Congreso del Estado de Coahuila



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10 de Junio de 2008.

Diputado Presidente: Antonio Juan Marcos Villarreal.
Segunda lectura, discusión y, en su caso, aprobación, de un dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una iniciativa de decreto para reformar los artículos 49 y 84 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; sobre “El trámite del informe del gobernador en su último mes de mandato”, planteada por el Diputado Lorenzo Dávila Hernández, del Grupo Parlamentario “General Felipe Angeles”, del Partido de la Revolución Democrática; así como a una segunda iniciativa de decreto para reformar los artículos 49 y 84 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “El informe anual que rinde el Gobernador del Estado ante el Congreso, en relación al estado general que guarda la administración pública estatal”, planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Jesús Reyes Heroles”, del Partido Revolucionario Institucional.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una iniciativa de decreto para expedir la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas Julieta López Fuentes, Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke, Silvia Guadalupe Garza Galván, Leticia Rivera Soto y el Diputado Francisco Javier Z´ Cruz Sánchez, como integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a las Iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, la Primera Iniciativa para reformar los artículos 49 y 84, fracción IV, sobre el tramite del informe del Gobernador en su ultimo mes de mandato, propuesta por el C. Dip. Lorenzo Dávila Hernández del Grupo Parlamentario “General Felipe Ángeles”, del Partido de la Revolución Democrática, y la Segunda Iniciativa para reformar los artículos 49 y 84 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila, propuesta por los C. C. Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “ Jesús Reyes Heroles ”, del Partido Revolucionario Institucional; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO.- Que en sesiones celebradas por el Pleno del Congreso los días 4 de Diciembre de 2007 y el día 27 de mayo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las Iniciativas a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnaron a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales las Iniciativas para reformar la Constitución Política del Estado, la Primera Iniciativa para reformar los artículos 49 y 84, fracción IV, sobre el tramite del informe del Gobernador en su ultimo mes de mandato, propuesta por el C. Dip. Lorenzo Dávila Hernández del Grupo Parlamentario “General Felipe Ángeles”, del Partido de la Revolución Democrática, y la Segunda Iniciativa para reformar los artículos 49 y 84 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila, propuesta por los C. C. Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “ Jesús Reyes Heroles ”, del Partido Revolucionario Institucional.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 93, 96, 97, 99 fracción I, 100 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Que las Iniciativas para reformar los artículos 49 y 84 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila, propuesta por el C. Dip Lorenzo Dávila Hernández del Grupo Parlamentario “General Felipe Ángeles” del Partido de la Revolución Democrática y por los C. C. Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “ Jesús Reyes Heroles ”, del Partido Revolucionario Institucional, se basan entre otras en las consideraciones siguientes:

La Iniciativa presentada por el Dip. Lorenzo Dávila Hernández del Grupo Parlamentario “General Felipe Ángeles” del Partido de la Revolución Democrática señala:


