Congreso alas costa rica 2015



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CONGRESO ALAS COSTA RICA 2015


AUTORA: Susana Moniec, sumoniec@gmail.com

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones Argentina.

TITULO: Representaciones y prácticas, entre demandantes y gestores, en torno a los programas de transferencia de ingresos.

PALABRAS CLAVE: Políticas sociales- asistencia-intervención profesional.



RESUMEN: En esta ponencia, resultado de una investigación concluida, se analiza el papel que juega el lenguaje en la construcción de la relación del trabajador social como especialista de la intervención sobre lo social y los demandantes de las políticas sociales; interesa el estudio de la productividad simbólica que ocurre en torno a los planes sociales de transferencia de ingresos.

Algunos de los supuestos que nortean el trabajo lo constituye la idea de que mas allá de los bienes materiales que intervienen en el proceso de articulación de la demanda con la oferta de recursos, entran en juego en ese proceso de intermediación mecanismos complejos que remiten al universo simbólico derivado del proceso de socialización de una determinada sociedad, que posee una historia particular a través de la cual se construyeron imágenes, símbolos, mitos y representaciones que generan identidad colectiva y le dan sentido a la vida de sus habitantes. Por ello, y en el entendimiento que los discursos son vehículos del imaginario y de las representaciones sociales y que estas a su vez tienen una intervención eficaz y efectiva en la orientación de las prácticas cotidianas; las nociones de imaginario social (BAZCKO: 1985), representaciones sociales (CHARTIER, 1987; SPINK, 1993; GUARESCHI, 1994), prácticas y discursos (FOUCAULT, 1970; ORLANDI, 1996), representan conceptos sustanciales en el abordaje del objeto de estudio.

La unidad de estudio constituyó el ámbito de gestión de los programas de transferencia de ingresos. Fundamentalmente se trabajó con fuentes secundarias y primarias, entre las fuentes secundarias se consideraron los informes socio ambientales realizados por los trabajadores sociales ante la solicitud de los demandantes; en tanto los datos primarios fueron relevados mediante la realización de entrevistas no dirigidas a profesionales del trabajo social que intervienen en la gestión de este tipo de recursos, y de entrevistas semi estructuradas a los demandantes del recurso.

La intervención profesional

El trabajador social como especialista de lo social, desarrolla su quehacer a través de las políticas sociales que se materializan mediante diferentes ámbitos institucionales, intersección en la cual se construye el campo de actuación profesional, en que se ponen en juego modos de intervención que involucran un posicionamiento teórico y consecuentemente una forma de pensar la relación teoría – practica, pero que a su vez implican productividad simbólica, producción de subjetividad, que dicen respecto de la reproducción de las relaciones sociales de producción. De este modo, la intervención profesional, al poner en juego la interpretación, trasciende la mediación y el mero acto de asignación de recursos.

En ese sentido observamos que el lenguaje juega un papel importante en el quehacer, pues entendemos, en términos de AUSTIN (1982), que se pueden “hacer cosas con palabras”.

Para Matus (2006:13) no es posible la intervención sin interpretación. Interpretación a partir de la cual el trabajador social se vale de categorías pre construídas y también las construye en su propio quehacer, nomina fenómenos, estas formas enunciativas tienen implicancia en la construcción del sujeto y su identidad. “Consecuentemente, el Trabajo Social tiene una eficacia simbólica, que está contenida en la discursividad, en la gramática, en la retórica de lo social que sobredetermina la intervención” (2006: 37) e incide en la producción de subjetividades; “(…) La cuestión acá es que “el otro” puede contingentemente adoptar las características dadas por quien lo mira y lo busca nombrar. Y si bien a un otro, subordinado, jerarquizado, se le puede conceder alguna virtud estética o moral, muy difícilmente se le otorgará un estatuto de legítimo pensamiento” (Matus: 2006: 40).



Así, lo simbólico es transversal a toda intervención y cuando hablábamos de intervención profesional decimos respecto de la relevancia que cobra la enunciación, término que refiere “que en un enunciado hay elementos lingüísticos que no tienen el valor de una información que se comunica, sino que son huellas que deja en el enunciando el sujeto que lo ha producido (…), formas gramaticales y léxicas que el sujeto que enuncia ha elegido usar, y esa elección es portadora de sentidos. El uso de una palabra u otra, de una forma de decir u otra no es indiferente, es una marca significativa y puede ser interpretada. Hay modos de decir que son indicativos de lo que piensa el hablante o de lo que quiere que piense su interlocutor, o también indican a quien se dirige” (Marín: 1999, 78).

