Congreso del Estado de Coahuila



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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”



Orden del día para el desarrollo de la reunión preparatoria del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.


8 de julio 2014.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados que integran la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.


2.- Elección de la Mesa Directiva que estará en funciones durante Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.

3.- Clausura de la reunión preparatoria.


Orden del día de la Primera Sesión del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.
8 de julio de 2014.
1.- Confirmación del quórum legal.
2.- Declaratoria de apertura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura.

3.- Lectura de la convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la celebración del período extraordinario de sesiones.
4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta sesión.
5.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia electoral, planteada por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez.
6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a una iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Luis Moreno Aguirre, del Grupo Parlamentario “Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional,
B.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con relación a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, planteada por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario “Jorge González Torres”, del Partido Verde Ecologista de México.
C.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Seguridad Pública, con relación al expediente formado con motivo del oficio del Gobernador del Estado, mediante el cual somete a la ratificación de este Congreso, el nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
D.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Finanzas, Fomento Económico y Turismo y de Energía y Minas con relación a una iniciativa de decreto enviada por el secretario del ayuntamiento del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el “ayuntamiento de Torreón, Coahuila” y la “Empresa Parque Solar Coahuila, S.A.P.I de C.V.”, para el autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de una fuente renovable, por una vigencia de quince años.
E.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Finanzas, Fomento Económico y Turismo y de Energía y Minas, con relación a una iniciativa de decreto planteada por el presidente municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el “ayuntamiento de Matamoros, Coahuila” y la “Empresa Parque Solar Coahuila, S.A.P.I de C.V.”, para el autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de una fuente renovable, por una vigencia de quince años.
F.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al oficio enviado por el secretario del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por dicho ayuntamiento para la prestación de servicios de alumbrado público que otorga el mismo ayuntamiento de Torreón, a favor de la “concesionaria de Alumbrado Público de Torreón S.A de C.V.”, con objeto de otorgar la prestación de servicio de alumbrado público.
7.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.
El que suscribe, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II, 82 fracción I y 196 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9 apartado A fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso la presente Iniciativa con Proyecto de decreto, por el que se Reforman, Derogan y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:
E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S
El camino de la democracia mexicana se ha ido construyendo en diferentes etapas de la historia. En las últimas décadas, México ha experimentado importantes transformaciones sociales y políticas que implicaron la instalación de la pluralidad y la competencia plena entre las distintas fuerzas políticas del país.
El cambio social ha obligado a un continuo proceso de transformación institucional, resultado de los empeños a favor de la democracia de muchas generaciones de mexicanos.
En este contexto el 10 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Político- Electoral.
La Reforma, sin duda alguna fortalece el régimen democrático, y las instituciones electorales en nuestro país, estableciendo nuevas reglas electorales, más justas, eficientes y transparentes, que incidirán en beneficio de las y los mexicanos, la misma, introdujo importantes innovaciones legislativas en nuestro país, con ella:


  • Se crea el instituto nacional electoral, como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Congreso de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Dicho instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño y dentro de sus funciones se encuentran, por lo que hace a los procesos electorales locales, la capacitación electoral, la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales y la división del territorio en secciones electorales, el padrón electoral y la lista de electores, la ubicación de casillas y designación de los funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, las encuestas o sondeos de opinión, la observación electoral, los conteos rápidos, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, así como designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales.



  • Se establece que el Instituto Nacional Electoral podrá asumir mediante convenio, con las autoridades competentes de las entidades federativas, que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales y que a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.



  • Se dispone que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.




  • Se prevé que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, éstos organismos ejercerán funciones en materias como, derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaraciones de validez, otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo, resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, por mencionar algunas.



  • Se estipula que, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales, delegar en dichos órganos electorales las atribuciones de fiscalización, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.



  • Se establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de la Constitución. Los órganos de dirección superior estarán integrados por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos.



  • Se dispone que las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.



  • Se prevé que los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.




