos requisitos mínimos de un justo o debido proceso no contempla o francamente contravienen los sistemas vigentes, así como destacar aquellas prácticas que violentan o contravienen alguna de esas garantías mínimas del debido proceso. Posteriormente, debemos establecer como, en cambio, en el Nuevo Código Procesal de la materia que se propone, se contemplan todos y cada uno de esos requisitos o garantías mínimas.
A. Imparcialidad, independencia, competencia y establecimiento legal previo del juzgador.

Si bien hoy en día el Código vigente contempla diversas causas de excusa o recusación que garantizan la imparcialidad subjetiva del juzgador, no se contempla como una causa de reposición del procedimiento o nulidad del juicio el que el juzgador hubiese dictado sentencia a pesar de encontrarse impedido para ello por actualizarse en su persona alguna motivo de excusa que por algún motivo no fue hecha valer oficiosamente por el Juez o por alguna de las partes interesadas. En el nuevo Código propuesto se suple esta deficiencia y se establece como una causal de casación del juicio oral, cualquier motivo que haya afectado la imparcialidad de algún miembro del tribunal.


La imparcialidad del tribunal debe garantizarse también desde el punto de vista objetivo la cual exige en primer término que el tribunal de juicio o alguno de sus miembros no sólo no hayan prejuzgado sobre el objeto o parte del objeto del juicio, sino que ni siquiera conozca anticipadamente el caso de una de las partes, esto es, los hechos y el contenido de la prueba a desahogarse en juicio.
El Código Procesal vigente y la Ley Orgánica del Poder Judicial, no garantizan la imparcialidad objetiva, pues en ambos se concede competencia para resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión (entre otras cuestiones), al mismo Juez que resolverá en definitiva el proceso. Ello implica que el juzgador, antes de dictar sentencia definitiva, ya ha prejuzgado, esto es, se ha manifestado o emitido prejuicios sobre el objeto del proceso: la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad (aún y cuando en este caso emita solo un juicio de probabilidad sobre la existencia de este elemento, pues no deja de ser un prejuicio), además de que no sólo ha conocido antes del juicio los antecedentes de la investigación, mismos que de acuerdo con el Código vigente, constituyen prueba para efectos de sentencia, sino que, incluso, les ha dado valor. Esta situación queda plenamente superada en el Nuevo Ordenamiento Procesal, pues el Juez que emite resoluciones preliminares como la orden de aprehensión o vinculación a proceso (Juez de control) es totalmente diferente al tribunal que conocerá del juicio oral, el cual, no conoce de los hechos y pruebas materia del juicio, sino hasta la audiencia de debate de juicio oral.
El otro presupuesto de la imparcialidad objetiva del tribunal de juicio, consistente en que el tribunal no actué promoviendo el interés de ninguna de las partes, esto es, desempeñando funciones que le corresponden a cualquiera de ellas, pero primordialmente al ente acusador, como lo es desahogar prueba para acreditar el delito o la responsabilidad.
En el actual Código de Procedimientos Penales no se prohíbe que una de las partes acuda a platicar o alegar con el Juez sin que se encuentre presente la otra y tampoco se contempla ésta como una causa de recusación del juzgador. Ello permite que este tipo de alegatos absolutamente unilaterales se lleven a cabo regularmente, poniéndose en riesgo la imparcialidad del juzgador, sin perjuicio de que también afecta la igualdad entre las partes. En cambio, en la presente iniciativa se establece expresamente que: “Dentro del proceso, los Jueces no podrán mantener, directa o indirectamente, comunicación con alguna de las partes o sus defensores sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas. La contravención a este precepto será sancionada en los términos que establezcan las leyes.”
Por otra parte, en el Nuevo Código Procesal Penal se garantiza no sólo la independencia externa, sino también la interna del juzgador en los términos siguientes: “En su función de juzgar, los Jueces son independientes de los demás integrantes del Poder Judicial y de los otros Poderes del Estado. Por ningún motivo y en ningún caso los órganos del Estado podrán interferir en el desarrollo de las etapas del proceso. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, proveniente de otro Poder del Estado, del propio Poder Judicial o de la ciudadanía, el Juez o Tribunal deberá informar sobre los hechos que afecten su independencia al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cualquier caso éste deberá adoptar las medidas necesarias para que cese la interferencia, independientemente de las sanciones administrativas, civiles, penales y aquellas previstas en la Constitución Política del Estado, a que la interferencia pudiera dar lugar.”
En cuanto a la garantía de “Juez natural”, la presente iniciativa contempla como principio que: “Nadie podrá ser juzgado por Tribunales designados especialmente para el caso. La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a Tribunales constituidos conforme a las leyes vigentes antes del hecho que motivó el proceso.”
B. Presunción de inocencia

Sin lugar a dudas, una de las garantías más importantes que trae consigo la instauración del nuevo proceso penal, será la presunción de inocencia, que se encuentra a la cabeza de todas las demás garantías del debido proceso penal. Su importancia es tal que se ha transformado en el plano internacional y en el Derecho Comparado en una de las garantías procesales de mayor importancia y en el eje sobre el cual gira todo el proceso penal moderno. Desgraciadamente, la instauración de la “presunción de inocencia” no es aceptada pacíficamente por todos aquellos sectores conservadores, autoritarios o no democráticos, que conciben al proceso penal no como un sistema de garantías de justicia, sino como un instrumento de represión del delito.


El contenido de este principio es complejo, pues tiene tres dimensiones distintas. Una se refiere a la manera en la que se determina la responsabilidad penal, y en particular la carga de la prueba. Otra concierne a la imputación de responsabilidad penal o participación en hechos delictivos a un individuo que no ha sido juzgado. La tercera consiste en algunos corolarios relativos al trato de personas bajo investigación por un delito y a presos sin condena.
En relación a la primera de las consecuencias que derivan del principio de presunción de inocencia, esto es, que para desvirtuarla se exige siempre una actividad probatoria por parte del Estado, encaminada a acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, debe dejarse muy en claro que, tomando en cuenta la garantía de previo juicio oral, público, con inmediación, contradictorio, entre otras, y la garantía de defensa del imputado, sólo se ha de estimar actividad probatoria idónea para desvirtuar la presunción de inocencia, la que tiene lugar en el acto del juicio. Por tanto, carecen de valor probatorio, para esos efectos, los actos de la investigación o averiguación previa practicada por el Ministerio Público. Estos actos, por su propia naturaleza, sólo pueden servir para fundar la acusación, pero jamás para condenar, por impedirlo precisamente la presunción de inocencia. La razón, como se tiene dicho, es que los actos de prueba deben producirse en juicio y estar rodeados de una serie de garantías, tales como las de contradicción y publicidad, que los actos de la investigación no tienen (ni deben tener, pues se provocaría la ineficiencia absoluta de la investigación).
Con respecto a la tercera dimensión del principio de presunción de inocencia, la jurisprudencia internacional y la interamericana hacen hincapié en el vínculo entre la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva. Asimismo, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos contienen varias reglas sobre el trato preferencial que merecen los presos sin condena, en la razón de la presunción de inocencia.
Ahora bien, pasando al análisis de la legislación vigente, por principio de cuentas cabe destacar que el principio de presunción de inocencia no se encuentra expresamente contemplado ni por nuestra Constitución, ni por el Código de Procedimientos Penales vigente. En el segundo de los ordenamientos jurídicos, únicamente se establece de manera muy escuetamente que “en caso de duda debe absolverse.” Pero, este principio sólo es una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, el cual, como se ha visto, es mucho más amplio y tiene otras diversas repercusiones a nivel procesal.
Para superar estas omisiones de nuestra legislación vigente y como manifestación natural de consagrar legislativamente las más importante de las garantías del debido proceso y de otra índole, reconocidas a nivel internacional al imputado, en el Nuevo Código se acoge en forma expresa y muy clara la presunción de inocencia.
Concretamente, en unos de sus primeros artículos se dispone: “El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en éste Código.” Es decir, se admite que la presunción de inocencia será uno de los pilares de toda la reglamentación y puesta en práctica del nuevo sistema procesal penal.
La presunción de inocencia, en su aspecto de exigir que el Ministerio Público desarrolle una actividad probatoria propiamente dicha en juicio, a fin de desvirtuar la presunción de inocencia, también se violenta hoy en día tomando en cuenta que en el Código Procesal Penal vigente, los Jueces y salas del Tribunal Superior de Justicia y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceden a las diligencias de averiguación previa valor probatorio para efectos de sentencia. Siendo que, como se ha dicho, estas diligencias, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, no pueden servir para condenar al acusado. Como también se ha mencionado, la única actividad probatoria que puede considerarse idónea para desvirtuar la presunción de inocencia es la que tiene lugar en el juicio, frente al tribunal llamado a dictar sentencia, de manera pública y contradictoria. Ello atendiendo a las garantías de previo juicio público, como inmediación, contradicción, defensa e igualdad procesal.
Existen diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia que violentan gravemente el principio de presunción de inocencia, pues no sólo conceden mayor valor probatorio a las actuaciones del Ministerio Público y, apriorísticamente, restan valor a las pruebas ofrecidas por la defensa, sino que, arrojan la carga de probar, más allá de lo razonable, que aquellas actuaciones carecen del valor preasignado, hasta probar porqué un testigo le ha mentido al Ministerio Público.
Estas graves violaciones al principio elemental de presunción de inocencia derivadas de la legislación vigente y criterios de los tribunales federales, son solucionadas de tajo y de manera radical por el Nuevo Código Procesal, en el que se repite, más de una vez, que la única prueba es la que se produce en el juicio oral y que las actuaciones del Ministerio Público carecen de todo valor probatorio para efectos de sentencia. Específicamente, hay un precepto que dispone que: “La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.”
Por otra parte, también vemos todos los días cómo se afecta la garantía de presunción de inocencia por parte de las autoridades, al exhibir y presentar a personas detenidas ante los medios de comunicación de manera infamante y como autores de delitos, y al emitir declaraciones públicas sobre la culpabilidad de personas que no han sido condenadas por los tribunales competentes.
El código vigente no prohíbe esas prácticas contrarias a la garantía en análisis. En cambio, en la presente iniciativa se establece de manera contundente que “ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable, ni brindar información sobre ella en ese sentido, hasta la sentencia condenatoria.”
Finalmente, es claro como nuestra propia Constitución Federal violenta el tercer aspecto de la presunción de inocencia, al establecer que la prisión preventiva debe aplicarse en automático a personas imputadas de ciertos delitos que el legislador califique como graves, convirtiéndola así, en una pena anticipada. Esto es, la prisión preventiva en nuestro País no se utiliza para garantizar los fines del proceso o la seguridad de las víctimas u ofendidos, sino, por disposición constitucional, se utiliza para meter presos a personas antes de declararlas culpables. De hecho, resulta muy emblemático que el constituyente llame a la libertad del imputado durante el proceso un “beneficio” y la califique como “provisional” (¿mientras llega la segura condena?), cuando, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, la libertad durante el proceso del imputado debe ser su estado natural y, sólo excepcionalmente y, ahí sí de manera provisional, podrá ser privado de su libertad antes de ser declarado culpable en juicio.
La situación descrita es corregida por completo en el Nuevo Código de Procedimientos Penales de la manera en que se hará referencia al analizar el Capítulo relativo a las Medidas Cautelares Personales. Basta por el momento decir que, conforme lo exigen las normas y estándares internacionales, la aplicación de la prisión preventiva se establece como una medida de última ratio, cuya aplicación no depende del delito imputado, sino de la necesidad de la medida por existir riesgo grave de fuga, de obstaculización de la investigación o peligro para la víctima u ofendido. Extremos que, en concordancia con el principio de presunción de inocencia, la nueva ley no presume, sino que deben ser acreditados por el Ministerio Público.
C. Igualdad entre las partes

La garantía de igualdad entre las partes, obliga a que las posturas al interior del juicio, así como las pruebas que pretenden sustentarlas, reciban un igual tratamiento, absolutamente equivalente en expectativas y cargas. Tal cual se ha dicho en el Derecho Comparado, se infringe esta garantía cuando se sitúa a las partes en situación de desigualdad o se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado desarrollo de la dialéctica procesal.


Este principio de igualdad procesal no se encuentra expresamente reconocido ni en la Constitución Federal, ni el Código Adjetivo de la Materia, mientras que en la presente iniciativa se establece expresamente el mismo, sin perjuicio de que en el nuevo procedimiento penal, estructuralmente, se establece la más plena igualdad entre las partes del proceso penal, sin ningún género de discriminaciones respecto del imputado, en relación con la postura del acusador.
En el actual sistema procesal penal, resulta evidente que la igualdad entre el ente acusador y el imputado no existen, pues, como se ha visto, al Ministerio Público se le permite preconstituir su prueba, toda vez que a los actos que lleva a cabo de manera unilateral, se les reconoce valor probatorio para efectos de sentencia, liberándosele así de la carga de probar en el juicio propiamente dicho su acusación.
Cabe destacar que la deseada igualdad procesal se logrará, además de garantizarse legalmente, con mayores asignaciones a la defensa pública de los recursos materiales y humanos necesarios, para brindar una adecuada defensa, y mayor capacitación.
D. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, cuando no comprenda o hable el idioma del juzgado o tribunal.

En la presente iniciativa, no únicamente se garantiza el traductor o intérprete para el imputado que no comprenda o hable el idioma castellano, sino para todo aquel que tenga algún impedimento para darse a entender.

En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se establece que se les nombrará interprete, aún cuando hablen el castellano, si así lo solicitan, pero además, cuando se trate de imputados pertenecientes a dichos pueblos o comunidades indígenas, se “procurará cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.”
E. Derecho a estar presente en el proceso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho del inculpado a que su defensor esté presente durante todos los actos del proceso, (Artículo 20, Apartado A, fracc. IX).


En la presente iniciativa, la presencia del acusado en juicio, a menos que manifieste su deseo a no estar presente, se establece como un requisito indispensable de su validez. (Principio de inmediación del juicio)
En lo relativo a la inviolabilidad de la defensa, se establece como principio general que: “Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba...” Sin embargo, a fin de garantizar de mejor manera este derecho del imputado, se considera necesario no limitar su derecho a estar presente únicamente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba, salvo las excepciones previstas en el Código (por ejemplo cuando se decida sobre solicitudes de ordenes de aprehensión o cateo), tenga derecho a intervenir en todas las actuaciones judiciales y, por ende, debe ser citado de la manera que corresponda para que pueda ejercer ese derecho. Desde luego, dejando en claro que es un derecho al que puede renunciar y, diferenciando en las disposiciones correspondientes cuando su comparecencia resulta un requisito necesario para la celebración de la audiencia (verbigracia audiencia de formulación de la imputación o de juicio oral) y, cuando no lo es, bastando la presencia de su defensor, y por ende, cuando la audiencia correspondiente se puede llevar a cabo a pesar de la incomparecencia del imputado que ha sido debidamente enterado de la celebración de la audiencia. Esto último, a fin de evitar que el imputado pueda obstaculizar indebidamente la marcha del proceso.
Sin perjuicio de las disposiciones generales antes mencionadas, a lo largo de múltiples preceptos del nuevo Código Procesal, se van detallando las facultades del imputado para tomar parte en las actuaciones más importantes del proceso.
En cuanto a la presencia del imputado o de su defensor en los actos de investigación llevados a cabo por el Ministerio Público o sus auxiliares, debe primero establecerse que, en este caso, ni la Constitución Federal ni los tratados internacionales establecen como un derecho absoluto del imputado a que, él o su defensor estén presentes en todos los actos de la investigación y, por ende, deban ser notificados de su inicio y citados a cada uno de los actos llevados a cabo durante dicha investigación. Ello, haría más ineficiente y lenta la investigación de los delitos de lo que ya es hoy en día, y aumentaría el grave problema de impunidad existente. De hecho, esa participación del imputado o su defensor en los actos de la investigación sólo se justifica en un sistema como el vigente, donde tales actos tienen valor probatorio y pueden ser considerados en sí mismos sin más por el juzgador para condenar al imputado. Pero, en un sistema como el propuesto, donde tales actos carecen de cualquier valor probatorio para efectos de sentencia, esa participación resulta innecesaria y poco conveniente.
Por todo ello, se coincide con los iniciadores del Nuevo Código, en el sentido de que para garantizar el debido o justo proceso, basta con establecer el derecho del imputado a que su defensor esté presente, y lo asista en todos los actos de la investigación en que participe, a estar presentes él y su defensor en el desahogo de prueba anticipada y ejercer los mismos derechos que se les reconocen en la audiencia de juicio oral y a que, los peritos que designe, estén presentes en el desahogo de pericias de carácter irreproductible.