También decimos de la implicancia de la intervención en la constitución del espacio púbico y de la relación que el profesional establece con otros actores a través de las instituciones mediante las cuales se materializan las políticas sociales. Instituciones que a su vez instalan discursos públicos, estableciendo contratos de lectura, que “implican contraer una relación intersubjetiva que modifica a cada uno de los sujetos participantes, (…) el concepto de contrato se relaciona con el de intercambio (…) intercambio diferido (…) que para que pueda efectuarse, las partes deben estén seguras de lo valioso del valor del objeto a recibir en contrapartida, (…) un contrato fiduciario (precedido por un hacer persuasivo y por un hacer interpretativo de los sujetos)” (Greimas en Carvallo: 2009: 87).

En ese sentido consideramos importante observar cuales son las voces que resuenan con mayor fuerza y cuáles son las huellas que encontramos en los discursos que se plasman en la documentación institucional mediante las cuales se promocionan las pensiones no contributivas (informes de gestión, afiches y cartelería), así como aquellas materializadas en los discursos de los profesionales responsables de la gestión de las pensiones no contributivas y por otro lado, cuales son las marcas que aparecen en los discursos de los beneficiarios de las pensiones no contributivas.

Desde su creación en el año 1948 hasta la actualidad, esta política tuvo varias modificaciones en los requisitos, en el perfil de los potenciales beneficiarios, en el tipo de beneficios, en el origen de los fondos y en los montos máximos y mínimos a asignar según tipo de pensión, entre otras cuestiones.

En el año 1994, al reformarse el sistema previsional, el régimen contributivo quedó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y los no contributivos pasaron a constituirse parte de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social. “(…) Al reformarse el sistema previsional en 1994, el Programa de Pensiones no Contributivas (PNC) fue separado de los programas contributivos, los cuales fueron reorganizados bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)” (OIT)1.

A partir del año 1996 se creó la Comisión Nacional de Pensiones, organismo desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (entonces Secretaría de Desarrollo Social) que recibe funciones de la ANSeS para la recepción, tramitación, evaluación y liquidación de las solicitudes.”2

En la actualidad, en las distintas Provincias del País, existen setenta y dos (72) oficinas de la Comisión Nacional de Pensiones que se denominan Centro de Atención Local (CAL). Estas oficinas son presentadas en el discurso institucional como una herramienta que “(…) basa su funcionamiento por un lado, en una mirada social integral, que comprende a las personas como sujetos de derecho con sus particularidades sociales, económicas y regionales; por otro lado, en el trabajo territorial, que prioriza el contacto directo con los sectores más vulnerables y con las zonas de menor acceso a la información3

Las Pensiones por invalidez

Se trata de un derecho que tienen aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin amparo previsional o no contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo. Para poder acceder a este beneficio las personas deben encontrarse incapacitadas en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produce una disminución del setenta y seis (76%) por ciento o más de la capacidad laboral.

Hasta el año 2003, el sistema funcionaba de forma restrictiva, ya que limitaba el otorgamiento de una nueva pensión, a la “baja” de otra, ya sea por fallecimiento o pérdida de la prestación. Luego del 2003 el sistema dejo de funcionar de forma restrictiva, produciéndose un importante aumento en el número de personas que obtuvieron este beneficio, esto coincidentemente con el discurso institucional a partir del cual se enuncia: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional contamos con un presupuesto para el acceso de todos aquellos que reúnen las condiciones de acceso a este derecho, en el entendimiento que “los derechos no tienen techo”.4

En el año 2006 se otorgaron 102.725 nuevas pensiones, de las cuales aumentaron en un 38 % los pensionados por vejez, 107 % los pensionados por invalidez y 161 % se incrementaron las pensiones para madres de 7 hijos; esto en relación al año anterior. En ese año las pensiones alcanzaron a unas 526.000 personas en todo el país con una inversión social de $2.353.500.0005.

Según los registros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en resumen en el año 2003 se registraban 176.000 Pensiones no Contributivas, para el año 2011 subieron en un orden de 6 veces hasta llegar en 2011 a 1.000.000 de pensionados6.

En el CAL tomado como unidad de estudio, se atienden alrededor 300 solicitudes por mes, de las cuales aproximadamente 80 % corresponde a las pensiones por discapacidad, 15% a las pensiones para Madres de siete hijos y 5 % a pensiones a la Vejez. Las personas que solicitan la prestación por discapacidad en general son mujeres con una edad promedio de 35 años de edad7. Los trámites que se inician tienen un tiempo promedio de ocho a nueve meses de resolución y efectivización del pago por parte de la ANSeS.