  • Se estipula que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.



  • Se dota de autonomía a dos importantes instituciones: La Procuraduría General de la República se convierte en la Fiscalía Nacional de la República y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y el Desarrollo Social.




  • Se aprobó la reelección legislativa consecutiva hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Aunado a lo anterior es importante tomar en consideración que de dicha reforma derivaron tres Leyes Generales, las cuales fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

  • La Ley General en Materia de Delitos Electorales,

  • La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

  • La Ley General de Partidos Políticos.

Por lo que hace a la segunda de las leyes antes mencionadas, es importante destacar que, en ella, se establecen las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, se distribuyen competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias y se regula la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.


Además se establece que, tanto el Instituto nacional, como el organismo local, contarán con un Servicio Profesional Electoral Nacional.
Respecto a las autoridades electorales jurisdiccionales locales esta ley dispone que, son órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad y que estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.
Además dispone que las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres a cinco magistrados, quienes actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, y serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales.
Con respecto a la Ley General de Partidos Políticos, es preciso señalar que, ésta, tiene por objeto, el de regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de constitución de los partidos políticos, plazos y requisitos para su registro legal, derechos y obligaciones de sus militantes, lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos, los contenidos mínimos de sus documentos básicos, formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones, sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria, procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones, el régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, así como el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.
En virtud de las adecuaciones legislativas de las que han sido objeto las leyes electorales de nuestro país, nace la eminente necesidad de modificar el marco normativo Coahuilense en la materia, en este sentido es que, presento a esta Soberanía la iniciativa que armoniza la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.
La armonización comprende la reelección de legisladores hasta por 4 periodos, y la de ayuntamientos en el periodo de mandato inmediato, lo que representa un abono enorme a la rendición de cuentas y da lugar a administraciones más eficaces.
Además, través de la presente iniciativa se propone establecer que los partidos políticos estatales que no alcancen el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del poder ejecutivo o legislativo, les sea cancelado su registro.
Aunado a lo anterior, el presente proyecto plantea establecer en nuestra constitución el derecho a que los ciudadanos coahuilenses ejerzan su voto en territorio extranjero, además que ningún partido político tenga un porcentaje en número de legisladores que supere en ocho por ciento la votación obtenida en su favor, ni que tengan un número de diputados ocho por ciento inferior a la votación emitida a su favor.
Por lo que respecta los órganos electorales del Estado, también se establecen cambios en la designación de sus integrantes, de tal manera que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de Zaragoza, se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales que durarán en su encargo siete años, siendo éstos designados por el Instituto Nacional Electoral.
En relación al Tribunal Electoral del Estado, se modifica la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza atendiendo a lo establecido por la Constitución Federal que estipula que los magistrados que lo integren serán designados directamente por el Senado de la República y que dicho tribunal no formará parte del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, se propone crear una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral; cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por las leyes en la materia.
La iniciativa también estipula que el Instituto contará para su funcionamiento permanente con un servicio profesional electoral y que será el Instituto Nacional Electoral la institución que regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
Por último, la iniciativa propone establecer un cambio en la fecha en que habrá de celebrarse la jornada electoral, la cual se llevará a cabo el primer domingo de junio del año en que concluyan los periodos constitucionales de gobierno.
Con estas acciones refrendamos el compromiso del gobierno del estado, de impulsar las reformas necesarias al marco jurídico local para mejorar los alcances de interrelación entre los poderes y que se garantice el orden social y el adecuado funcionamiento de las instituciones del estado.
Por lo expuesto, me permito someter a ésta Honorable Legislatura para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el numeral 1, los incisos a), f) y h) del numeral 3, el primer párrafo del numeral 5 y sus incisos b), c), d), f) y g) así como el numeral 6 del artículo 27, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 30, el párrafo primero del artículo 33, las fracciones V, XVII, y XVIII del artículo 67, los párrafos cuarto y quinto del artículo 136, los párrafos primero y último del artículo 138, el párrafo segundo del artículo 143, el párrafo primero del artículo 146, la fracción III del artículo 158-K, las fracciones I y II del artículo 196 y el artículo 197; Se adicionan, un segundo párrafo, recorriéndose los ulteriores a la fracción I del artículo 19, el inciso j) al numeral 3 del artículo 27, y los últimos tres párrafos a la fracción VI del artículo 35. Se derogan, el numeral 4 del artículo 27, la fracción II del artículo 73, y el apartado A con sus fracciones I a XII, del artículo 136, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 19.