F. Derechos de Defensa


Los derechos de defensa deben ser protegidos y fortalecidos en su integridad, no sólo a fin de proteger al individuo imputado, sino para garantizar en esencia la justicia dentro del proceso penal, pues sin defensa no hay justicia. La realidad es que sólo garantizando la adecuada defensa se asegura la sociedad de que en el proceso se pondrá a disposición del juzgador la mayor cantidad de información, sobre el caso sometido a su consideración, y que la información que le entrega el ente acusador sea de calidad (veraz y precisa).
Asimismo, la adecuada defensa ha probado en otros países ser un incentivo muy fuerte para que los órganos encargados de la investigación se profesionalicen, mejoren su desempeño y para evitar no sólo su corrupción, sino la del Ministerio Público y los juzgadores. Por todo ello, existe un especial interés de esta Soberanía en que se garanticen y fortalezcan los derechos de defensa del imputado.
La iniciativa del Nuevo Código de Procedimientos Penales, efectivamente garantiza y fortalece en términos generales y de manera adecuada estos derechos.
a. Derecho a la autodefensa o defensa material: Sin perjuicio del derecho del imputado a ser asistido por un defensor y de la obligación del Estado de proporcionarle uno de oficio, en caso de no querer o poder designarlo, debe reconocerse y garantizarse el derecho del imputado a defenderse por sí mismo, esto es, a participar activamente en su defensa y a ser escuchado durante el proceso.
El derecho de intervenir directamente en las audiencias y realizar declaraciones en el proceso, se va repitiendo en múltiples disposiciones a lo largo del nuevo Código Procesal Penal. Ya en el juicio oral, se establece que “el acusado podrá prestar declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el Juez presidente le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor”, pudiendo luego, en cualquier estado del juicio “solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus dichos.” Más aún, se contempla expresamente la institución de la “última palabra”, lo que significa que después de los alegatos de clausura del Ministerio Público y el defensor, se otorga al acusado la palabra, para que pueda manifestar lo que estime conveniente.
b. Derecho a contar con la asistencia de un defensor y a comunicarse con él de manera privada y libre: De la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados a la fracción IX del Apartado A, del artículo 20 constitucional, queda claro que el imputado necesariamente debe contar con defensor, sea que el lo designe o que, en caso contrario, se le designe uno de oficio. El caso, es que la existencia del defensor del imputado es un requisito de validez del proceso penal. Este derecho incluso se le reconoce al imputado durante la etapa de investigación.
Ahora bien, la propia Constitución establece también que el imputado tiene derecho a elegir a su propio defensor y que, éste, puede ser abogado o persona de su confianza (no necesariamente abogado). Por tanto, en realidad no garantiza la defensa técnica o letrada del imputado, algo que se pretende hacer en esta iniciativa. Empero, surgió durante la consulta técnica el cuestionamiento de si al establecer el Código que el defensor designado por el imputado necesariamente debía ser un licenciado en derecho debidamente autorizado para ejercer la profesión conforme a la ley de la materia, no se estaría violentando su derecho constitucional de elegir a un defensor no abogado, esto es, persona de su confianza como lo denomina nuestra Carta Magna. Después de analizarse el tema, se llegó a la conclusión de que, efectivamente, se violentaría ese derecho y, por ende, se estableció que, en caso de que el defensor designado por el imputado no sea perito en derecho, autorizado por las leyes respectivas para ejercer la profesión, el Juez o el Ministerio Público le designarán, además, un defensor público para que lo asista desde el primer acto en que intervenga. De esta manera, se garantiza la defensa técnica del imputado, sin violentar su derecho a elegir como defensor a una persona de confianza que no sea perito en derecho.
Como se puede ver, el derecho a contar con la asistencia de un defensor técnico surge a partir del primer momento en que intervenga el imputado en el procedimiento, en donde además se establece que la violación a esta garantía es motivo de “nulidad absoluta de las actuaciones que se realicen a partir de ese momento.”
En cuanto al derecho de comunicarse de manera libre y privadamente con su defensor, el mismo se garantiza en el Nuevo Código. Estableciéndose además que “Las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.”
c. Derecho a que se le comunique detalladamente y en forma oportuna y sin demora la imputación y la acusación: En la fracción III de la Constitución General de la República se establece que al inculpado se “le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye.
Existen dos momentos en que debe comunicarse al imputado el hecho delictivo que se le atribuye y la clasificación jurídica de los mismos. El primer momento es a las cuarenta y ocho horas transcurridas desde que fue puesto a disposición del Juez la persona detenida o en su primera comparecencia ante el Juez del proceso la persona no hubiese sido previamente detenida (verbigracia si fue citado). El otro momento es cuando el Ministerio Público al finalizar su investigación decide acusar formalmente y, por tanto, llevar el caso a juicio. Esta última garantía tiene como objetivo fundamental facilitar la preparación de la defensa del imputado en juicio, esto es, se encuentra íntimamente relacionada con la diversa garantía de contar con el tiempo y los medios suficientes para preparar su defensa. Por ende, la notificación de la acusación al imputado debe ser no sólo, sin demora y previa al juicio, sino oportuna, es decir, en un momento del proceso en la que tenga todavía la oportunidad de contestarla, pero, sobre todo, de ofrecer prueba para contradecirla.
Respecto a la garantía consistente en que al imputado se le comunique la acusación de manera previa al juicio y oportuna, resulta que el Código de la materia vigente establece que ésta, la cual se plasma en las conclusiones, se presentará después de que ha fenecido el plazo para ofrecer prueba. De esta manera, la formulación de la acusación no resulta oportuna, puesto que una vez que se ha presentado la misma ya no existe oportunidad por parte del imputado de ofrecer prueba (mas que la superveniente), esto es, para ejercer su defensa.
Este estado de cosas, sin duda violenta el derecho de defensa previsto en el articulo 20, Apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, pero en general, afecta la adecuada defensa durante todo el proceso y durante el juicio, pues, como se tiene dicho, este derecho constituye un presupuesto de los demás derechos de defensa, ya que resulta indispensable para poder preparar la misma adecuadamente.
En esta iniciativa se garantiza adecuadamente que la comunicación de la imputación inicial sea lo suficientemente detallada y circunstanciada, como lo exigen los tratados internacionales en cita, pues exige al Ministerio Público “exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de su acusador” e, incluso, concede al Juez de control la facultad de solicitar de oficio o instancia del imputado o su defensor, las aclaraciones o precisiones que considere pertinentes.
Pero no sólo se garantiza en el nuevo Código el que se le den a conocer desde esta etapa tan temprana del proceso los hechos que se le imputan y su clasificación jurídica, sino también garantiza que conozca los antecedentes de la investigación que la sustentan, estableciéndose que: antes de las audiencias, el Ministerio Público deberá permitir al defensor el acceso a la carpeta de investigación y deberá proporcionarle copias de la misma, en caso de que le sean solicitadas con la debida anticipación. En caso de negativa del Ministerio Público, el defensor podrá reclamar la negativa ante el Juez, quien, después de escuchar al Ministerio Público podrá en su caso determinar la suspensión de la audiencia respectiva, sin perjuicio de aplicar a éste las sanciones correspondientes.
El problema existente hoy en día con la falta de oportunidad de la acusación, también se ve solucionado en el Nuevo Código, pues, se contempla el derecho del imputado a ofrecer prueba después de presentada la acusación del Ministerio Público, la cual, es un acto previo al término concedido a la defensa para llevar a cabo dicho ofrecimiento. Asimismo, se establecen los requisitos que debe reunir el escrito de acusación (el que sea por escrito garantiza mayor certeza jurídica), los cuales garantizan que la misma sea detallada y completa. Pero, incluso, en caso de que no lo fuera, se concede facultad al imputado para solicitar su aclaración.
En caso de que el imputado manifieste su derecho a declarar ante el Ministerio Público, éste la hará saber detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida conocidas, incluyendo aquellas que fueran de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables, y los antecedentes que arroje la investigación en su contra.
d. Congruencia entre acusación y sentencia condenatoria. Se trata de una garantía íntimamente vinculada con la anterior, pues de qué sirve que al imputado se le notifique una acusación de forma oportuna y previa, si después de que ésta ha preparado su defensa conforme a dicha acusación, la misma le es modificada. De hecho, la nueva acusación ya no le da oportunidad de preparar su defensa al imputado y, por ende, no puede considerarse oportuna.
El problema deviene en que, como se ha visto, en el procedimiento vigente, después de presentadas las conclusiones del Ministerio Público, ya no hay oportunidad de ofrecer pruebas (más que las de carácter superveniente). Por tanto, si el Ministerio Público modifica la clasificación del delito en sus conclusiones acusatorias, en realidad el acusado ya no tiene oportunidad de defensa real.
En esta iniciativa, se garantiza expresamente el principio de congruencia entre acusación y defensa y si bien se permite que el Ministerio Público modifique la clasificación jurídica de los hechos plateados en su escrito de acusación al iniciar el juicio oral, se contempla que en este caso, a petición del defensor del acusado, se suspenderá la audiencia para darle oportunidad de preparar su defensa respecto de la nueva clasificación jurídica de los hechos.
El nuevo ordenamiento procesal establece una garantía de congruencia fáctica, entre la imputación formulada por el Ministerio Público al iniciar el proceso y el auto de vinculación a proceso, con lo que se garantiza también la defensa antes del dictado de dicho auto. Pero tomando en cuenta lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal y lo dispuesto en la presente iniciativa, se desprende que de esta manera también se garantiza la congruencia esencial entre imputación inicial y acusación. Lo que, sin duda, protege de mejor manera el derecho a la defensa, sobre todo en el aspecto de concederle al imputado el tiempo suficiente para prepararla desde que se le formula la imputación, misma que no podrá sufrir modificaciones substanciales en lo relativo a los hechos en el escrito de acusación y, por ende, en el juicio oral.
e. Derecho a disponer del tiempo adecuado para preparar su defensa:

Ya hemos visto que esta garantía del debido proceso tiene una íntima relación con la comunicación previa y oportuna de la acusación. Para determinar lo que constituye “tiempo suficiente” hay que evaluar las circunstancias particulares de cada caso. La Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional expresó la opinión en sentido parecido, diciendo que “el plazo otorgado para ejercer la defensa –una semana- fue extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de la causa y la revisión del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado”.


Nuestra Constitución Política no hace referencia expresa a esta garantía, únicamente prevé la posibilidad de solicitar “para su defensa” una prórroga de los plazos previstos para el juzgamiento en la fracción VIII, Apartado A, del artículo 20. Derecho que, por cierto, no prevé el Código vigente.
Ya se ha visto que garantizar el nuevo Código el principio de congruencia entre imputación y acusación (y por ende, indirectamente entre imputación y sentencia) le permite al imputado preparar su defensa desde mucho tiempo antes del juicio. Además, el nuevo Código contempla plazos bastante razonables que otorgan tiempo suficiente al imputado para preparar su defensa en juicio. Por ejemplo, el plazo para cerrar la investigación puede ser de hasta seis meses, sin perjuicio de que se contempla la posibilidad de reabrirla a petición del imputado a fin de que se lleven a cabo actos de investigación que considere necesarios para preparar su defensa.
f. Derecho a contar con los medios adecuados para preparar su defensa:

La doctrina considera que constituye un medio indispensable para su defensa el que se le dé al imputado o su defensor acceso oportuno a los antecedentes de la investigación y los datos que obren en el proceso. Garantía prevista expresamente en la fracción VII; Apartado A, de artículo 20 de nuestra Ley Suprema.


El derecho en cuestión se refuerza considerablemente en todos sus aspectos en el nuevo Código. En primera instancia se faculta al defensor a entrevistarse con cualquier persona a fin de preparar su defensa, estableciéndose incluso que el Juez podrá auxiliarlo para concretizar dichas entrevistas.
Ello aunado a la facultad del defensor de solicitar información pública conforme a la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, garantizará de manera más que optima que el imputado cuente con los medios para preparar su defensa, además de que contribuirá a que llegue mayor cantidad de información al juicio y, por ende, el tribunal tenga más elementos para resolver.
En cuanto al acceso a todos los antecedentes que arroje la investigación, cabe destacar primero que, en la iniciativa se obliga a proporcionar al imputado y su defensor “información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso.”
En segundo término, ya se ha visto que en la iniciativa se establece que “antes de las audiencias, el Ministerio Público deberá permitir al defensor el acceso a la carpeta de investigación y deberá proporcionarle copias de la misma, en caso de que le sean solicitadas con la debida anticipación.” Finalmente, se faculta al imputado a obtener copias de los registros de la investigación.
g. Derecho a ofrecer prueba para su defensa, a que se le reciban las mismas y a ser auxiliado para que sus testigos o peritos comparezcan a juicio:

Ya se han visto las serias limitaciones que tiene el imputado para ofrecer prueba en el procedimiento vigente, pues el plazo que se le concede para tal efecto es muy limitado en la práctica, en virtud de que después de presentada la acusación del Ministerio Público no existe oportunidad de ofrecer más que pruebas supervenientes.


Estas limitaciones no existen en el Nuevo Código Procesal, ya que al imputado se le concede un plazo mayor para ofrecer pruebas, y esta oportunidad se le concede después de presentada la acusación del Ministerio Público. También se reconoce el derecho de las partes de ofrecer en juicio oral prueba superveniente y prueba de refutación (aquellas que se ofrecen para refutar la veracidad, autenticidad o integridad de un medio de prueba).
En cuanto al derecho a que se le reciban las pruebas que ofrezca, cabe destacar que no se trata de un derecho ilimitado. Deben existir límites, aunque mínimos, basados en la pertinencia o relevancia de la prueba, necesidad de la misma y conducencia.
Esta posibilidad de limitar la admisibilidad de la prueba, conforme a los anteriores criterios, se desprende de lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que las violaciones procesales “deben afectar las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo.” Criterio que ha sido reiterado en diversas resoluciones de nuestro Máximo Tribunal, y que también comparte el Comité de Derechos Humanos.
Puesto que obvio es que la prueba que no se admite por impertinente, irrelevante, innecesaria (por ir encaminada a probar hechos notorios) o inconducente, no afecta la defensa del imputado y tampoco trasciende al resultado del fallo.
Asimismo, creemos que no por tratarse del imputado, debe admitírsele prueba obtenida violentando derechos fundamentales de terceros. Ello basándose en el principio de derecho, de que nadie puede aprovecharse de su propia ilicitud y, basándose en la razones fundamentales por las que al Ministerio Público se le debe denegar la prueba ilícita, esto es, evitar volver inoperantes las garantías fundamentales y desincentivar la violación de las mismas, por parte de la autoridad.
Fuera de esas limitantes, el imputado tiene derecho a que se le reciba la prueba que ofrezca dentro de los plazos legales.
Finalmente, en la iniciativa se avanza considerablemente, respecto a la garantía de que se le auxilie para que sus testigos o peritos comparezcan a juicio, pues no sólo se contempla el auxilio judicial para citar testigos y hacerlos comparecer por medio de la fuerza pública, sino que inclusive se prevé la posibilidad de que en caso de que el testigo resida “en un lugar lejano al asiento de la oficina judicial y carezca de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia.” Asimismo, se contempla la posibilidad de auxiliar en el desahogo de la prueba testimonial a imputados de escasos recursos económicos que no puedan pagar honorarios de un perito.
h. Derecho a interrogar a sus testigos y contrainterrogar a los testigos de cargo.