En los últimos años se ha estado discutiendo la necesidad de modificar radicalmente el formato de los informes rendidos por el Titular del Poder Ejecutivo. Se ha sostenido, con razón, que dichos actos no se ajustan al principio republicano de rendición de cuentas y que se asemejan más a formatos monárquicos ya superados por la historia.
Independientemente de la opinión que se tenga sobre lo anterior, lo cierto es que, con la reforma en materia electoral recientemente aprobada, las próximas elecciones para elegir diputados locales se celebrarán el diecinueve de octubre de 2008, es decir, unos cuantos días después de que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado rinda su tercer informe de gobierno.
Esta particular situación, es decir, el breve lapso de tiempo entre el informe de gobierno y la celebración del proceso electoral, hace indispensable las reformas que proponemos. En líneas generales proponemos:
Primero. Establecer que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá remitir el referido informe al Congreso, suprimiendo la obligación de que asista o concurra personalmente al Congreso del Estado.
Segundo. En consecuencia, suprimir la sesión solemne del Congreso y disponer que los diputados analicen el informe y emitan su opinión en los términos que, para tal efecto, se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tercero. Establecer que el informe deberá ser remitido al Congreso del Estado cada año, dentro de los primeros quince días del mes de febrero, salvo cuando se trate del sexto año de ejercicio, en cuyo caso el informe deberá remitirse en el último mes de mandato.
Las ventajas que se desprenden del nuevo formato que se propone son múltiples. En primer término, se evita, por un lado, que el informe sea utilizado por la oposición para denigrar, insultar o chantajear al mandatario en turno. Por otro lado, se suprime el informe imperial, evitando el gasto desmedido e injustificado de recursos públicos para ensalzar la figura del mandatario.
La iniciativa presentada por los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario “Jesús Reyes Heroles”, del Partido Revolucionario Institucional, señala:
“ EI informe de actividades del Ejecutivo Estatal, comúnmente llamado informe de gobierno, ha venido evolucionando en Coahuila a lo largo de nuestra vida como entidad federativa en sus dos aspectos más importantes: su ubicación en el calendario, y en el formato de ceremonia donde se presenta.
Esta dinámica tiene que ver fundamentalmente con nuestra inserción en el contexto nacional, y con el entorno político que se va generando en la cultura social de la entidad conforme al devenir del tiempo.
Mucho se ha dicho que nuestro sistema constitucional tiene su origen en una reproducción hibrida del modelo norteamericano y del español. Prueba de ello, es que Guadalupe Victoria en 1824 ya cumplía el mandato y la facultad de presentarse en el Congreso a disertar sobre el estado de la administración pública. En aquellos años el Ministro de Gobierno acompañaba al presidente de la República a detallar el informe presentado.
Por su parte, en la primera constitución de Coahuila, en 1827, ya se preveía también la presencia del Gobernador en el Congreso, para informar sobre las actividades del aparato público bajo su mando.
La Constitución Federal de 1857 que introdujo normativas mas explicitas en el ámbito federal, no se reflejó en este tema en nuestra Constitución Local, que permaneció intacta en ese sentido hasta que en 1918, el Constituyente Coahuilense que tuvo como responsabilidad adecuar nuestros ordenamientos a la recién promulgada Constitución Federal de 1917, introdujo las reformas que persistieron hasta 1956.
En el año de 1956, se reformó la Constitución Local, manteniéndose en sus artículos 46 y 49, que el Gobernador del Estado asistiría al Congreso cada día 15 de noviembre a la apertura de las sesiones ordinarias y leería el informe sobre el estado y las necesidades de la Administración a su cargo, con la previsión que de sería ( sic ) cada dos años.
En todos esos años, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, asistía cada año a leer un largo documento donde se daba cuenta de los programas, obras y acciones realizadas en el ejercicio comprendido.
Mientras tanto la experiencia federal indicaba que los informes debieran alejarse lo más posible de las fechas de las elecciones, dado que la intensidad con la que los partidos participaban en las mismas, y los conflictos que se suscitaban por la inconformidad de los partidos perdedores, terminaban conflictuando la realización de la ceremonia correspondiente, hecho que se presentó a partir de1988.
Entonces las entidades federativas siguieron desplazando las fechas de los informes, al modificar los inicios de los periodos ordinarios de sesiones. En nuestra entidad se registra una reforma en 1992, quedando establecida la fecha para rendir informe el quince de octubre, día en que se iniciaba el primer periodo ordinario de sesiones.