I.

Los coahuilenses podrán ejercer su derecho a votar, aún estando en territorio extranjero, acorde a las disposiciones legales en la materia.



II. a IV. ,,,
Artículo 27.


  1. Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.




  1. ….







a) La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, o para la inscripción del mismo ante la autoridad electoral estatal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden;
b)
c)
d)
e)
f) Los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social; su acceso a radio y televisión, durante los procesos electorales, se realizará en los términos establecidos por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Generales en la materia.
g)
h) La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y campañas electorales,




j) Los Partidos Políticos tienen derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y municipales. Los Partidos Políticos Locales que no alcancen el 3 % del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo. Legislativo o de los ayuntamientos le será cancelado su registro.


  1. Se deroga


5. La organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un organismo público, con autonomía en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El Instituto se regirá por las siguientes normas y lo que establezca la ley:







  1. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores de su desempeño;




  1. Contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que señale la ley. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y seis consejeros electorales, quienes serán designados y removidos en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes de la materia;




  1. Tendrá a su cargo, de manera integral y directa, todas las actividades relativas a la organización y desarrollo de los procesos electorales locales, de los plebiscitos y referendos; los cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos; la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, cuando el Instituto Nacional le delegue esta función; el seguimiento de los compromisos de campaña de los candidatos mediante la emisión de informes anuales con fines meramente informativos y sin efecto vinculatorio alguno, y las demás que señale la ley;

  

  1. Se deroga;


f) La vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos se realizará de conformidad con lo establecido en las leyes generales en la materia,

  1. El instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública, para actos de naturaleza electoral cuyas atribuciones y funciones serán reguladas por las leyes generales en la materia y las demás disposiciones aplicables, y

El Instituto contará para su funcionamiento permanente con un servicio profesional electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.


6. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y los relativos a plebiscitos y referendos, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación del que conocerá el Tribunal Electoral del Estado. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado.

El Tribunal Electoral será órgano permanente, autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Se integrará por tres Magistrados, que durarán en su encargo 7 años y cuya designación se realizará de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes en la Materia.



7. ...

Artículo 30.


Los Diputados del Congreso del Estado, podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.


Los Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados Propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplente.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, así como las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé o las que integren un Concejo Municipal, podrán ser electas para el período inmediato.


Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales, y con nueve diputados electos por el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 3% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de Diputados.

...


...
Artículo 35. …



I. a V. …



VI. ...

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.


Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo:
I. a IV. …
V. Designar a los integrantes del organismo público autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º de esta Constitución, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.
VI. a XVI. …
XVII. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que les someta el Gobernador del Estado, en los términos de esta Constitución y las leyes.
Igualmente, ratificar, el nombramiento que el titular del ejecutivo haga del Procurador General de Justicia del Estado y, en su caso, acordar su remoción, siempre que concurra alguna de las causales de procedencia previstas en esta Constitución y leyes aplicables.
XVIII. Conocer de las renuncias y de las licencias de los diputados, del Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de los miembros de los Ayuntamientos y Concejos Municipales;
XIX. a XL.
Artículo 73.
I. ...
II. Se deroga.
III. a VIII.
Artículo 136. ...


Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de los Tribunales Unitarios de Distrito no integrarán el Pleno.

La competencia, procedimientos, organización del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de los Tribunales Distritales, de los juzgados de Primera Instancia cualquiera que sea su denominación, y de los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes, así como las facultades, deberes y responsabilidades de los servidores públicos judiciales, se regirán por lo dispuesto en las leyes según los principios de esta Constitución.