El Código de Procedimientos Penales vigente violenta este derecho, pues autoriza al Juez a que los interrogatorios se hagan por su conducto y a que le pregunte al testigo lo que estima pertinente, lo que en la práctica, en ocasiones lleva a que sea el secretario del juzgado quien en realidad interroga a los testigos.


En la nueva legislación procesal ya se ha visto que la única declaración que vale, como regla general, es la que presta el testigo en juicio oral y expresamente se dispone que “los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.” Por ende, se termina con la desigualdad en el interrogatorio de testigos de cargo y descargo a que se ha hecho referencia.
Asimismo, se establece que la declaración de testigos y peritos se sujetará al interrogatorio de las partes y que, los miembros del tribunal de juicio, únicamente pueden realizarles a testigos y peritos preguntas de tipo aclaratorio.
Resulta evidente que en el procedimiento actual, la posibilidad de contrainterrogar testigos y peritos se encuentra sumamente limitada. En primer lugar, puesto que, de acuerdo a la validez que el Código vigente y la jurisprudencia de los tribunales federales otorga a las diligencias de averiguación previa, no es necesario que un testigo de cargo acuda al proceso y sea contrainterrogado por el imputado o su defensor, para que sus declaraciones tengan credibilidad. Ello en la práctica, provoca que muchos testigos decidan no ir al proceso y, por ende, la defensa nunca pueda contrainterrogarlos.
Otra seria limitante, que también tiene su origen en que la ley y la jurisprudencia consideran que lo declarado en la averiguación previa ante el Ministerio Público, es como si lo hubiese declarado en juicio, es que, en la práctica, el defensor no puede preguntarle al testigo de cargo acerca de lo que ya ha declarado ante el Ministerio Público, aunado al hecho de que el Código vigente y los secretarios no permiten las preguntas sugestivas a los testigos de cargo, único medio para confrontar realmente la información aportada por los testigos de la contraparte y, en su caso, cuestionar su credibilidad o la exactitud de su dicho, además de que, si se toman en cuenta las tesis jurisprudenciales sobre inmediatez y retractación de testigos, el contrainterrogatorio de testigos de cargo está destinado al fracaso y carece de una utilidad real, pues, como se ha visto, las declaraciones anteriores al contrainterrogatorio deben ser preferidas a las que se logren obtener del testigo con motivo del mismo.
Ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones que la única declaración que vale, de acuerdo con la nueva legislación procesal, es la que el perito o testigo rindan en juicio oral. Por ende, esto lleva a que la primera que tendrá interés en que el testigo o perito comparezcan a juicio, es la parte que lo ofreció. Ahora bien, habiendo comparecido a juicio el testigo o perito, la contraparte del oferente de un testigo o perito tiene siempre el derecho a contrainterrogarlos.
Se contemplan pues en la iniciativa, una serie de herramientas (preguntas sugestivas, la posibilidad de confrontar al testigo con sus dichos o las versiones de otros testigos, dar lectura a declaraciones previas del testigo para evidenciar contradicciones) que le permiten realmente al contrainterrogador (en este caso, el imputado o su defensor) poner a prueba la credibilidad del testigo o de su testimonio.
j. Derecho a que los testigos de cargo declaren en su presencia en juicio (derecho a ser careado o derecho a la confrontación).

Este derecho no se encuentra previsto expresamente en los tratados internacionales en cita, empero, sí expresamente en nuestra Constitución Federal, concretamente en la fracción IV del Apartado A del artículo 20.


El sistema mixto inquisitivo, que se busca superar, ve al careo más como un método de obtención de la verdad que como una garantía del debido proceso penal. Por tanto, al regularlo, lo establece como un método de confrontación entre testigos de cargo e imputado (en el 90 % de los casos resulta absolutamente estéril, pues ambos se sostienen en “sus dichos”), con la intención orientada, más bien, a que el imputado reconozca el hecho.
En el nuevo sistema, el careo se visualiza como una verdadera garantía del debido o justo proceso penal, que exige que los testimonios de cargo sean rendidos en juicio, estando físicamente presente el imputado (viéndose las caras) y que busca evitar testimonios falaces en contra del mismo y garantizar su defensa, al permitirle hacer observaciones a su defensor sobre lo que el testigo esté declarando en juicio y, así, el defensor pueda confrontar al testigo en el contrainterrogatorio, con las versiones del imputado. Estando, por tanto, íntimamente relacionada esta garantía con el derecho del imputado a estar presente en el juicio y a ejercer su defensa material.
En la nueva legislación se garantiza plenamente este derecho. Ya que se establece como requisito de validez de la audiencia de debate de juicio oral que el imputado se halle presente. Por tanto, se garantiza que cuando los testigos de cargo declaren en juicio, podrán verse las caras.
Desde luego, existen excepciones a este principio, contempladas en la misma Constitución, concretamente en el Apartado B, del artículo 20, que ameritan que el testigo menor de edad, presunta víctima de violación o secuestro, puede y debe declarar en un lugar distinto a la sala de audiencias, donde no se encuentre presente el acusado, utilizando al efecto las técnicas audiovisuales disponibles para garantizar, en la medida de lo posible, el derecho de la defensa a contra interrogar y el principio de inmediación.

G. Derecho a guardar silencio


Otra de las garantías importantes del imputado, íntimamente relacionadas con el derecho a la defensa aunque, según muchos, susceptible de ser diferenciada, es el derecho a no declarar si no desea hacerlo, es decir, a guardar silencio.
Este derecho se encuentra expresamente reconocido por nuestra Constitución en la fracción II, del Apartado A, del artículo 20 de la Constitución. Los tratados internacionales en cita no prevén expresamente el derecho a guardar silencio, sino únicamente el derecho a no ser obligado a declarar en su contra, como antiguamente lo consagraba nuestra Carta Magna. De hecho, el constituyente tuvo el atino de proteger este derecho, negando todo valor probatorio a las confesiones hechas ante autoridades distintas del Ministerio Público o el Juez, o las hechas ante éstos, sin presencia del defensor.
Existen diversas prácticas hoy en día, así como jurisprudencias que restringen o, al menos, facilitan se violente el derecho a guardar silencio. En primer lugar, cabe destacar que en contra de lo que dispone expresamente la Constitución, algunos juzgadores locales siguen otorgándole valor probatorio a confesiones rendidas ante la policía, argumentando que no se les da valor de confesión, sino de indicio (siendo que la Constitución prohíbe concederle a esas confesiones algún valor probatorio, pues le niega “todo” o cualquier valor).
También constituye una práctica en las agencias del Ministerio Público que se rindan declaraciones a indiciados, sin que en realidad esté presente el defensor, quien luego se presenta a firmar el acta donde consta la declaración del imputado, o bien, que se les prohíba a éstos entrevistarse previamente con los indiciados detenidos.
En fin, a efecto de contrarrestar estas prácticas y los efectos de estos, en el nuevo Código Procesal se establecen diversas medidas de protección al derecho a guardar silencio, entre las que cabe destacar las siguientes:

I.- El Juez de control ni siquiera debe admitir como medio de prueba la confesión del imputado, si no reúne los requisitos que se establecen en el nuevo Código Procesal relativo a la confesión del mismo.


En la presente iniciativa se establecen requisitos de admisibilidad de la reproducción de las declaraciones del imputado en juicio oral. Además, debe tomarse en cuenta que la admisibilidad de las pruebas corresponde decretarla al Juez de Control (salvo en el caso de las supervenientes o de refutación), no al Tribunal de Juicio Oral.
H. Inadmisibilidad o exclusión de pruebas ilícitas.

Salvo casos excepcionales, el actual orden jurídico no establece que la prueba ilícita deba ser excluida del proceso, o bien, prohíbe que a la misma se la asigne valor probatorio alguno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha establecido que la prueba obtenida mediante violación de derechos fundamentales debe ser excluida del proceso, o que a la misma deba negársele todo valor probatorio. Ello obligó, incluso al Constituyente, a establecer reglas de exclusión de valor en casos de violación de garantías, como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas o a las declaraciones rendidas sin que se cumplan los requisitos previstos en la fracción II, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal. También el legislador federal, ante la jurisprudencia de la Suprema Corte que reconocía valor a las pruebas obtenidas en cateos realizados sin autorización judicial, se vio en la necesidad de establecer en el Código Federal de Procedimientos Penales que las pruebas obtenidas en ese tipo de cateos carecen de todo valor probatorio.


Ese reconocimiento de admisibilidad y valor de la prueba obtenida violentando derechos fundamentales, ha traído como consecuencia la ineficacia de ciertas garantías o derechos fundamentales, y que las mismas se hayan convertido simplemente en buenas intenciones del Constituyente (obviamente aquellas que no protegió mediante regla de exclusión de la prueba obtenida violentándolas) máxime que la Suprema Corte ha establecido que transgresiones a la garantía de inviolabilidad del domicilio no son reparables por medio del amparo. Pero esa aceptación de la llamada prueba ilícita, ha incentivado que dichas garantías se sigan violentando.
Por ende, resulta indispensable establecer, como se propone en el nuevo Código, una regla de exclusión de la prueba obtenida violentando derechos fundamentales, negando toda virtualidad o eficacia jurídica a lo logrado con su infracción. Primero, con el objetivo de proteger verdaderamente las garantías individuales y evitar legitimar o convalidar judicialmente tales actos, contrarios al derecho constitucional.
En segundo término, porque san­cionando a la prueba ilegalmente obtenida con la inadmisión procesal, se logra disuadir de manera muy eficaz a potenciales infractores del orden jurídico, como lo han demostrado las reformas constitucionales y legales mencionadas.
En esta línea, se afirma que la única respuesta que el ordenamiento jurídico debe dar a su violación, no es otra que el rechazo absoluto de lo obtenido con dicha actuación, pues sólo así puede desalentarse a quienes pretendan recurrir a tales artimañas.
Todavía cabría decir que la justicia misma del proceso puede verse cuestionada al admitirse la prueba ilícita ya que, "parece bastante claro que el valor Justicia se ve seriamente resentido, si quienes deben velar por­que las leyes sean cumplidas -los policías- son los primeros en violarlas, y quie­nes tienen como función aplicar e interpretar la ley -los Jueces- basan un juicio de reproche penal en la prueba obtenida mediante la comisión de otro delito".
Como se tiene dicho, en el nuevo Código se establece de manera contundente, primero que: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código” y que, “no tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas”.
Posteriormente se contempla que “el Juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquellas que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales.”
Por otra parte, también en otro artículo de la iniciativa se establece que “los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito, o si no fueron incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código.
Se considera que con ambas disposiciones se pueden obtener los objetivos ya mencionados de protección de garantías fundamentales, desincentivar su violación y garantizar el justo proceso.
Derecho a ser juzgado en plazo razonable.

Debe reconocerse que los juzgadores, por regla general, cumplen con los plazos constitucionales para juzgar a los inculpados. El problema hoy en día se presenta en la etapa de averiguación previa, pues gran parte de las mismas, donde no existe persona retenida, se quedan abiertas indefinidamente sin ser resueltas (casi siempre hasta que prescribe la acción penal) dejando en estado de zozobra permanente al indiciado. Sin perjuicio de que también se violenta el derecho de la víctima u ofendido a una procuración de justicia expedita.