Conforme a lo que se establece actualmente en la Constitución Política del Estado, la presentación del informe de gobierno debe hacerse dentro de los primeros quince días del mes de octubre de cada año; en tanto que, por otra parte, en virtud de la reciente reforma electoral aprobada por este Congreso, se ha establecido la celebración de elecciones locales en el mismo mes de octubre, lo cual dará lugar a que exista una gran proximidad entre el acto de entrega del informe de gobierno y el día de la elección, con la posibilidad de que esta coincidencia pueda motivar argumentos en el sentido de que dicho acto ejerza influencia de manera directa sobre los comicios y originar finalmente situaciones como las que se han señalado en el caso del Congreso de la Unión. Por ello la propuesta de promover un cambio en este orden, en aras de fortalecer la democracia de nuestro Estado.
En este contexto, de manera reiterada han existido pronunciamientos de los diferentes sectores de nuestra comunidad, a través de líderes de opinión, analistas y ciudadanos en general, en el sentido de que el formato vigente para la presentación del informe de la administración estatal es obsoleto, puesto que para el gobernador es prácticamente imposible condensar en la lectura de un documento, un reporte pormenorizado de su administración, y para el congreso resulta también inviable procesar de tal manera la información que se le presenta.
A esto hay que agregar, que aunque en los últimos años se han incorporado modificaciones en su formato, como el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios constituidos al interior del Congreso, y de la representación aun individual de los partidos políticos en el mismo, la ceremonia del informe contenida en una sesión solemne, no satisface el interés ni el gusto ciudadano por la información sobre el ejercicio gubernamental, puesto que de origen -y eso persiste hasta nuestros días- más que una práctica republicana, la ceremonia del informe asemeja un resabio de la época de la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, particularmente el Congreso.
Y además, de que en el actual formato pareciera limitarse la percepción de importancia de las comparecencias ante el Pleno o Comisiones del Congreso, de los encargados de las diferentes áreas del Despacho del Ejecutivo. Ejercicios estos, donde si es posible analizar a fondo la administración en turno, y ponderar, criticar, recomendar o reconvenir al Gobernador sobre sus programas, obras y acciones, a través de sus colaboradores.
Las comparecencias, tal y como se establecen hoy en la Constitución Local y la Ley Orgánica de nuestro Congreso, de acuerdo a lo contemplado en esta lniciativa, se deben mantener como hasta ahora.
La visión modificadora de los Informes de Gobierno se vio reflejada en el escenario federal, el pasado miércoles 30 de abril, cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforma el artículo 69 de nuestra máxima carta magna, determinándose que el Presidente de la República presentará su informe ante el Congreso por escrito, sin que necesariamente tenga que acudir.
EI referido dictamen fue turnado en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su revisión, proceso que se encuentra actualmente en trámite.
La propuesta concreta es, que el Presidente no esté obligado a asistir al Congreso a presentar su informe, y que en cambio, pueda presentar su informe por escrito sin la necesidad de acudir al Congreso.
Por su parte, en el marco local existen antecedentes generados en esta legislatura, los que plantean modificar el esquema de la presentación del informe del Gobernador, en base a algunas de las consideraciones que hasta ahora se han venido señalando en el presente instrumento legislativo.
Tomando en consideración lo anterior, y en concordancia con el nivel de madurez política que ha alcanzado la sociedad coahuilense, y que se refleja en su representación popular, y en la relación de esta con el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como en atención a la cultura cívica y el interés ciudadano por acceder de maneras más eficientes al informe de las acciones de gobierno, se considera necesario modificar de manera sustancial el marco jurídico que rige este precepto constitucional: el de informar.”
TERCERO.- A través del tiempo todos los pensadores que se han ocupado de la división de poderes, han deducido sus principios de una realidad histórica concreta; pero no es sino hasta Locke, y particularmente con Montesquieu, que surge como razón superior para dividir el poder, la necesidad de limitarlo. En efecto, la división de Poderes fue y sigue siendo hasta la fecha la principal limitación interna del Poder Público, que halla su complemento en la limitación externa de las garantías individuales y el reconocimiento de los derechos humanos.
Sin embargo, de lo anterior no debe pensarse que la división de poderes es absoluta, pues tanto en un sistema parlamentario, como en uno presidencial, existen relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. En el primero de dichos sistemas, la actuación del Ejecutivo se encuentra subordinada a la dirección de las Cámaras, que constituyen el Parlamento, y que le da su nombre; en el segundo, denominado presidencial, el jefe del Ejecutivo participa con independencia del Legislativo en la dirección política, designa libremente a sus colaboradores inmediatos, que son los Secretarios de Estado, y es por ello responsable directo de los actos de aquéllos.