  1. Se deroga.




  1. a XII. Se deroga


Artículo 138. Para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se requiere:

I. a VI
Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Artículo 143. …
El Consejo de la Judicatura estará integrado por seis Consejeros, uno de los cuales será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien lo presidirá con voz y voto de calidad; uno designado por el Ejecutivo del Estado; uno designado por el Congreso del Estado; un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado de Tribunal Distrital y un Juez de Primera Instancia, que serán los de mayor antigüedad en el ejercicio de los respectivos cargos. Los Presidentes del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, formarán parte siempre del Consejo con voz, pero sólo tendrán voto cuando se trate de asuntos relativos a los Tribunales que presiden.



...





Artículo 146. Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, serán hechos por el Gobernador del Estado de la lista de candidatos que le presente el Consejo de la Judicatura y sometidos a la aprobación del Congreso, o en su caso, de la Diputación Permanente, cuando proceda, el que la otorgará o negará dentro del improrrogable término de cinco días.




Artículo 158-K. ...




  1. ...


  1. ...




  1. Se renovará en su totalidad cada tres años.




  1. a VII.


Artículo 196.

I. Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le darán dos lecturas con un intervalo de diez días naturales.
II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se darán dos lecturas con un intervalo de seis días naturales.
III. a VII. …
Artículo 197. Para cumplir con lo que se previene en la fracción V del artículo que precede, el Congreso después de haber cumplido los requisitos que consignan las fracciones anteriores a la citada, mandará a cada Ayuntamiento del Estado, una copia del expediente a que se refiere la fracción IV de esta misma disposición, señalándoles, asimismo, que deberán emitir su voto, para los efectos legales correspondientes.
Una vez que se reciba el voto favorable de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos de los Municipios, se podrá proceder a la formulación y presentación del dictamen a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, así como a hacer la declaración que se señala en la fracción VII de la misma disposición.
TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor una vez concluido el proceso electoral de 2014, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Las reformas que se hacen a los párrafos tercero y cuarto del artículo 30 serán aplicables a los diputados que se elijan en el proceso electoral de 2014.
TERCERO.- Las adiciones realizadas a la fracción VI del artículo 35, serán aplicable a los diputados electos a partir del proceso electoral de 2017.
CUARTO.- Las reformas y derogaciones que se hacen al párrafo último del artículo 30 y al artículo 158 – K, serán aplicables a los Ayuntamientos electos en el proceso electoral de 2021.
QUINTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones realizadas al numeral 5 del artículo 27, entrarán en vigor en la misma fecha en que el Instituto Nacional Electoral designe a los consejeros electorales locales.
QUINTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 27 numeral 6; 67 fracción XVII, 136 párrafos cuarto y quinto, así como el apartado A del mismo artículo, los artículos y a los artículos 138,143 y 146 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, entrarán en vigor en la misma fecha en que el Senado designe a los magistrados electorales locales.
SEXTO.- Deberán hacerse las previsiones necesarias para proveer los recursos presupuestales indispensables para que el Tribunal Electoral lleve a cabo de manera eficaz sus funciones.
SÉPTIMO.- En tanto no se haya designado, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Consejeros Electorales Locales ni a los Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, los actuales permanecerán en su encargo.
OCTAVO.- Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones relacionadas con el Tribunal Electoral se realizarán en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la designación de los magistrados en la materia.
NOVENO.- Las modificaciones al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizarán en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO.-Las reformas efectuadas a los artículos 196 y 197 entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.
DÉCIMO PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al Presente Decreto.
DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en Saltillo Coahuila de Zaragoza a los 13 días del mes de junio del año 2014.
A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Luis Moreno Aguirre, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores” del Partido Revolucionario Institucional; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 28 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Luis Moreno Aguirre, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores” del Partido Revolucionario Institucional; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Que la iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Luis Moreno Aguirre, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores” del Partido Revolucionario Institucional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:


E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S
En un estado pleno de derecho, los ciudadanos tienen la garantía constitucional de que los actos de autoridad que afecten su esfera jurídica sean revisados y en su caso, confirmados, revocados o modificados.
Ello asegura al gobernado que dicha garantía de legalidad sea satisfecha a plenitud y que de esta forma, cuando se sienta inconforme con alguna decisión de la administración pública, exista un recurso a través del cual pueda dirimirse tal controversia.
En ese orden de ideas, nuestro Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece en su artículo 389 al 398, todo lo relativo al Juicio de Inconformidad, mecanismo legal a través del cual, el ciudadano puede impugnar los actos y resoluciones dictados por el ayuntamiento, el presidente municipal o las dependencias, entidades y organismos de la administración pública municipal, cuando estime que afecten sus intereses jurídicos.
Sin embargo, este juicio no suele ser utilizado por los particulares, que en vez de acudir a esa instancia, promueven juicio de amparo, lo que implica dejar de lado la jurisdicción municipal para trasladarse a la federal.
Hay que señalar que para promover un recurso extraordinario de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, es necesario haber agotado todos los recursos ordinarios en contra del acto de autoridad, lo que se conoce como el principio de definitividad. En otras palabras, un particular debería acudir primero a la instancia municipal y no irse directamente al juicio de amparo, como ocurre actualmente.
Esto sucede porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala resolvió que el artículo 398 de nuestro Código Municipal, que establece la suspensión del acto reclamado, impone mayores requisitos para su concesión que lo establecido en la Ley de Amparo. Hay puntualizar que la suspensión del acto reclamado, permite que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran hasta que no se resuelve el procedimiento. La Jurisprudencia en mención es la siguiente:

Época: Novena Época

Registro: 173982

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIV, Octubre de 2006

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 153/2006

Página: 420
SUSPENSIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", sostuvo que conforme a los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, resaltando que la medida surte sus efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada. Por tanto, si el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila exige, para su procedencia, que se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada, mientras que en el juicio de amparo la exhibición de la garantía no tiene por objeto que se otorgue la suspensión solicitada, sino sólo que ésta continúe surtiendo efectos, se concluye que el indicado artículo 398 exige mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado, lo que ocasiona que se actualice una excepción al principio de definitividad en el juicio de garantías, en términos de la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley últimamente citada.
Contradicción de tesis 115/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos del Octavo Circuito. 29 de septiembre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz.
Tesis de jurisprudencia 153/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de octubre de dos mil seis.
Este criterio, al tener el rango de Jurisprudencia lo vuelve obligatorio ante los tribunales, por lo que nuestro recurso de revisión municipal se vuelve inoperante, al no tener que agotarse por el particular para presentar el juicio de amparo.
De la lectura de la resolución de la Suprema Corte, se desprende que el problema radica en que nuestro Código Municipal establece como criterio para otorgar la suspensión de acto reclamado, que primero se pague fianza suficiente para concederla; en tanto la Ley de Amparo concede la suspensión en forma inmediata y otorga un plazo para el otorgamiento de una fianza, que en caso de no pagarse, es causal para cesar los efectos de la suspensión.
De lo anterior se desprende que es solo una cuestión formal la que establece la diferencia entre una ley y otra, ya que ambas previenen la suspensión del acto, con la diferencia que la ley federal concede y da un tiempo para pagar la fianza, que en caso de no pagarse deja de surtir efectos; en tanto que nuestro Código Municipal, concede la suspensión y sus efectos, solo si hay fianza previa.
De hecho, en la resolución de la Sala de la Suprema Corte, el debate se centra sobre la literalidad de la norma, la forma en que se encuentra redactada y la interpretación que se le da por la autoridad.

En ese orden de ideas, se propone reformar dicho artículo 398 para así interrumpir la jurisprudencia y retornar a la autoridad municipal, su facultad en materia de revisión de sus actos.