Se identifican como obstáculos fundamentales de la expeditez de los juicios: la desconcentración ya mencionada de los actos del juicio; excesivos e innecesarios formulismos y ritualismos; predominio de la escritura frente la oralidad: formas arcaicas de registro de actuaciones; carga excesiva de labores administrativas (registros, oficios, atención al público), principalmente a los secretarios, y una deficiente gestión de los juzgados.
Asimismo, se ha constatado que la gran mayoría de los delitos de que conocen los juzgados penales son leves y de carácter patrimonial. Los delitos realmente graves representan un porcentaje mínimo de los casos procesados por los Jueces penales en el Estado.
El nuevo Código desde luego reconoce expresamente la garantía del imputado a ser juzgado en el plazo a que se refiere la fracción VIII, apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además, establece una serie de medidas que, sin duda, pueden contribuir a que el juicio sea más expedito.
En primer lugar, cabe destacar que la investigación se desformaliza, lo que debe contribuir a que la misma sea más rápida. Asimismo, se establece un sistema de audiencias orales en el proceso penal que, sin duda, contribuirá a agilizar el proceso. Todos los actos del juicio (alegatos y desahogo de prueba) se concentran en una audiencia que debe llevarse a cabo de manera continua.
Cerrado el debate, la deliberación debe llevarse a cabo de manera continua. Por otro lado, se reduce el plazo vigente para el dictado o redacción de la sentencia (a cinco días, después de dado a conocer el fallo absolutorio o en la audiencia de individualización de las sanciones en el caso de fallos condenatorios.
Los sistemas de registro (mediante audio o video) sin duda harán que se pierda menos tiempo en levantar actas y registrar audiencias por escrito. Por otra parte, se omiten toda formalidad y ritualismo innecesarios.
Se establecen también facultades para que el Ministerio Público desestime casos o los archive y, pueda de esta manera, racionalizar el uso de los recursos y evitar dedicar recursos materiales y humanos a investigaciones de hechos que no son delictivos, hechos sin ninguna trascendencia social o de mínima culpabilidad del autor, o investigaciones sin ninguna perspectiva de éxito en el mediano plazo. Permitiéndole dedicar esos recursos a investigar y perseguir hechos de mayor gravedad.
Asimismo, se contemplan soluciones alternas para un buen número de casos que permitirán resolver esos casos de manera muy rápida y satisfactoria. Se contempla el procedimiento abreviado para los casos en donde no hay controversia sobre la existencia del delito y la responsabilidad, lo que permitirá dictar sentencia a días de haberse iniciado el proceso penal.
En cuanto a la reestructuración de los tribunales, el mejoramiento de su gestión, a fin de quitarle a los juzgadores toda carga administrativa y mejorar los procesos de trabajo al interior de los mismos, no son materias propias del Código Procesal, empero, son cuestiones que sí se buscará atender, al momento de analizar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, más adelante.
J. Juicio oral, público, contradictorio, concentrado, continuo y celebrado íntegramente ante el tribunal o jurado que emitirá la sentencia o el veredicto.
La garantía de previo juicio a la imposición de una pena se desprende claramente de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República. De tal suerte, se desprende que el juicio penal debe contener al menos una etapa donde el acusador exprese los hechos en que basa su acusación, así como sus pretensiones punitivas, y el acusado fije su posición respecto a esa acusación; una etapa donde se desahoguen las pruebas con los cuales las partes buscan demostrar los hechos en que basan su acusación o su defensa, y una etapa de alegatos en la que la parte acusadora se ocupa de argumentar cómo es que probó los hechos motivo de su acusación, y de argumentar sobre el derecho aplicable a esos hechos, y el acusado, argumenta cómo es que el acusador no logró probar esos hechos, o bien, cómo él demostró los hechos en que basó su defensa y, en su caso, porqué el derecho alegado por el acusador no es aplicable. Etapas que resultan esenciales en todo juicio, pues constituyen un presupuesto necesario para que el tribunal o Juez puedan resolver el conflicto, esto es, dictar sentencia.
El juicio penal debe llevarse a cabo respetando los principios de inmediación, publicidad, oralidad, concentración y continuidad.
La inmediación, que en esencia exige que la prueba sea percibida directamente por los Jueces, de primera mano, sin mediaciones o intermediarios, es una garantía que deriva claramente de la citada fracción VI del artículo 20 Constitucional, porque la Norma Suprema establece en dicha fracción que el imputado, además de ser juzgado en audiencia pública, lo será “por un Juez”. Es evidente que el Constituyente al utilizar la expresión por un Juez, a contrario sensu excluyó a cualquier otro funcionario que no tuviera la investidura judicial, por lo que naturalmente debe entenderse que quedo prohibida la práctica de delegación de funciones en el juicio.
La publicidad del juicio asegura el control, tanto externo como interno, de la actividad judicial y del resto de los intervinientes en el proceso penal. Conforme a ella, la formulación de hipótesis y la determinación de la responsabilidad penal tienen que producirse de manera transparente, sin secretos o elementos que puedan generar desconfianza tanto al público en general, como al imputado en particular.
Ahora bien, el principio de inmediación exige necesariamente la oralidad, esto es, que los testigos y peritos declaren de viva voz frente al tribunal, pues es evidente que la inmediación no existe cuando las declaraciones de dichos órganos de prueba le llegan al Juez plasmadas en un documento. Lo mismo sucede en caso de que los argumentos de las partes le sean expresados al juzgador por escrito. Pero la oralidad del juicio constituye una condición para que la publicidad sea efectiva, pues impide que las declaraciones que rinden los participantes en el proceso entren por el filtro de los operadores del sistema penal que, con frecuencia, ya dan a las mismas la forma típica de las resoluciones judiciales.
Esta vinculación es tan estrecha que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra ambos principios en la fracción VI, del artículo 20, ahora apartado A, al prever como garantía individual básica del imputado la de “ser juzgado en audiencia pública...”. La voz audiencia denota semánticamente la oralidad, toda vez que el término proviene de oír, escuchar lo que otro dice verbalmente.
Procede ahora abordar el principio de contradicción. La contradicción es la esencia misma de este proceso que se quiere para el Estado de Morelos, debe recalcarse que son múltiples las condiciones necesarias para que exista una efectiva contradicción, las cuales en su momento serán expuestas para complementar las explicaciones de los distintos principios. Baste por ahora señalar que el principio de contradicción es el que permite elevar la calidad de la información que los Jueces utilizan para la toma de decisiones, al someterse la información que cada parte produce y presenta al Juez, al estricto control de su contraparte.
La contradicción de la prueba, de los argumentos, es una de las formalidades esenciales del procedimiento de acuerdo a como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida. De lo expuesto en relación a los derechos de defensa, especialmente respecto al derecho de alegar, el derecho de contrainterrogar testigos y peritos de cargo, se obtiene que la contradicción sea un principio que debe respetarse en juicio necesariamente, de acuerdo con los tratados internacionales en mención.
De acuerdo con el principio de igualdad entre las partes, la facultad de contradecir argumentos y pruebas corresponde no sólo al imputado, sino también al Ministerio Público. Pues la contradicción no sólo garantiza el debido o justo juicio, sino que resulta un elemento indispensable para controlar la calidad de la información que se produce en juicio y que garantiza que en el mismo se producirá toda o, al menos, la gran mayoría de la información disponible sobre el caso. Esto es, este principio se constituye en una garantía de verdad y, por ende, de justicia.
Uno de los principios que resulta instrumentalmente funcional a la operatividad de la inmediación, la publicidad y la contradicción, es el principio de continuidad, que también se encuentra previsto en esta iniciativa de reforma procesal penal. La continuidad consiste en que las audiencias se desarrollen sin interrupciones, de modo tal que el juzgador pueda retener y el auditorio seguir la secuencia de lo que en ella ocurre. La práctica de diferir audiencias con intervalos de tiempo muy amplios, necesariamente implica la existencia de un expediente en el que se registran los distintos actos del proceso, y ello entra en directa contradicción con los presupuestos y formas de operación contemplados por nuestra Constitución y tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, el principio de concentración, el cual significa que las distintas etapas que necesariamente deben integrar un juicio (postulativa, probatoria, de alegatos y resolutiva), se “concentran” en una sola audiencia a fin de evitar, sobre todo, la dispersión en el desahogo de todos los medios de prueba.
El principio de concentración del juicio se desprende de la interpretación de lo dispuesto por la fracción VI, Apartado A, del artículo 20 de la Constitución que, como se ha visto, concede al inculpado la garantía de ser juzgado en una audiencia pública.
En primer término, en virtud de que es evidente que la intención del Constituyente al establecer que el inculpado debe ser juzgado en una audiencia pública, no era únicamente que la sentencia fuera emitida en esa audiencia en forma pública, sino que todos los actos previos y necesarios para el juzgamiento, que como se tiene dicho, son el desahogo de pruebas y la expresión de alegatos de las partes, se desahogaran en dicha audiencia. Es decir, al referirse al juzgamiento, se refería tanto a la etapa cognoscitiva como decisiva del juicio. Además, en el numeral en análisis se establece que el inculpado debe ser juzgado en audiencia, esto es, el Constituyente habla en singular, no en plural.
En primer lugar, no se puede afirmar que en el juicio vigente se respete el principio de inmediación en los casos en que se desahogan pruebas en el juzgado, pues, en la práctica, es rarísimo que el Juez se encuentre presente al llevarse a cabo el desahogo, práctica que es permitida por el Código actual, ya que en ningún momento prohíbe de manera tajante la delegación de funciones, ni mucho menos la sanciona procesalmente.
El principio de oralidad y, por ende, el de publicidad, tampoco se respetan en el caso de las conclusiones, pues el actual Código de Procedimientos Penales establece que las mismas deben presentarse por escrito y a las mismas no tienen acceso los terceros.
Finalmente, el principio de concentración en una audiencia pública de las distintas etapas esenciales del juicio, tampoco se respeta en el ordenamiento jurídico vigente, el desahogo de pruebas, las conclusiones, los alegatos y la sentencia, se encuentran separadas o desconcentradas, pues se llevan a cabo en etapas muy lejanas una de las otras. La propia prueba se desahoga de manera totalmente desconcentrada, a veces pasando meses entre el desahogo de un medio de prueba y otro. Ello debido a que el ordenamiento procesal vigente establece que la prueba debe desahogarse en la instrucción.
En el Código vigente se ha pretendido dar cumplimiento a la garantía individual prevista en la fracción VI, Apartado A, del artículo 20 de la Constitución (ser juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal, esto es, ser juzgado de manera pública, con inmediación, contradicción, y, por tanto, necesariamente oral), a través de lo dispuesto en los artículos en los que se contempla la llamada Audiencia Final o de Vista. La Suprema Corte ha establecido que con esa audiencia se cumple lo dispuesto por dicho numeral de la Carta Magna. Sin embargo, es evidente que esta audiencia no reúne las formalidades esenciales que exige nuestra Carta Magna para la celebración del juicio penal.
El nuevo Código garantiza de manera clara y efectiva todos y cada uno de los principios que deben respetarse en el juicio penal, de acuerdo con lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental y tratados internacionales suscritos conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo relativo al juicio de la presente iniciativa, se establece que el juicio debe celebrarse respetando los principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad, definiendo cada uno de dichos principios y explicando como se deben manifestar en el juicio, y prohibiendo actos que podrían afectarlos, como la suspensión reiterada de la audiencia, la introducción por lectura de antecedentes de la investigación, la expresión de argumentos por escrito, etc. Por otra parte, al regularse el desahogo de la prueba, se garantiza la adecuada contradicción de la misma. También se establece una audiencia donde debe darse lectura pública de la sentencia. Sin perjuicio de que todos estos principios esenciales del juicio se tutelan también, estableciéndose como una causa de casación o nulidad del mismo el que se haya violentado alguno de ellos.
K. Derecho a impugnar sentencia de primera instancia.

Este derecho se garantiza en la presente iniciativa, donde el imputado cuenta con el recurso de casación para impugnar la sentencia de juicio oral. Ahora, este recurso se regula de tal manera que se respetan los principios del juicio, especialmente el de inmediación, pues no se permite al tribunal de segunda instancia revalorar de manera autónoma la prueba y darle un valor propio a la misma, simple y sencillamente porque no estuvo presente durante su desahogo y, por tanto, no la pudo percibir directamente con sus sentidos.


De lo contrario se estaría prefiriendo para valorar la prueba a un juzgador con menos información que aquel con mayor información sobre la prueba, pues la presenció. Ello no significa, desde luego, que el tribunal de casación no pueda revisar que la valoración de la prueba, por parte del tribunal de juicio oral, haya seguido las reglas de la sana crítica y sea acorde con las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, además de verificar que no haya alterado los resultados de la prueba.
El recurso de casación también se constituye como un instrumento de protección de las garantías del juicio justo o debido, pues en la iniciativa se establece que el Tribunal deberá revisar que se hayan cumplido en el juicio esas garantías y, en caso contrario, nulificar el juicio viciado y ordenar la realización de otro donde se cumplan todas las garantías de un juicio justo previstas en la Constitución, tratados internacionales y en el propio Código Procesal.
L. Prohibición de doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos o non bis idem.

En realidad, hoy en día, no existe un problema de violación sistemática a este derecho. Sin embargo, el mismo se contempla expresamente como principio procesal en el artículo 14 del proyecto, donde se precisan algunos aspectos de la garantía, como que la persona cuyo proceso ha sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos y que “será admisible una nueva persecución penal cuando la primera persecución haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio.”


M. Tutela jurisdiccional de las garantías del debido proceso penal.

Hemos tratado de explicar y justificar las razones por las que se considera que el Nuevo Código de Procedimientos Penales que se propone para el Estado de Morelos, garantiza efectivamente el debido o justo proceso penal. Cómo es que este ordenamiento procesal reconoce y establece los requisitos mínimos para poder calificar a un proceso penal como justo o debido.


En este sentido, se avanza considerablemente también en el nuevo Código, en el que se contemplan diversas herramientas para preservar no solo las garantías del debido proceso, sino otros derechos fundamentales del imputado.
Finalmente, se establece que en la apelación deberán hacerse valer las violaciones procesales cometidas antes del dictado de la resolución impugnada, lo que prevendrá que los procesos tengan que reponerse desde el dictado de la sentencia, a veces, hasta el inicio del proceso. Evitando así también el dispendio innecesario de recursos y el retardo en la justicia que ello provoca.
2.- Garantizar a las víctimas y ofendidos por el delito acceso a la justicia, asistencia, protección, restauración y trato digno.

En contra de lo que algunos sostienen, esta Soberanía esta convencida de que garantizarle un justo proceso al imputado y reconocerle otros derechos fundamentales, en nada perjudica a la víctima u ofendido o restringe sus derechos. Muy por el contrario, la víctima u ofendido tiene derecho a saber que se castiga al verdadero culpable y lo único que le puede garantizar eso es un justo y debido proceso del imputado del delito. Tampoco la ecuación opera a la inversa, pues, salvo contadísimos casos (aplicación de medidas cautelares personales para proteger a la víctima o de medidas cautelares reales), al reconocerle y garantizarle sus derechos fundamentales a la víctima u ofendido, se estará restringiendo un derecho del imputado.