No obstante ser nuestro sistema presidencial, constitucionalmente existen rasgos propios de un sistema parlamentario, que vinculan la actuación del Ejecutivo a la del Legislativo; ejemplo de ello es que para suspender garantías individuales requiere de la aprobación del Congreso, que los Secretarios de Estado deben dar cuenta al Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos; sin embargo, en estos casos, su comparecencia no compromete la vida del gabinete, el Secretario va simplemente a informar en nombre del Presidente e ilustrar a las Cámaras, tocante a los hechos a que se refiere el informe de éste.
Así las cosas, en opinión del ameritado constitucionalista citado inicialmente, la presencia del ejecutivo ante el Congreso para rendir su informe de gobierno, obedece más a una razón de cortesía que a una condición jurídico política, ya que la finalidad de información puede cumplirse satisfactoriamente con la remisión del informe escrito; criterio este que actualmente es objeto de análisis en la Cámara de Senadores, ante la reciente reforma aprobada por la Cámara de Diputados al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Establecido lo anterior, a nivel local, la iniciativa que ahora se estudia y dictamina, plantea el problema de cuando y como el Ejecutivo del Estado, debe rendir su informe ante esta Soberanía.
Por lo que a la primera de las cuestiones se refiere, los artículos 49 y 84 fracción IV, cuya reforma se propone, disponen que dicho informe debe rendirse dentro de los primeros quince días del segundo período ordinario de sesiones; es decir, dentro de los primeros quince días del mes de octubre; empero, conforme a las recientes reformas a la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la elección de Diputados y la de Ayuntamientos se celebrará el tercer domingo de octubre, por lo que razonablemente, como se asienta en la exposición de motivos, el primer acto puede motivar argumentos en el sentido de que ejerce influencia de manera directa sobre los comicios; luego, en aras de la legalidad, transparencia, e imparcialidad que debe caracterizar un proceso electoral en un estado democrático de derecho, como lo es el nuestro, se estima prudente el cambio propuesto para la fecha del informe a efecto de que tenga verificativo dentro de los diez primeros días del mes de noviembre, cuando el proceso de elección ya ha transcurrido; y, por ende, el informe de gobierno ninguna influencia ejerza sobre los comicios.
Por cuanto a la forma en que el informe debe rendirse y que motiva el segundo aspecto de la reforma a los artículos 49 y 84 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila, como ya se asentó, la presencia del Ejecutivo ante el Congreso, es más un acto protocolario y de cortesía, pues su finalidad es que esta Soberanía tome conocimiento de la actividad del Ejecutivo, a efecto de examinarla y valorarla en sesiones posteriores y de que el pueblo esté enterado de ello, lo que no se cumple en una sola sesión, como lo previene el formato actual, por lo que la reforma propuesta en el sentido de que el Gobernador del Estado envíe cada año al Congreso, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, un informe por escrito del estado general que guarda la administración pública estatal, no solo guarda congruencia con la reciente reforma a nivel federal, sino que permite el análisis del documento en sesiones posteriores, con la comparecencia de los Secretarios del Ramo y del Procurador General de Justicia.
Consecuentes con las consideraciones que anteceden y por las razones que en ellas se expresan, resulta pertinente emitir el siguiente
D I C T A M E N
ÚNICO.- Por las razones expuestas, se estima prudente que esta Soberanía apruebe la reforma a los artículos 49 y 84 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 49 y 84 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Articulo 49. EI Gobernador del Estado enviará cada año al Congreso, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, un informe par escrito del estado general que guarda la administración pública estatal.
Artículo 84. Son deberes del Gobernador:
I a III. . . .
IV. Enviar cada año al Congreso, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, un informe por escrito del estado general que guarda la administración pública estatal.
V a XIX. . . .

T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. EI presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Francisco Saracho Navarro ( Coordinador ), Diputado Román A. Cepeda González, Diputado Juan Alejandro de Luna González, Diputado Demetrio A. Zuñiga Sánchez, Diputado Guadalupe Sergio Resendíz Boone, Diputado José Ignacio Máynez Varela, Diputado Jesús Manuel Pérez Valenzuela, Diputado Virgilio Maltos Long, Diputado Lorenzo Dávila Hernández, Saltillo, Coahuila, 2 de Junio de 2008.


COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES


NOMBRE

VOTO Y FIRMA

DIP. FRANCISCO SARACHO NAVARRO

COORDINADOR


A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



DIP. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ


A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



DIP. JUAN ALEJANDRO DE LUNA

GONZÁLEZ


A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



DIP. DEMETRIO ANTONIO

ZUÑIGA SÁNCHEZ

A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



DIP. GUADALUPE SERGIO RESÉNDIZ BOONE

A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



DIP. JOSÉ IGNACIO MAYNEZ VARELA

A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA


DIP. JESÚS MANUEL PÉREZ

VALENZUELA

A

FAVOR

ABSTENCIÓN

EN

CONTRA



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