El artículo en mención tiene la siguiente redacción actual:
ARTÍCULO 398. La ejecución del acto reclamado podrá suspenderse cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada. La garantía de que se trata podrá ser constituida mediante depósito en dinero fijado por la autoridad, o fianza que ella misma considere aceptable.
Se propone la siguiente reforma y adición que es acorde a la resolución de la Sala de la Suprema Corte, así como al contenido del capítulo de suspensión de la Ley de Amparo:
ARTÍCULO 398. La ejecución del acto reclamado podrá suspenderse a petición de parte, cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Cuando proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causen de confirmarse la resolución impugnada.
La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo por la autoridad.
Dejará de surtir efecto la suspensión otorgada, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada.
Vencido el plazo, la autoridad emitirá el acuerdo respectivo y podrá ejecutarse el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos suspensión otorgada.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación del recurso.
Se estima que con la anterior redacción se proporciona seguridad jurídica, tanto al gobernante, como a la autoridad municipal y se coadyuva al fortalecimiento del estado de derecho, al no imponer al ciudadano mayores requisitos que los que previene la Ley de Amparo para concederle la suspensión del acto reclamado, fijando además, reglas más claras para el otorgamiento o negativa de la suspensión.


TERCERO.- Esta Comisión considera que la iniciativa en comento reúne los requisitos necesarios para su dictaminación en sentido positivo, atento a que como atinadamente se señala, uno de los propósito esenciales de todo recurso administrativo es la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser suspendido y que de esta forma se preserven las cosas en el estado en el que se encuentran, para el efecto de los derechos humanos de los ciudadanos puedan ser salvaguardados.
En efecto, las garantías de seguridad y certeza jurídica, en el caso que nos ocupa, se materializan en la suspensión de acto reclamado, que si bien ya está contemplado en el texto actual de la ley, también es verdad que tal suspensión está condicionada al otorgamiento de una fianza que pueda cubrir potenciales daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto de autoridad.
Por ello, es atingente apegarse al criterio jurisdiccional que ha establecido que el otorgamiento de la suspensión no debe sujetarse al depósito de la fianza en forma inmediata, sino que debe otorgarse y dar el beneficio de un plazo prudente para que pueda el ciudadano cubrir el monto de la fianza fijada.
Además la iniciativa establece criterios ciertos para esta parte del procedimiento administrativo dando certeza y certidumbre tanto a la autoridad, como a los gobernados, lo que brinda mayor confianza en estos actos administrativos.
Este procedimiento previsto en la iniciativa y que es similar al señalado en la Ley de Amparo, asegura que no haya impugnaciones en vía de juicio de garantías y que el procedimiento administrativo previsto en el Código Municipal, sea llevado conforme a derecho. 

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 398 de Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 398. La ejecución del acto reclamado podrá suspenderse a petición de parte, cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Cuando proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causen de confirmarse la resolución impugnada.


La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo por la autoridad.
Dejará de surtir efecto la suspensión otorgada, si dentro del plazo de cinco días siguientes al que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada.
Vencido el plazo, la autoridad emitirá el acuerdo respectivo y podrá ejecutarse el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la suspensión otorgada.

En ningún caso, la suspensión de acto podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación del recurso.



T R A N S I T O R I O S.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Los procedimientos administrativos que actualmente se encuentren en trámite, se regirán conforme a las disposiciones procesales aplicables anteriores al presente decreto, hasta resolver en definitiva según corresponda.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, (Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. María del Rosario Bustos Butrón, Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 2 de julio de 2014.


COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA



NOMBRE Y FIRMA

VOTO

RESERVA DE ARTICULOS

DIP.RICARDO LOPEZ CAMPOS

(COORDINADOR)

A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES



















DIP. FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS BUITRON



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRIGUEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. SIMON HIRAM VARGAS HERNANDEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. NORMA ALICIA DELGADO ORTIZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES

















DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 10 del mes de diciembre del año 2013, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 68, 76 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:
E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S
Del artículo 4 constitucional se desprende que toda persona tiene derecho a la salud y gracias a ello se derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia que obligan al Estado mexicano a garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho.