En ese mismo sentido resulta insostenible el argumento de quienes afirman que la víctima u ofendido tiene derecho a que se violenten los derechos del imputado o que a este se le juzgue injustamente y sin derecho a defenderse. Quienes sostienen este argumento, son autoritarios que pretenden utilizar a la víctima u ofendido como pretexto para violentar derechos humanos y abusar del poder.
El reconocimiento de los derechos de las víctimas, no debe implicar restricción de los derechos del imputado, sobre todo los relativos al debido proceso, el que en la Declaración se establezcan los derechos de las víctimas del delito y de las víctimas del abuso del poder que, según dicha declaración, son justamente entre otras las personas que han “sufrido menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.”
Dicho lo anterior procede ahora revisar en que medida la presenten iniciativa en comento garantiza los derechos de las víctimas de los delitos y avanza en este sentido con relación a la legislación vigente. Debe reconocerse que en los últimos años se han dado avances significativos en el reconocimiento a nivel constitucional y legal de los derechos de la víctima u ofendido.
Cabe destacar que en la presente iniciativa, por principio de cuentas, se establece que a la víctima u ofendido se le deben reconocer de entrada todos los Derechos que contempla en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos, conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes secundarias. De esta manera se amplían en términos generales los derechos de las víctimas respecto a la legislación vigente, sobre todo al reconocerse que gozará de los Derechos previstos en los Tratados Internacionales, de esta manera garantizar que se cumpla con uno de los objetivos fundamentales que se busca con la expedición del Nuevo Código de Procedimientos Penales: garantizar a las víctimas y ofendidos por el delito el acceso a la justicia, asistencia, protección, restauración y trato digno.
Por otra parte, en el nuevo Código se define perfectamente quienes deben ser considerados ofendidos cuando la víctima ha muerto.
El deber de informarle a la víctima u ofendido sobre su papel en el procedimiento penal se garantiza en la presente iniciativa, al establecerse que desde el inicio del procedimiento, deben dársele a conocer sus derechos, el Ministerio Público, le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia del juicio oral, además, en el nuevo proceso penal, el Ministerio Público se verá en la necesidad no sólo de explicarle a la víctima u ofendido su papel en el mismo, sino de motivarla para que efectivamente participe, especialmente como testigo en el juicio oral.
Acerca del derecho a que se le informe sobre el alcance y desarrollo de las actuaciones, el mismo se encuentra garantizado en la Constitución General de la República (por ende, directamente en el proceso penal por disposición del artículo 121) que establece que la víctima u ofendido tienen derecho a recibir asesoría jurídica, que obviamente debe incluir lo relativo a la forma en la que se llevará a cabo el procedimiento penal.
Pero sin duda, el avance más significativo en el tema de la participación de la víctima en el proceso penal, lo constituye la instauración en el Nuevo Código de la figura del acusador coadyuvante, que permite a la víctima u ofendido destacar vicios materiales y formales de la acusación, ofrecer directamente ante el Juez de control prueba para acreditar el delito, la responsabilidad y el daño causado (sin que se requiera la intermediación o aprobación del Ministerio Público) e interrogar a sus testigos y peritos en el juicio oral.
Ahora, también en el tema de la impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y resoluciones equivalentes, se avanza considerablemente respecto a la legislación vigente.
Hoy en día, para impugnar una determinación del Procurador General de Justicia de no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se ven en la necesidad de acudir al amparo, pues en la legislación procesal vigente no se establece medio de impugnación ante órgano jurisdiccional de este tipo de determinaciones. Ello implica que la impugnación de las mismas se vuelve inaccesible para la gran mayoría de las víctimas u ofendidos, especialmente para las de escasos recursos económicos, pues para nadie es noticia que el amparo se ha vuelto un medio demasiado técnico y, por ende, fuera del alcance de la gran mayoría de la población.
En el Nuevo Código se establece un medio sencillo y accesible para impugnar ante órgano jurisdiccional (Juez de control), no sólo las decisiones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Publico, sino de resoluciones equivalentes (no inicio de investigación, archivo temporal y ejercicio de algún criterio de oportunidad). De esta manera, se cumple también con el mandato implícito del párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, consistente en establecer una vía jurisdiccional para impugnar este tipo de determinaciones del Ministerio Público.
También cabe destacar que no sólo se conceden a las víctimas u ofendidos, medios para inconformarse ante las citadas resoluciones del Ministerio Público, sino para quejarse en contra de la inactividad injustificada del Ministerio Público o su negativa a tomar una determinación teniendo los elementos para ello. Con lo que se espera combatir la práctica de algunos agentes del Ministerio Público de no actuar en la averiguación previa sino “a instancia” del denunciante o querellante o bien, la de no resolver la averiguación previa para evitar la impugnación de sus resoluciones.
Asimismo, en la presente iniciativa se faculta al tribunal de juicio oral para disponer, en casos graves y calificados, medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que, obviamente puede ser la víctima u ofendido. Medidas que durarán el tiempo razonable y que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. De igual forma, se dispone que el Ministerio Público adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.
El Nuevo Código establece el derecho del testigo (que puede ser la víctima o uno de los testigos) a no proporcionar en público su domicilio si considera que existe riesgo para su integridad física o la de alguna persona con la que habite.
Por último debe destacarse que la presente iniciativa establece que la publicidad del juicio debe limitarse, cuando se pueda afectar la privacidad de alguna de las personas que participen en él, como lo es la víctima u ofendido, o sus testigos.
3.- Eficiencia y eficacia
La eficiencia y la eficacia del sistema de justicia penal deben ser, sin duda, otros de los objetivos que debe buscar esta reforma procesal penal. La doctrina en la materia está bastante de acuerdo en que, por medio del proceso penal, el Estado debe intentar, por una parte, aplicar de la forma más eficientemente posible la coerción estatal y resolver los conflictos sociales de carácter penal y, por la otra, establecer una serie de resguardos o protecciones al individuo frente al uso de ese poder, y garantizar que el mismo se aplique de manera justa (garantía del debido proceso). Un proceso sin garantías se transforma en un proceso ilegítimo en un Estado Democrático de Derecho pero, a la vez, pretender un proceso penal que no busque importantes niveles de eficiencia (incluyendo la posibilidad de aplicación intensa de coerción) tampoco lo es.
La eficiencia significa que el Estado dispondrá de un mecanismo, el proceso penal, que le va a permitir dar respuestas a la ciudadanía frente a la ocurrencia de ciertos conflictos sociales que definimos como delitos. Por lo mismo, el parámetro fundamental no debe ser sólo la cantidad de sentenciados, pues esta es únicamente una respuesta posible, sin precisamente la cantidad de respuestas que el sistema puede ofrecer. Ellas incluirán no exclusivamente a las condenas, sino que también otras decisiones que adopta el sistema y que son igualmente legítimas como respuestas, porque ello significa que el sistema ha discriminado en esos casos que la aplicación de coerción no era legítima, conveniente o necesaria.
Dentro de estas otras respuestas posibles, se encuentran en el nuevo sistema las absoluciones, los sobreseimientos definitivos, los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso a prueba, entre otras.
La presente iniciativa busca como consecuencia natural de que en la investigación ya no se produce “prueba definitiva” que deba ser documentada con diversas formalidades, se logra que dicha investigación se desformalice, flexibilice y, por ende, se vuelva más ágil, y que los recursos humanos y materiales se ocupen más en buscar esclarecer los hechos que en actos de papeleo y documentación. Se conceden también al Ministerio Público una serie de herramientas para investigar y perseguir criminalidad organizada y no convencional.
Lo mismo sucede en el proceso judicial, pues las decisiones se toman de manera mucho más rápida, en audiencias que en promedio duran veinte minutos (las preliminares) u ocho horas (la de juicio oral). Estas audiencias son registradas por medios más expeditos, modernos y confiables.
En el nuevo Código se conceden al Ministerio Público una serie de facultades (facultad de no inicio de la investigación, archivo temporal y criterios de oportunidad) que le permitirán racionalizar el uso de los recursos disponibles para la persecución penal. Evitando se dediquen esos recursos en hechos no delictivos, investigaciones imposibles o sin perspectivas de éxito o en perseguir delitos de bagatela que no afectan el interés social o buscar la aplicación de las penas que resultan ya innecesarias.
En el nuevo proyecto se amplía la oferta de respuestas que puede ofrecer el proceso penal. Un mayor número de soluciones al conflicto penal, alternas al juicio penal. Concretamente, se amplía la posibilidad de que el imputado y la víctima u ofendido lleguen a acuerdos reparatorios y, de esta forma, terminen en procedimiento. Se instaura también la figura de la suspensión del proceso a prueba como una solución alterna al juicio penal. Asimismo, se contempla un procedimiento abreviado para terminar de manera muy rápida, mediante sentencia, los casos en donde no exista controversia sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado.
Pero, el sistema de justicia penal, no debe sólo ser capaz de entregar respuestas a un alto porcentaje de los casos que se le presentan, sino que, esas respuestas deben ser eficaces en el caso en concreto. Esto es que la respuesta que se aplique sea la más adecuada para el caso en concreto. La socialmente más satisfactoria para la comunidad, víctima del delito y para el sujeto responsable del mismo. Para ello, resulta necesario diversificar las respuestas que puede dar el sistema a los distintos casos que se le presentan. Establecer alternativas al juicio penal y también formas de enjuiciamiento simplificadas y abreviadas al enjuiciamiento tradicional. Pero, también implica construir un sistema de enjuiciamiento que permita identificar a los culpables como poder reconocer a los inocentes y no abandonar la posibilidad de solucionar el conflicto que representa el delito aún en aquellos casos donde la respuesta más conveniente resulta ser la sanción penal.
Desde esta perspectiva, el sistema de justicia penal debe ofrecer y aplicar alternativas que eviten al máximo el contacto con las expresiones más violentas del sistema como la prisión preventiva y el juicio penal mismo, en aquellos casos de personas con altas posibilidades de reinserción social, respecto de las cuales razones de conveniencia social (prevención de la reincidencia y por ende del delito) indican que debe prescindirse al máximo de la respuesta penal tradicional. Para estos casos en el Código se prevé la figura de la suspensión del proceso.
También la eficacia del sistema, entendida como la capacidad del mismo de alcanzar sus fines, le exige contar con los mecanismos que permitan la solución del conflicto social que representa o lleva implícita la comisión del delito. Privilegiando incluso en algunos casos la solución de ese conflicto a la respuesta puramente sancionatoria. El nuevo Código en esta línea establece una serie de supuestos donde justamente se privilegia la solución del conflicto a la sanción penal del responsable del delito y en los que se permite dar por terminado el proceso en caso de que víctima u ofendido e imputado han solucionado el conflicto por cualquier mecanismo (acuerdos reparatorios).
Pero aún en aquellos casos donde la respuesta penal sea la más indicada, el sistema de justicia penal debe ofrecer la posibilidad de solucionar el conflicto social que lleva implícito el delito y de prevenir que el autor del delito reincida. El nuevo Código abre esta posibilidad al introducir como principio del proceso penal a la justicia restaurativa.
La eficacia del sistema de justicia penal implica también la satisfacción real de los intereses de las víctimas, más allá de una retórica legislativa. Ello supone el establecimiento de ciertos mecanismos procesales concretos que incentiven su reparación, como es el caso de los acuerdos reparatorios contemplados en el proyecto de Código o la exigencia de un plan de reparación del daño para que el proceso se pueda suspender a prueba.
Ahora, evidentemente habrá casos en los que sea necesario llegar al juicio para determinar si la persona es culpable o inocente. En estos casos, como se tiene dicho, el sistema de enjuiciamiento debe ser eficaz, esto es, ser capaz de identificar a los culpables como poder reconocer a los inocentes. Para ello, resulta necesario contar con un sistema de juzgamiento que nos entregue la información más abundante y confiable posible acerca del caso en cuestión, capaz de depurar la información. Un juicio que minimice todo lo posible el riesgo de error, evitando particularmente que un inocente sea erróneamente sentenciado –por ejemplo elevando los riesgos para la policía de “plantar evidencia”— aunque también evitando que un culpable eluda a la justicia –por ejemplo aumentando para la defensa los riesgos de “inventar” un testimonio de coartada.
En síntesis la primera y más elemental exigencia para que un juicio constituya un verdadero test de calidad de la información (y por ende sea eficaz) es que la producción de ésta debe ser directamente percibida por los Jueces, para que puedan hacer sobre ella un genuino juicio de credibilidad.
El segundo requisito para que la información sea mínimamente confiable es que debemos ponerla a prueba, debe procurarse que alguien haga todo lo posible por falsearla, por demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que pueden ser interpretados de otra manera. Interesa a la justicia en consecuencia, que alguien haga todo lo que está técnicamente a su alcance por poner a prueba dicha información, relativizarla o desmentirla.
El otro principio que garantiza la calidad de la información es el de publicidad, pues, gracias a ella, no sólo el Juez, sino también la comunidad tienen la posibilidad de controlar la calidad de la información producida en juicio, vigilando a quienes la presentan (abogados) y a quienes la producen directamente (testigos y peritos). Es obvio que estar ante los ojos del público inhibe a los abogados (pues ponen seriamente en juego su credibilidad) a presentar información falsa en juicio, así como a los testigos y peritos a mentir. Ya se ha visto que gran parte de la información en que se basan las sentencias hoy en día no se produce públicamente, pues, se produce durante la investigación la cual es secreta. Por el contrario, la publicidad del juicio que contempla el nuevo Código, junto con el principio de inmediación, garantizan que la información en que se basará la sentencia se produzca bajo el escrutinio de la sociedad.
Finalmente, la eficacia del sistema de enjuiciamiento exige que exista la posibilidad de llevar a cabo juicios más simples, breves y económicos en los casos en los que la veracidad de la información obtenida durante la investigación no es puesta en duda por el imputado (y que por ende hacen innecesarios los controles propios del juicio oral). Para estos casos, se contempla en el nuevo Código la figura del procedimiento abreviado, esto es, la posibilidad de renunciar al juicio ora y de juzgar al imputado de manera muy rápida con base en los antecedentes que arroje la investigación.
4.- Recobrar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal.

Los factores que detonan la desconfianza de la ciudadanía son variados y muy complejos. Pero cabe destacar tres de ellos que tienen relación con la estructura del propio sistema y, que por ende, pueden ser atendidos a través de un nuevo diseño legislativo:

1. Ineficiencia del sistema

2. Maltrato a las víctimas y ofendidos por los delitos y doble victimización por parte del sistema

3. Opacidad del sistema y falta de legitimidad social del sistema

Sin duda si la ciudadanía percibe que el sistema es ineficiente, esto es, no otorga respuestas a los casos que le plantea al sistema, ello abona a que desconfié en el mismo. Ya se han visto cuales son los factores de la ineficiencia del actual sistema y como los atiende el nuevo Código.


No cabe duda que hoy en día a la víctima u ofendido por el delito no se le da un trato acorde con su condición de víctima, se le asiste y protege cuando se lo requiere. Además, también se ha puesto en evidencia la lentitud del sistema que también perjudica a la víctima u ofendido por el delito y provoca su doble victimización. Ya se ha explicado anteriormente como es que el nuevo ordenamiento procesal garantiza el trato adecuado a la víctima y ofendido, su protección y asistencia. También se han destacado los distintos mecanismos a través de los cuales se busca agilizar el proceso penal y que la víctima obtenga una pronta reparación del daño.
Con lo expuesto al momento, queda claro que el actual sistema no cumple con las condiciones de legitimidad y confianza antes mencionadas. En cambio, el nuevo proceso penal satisface plenamente todas esas condiciones que, junto con la adecuada capacitación y selección del personal humano que interviene en el mismo, permitirán que los morelenses recuperen al confianza en el sistema de justicia penal.
III.- Justificación específica de la reforma.
1) Sujetos Procesales.

En la presente iniciativa, que hoy se somete a consideración del Pleno Legislativo, los sujetos procesales se dimensionan de acuerdo a las características de este tipo de procedimientos. En primer lugar, se abordará cuáles son las funciones del Ministerio Público en el marco del nuevo proceso.


a) Ministerio Público y Policía.-

En torno a la denominación y, en atención a la tradición de nuestro País y de nuestro Estado, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, se ha preferido conservar la denominación de agente del Ministerio Público para referirse al servidor público que cumple con estas funciones. Ello en razón de las funciones primordiales que esta institución cumple, que están primordialmente enfocadas a la investigación y persecución de los delitos.


Incumbe al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de cumplir esta función, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que le estará subordinada. La forma en que el Ministerio Público cumplirá con estas facultades, será por la vía de la dirección de la investigación, y mediante la vigilancia de la legalidad de las labores de la policía bajo su mando, y de los cuerpos de seguridad pública del Estado, auxiliares de la función investigadora. Todo ello, para los efectos de ejercer la acción penal y preparar las diligencias pertinentes y útiles para la determinación de la existencia del hecho delictivo.
Al Ministerio Público compete la carga de la prueba del hecho presuntamente constitutivo de delito y también de los datos que hagan probable la responsabilidad del imputado. Ello en función del principio acusatorio que se desprende de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se preserva el tradicional principio de buena fe del Ministerio Público pero redimensionándolo en sus alcances, no se trata ya de la tradicional presunción de veracidad de sus actuaciones, sino, en todo caso, del deber de objetividad en la recolección de medios de convicción para fundar la acusación, y en el deber de lealtad que debe mostrar hacia todos los intervinientes en el proceso.
Esta última obligación se concreta en el deber del Ministerio Público de proporcionar información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y a no ocultar a los intervinientes ningún elemento que pudiera resultar favorable a sus posiciones.
Para tal propósito, la investigación del Ministerio Público deberá sujetarse a directivas objetivas, recabando aquellos elementos de convicción de cargo como de descargo, y, llegado el caso, solicitar el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado en cualquier etapa del proceso.
En atención al principio acusatorio, se prevé la prohibición explícita de que el Ministerio Público lleve a cabo funciones de carácter jurisdiccional, tal como lo dispone el artículo 21 constitucional.
En el nuevo Código Procesal la policía cuenta con facultades para recabar la información necesaria de los hechos delictuosos de que tenga noticia, pero dando aviso inmediato al Ministerio Público. Deberá también impedir que los hechos delictivos se lleven a consecuencias ulteriores y realizará todos los actos que el Ministerio Público le ordene para el esclarecimiento de los hechos y para que éste pueda, en su caso, fundar la acusación, determinar el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento.
Como de todos es conocido, la recolección inmediata de los primeros indicios constitutivos de un delito son cruciales para el esclarecimiento de los hechos, por ello, en este nuevo Código se faculta a la policía para recopilar la información aportada por el ciudadano respecto de hechos constitutivos de delito; prestar auxilio inmediato a las víctimas; cuidar que no se pierdan los rastros e instrumentos del delito; identificar y entrevistar a los testigos que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos y practicar todas la diligencias orientadas a la individualización física de los autores y participes del delito.
La garantía específica para que la policía no sobrepase sus atribuciones o incurra en abusos de autoridad, consiste en que deberá dar aviso de inmediato al Ministerio Público para que se imponga del caso y vigile la legalidad de las actuaciones, y para que le ordene, en su caso, la realización de actividades específicas de investigación. El principio –ya explicado- de exclusión de prueba ilícitamente obtenida, constituye también un poderoso incentivo para evitar la ocurrencia de abusos y violaciones a los derechos humanos. Aunado a estos candados, cuando se trate de la afectación de un derecho consagrado en las Constituciones federal y local o en las leyes, -órdenes de aprehensión, cateos, intervención de comunicaciones privadas, entre otra - la policía pedirá al Ministerio Público solicite la orden judicial respectiva.
Facultades de Terminación de Casos del Ministerio Público.
Principio de oportunidad

El principio de oficiosidad o de legalidad en materia de persecución penal, sin embargo, continúa siendo la regla general en el nuevo sistema. El principio de oportunidad tiene el estatus de excepción mediante la adopción de criterios generales contenidos en la presente iniciativa. Y es que una de las críticas que se han formulado contra él es que parte de premisas de política criminal que son por lo menos cuestionables. La primera de tales críticas es que la selectividad inevitable de la justicia penal se debe a una política inflacionaria de definición criminal o de criminalización de conductas superfluas, que operan en el nivel simbólico y que no se traducen en un daño efectivo de bienes jurídicos.