La naturaleza e intensidad de las obligaciones que las normas imponen a los poderes públicos o a los particulares que ejercen servicios relacionados con la salud para preservarla, mantenerla, restablecerla o promoverla; son directamente relevantes desde la perspectiva del contenido garantizado por el derecho a la salud.

Esta es un área sumamente delicada pues en la ponderación de los bienes jurídicos tutelados de manera suprema, se encuentra la vida; por ello tiene una lógica que busquemos su preservación y su conservación integral que depende del bienestar físico, mental y social que se propicie en cada componente de la colectividad; en ese sentido solo los expertos en cada área específica de la salud, son las personas idóneas para buscar mantener el estado de bienestar corpóreo, que no podrían garantizar quienes carecen de los conocimientos y experiencias necesarios; por no contar con una formación y aptitudes diversas a las relativas a la conservación de la salud de sus semejantes.

Tradicionalmente se ha entendido por profesión: “como el proceso de formación que se lleva a cabo dentro de las instituciones de educación superior…”, sin embargo, el concepto traspasa el ámbito escolar, puesto que su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado a la evolución social, la que habrá de determinar de qué manera se ha de formar el encargado de algún área de la salud.

Alrededor del 85% de la percepción sensorial que tenemos es por medio de la vista, mientras que el otro 15% se origina a partir de los cuatro sentidos restantes. Los ojos están diseñados para optimizar la visión en condiciones variables de luz. Su ubicación, en el exterior de la cara, los hace susceptibles a trauma, productos químicos ambientales, partículas, y agentes infecciosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS); divide en cuatro grupos los problemas en la visión: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. Dentro del grupo de la discapacidad visual moderada y algunos casos de la grave se encuentran enfermedades que pueden ser diagnosticadas y fácilmente corregidas por un profesional.

La optometría en México tiene sus inicios en 1905 en la Escuela Rural de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. En 1984 se inician las sesiones de trabajo en el diseño del plan de estudios de la licenciatura de optometría en la Universidad Autónoma de México y en 1986 ese plan de estudios fue aprobado por el H. Consejo Universitario pero no fue sino hasta octubre de 1992 cuando se iniciaron las clases para esta licenciatura para formar profesionistas que dieran respuesta a las demandas de salud visual en México.

Debe ser preocupante la situación del ejercicio de la optometría en nuestro

País, por personal con poca o ninguna preparación, pues pone en peligro la salud visual de las personas. Mientras que verdaderos licenciados en optometría ven con preocupación cómo pacientes pierden la vista porque acuden a atenderse con personas que no cuentan con los estudios necesarios para atenderlos como es debido.

La optometría también comprende la detección de manifestaciones sistémicas, enfermedades y trastornos relacionados con el sistema visual, así como aplicación clínica y la derivación hacia un oftalmólogo. Y se encarga además de analizar e investigar toda la estructura ocular en sí, mediante técnicas de queratometría, biomicroscopia, paquimetría, la integridad de las superficies oculares con tinciones, presión intraocular con métodos invasivos y no invasivos, evaluación del nervio óptico, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estipula que debe haber un optometrista por cada 10,000 habitantes; por ello se requiere la regulación de los profesionales dedicados a la salud visual, ya que cada vez son más los pacientes que requieren estos servicios.

Al incluir a los optometristas en la Ley Estatal de Salud, tendremos la oportunidad de regular su ejercicio; beneficiando con ellos a los coahuilenses para que sean verdaderos profesionales quienes cuiden de su salud visual.



TERCERO. Que el 29 de noviembre de 2013, esta Legislatura expidió un Decreto por el que se reformó la Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de incluir la Optometría entre las profesiones en que requiere contar con título y cédula para su ejercicio.
CUARTO. Que en el Artículo 72 de la Ley Estatal de Salud del Estado, se mencionan expresamente diversas actividades profesionales y respecto a ellas se establece que para su ejercicio es necesario que los títulos profesionales o certificados de especialización correspondientes a las mismas, hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
QUINTO. Que la propuesta de reforma al citado Artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, planteada en la iniciativa a que se refiere el presente Dictamen, tiene la finalidad de incluir la Optometría entre las actividades profesionales que se mencionan expresamente en dicha disposición, lo cual se considera procedente por los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, ya que tendría concordancia con lo que ha quedado establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de lo aprobado anteriormente por esta Legislatura.
Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:


Artículo 72: Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

..



T R A N S I T O R I O S.
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua y de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, (Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez (Coordinador) Dip. María del Rosario Bustos Butrón (Secretaria), Indalecio Rodríguez López, Dip. Ana María Boone Godoy, Dip. Cuauhtémoc Arzola Hernández. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 2 de julio de 2014.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA



NOMBRE Y FIRMA

VOTO

RESERVA DE ARTICULOS

DIP.RICARDO LOPEZ CAMPOS

(COORDINADOR)

A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS BUITRON



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRIGUEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. SIMON HIRAM VARGAS HERNANDEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. NORMA ALICIA DELGADO ORTIZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















COMISION DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA



NOMBRE Y FIRMA

VOTO

RESERVA DE ARTICULOS

DIP.JOSE REFUGIO SANDOVAL RODRIGUEZ

(COORDINADOR)


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES
















DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS BUITRON


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES

















DIP. INDALECIO RODRIGUEZ LOPEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. ANA MARIA BOONE GODOY



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES















DIP. SIMON HIRAM VARGAS HERNANDEZ


A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES


















DIP. CUAUHTEMOC ARZOLA HERNANDEZ



A FAVOR

EN CONTRA


ABSTENCION

SI

CUALES

















DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de Seguridad Publica de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, con relación al expediente formado con motivo del oficio del Gobernador del Estado, mediante el cual somete a la ratificación de este Congreso, el nombramiento del Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad publica…

R E S U L T A N D O
ÚNICO. Que con fecha 7 de julio del presente año, por acuerdo del Presidente de la Diputación Permanente del Congreso se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de Seguridad Pública, el oficio del Ejecutivo del Estado, mediante el cual somete a la ratificación de este Congreso el nombramiento del C. Jorge Alberto Torres García Como Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, del Estado de Coahuila; y
C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que corresponde al titular del Ejecutivo hacer los nombramientos de los funcionarios que conformaran el Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado, debiendo luego someterlos a la ratificación del Congreso del Estado, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado y artículo 9 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO. Que estas Comisiónes, con fundamento en los artículos 61, 67 fracción I, 68 fracción VIII, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.
TERCERO. Que en esta fecha el Gobernador del Estado, remite al Congreso del Estado el nombramiento del funcionario que ha sido designado como titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, para su ratificación por parte del Poder Legislativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; así mismo remite la información curricular de la persona designada, lo anterior en virtud de la facultad que otorga a este Poder Legislativo el artículo 268 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.


CUARTO. Que estas Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Seguridad Publica, después de analizar los datos curriculares de la persona designada para ocupar el cargo de Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica; constató que la persona designada por el Gobernador, posee una amplia experiencia en el área para la que fue nombrado.


QUINTO. Que en virtud de lo antes señalado y habiéndose comprobado que el ciudadano Jorge Alberto Torres García reúne los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo de Titular del Secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, dependencia que forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia considera procedente la aprobación del nombramiento hecho por el Gobernador del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración de este H. Congreso para su estudio, resolución, y en su caso, aprobación, el siguiente:

P R O Y E C T O D E D E C R E T O

ARTICULO UNICO. El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; ratifica el nombramiento del C. Jorge Alberto Torres García como titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, designado por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, como titular de la dependencia y organismo que forman parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.





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