Si bien desde una perspectiva formal esta crítica es atendible, es dudoso que en tiempos de alarma social por la inseguridad pública pueda detenerse la inflación penal, en la que las presiones políticas por más recursos punitivos se vuelve más acuciante. Así, el principio de oportunidad se convierte en un filtro, que si se regula adecuadamente, puede convertirse en un instrumento más que facilite el derecho penal mínimo. A continuación se hará una breve descripción de los supuestos fácticos sobre la base de los cuales el presente código regula el principio de oportunidad.
El primer supuesto concierne a que el hecho investigado revista una mínima culpabilidad de quien en él tuvo participación. Se trata en todo caso de una evaluación costo-beneficio respecto de las consecuencias sociales que se desprenden de la conducta delictiva y las que inevitablemente toda persecución penal conlleva. Si los beneficios sociales que se siguen de la persecución penal son magros al compararlos con la abstención, se debe optar por esta última opción.
Otro supuesto más es el concerniente a que en asuntos de asociación delictuosa, el imputado colabore eficazmente para evitar que el delito se siga cometiendo o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados que tengan funciones de dirección o administración dentro de las organizaciones delictivas, y siempre que los hechos que motivan la acción penal de la cual se prescinda, resulten considerablemente más leves que aquéllos cuya persecución facilita o cuya continuación evita.
Un tercer supuesto consiste en que el imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación.
Finalmente, también procederá la aplicación del principio de oportunidad cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos, o la que se le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en otro Estado.
b) Víctima u ofendido y acusador coadyuvante

Otro de los aspectos de vanguardia que contiene este nuevo Código, es el relativo a la víctima u ofendido del delito, los que explícitamente adquieren el carácter de sujetos procesales. Y es que lejos de los planteamientos tradicionales de los sistemas inquisitivo y mixto, en los que se consideraba que el principal ofendido por el delito era el orden jurídico, marginando así los derechos de la víctima u ofendido; en la presente iniciativa se propone una ampliación considerable de su estatus y facultades en el marco del proceso.


c) El imputado

En lo atinente al imputado, se hace homogénea su denominación a lo largo de casi todo el proceso, para los efectos de facilitar la comprensión del público de lo que ocurre en la justicia penal. Únicamente en el caso de la presentación de la acusación, en adelante el imputado es denominado como acusado. En tanto, se denominará sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia de condena firme.


Son vastos los derechos que esta iniciativa prevé para proteger al imputado, los que han sido debidamente expresados en el apartado correspondiente, donde ya se destacó que, además de los que consagra la Constitución Política, se recogen los previstos en los tratados y pactos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro País. Además, para hacer efectivas las prerrogativas y derechos que el Nuevo Código establece a favor del imputado, se deja claro que a cualquier persona se le considerará como tal, desde el momento mismo en que aparezcan en la causa indicios que revelen, cuando menos, su posible responsabilidad.
Por lo que hace a los defensores, se prevé como principal aspecto novedoso la incorporación de todas las normas internacionales concernientes a la independencia y autonomía de los abogados, así como facultades para que pueda existir una defensa efectiva, tales como el derecho a entrevistarse con testigos de cargo antes de la celebración del debate, y todas aquellas normas que protegen la confidencialidad de las entrevistas con los imputados.
2) Medidas cautelares.

Las medidas cautelares que regula el Nuevo Código de Procedimientos Penales pueden ser de carácter personal y real. Tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada, motivada y debidamente documentada, por el tiempo absolutamente indispensable y para los fines de asegurar la presencia del imputado en juicio, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la seguridad o integridad de la víctima u ofendido. Además, las resoluciones que las impongan pueden modificarse en cualquier momento, pudiendo hacerse esto de oficio cuando favorezca la libertad del imputado. Todas las medidas cautelares que se impongan deberán ser proporcionales en relación al hecho atribuido y a la sanción probable.



Las formas de detención del imputado, las cuales pueden ser realizadas por orden de presentación, aprehensión, urgencia y por flagrancia.
La orden de presentación y aprehensión, además de satisfacer los requisitos constitucionales por lo que hace a la acreditación del cuerpo del delito y de los datos que hagan probable la responsabilidad del imputado, deberá librarse sólo la presencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. O bien, cuando en caso de ser citado no comparezca ante el Juez o tribunal.
La detención en caso de flagrancia procede en los casos en que la persona es sorprendida en el momento de estar cometiendo el delito; cuando, inmediatamente después de cometerlo, es perseguido materialmente o se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que acaba de intervenir en un delito, o bien, cuando inmediatamente después de cometerlo, la persona es señalada por la víctima, un testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión del delito hasta la detención.
El supuesto de detención en caso de urgencia se actualiza cuando exista sospecha fundada de que el imputado ha participado en alguno de los delitos calificados como graves; exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda el Ministerio Público ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.
Posteriormente, se prevén numerosos tipos de medidas cautelares, que van desde la presentación de una garantía económica y diversos tipos de vigilancia, hasta la prisión preventiva. La pluralidad de medidas responde a la necesidad de que no sea siempre la prisión preventiva la medida cautelar a imponer, y esta se constituya sólo en la última ratio.
En el contenido del Nuevo Código es legible que para la imposición de cualquier medida cautelar (incluida, claro está, la prisión preventiva) es menester que se le haya dado la oportunidad al imputado de rendir su declaración preparatoria, además de que “exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado represente un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido”.
Tales condiciones deben ser acreditadas por el Ministerio Público ante el juzgador por lo que, cuando el agente solicita al Juez la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva (esto es, que el proceso se desarrolle sin la libertad del imputado), debe entenderse que dicho funcionario lo hace al amparo del propio artículo 20, inciso A), fracción I, de la Carta Magna, al encontrarse ejerciendo su derecho a pedir al Juez la negativa de libertad caucional al imputado (durante el proceso) en el supuesto de delito no grave.
En ese sentido, si una persona es detenida en flagrancia por la comisión de un hecho posiblemente constitutivo de delito y, en ese momento, solicita que se le fije una caución para obtener su libertad provisional, como es su derecho constitucional, el Ministerio Público podrá emprender diversas acciones, como son: -negarle esta posibilidad, si pretende solicitar prisión preventiva al juzgador. (Como sucede actualmente cuando, tratándose de delito no grave, pretende pedir al Juez que no se le conceda el beneficio, por las razones ya expuestas), -dejarlo en libertad, sin mayores condiciones, o –dejarlo en libertad y fijarle una caución, a fin de garantizar su comparecencia ante el Juez de control. En cualquier caso, si no pretende solicitar prisión preventiva, el Ministerio Público debe dejar en libertad al imputado.
Adicionalmente, a manera de mayor garantía para el imputado, la prisión preventiva podrá decretarla el juzgador únicamente cuando no pueda evitarse razonablemente su sustracción a la acción de la justicia, la obstaculización de la investigación o del proceso o el riesgo para la víctima u ofendido.
Las medidas cautelares de carácter real son aquellas que proceden para garantizar el pago de la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible.
Como se ha visto, son muchas y variadas las posibilidades de que, cautelarmente, se garantice la presencia de una persona imputada por la comisión de un delito ante los tribunales, en los actos procesales que requieran su presencia. Como se dijo, tales medidas son personales (como la prisión preventiva), la prohibición de acudir a determinado lugar, o de no abandonar cierta circunscripción territorial, o reales (como el embargo precautorio).
No puede considerarse que tales medidas tengan naturaleza privativa, en tanto no privan en definitivamente a nadie sobre su libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, por lo que su imposición no amerita, como se ha pretendido, que previamente se haya decretado una sentencia judicial, en los términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cambio, sí se trata de actos de molestia que afectan a la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones y, para decretarlos, deben satisfacerse los requerimientos del numeral 16 de la propia Carta Magna.
3) Etapas procesales.

La de investigación, que abarca el inicio de la investigación de un hecho punible y, paralelamente, la formulación de la imputación de un hecho a una persona, (previo control de la detención, en su caso), con la posible consecuencia de decretarse un auto de vinculación a proceso. (auto de situación jurídica, artículo 19 constitucional).


En primer término, cabe la posibilidad de no iniciar la investigación o que, habiéndose iniciada, se decrete su archivo temporal (como cuando no hay elementos para continuar con la investigación) o definitivo (el hecho no es constitutivo de delito o la acción penal se ha extinguido); puede eventualmente llegar a ejercerse un criterio de oportunidad, o arribarse a alguna de las salidas alternas, en los supuestos que establece el Nuevo Código.
Sin embargo, si la investigación siguió su curso y se decretó un plazo para su cierre por parte de la autoridad judicial, una vez que se ha vinculado a proceso a una persona, esta etapa puede culminar con la formulación de la acusación, el sobreseimiento, con la suspensión del proceso, y hasta llegar al procedimiento abreviado, en su caso.
La intermedia (audiencia intermedia), donde el Juez ejerce el control respecto a la suficiencia de la acusación, la legalidad e idoneidad de los medios de convicción y el cumplimiento de las normas que rigen la incorporación de prueba al proceso y las respectivas garantías de las partes, así como la legalidad de los acuerdos probatorios o de reparación. Durante esta etapa, el Juez de control, quien tiene como labor el control de la legalidad, tiene potestades para resolver disputas entre las partes, y ordenar la práctica de prueba anticipada a solicitud de alguna de ellas. La etapa intermedia puede culminar con el auto de apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la incompetencia, el arribo a una salida alterna del proceso, o bien, con el acuerdo de un procedimiento abreviado.
La tercera etapa se abre con el juicio ordinario o con el procedimiento abreviado. El juicio ordinario se desarrolla en la audiencia de debate de juicio oral, que culmina en sentencia condenatoria, absolutoria o el sobreseimiento.
Enseguida, aunque en estricto sentido no son etapas del proceso como tal, sino una prórroga de las mismas, se regulan los recursos. El control judicial se ejerce en todas las etapas del proceso, y la defensa profesional o técnica se garantiza desde el primer acto del proceso, hasta la ejecución de la sentencia.

a) Etapa de investigación


I. Investigación desformalizada

Uno de los elementos clave del sistema penal acusatorio es la nueva estructura que supone la fase de investigación a cargo del órgano de persecución penal, esta fase se prevé en dos momentos claramente diferenciados. El primero de ellos en el que la policía y el Ministerio Público recogen datos y otros elementos de convicción para documentar el caso bajo investigación, con el deber de no realizar ningún tipo de acto de molestia contra el ciudadano; el segundo se abre cuando, una vez reunidos suficientes elementos de hecho, el Ministerio Público solicita al Juez que la persona investigada sea vinculada a proceso.


Así pues, en el sistema acusatorio la actividad de investigación ya no constituye un procedimiento cuasijurisdiccional que prefigura y adelanta lo que después se transformará en la inútil repetición de un juicio, sino, más bien, una actividad administrativa, realizada bajo el control jurisdiccional, cuando se realicen actividades que pudiesen llegar a constituir una afectación de derechos fundamentales. Este sistema, por supuesto, requiere redimensionar las tareas que hasta ahora realiza la policía. Nuestro sistema supone que el que realiza la investigación es el Ministerio Público, en el marco del proceso acusatorio esta institución se limita a dirigir y a sentar los lineamientos generales de las actividades y a ordenar actuaciones específicas a la policía, sin embargo, no se le exige que sea él quien las lleve a cabo.
II. Momentos de la investigación
La investigación inicial y la que se realiza con el control judicial. El control judicial inicia una vez que el Ministerio Público realiza formalmente la imputación para que el Juez dicte el auto de vinculación a proceso. Este auto, que se dictará de conformidad con lo previsto por el artículo 19 constitucional, procede cuando, acreditados los extremos que prevé –cuerpo del delito y probable responsabilidad, sea necesaria la intervención judicial para la resolución de medidas cautelares y para el anticipo de prueba.
Una vez dictado este auto, el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares, ya referidas anteriormente, y en casos excepcionales solicitar la recepción de la prueba anticipada. Terminada la fase de investigación judicializada, el Ministerio Público podrá precisar su imputación, es decir, acusar.
b) Salidas alternas.

La implementación de este tipo de principio responde: en primer término, a la evitación de los efectos criminógenos que toda intervención penal supone, sobre todo por lo que hace a la reincidencia; enseguida, a la ausencia de utilidad y sentido de esperar hasta la sentencia para el goce de un beneficio cuya procedencia resulta ya manifiesta en la etapa de investigación. Para estos casos, se prevé la suspensión del proceso a prueba.


I. Suspensión del proceso a prueba
En los supuestos anteriores se podrá disponer, por un plazo de uno a tres años, la suspensión de proceso a prueba, e imponer al imputado un plan de reparación de los daños y otras condiciones que éste deberá cumplir durante la suspensión. La suspensión procederá en los términos previstos en esta iniciativa. Procederá la suspensión del proceso a prueba a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel.
Si transcurre el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal y se dictará el sobreseimiento. De lo contrario, violadas o no cumplidas las condiciones decretadas por el juzgador, durante el término establecido, el proceso se reanudará normalmente, como si nada hubiese ocurrido.
II. Acuerdos reparatorios
Otra más de las razones que justifican este tipo de dispositivos, se relaciona con la posibilidad de otorgar rápida y oportuna reparación a la víctima u ofendido.
Se entiende pues por acuerdo reparatorio al pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que lleva como resultado la solución del conflicto, a través de cualquier mecanismo idóneo que tiene el efecto de concluir el procedimiento (conciliación o mediación), y procederán en los delitos culposos; aquellos en los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas; en los que admitan presumiblemente la sustitución de sanciones o condena condicional.
Los efectos de los acuerdos reparatorios son similares a los de la suspensión del proceso a prueba, el cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal y, mientras se cumpla con lo acordado, no corre el plazo de la prescripción. El proceso se reanudará en caso de que el imputado incumpla con lo pactado en el plazo fijado o en un año si no se determinó un plazo.
III. Anticipo de prueba durante la investigación
Una excepción a la regla general de que sólo aquellos elementos que se ofrezcan y produzcan en juicio pueden ser utilizados como prueba para fundar la responsabilidad penal de una persona, es el instituto de la prueba anticipada. Ésta sólo procede en supuestos taxativamente definidos en este Nuevo Código de Procedimientos Penales.
c) La etapa intermedia

Entre la etapa de investigación y el juicio oral se crea un procedimiento intermedio de carácter oral, realizado también ante el Juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del eventual juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes, así como la prueba que deberá ser examinada.


Esta etapa tiene un desarrollo muy simple, que se inicia una vez concluida la etapa de investigación, es declarado el cierre de la misma por parte del Ministerio Público y éste presenta su acusación ante el Juez de control, debiendo este último citar a la audiencia intermedia.
En la audiencia misma, si no hay problemas formales o de fondo, el Juez procederá a fijar el objeto del debate, a determinar los medios de prueba y el tribunal que conocerá del juicio. En la decisión sobre la prueba que puede llevarse al juicio, el Juez está facultado para excluir la prueba obtenida ilícitamente y las partes están habilitadas para llegar a acuerdos probatorios sobre hechos que no requerirán ser probados luego en el juicio. Terminada esta audiencia el Juez dictará, en su caso, el auto de apertura de juicio oral. Cabe destacar que, hasta este momento, se encuentra la última oportunidad de abrir el procedimiento abreviado, así de llegar a salidas alternas.
d) La etapa de juicio

La pieza central de esta propuesta está constituida por la implementación del juicio oral, ya que sólo esta forma de llevar adelante el proceso establece las condiciones para la intervención e imparcialidad judiciales, el ejercicio efectivo de la defensa y el control externo e interno de todos los participantes en el sistema de justicia penal.


Como ya se indicó, el juicio oral está disciplinado por los principios de continuidad, publicidad, concentración e inmediación. Esto supone que el tribunal debe recibir y percibir en forma personal y directa la prueba, y que su recepción y percepción debe obtenerse a partir de su fuente directa. De este modo, salvo los casos de excepción ya tratados –prueba anticipada-, los testigos y los peritos deberán comparecer personalmente al juicio para declarar y ser examinados y contraexaminados directamente por las partes, sin permitirse la reproducción de sus declaraciones anteriores por medio de lectura.
Mención especial merecen los medios de información, cuyos representantes que deseen asistir al debate, estarán en situación de privilegio respecto al público, sin embargo, para la transmisión en vivo, por cualquier medio, de la audiencia o su grabación para tales propósitos, deberá contarse con la aprobación del Tribunal.
El nuevo sistema opera con el presupuesto de que los Jueces del Tribunal de Juicio Oral emiten su resolución sobre la base de lo que ocurra en el juicio, en el entendido de que la información obtenida en él es la que permite fundar y motivar un pronunciamiento adecuado sobre el fondo del asunto.
El tribunal que conoce el juicio oral es colegiado y se integra por tres Jueces profesionales, no obstante, como más adelante se detallará, el procedimiento abreviado es resuelto por el Juez de la etapa preliminar, el cual es unitario.
La prueba debe producirse necesariamente en el juicio oral de forma que las hipótesis acusatorias se expongan al máximo de contradicción. Se asume el sistema de libre valoración de la prueba, pero no podrá contradecirse a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. En todo caso, el sistema de la libre valoración conlleva que la sentencia debe motivarse de tal modo que las pruebas que forman la convicción del juzgador (que para condenar requiere ser una convicción más allá de toda duda razonable), puedan ser seguidas en su razonabilidad por cualquiera que presencie el juicio.
La sentencia debe dictarse sin solución de continuidad en el juicio oral, debiendo el tribunal pronunciarse sobre la absolución o condena del imputado, estableciéndose un plazo para la redacción del fallo y la individualización de la pena.
El juicio oral demanda la presencia necesaria de los Jueces, del Ministerio Público y de la defensa.
Una vez que se ha cerrado la investigación y se ha formulado una acusación, el Juez de control dictará la resolución de apertura a juicio, resolución en la que se indica el tribunal competente.
Recibida la resolución de apertura por el Presidente del Tribunal, éste determinará la fecha de celebración del juicio. El Juez Presidente señalará también la integración precisa del Tribunal.
Los Jueces en lo penal pueden ser recusados por las partes según las normas generales también previstas en ésta iniciativa.
Se pretende que haya en el juicio genuina contradictoriedad y si se pretende tomar los derechos en serio, cada una de las partes debe haber tenido con anticipación al debate toda la información que se va a presentar en éste, de manera que estén en aptitud de hacer investigaciones independientes y poder preparar adecuadamente el examen y contraexamen de los testigos y peritos, incluidos los de la contraparte.
El día y la hora señalados para la celebración de la audiencia de debate, el Presidente del Tribunal verificará la presencia de los demás Jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes y demás personas que hayan sido citadas a la audiencia, procediendo a declarar iniciada la audiencia, disponiendo entonces que los testigos y peritos abandonen la sala de audiencia para ser llamados al momento y en el orden establecido.
Luego, advertirá al imputado y al público sobre la importancia y el significado de lo que va a ocurrir, indicará al imputado que esté atento a aquello que va a oír y concederá la palabra al Ministerio Público y al acusador coadyuvante, si lo hubiere, para que expongan oralmente, en forma breve, clara y sumaria, las posiciones planteadas en la formalización de la acusación; enseguida al defensor para que, si lo desea, indique sintéticamente su posición respecto de los cargos formulados.
La exposición oral de las posiciones planteadas que hacen las partes constituye el alegato de apertura. En ese alegato las partes presentarán al tribunal el caso que están a punto de conocer, señalando qué es lo que la prueba demostrará y desde qué específico punto de vista ella debe ser apreciada. Presentarán, en suma, su verdad parcializada. A diferencia del alegato final o de clausura, el alegato de apertura no debe ser argumentativo ni ofrecer motivación de la prueba, pues ésta todavía no se ha presentado. El objeto de estos alegatos de apertura es realizar una especie de introducción de la particular teoría del caso que se presentará y de las proposiciones de hecho que se pretenden sustentar con la prueba ofrecida.
Una vez presentados estos alegatos, cada parte, empezando por el agente del Ministerio Público, el acusador coadyuvante, y la defensa, producirán la prueba que pretendan ofrecer en el orden que deseen.
Quedan prohibidas las preguntas sugestivas –que son aquellas que contienen su propia respuesta– propuestas por la parte que presenta al testigo, es decir, en el interrogatorio directo, pero están autorizadas en el contrainterrogatorio. La lógica de este dispositivo es que si se permitiera que la parte que ofrece al testigo le formule preguntas sugestivas, éste no estaría sino dejándose guiar por el abogado que los presentó y a favor de cuya parte viene a declarar. El contrainterrogatorio, en cambio, opera sobre una lógica inversa: los peritos y testigos ya han declarado frente al tribunal su versión y esa versión apoya a la contraparte por eso la contraparte los ha convocado al juicio. Lo que el juicio requiere del contrainterrogatorio, entonces, es que éste sea capaz de extraer de estos testigos toda aquella información, versiones, detalles y matices que ellos no han aportado en el juicio –deliberadamente, o por mero sesgo o desidia– y que podrían perjudicar el caso de la parte por quien han venido a declarar. Si el contraexaminador hace eso, habrá puesto a los Jueces en mejores condiciones para evaluar dicha información. Esta es la razón por la cual en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas, lejos de estar prohibidas, son el instrumento por excelencia. Se trata en ese caso de testigos hostiles, que siempre estarán dispuestos a desmentir o relativizar la información que éste les sugiere.
Quedan absolutamente prohibidas las preguntas capciosas, impertinentes o que involucren más de un hecho. En cualquier caso, en atención a la lógica del sistema acusatorio, en el que los Jueces guardan una actitud de distanciamiento frente a las partes, no pueden oficiosamente calificar las preguntas y deberán dejar a los litigantes que formulen, en su caso, las objeciones que procedan. Los Jueces sólo podrán formular preguntas a los declarantes para aclarar sus dichos y nunca para demostrar alguna teoría del caso.
Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa su incorporación al debate, podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos. Se trata en este caso de la regulación de la prueba instrumental, esto es, documentos que contengan declaraciones no producidas al interior del sistema de persecución -policía y Ministerio Público- y que sean relevantes para el caso.
Todos estos medios de convicción -objetos, documentos y los demás medios- deben ser exhibidos en el juicio a alguien -algún testigo, perito o alguna de las partes- para que diga si efectivamente lo exhibido es aquello que se pretende que es y para que explique cómo sabe y le consta. Se trata de incorporar estos medios de prueba al relato que ofrece el declarante, y para ello primero se requiere su acreditación. Una vez incorporado al debate se podrán formular preguntas en torno al objeto.
Si el imputado quiere declarar lo hará como cualquier otro testigo, aunque puede intervenir en el momento que así lo estime conveniente.
Producidas todas la pruebas, el Presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor del imputado, para que, en ese orden, emitan sus alegatos finales o de clausura. El imputado tendrá siempre el derecho a la última palabra. El alegato final es uno de los momentos claves del debate.
Antes de declarar, los testigos, peritos o intérpretes no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de aquello que ocurra en la audiencia; permanecerán en una sala distinta, advertidos por el Presidente acerca de la regla anterior, y serán llamados en el orden establecido. Esta regla no se aplicará al imputado ni a la víctima. La razón de esto último es dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 20 constitucional, fracciones VII, apartado A; y I, apartado B.

Inmediatamente después de clausurado el debate, los miembros del Tribunal que hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado, de forma continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente.


Una vez concluida la deliberación, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas verbalmente todas las partes, y será leída tan sólo la parte resolutiva respecto a la absolución o condena del acusado y el Juez designado como relator informará, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron.
Posteriormente, en caso de que el Tribunal emita un fallo condenatorio, en la misma audiencia se señalará la fecha en que se celebrará la de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Durante el transcurso de ese plazo, el Tribunal deberá redactar la parte de la sentencia correspondiente a la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.
En la citada audiencia, se le dará el uso de la palabra al Ministerio Público para que manifieste lo que considere pertinente respecto a la individualización de las sanciones cuya imposición solicitó, acerca del daño provocado por el delito y su monto.
Enseguida, se le dará el uso de la palabra a la víctima u ofendido para que señale lo que considere conveniente respecto a los citados temas. Posteriormente, la defensa del acusado expondrá los argumentos que funden sus peticiones y los que considere conveniente apuntar, con relación a lo expuesto por el Ministerio Público y la víctima u ofendido.
Expuestos los alegatos iniciales de las partes, se procederá al desahogo de las pruebas debidamente admitidas, empezando por las del Ministerio Público, después las de la víctima u ofendido y concluyendo con las de la defensa. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral.
Desahogadas las pruebas, las partes harán sus alegatos finales. Después de deliberar brevemente, el Tribunal procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en que forma deberá, en su caso, repararse el daño. A continuación, el Tribunal procederá a dar lectura íntegra de la sentencia condenatoria.
Por otra parte, en caso de que la sentencia sea absolutoria, el Tribunal podrá diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. Asimismo, el Tribunal dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del acusado, y ordenará se tome nota de este levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuraren. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hubieren otorgado.
e) Procedimiento abreviado

Este procedimiento se decretará cuando, hasta antes de acordarse la apertura a juicio, el agente del Ministerio Público lo propone, y será procedente siempre que el imputado admita el hecho que se le atribuye, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada.


La admisión del hecho no se traduce en una confesión lisa y llana, toda vez que el imputado sólo admite su vinculación con los hechos pero no necesariamente su responsabilidad; además, la admisión del hecho tiene que estar corroborada por los datos que la policía y el Ministerio Público recaben durante la investigación. La cuestión en todo caso es que el imputado, mediante su admisión del hecho, renuncia al contradictorio del juicio oral, al estimar que lo perderá con mucha seguridad, que se le impondrá una pena muy alta o bien, no quiere correr el riesgo de que ello ocurra. El incentivo para que se someta a este procedimiento es que el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa y el juzgador no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público
En todo caso, el Juez tendrá la responsabilidad de informar al imputado respecto de las consecuencias que se seguirán en su contra y de las implicaciones de la renuncia a un juicio oral, público y contradictorio. Se asegurará de que existan otros datos que hagan verosímil la aceptación del hecho y que el imputado se somete libremente a este tipo de procedimiento.
f) Juicio para la aplicación de medidas de seguridad a inimputables

Si se acredita la inimputabilidad, se suspenderá el procedimiento ordinario y se abrirá el especial, cuyo objeto exclusivo será decidir sobre la procedencia de la aplicación de medidas de seguridad, cuando se considere que el probable infractor constituye un riesgo objetivo para la sociedad. Como puede apreciarse, la medida sólo puede decretarse si se determina que el inimputable está relacionado con el hecho y existe un riesgo objetivo. Para proceder en esos términos es indispensable que se cumplan las condiciones reseñadas, permitiendo al efecto la defensa del inimputable y aplicando, en la medida en que ello sea posible, las reglas del juicio ordinario.


En todo caso, la medida que pudiese llegar a imponerse nunca deberá tener carácter aflictivo, sino exclusivamente terapéutico.
g) Recursos

Como en su oportunidad se hizo notar, la adopción del sistema acusatorio supone una limitación importante a la interposición de recursos. Sin embargo, en la presente iniciativa se reconocen los recursos de revocación, apelación, casación, y revisión.


Revocación

El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el mismo juzgador que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Como regla general se dispone que este recurso se deducirá oralmente en las audiencias, y, en su defecto, por escrito, dentro de los tres días siguientes de notificada la resolución.


Apelación

El recurso de apelación procede contra las resoluciones dictadas por el Juez de control, siempre que éstas causen un agravio irreparable a los intereses y derechos de alguna de las partes, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe.


La apelación se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución en un plazo máximo de tres días. De estimarse procedente el recurso, el Juez emplazará a las demás partes para que en un plazo de tres días lo contesten, y una vez ocurrido ello lo remitirá al tribunal competente.
El tribunal que resuelva el recurso citará, dentro de los diez días, a una audiencia para fallarlo en definitiva, convocando al efecto a todas las partes interesadas.
Casación

El recurso de casación tiene como objeto invalidar la audiencia de debate de juicio oral, o la sentencia o resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de las resoluciones aludidas.


Como puede apreciarse, la casación sólo procede por lo que hace al derecho, nunca al hecho. En el sistema acusatorio, en virtud del principio de inmediación, los hechos nunca pueden ser materia de revaloración por un tribunal distinto a aquel en el que se produjo la prueba, pues ello se traduciría en pervertir el principio. En todo caso si pueden ser materia de casación las reglas lógicas y máximas de experiencia utilizadas para su valoración, pero nunca el hecho como tal.
El recurso de casación se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio oral, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes.
Encontramos que existen motivos de casación de carácter procesal, que inciden en el juicio o la sentencia y motivos de casación en la sentencia. En el primer caso, el Tribunal de Casación ordenará la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio oral a un Tribunal competente, integrado por Jueces distintos a los que intervinieron en el juicio anulado; por lo que respecta al segundo, se invalidará la sentencia y, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, el tribunal de Casación determinará si pronuncia directamente una resolución de reemplazo, o bien, ordena la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, siguiendo el procedimiento descrito primeramente.
Al igual que en el resto de los casos, este recurso se desahogará oralmente cuando así lo estime conveniente el Presidente del Tribunal.
Revisión

El recurso de revisión es similar al procedimiento de reconocimiento de inocencia que ha sido acogido por el derecho penal adjetivo.


La revisión procede cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal firme; la resolución impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior.
Esta dictaminadora, conciente en que la transición mexicana se enfrenta al imperativo insalvable de emprender una reconstrucción de la estructura pública. El desgaste de una forma de gobernar ha permeado en el pensamiento popular, al grado de exigir un mayor esfuerzo para garantizar los derechos de los gobernados. Morelos necesita emprender esta reconstrucción, pero ahora a partir de las nuevas premisas democráticas; de los nuevos principios que orienten la actividad gubernamental, como son la honestidad, la legalidad y justicia, a través de la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas y la claridad de atribuciones. Con ello, mejorar la normatividad, la organización y el funcionamiento de la procuración e impartición de la administración de Justicia.
En este contexto, surge la necesidad de llevar a cabo una transformación profunda al tradicional sistema de justicia penal, perfeccionando el proceso, en el que prevalezcan los principios de oralidad, publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación, que garanticen los derechos de presunción de inocencia, imparcialidad, transparencia, legalidad, accesibilidad, prontitud, gratuidad y lo expedito en la administración de justicia.
Como es sabido, el sistema acusatorio es un modelo procesal contrapuesto al inquisitorio. Este se basa en el principio “dialéctico” que se contrapone al de “autoridad”, según el cual la verdad puede ser verificada mucho más eficazmente en tanto y cuanto se le atribuya más poder al sujeto inquisitivo, que acumula todas las funciones procesales. O bien, partiendo de la consideración irrefutable de los límites de la naturaleza humana y de la observación de que nadie es depositario de la verdad o de lo justo, constituye ahora un principio epistemológico compartido, aquel según el cual, también en el proceso, la verdad puede ser verificada mucho mejor si las funciones procesales están repartidas entre sujetos que tienen intereses antagónicos
Al juez, que debe ser independiente e imparcial, le toca decidir con base en pruebas desahogadas en juicio, tanto por la parte acusadora como por la defensa en un plano de igualdad. La resolución efectuada por el juez entre las diversas reconstrucciones de hechos históricos, materiales y jurídicos, es estimulada por la contradicción dialéctica que se desarrolla entre las partes que representan intereses contrapuestos.
La implantación del nuevo sistema acusatorio adversarial no es una opción posible entre otras, para mejorar un sistema judicial como el mexicano, sino una exigencia que proviene del reconocimiento de los derechos humanos propios de un Estado constitucional democrático, los que se expresa en lo que conocemos como las garantías básicas del principio jurídico procesal llamado debido proceso.
Todas estas garantías, recogidas en la Constitución General y en los Tratados de Derechos Humanos suscritos por el estado mexicano, y que incluyen la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un tribunal imparcial, entre las más importantes, suponen la existencia de un mecanismo que hace que opere un conjunto complejo de interacciones simultáneas que permiten el control sobre la actuación del poder público para evitar que ésta se ejerza arbitrariamente.
Lo anterior permite la posibilidad de defenderse de manera eficaz ante una imputación penal que se formula frente al juez y poder objetar las distorsiones, falsedades y manipulaciones que pueda contener; esto, supone también conocer la prueba y poder confrontarla con la propia teoría del caso.
Supone igualmente la posibilidad de presentar pruebas que favorezcan al imputado y de que éstas sean escuchadas por el juez; al mismo tiempo, el imputado debe poder presenciar la actuación de su abogado para evaluar su lealtad y su eficacia y el juez puede ir calificando la calidad de la información que recibe a partir de la contradicción de las partes.
Además, la presencia del público controla que cada uno cumpla con su rol y que el conjunto de lo actuado tenga sentido, lo que a su vez produce un efecto de legitimación social eficaz y legitimo.
Este mecanismo operativo, que permite que las garantías funcionen, es el nuevo sistema acusatorio adversarial. Tanto la tradición legal anglosajona como la europea continental así lo proclaman y en ambas se reconoce con mucha claridad la idea de que la cláusula fundamental del debido proceso, presupuesto de todas las demás garantías, es la de la audiencia oral y pública.
El juzgamiento por medio de un legajo escrito es una herencia que los latinoamericanos recibimos de un sistema colonial autoritario y centralizado, y que nos ha costado mucho superar. Afortunadamente, estas confusiones son cada vez menos comunes y nuestras comunidades legales tienen cada vez más claro que, por lo menos como aspiración, el nuevo sistema acusatorio adversarial es la única forma de juzgamiento concordante con los valores de un estado democrático y de derecho, el cual proclamamos.
Estas ideas, que para nuestros juristas son a veces complejas, no lo son para los ciudadanos comunes. Cualquier persona entiende intuitivamente que frente a la pretensión del Estado de aplicarme un castigo, mi principal derecho consiste en exigir un juicio justo, es decir, que se me lleve ante un órgano imparcial, que se exhiban las pruebas y que se me permita cuestionarlas frente al juzgador.
La noción de que algo tan sencillo pueda ser reemplazado por un conjunto de largos trámites formales y se traduzca en un legajo de papeles que el juez supuestamente lee para tomar su decisión es lo que resulta sorprendente al ciudadano común y es uno de los factores que contribuye para alejarlo del sistema judicial y a fomentar las sospechas frente al mismo.
La instauración del nuevo sistema acusatorio adversarial es entonces mucho más que un mecanismo destinado a modernizar el sistema judicial: es, en realidad, una pieza clave de la agenda de reformas institucionales que es necesario encarar para hacer realidad el Estado de derecho y alcanzar algunos de los objetivos más importantes de cualquier sociedad moderna, como son los de dar vigencia a los derechos individuales, controlar el funcionamiento del los órganos de persecución penal y legitimar el sistema judicial.
En este contexto, consideramos oportuno y conveniente para el desarrollo integral del Estado, que la reforma al sistema de justicia penal sea un esfuerzo histórico en el que se encuentran comprometidos los Poderes del gobierno, al igual que todos los sectores sociales, del estado de Morelos, y sólo de esta manera, se atiende a la Ingente tarea y compromiso que se plantea, para lograr el objetivo de contar con un sistema de administración de justicia moderno y actual, capaz de conciliar con toda eficacia y eficiencia, el poder punitivo del Estado con pleno respeto a las garantías individuales de los gobernados.
Atendiendo a los señalamientos expuestos, los Diputados de la Comisión que suscribe expresamos nuestra convicción de que el marco jurídico vigente debe adecuarse correcta y concordantemente con la realidad social y política del Estado, que la actualización de éste, es una tarea inquebrantable del quehacer parlamentario, siempre que se realice de manera ordenada y apropiada.
Motivados en los antecedentes y razonamientos expuestos, consideramos procedente la iniciativa que plantea el iniciador. En este contexto y con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, los diputados integrantes de ésta Comisión dictaminadora, coincidimos en someter a la consideración del pleno del pleno de éste Congreso la aprobación de presente Dictamen con proyecto de decreto del:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS
LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
Artículo *1.Finalidad del proceso.
El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Se entenderán por derechos fundamentales a los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Finalidad del proceso.

El proceso penal tiene por objeto establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales ratificados conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de aquellas emanen.
Artículo *2.Juicio previo y debido proceso.
Nadie podrá ser sentenciado a una sanción de las contempladas en la legislación penal del Estado, sino mediante sentencia firme obtenida luego de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de los derechos fundamentales de las personas.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero y Artículo Cuarto sustituyendo la palabra condenado por sentenciado del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Juicio previo y debido proceso.

Nadie podrá sercondenado a una sanción de las contempladas en el Código Penal del Estado, sino a consecuencia de una sentencia firme obtenida luego de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de los derechos fundamentales de las personas.


Artículo *3.Principios del sistema acusatorio
El proceso será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, igualdad de las partes e inmediación, en las formas que la Constitución y este Código determinen.
Los principios, derechos y garantías previstos por este Código serán observados en todo proceso como consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier otra resolución que afecte los derechos de las personas.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Principios rectores.

En el proceso penal se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este Código determine.


Artículo *4. Regla de interpretación.
Las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias, deberán interpretarse limitativamente. En estos casos, se prohíbe la interpretación por analogía y mayoría de razón.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Derogado el segundo párrafo por Artículo Tercero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía:

La analogía y mayoría de razón podrán aplicarse cuando favorezcan un derecho o el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen, siempre y cuando ello no afecte a la contraparte o provoque desigualdad procesal. (DEROGADO)


Artículo 5. Presunción de inocencia.
El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en éste Código.
En la aplicación de la ley penal sustantiva son inadmisibles las presunciones de responsabilidad.
Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido hasta la sentencia condenatoria.
En los casos de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.
El juez o el tribunal limitará por auto fundado y motivado la intervención de los medios de comunicación masiva cuando la difusión pueda perjudicar el normal desarrollo del procedimiento o exceda los límites del derecho a recibir información.
Artículo *6.Inviolabilidad de la defensa.
La defensa es un derecho inviolable en toda etapa del procedimiento. Corresponde a los elementos de de los cuerpos policiacos, al Ministerio Público y a los jueces, garantizarla sin preferencias ni desigualdades.
Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca de inmediato y de forma oral, los derechos que, en esa condición, prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso, en cuyo caso, el juez podrá hacer valer los medios de apremio que considere pertinentes.
Cuando el imputado esté privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicará al juez o al tribunal, en forma inmediata, las peticiones u observaciones que aquel formule, y le asegurará la comunicación con su defensor. La falta de esta comunicación imputable a alguna autoridad se sancionará por las leyes respectivas.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformados los párrafos primero, segundo y cuarto por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Inviolabilidad de la defensa.

La defensa es un derecho inviolableen toda etapa del procedimiento. Corresponde a los jueces garantizarla sin preferencias ni desigualdades.

Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales ratificados conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de aquellas emanen.

Cuando el imputado esté privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicará al juez o al tribunal, en forma inmediata, las peticiones u observaciones que aquel formule, y le asegurará la comunicación con su defensor. La falta de esta comunicación se sancionará por las leyes respectivas.


Artículo *7.Defensa técnica.
Desde el momento de su detención o comparecencia ante la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una sanción penal, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un abogado, con cédula profesional debidamente registrada. Para tales efectos, podrá elegir libremente a un defensor particular; si no quiere o no puede, se le asignará uno de oficio.
El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que se realicen a partir de ese momento.
Integra el derecho a la defensa, el derecho del imputado a entrevistarse personal, libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa. El derecho del imputado a entrevistarse con su defensor será inviolable y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.
Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la ley.
Se asegurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito, cuenten además con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura, así como de sus usos y costumbres, en los términos previstos por la última parte de la fracción VIII del apartado A del artículo 2° constitucional.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformados los párrafos primero y quinto por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Defensa técnica.

Desde el momento de su detención o comparecencia ante la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una sanción penal, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un licenciado en derecho.

Se procurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.
Artículo 8. Derecho a recurrir.
El imputado tendrá derecho a impugnar ante un tribunal distinto del que emitió la decisión, en los supuestos previstos por este Código, cualquier resolución que le cause un agravio.
Artículo 9. Medidas cautelares.
La aplicación de medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, previstas en este Código, debe ser proporcional al peligro que tratan de evitar y a la sanción penal que pudiera llegar a imponerse.
Artículo *10.Protección de la victima u ofendido, y sujetos del procedimiento penal.
El Ministerio Público, los cuerpos policiales y el juez, están obligados a velar por la protección de la víctima u ofendido del delito en todas las etapas del procedimiento penal, de conformidad con lo establecido en este Código.
El Ministerio Público deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos reparatorios, medidas cautelares u otros mecanismos que garanticen la reparación del daño causado a la víctima y protejan su integridad personal.
Asimismo, el Ministerio Público, el Juez o Tribunal, la Policía y los demás Servidores Públicos que entren en contacto con la víctima u ofendido, deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir, obteniendo, en su caso, la narrativa o descripción escrita de los hechos en el que resultaron agraviados.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.-Reformado el último párrafo por artículo Segundo del Decreto No. 993 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5142 de fecha 2013/11/20. Vigencia 2013/11/21. Antes decía:Asimismo, el Ministerio Público, el juez o tribunal, la policía y los demás servidores públicos que entren en contacto con la víctima u ofendido, deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Protección de la víctima.

El Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el juez o tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.



El Ministerio Público deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos reparatorios, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima.

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el último párrafo por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Asimismo, el ministerio público, el juez o tribunal, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.
Artículo *10 Bis. De la protección a víctimas y testigos.
Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, prestar apoyo a víctimas y testigos, en su intervención en cualquier procedimiento relativo a delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, que sean competencia del fuero común, en términos de la legislación correspondiente.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Adicionado por artículo Segundo del Decreto No.113 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5050 de fecha 2012/12/14. Vigencia 2012/12/15.
Artículo 11. Dignidad de la persona.
Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad, integridad física, psicológica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 12. Protección de la intimidad.
Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, especialmente la libertad de pensamiento, de conciencia y religión,el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como las comunicaciones privadas. Este derecho sólo podrá afectarse en los casos y por las autoridades expresamente señaladas en la ley. El cateo, decomiso o intervención de cualquier comunicación privada, sólo podrá realizarse con autorización de juez competente.
Artículo 13. Prohibición de la incomunicación y del secreto.
Queda prohibida la incomunicación del imputado así como el secreto del proceso.
Sólo en los casos y por los motivos autorizados por este Código se podrá disponer la reserva de alguna actuación respecto del imputadoy hasta que concluya la ejecución de las diligencias ordenadas o el motivo que justificó esa decisión.
Artículo 14. Justicia pronta.
Toda persona tendrá derecho a ser juzgada y a que se le resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, dentro de los plazos que establece este Código. Se reconoce al imputado y a la víctima u ofendido el derecho a exigir pronto despacho frente a la inactividad de la autoridad.
Artículo 15. Igualdad ante la ley.
Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas.Las autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones sobre la base de la nacionalidad, género, origen étnico, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.
Artículo *16.Igualdad entre las partes.
Todas las personas son iguales ante la ley y deberán ser tratadas conforme a las mismas reglas. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en las leyes que de aquéllas emanen, así como en este Código.
Los jueces no podrán mantener, directa o indirectamente, comunicación con alguna de las partes o sus defensores sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas o en los casos expresamente determinados en este Código. La contravención a este precepto será sancionada en los términos que establezcan las leyes.
Los jueces, el Ministerio Público y los cuerpos policiacos en el Estado deberán tomar en cuenta para sus actuaciones y resoluciones las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no deberán fundar sus decisiones sobre la base de la nacionalidad, género, origen étnico, credo o religión, ideas políticas, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformados los párrafos primero y tercero por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Igualdad entre las partes.

Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en las Constituciones Federal y Local, los Tratados Internacionales ratificados conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos, así como en este Código.

Corresponde a los jueces preservar el principio de igualdad procesal y despejar los obstáculos que impidan su vigencia o la debiliten.
Artículo *17.Única persecución.
La persona condenada absuelta, o en cuyo proceso el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento, y el juez o tribunal los haya acordado favorablemente en beneficio del imputado, no podrá ser sometida a un nuevo proceso penal por los mismos hechos.
El proceso penal que derive en absolución o sobreseimiento por un delito, no exime de responsabilidad civil o administrativa.
El procedimiento administrativo seguido en contra de una persona no inhibirá la persecución penal derivada de los mismos hechos.
No se podrán reabrir los procesos concluidos, salvo en caso de revisión de sentencia a favor del sentenciado, según las reglas previstas por este Código.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo por Artículo Primero y por Artículo Cuarto sustituyendo la palabra condenado por sentenciado del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Única persecución.

La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo proceso penal por los mismos hechos.


Artículo *18. Juez natural.
Nadie podrá ser juzgado por tribunales designados especialmente para el caso.
La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a tribunales constituidos conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado el segundo párrafo por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a tribunales constituidos conforme a las leyes vigentes antes del hecho que motivó el proceso.
Artículo 19. Independencia.
En su función de juzgar, los jueces son independientes de los demás integrantes del Poder Judicial, de los otros poderes del Estado y de la ciudadanía en general.
Todas las autoridades están obligadas a prestar la colaboración que los jueces requieran en el ejercicio de sus funciones y deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por ellos.
Por ningún motivo y en ningún caso los órganos del Estado podrán interferir en el desarrollo de las etapas del proceso.
En caso de interferencia en el ejercicio de su función, proveniente de otro Poder del Estado, del propio Poder Judicial o de la ciudadanía, el juez o tribunal deberá informar sobre los hechos que afecten su independencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en su caso al Consejo de la Judicatura del Estado, en cualquier caso éste deberá adoptar las medidas necesarias para que cese la interferencia, independientemente de las sanciones administrativas, civiles, penales y aquellas previstas en la Constitución Política del Estado, a que la interferencia pudiera dar lugar.
Artículo 20. Objetividad y deber de decidir.
Los jueces competentes deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento y no podrán abstenerse de decidir, bajo cualquier pretexto, aún cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, se harán acreedores a las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Para tal efecto, presidirán y presenciarán en su integridad el desarrollo de las audiencias, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.
Desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él.
Artículo 21. Fundamentación y motivación de las decisiones.
Los jueces están obligados a fundar y motivar sus decisiones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación.
El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión infundada o inmotivada, conforme a lo previsto en este Código, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
No existe motivación cuando se haya inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
Artículo 22. Legalidad de la prueba.
Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código.
No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas.
Artículo *23. Valoración de la prueba.
Las pruebas serán valoradas por los jueces de manera libre conforme a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24. Antes decía: Valoración de la prueba.

Las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.


Artículo 24. Saneamiento de defectos formales.
La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquier etapa, recurso o instancia, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el defecto formal no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente. El juez en ningún caso podrá suplir las omisiones de fondo en que hubiere incurrido el Ministerio Público.
La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.
Artículo 25.- Cautela de garantías.
En cualquier etapa del proceso en que el juez o tribunal estime que el imputado no está en condiciones de ejercer sus derechos fundamentales, el juez o tribunal ordenarán, de oficio o a petición de parte, la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la adopción de las medidas conducentes y la continuación del proceso o la suspensión del mismo hasta que cesen o se resuelvan las condiciones que impiden el ejercicio del derecho fundamental. Mientras el proceso se mantenga suspendido no correrá el término para la prescripción.
El juez o tribunal podrá negar de plano la celebración de la audiencia cuando la solicitud de parte sea notoriamente improcedente o tenga como finalidad retardar el procedimiento.
Artículo 26. Inaplicabilidad de garantías en perjuicio del imputado.
La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio.
Tampoco se podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía previsto a favor del imputado salvo cuando él lo consienta expresamente.
Artículo 27. Derecho a indemnización.
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de error judicial.
Artículo *28. Justicia restaurativa.
Se entenderá por justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima u ofendido y el imputado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo.
Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y de quien cometió el delito en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Cuarto sustituyendo la palabra “condenado” por “sentenciado” del Decreto No. 1571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha 2009/08/24.
TÍTULO II



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