El procedimiento por el cual una persona potencial destinataria del Programa de Pensiones no Contributivas realiza un trámite de esta índole involucra un primer momento de búsqueda de información y asesoramiento, a partir del acercamiento8 voluntario a los Centros de Atención Local o a las Municipalidades de las diferentes localidades de la provincia que cuentan con Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego, una vez que el demandante consigue reunir los papeles9 necesarios mediante los cuales se certifica su estado de salud, está en condiciones de regresar al CAL para solicitar allí el turno para la entrevista social con el Trabajador Social.

La instancia de entrevista consiste en la aplicación de un protocolo que se denomina “Encuesta Socioeconómica10, y consiste en un formulario de encuesta estandarizado, elaborado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para ser aplicado a las personas de todo el país que soliciten algún tipo de pensión asistencial11.

Para los trabajadores sociales que desempeñan funciones en el área, la entrevista que va dar lugar al informe socio económico de los demandantes del servicio, constituye una “radiografía de la persona”, que contempla los datos personales y familiares, luego las condiciones habitacionales de la familia, de trabajo, ingresos y salud. El estado de salud y el tipo de cobertura que poseen los solicitantes, constituyen los aspectos sobre los que mayor énfasis se coloca, esto de acuerdo al tipo de pensión.

Para los profesionales entrevistados, la recomendación profesional sobre si corresponde o no otorgar el beneficio, que debe incluirse en el informe socio económico, no constituye una decisión difícil de tomar. Estos se amparan en los datos que les proporcionan los entrevistados, “los papeles” y ”aquello que ven” en las entrevistas “cara a cara” con las personas, tales como el aspecto, lugar de procedencia, situación económica, medios de vida de los que dispone en el momento, situación familiar, entre otros: (“sufrida”; “viven en la chacra donde no hay otra forma de vida, viven de la producción viven a cientos km del pueblo, tienen que caminar o sea no hay otra forma de vida”; “por su situación de vulnerabilidad, por su condición económica”). A estos indicadores señalados por los TS a la hora de dar su opinión, suman la experiencia en la detección de los casos que ameritan ser atendidos, considerándose aquellos que logran articular, del principio al fin de la entrevista, un argumento sólido sobre su situación.

La recomendación profesional que debe incluirse en el informe socioeconómico bajo el rubro “diagnóstico del caso” y “opinión del profesional”, no es considerada por los trabajadores sociales, como vinculante con el otorgamiento del beneficio. La responsabilidad por la asignación de las pensiones es asignada a otras instancias que los trascienden desde lo profesional y desde lo jurisdiccional local. Esta percepción sobre como y quienes finalmente definen la asignación del beneficio esta estrechamente vinculada con las retoricas que se ponen en juego en el acto de la interpretación que la intervención profesional implica. El trabajador social en su quehacer parece apropiarse y legitimarse en el discurso instituido en la semiósfera institucional que establece un contrato fiduciario que remite a las matrices de la “inclusión total”, al “derecho sin techo”, en el marco del cual deja de tener importancia en la recomendación de asignar el beneficio, el hecho de reunir los requisitos establecidos como condición de elegibilidad de los distintos tipos de pensión. Esta modificación en el contrato fiduciario también es leída por los demandantes del beneficio (“nunca creí que me iba a tocar”). En efecto los trabajadores sociales entrevistados registran un cambio en la composición de la demanda, que hace unos años atrás se configuraba mayormente por discapacitados; en la actualidad paso a constituirse por población adulta, mayor de 40 años fuera del mercado laboral, sin ingresos y sin cobertura médica, entre otras cosas.

Al momento de tener que definir a quienes corresponde el derecho a ser asistido interesante resulta observar el cruce entre las retoricas de la compasión12 y de la desconfianza que se ponen en juego en el acto de interpretación. En efecto existe una compresión sobre el estado de necesidad de las personas de contar con un ingreso fijo aunque sea mínimo, mas allá del encuadre establecido en los criterios de elegibilidad, y por otro, la sospecha del engaño, de la mentira, que instalan la figura del pobre no merecedor.

A partir del análisis de los documentos institucionales, así como de los discursos de los trabajadores sociales se percibe en la semiósfera institucional una resignificación del sentido de término discapacidad, que en términos prácticos implica cobertura de enfermedades que no necesariamente son consideradas por las convenciones como discapacidades.

Esta modificación de sentido tiene fuertes implicancias en la modificación del perfil del demandante, que paso de población afectada por algún tipo de discapacidad física o mental, a constituir población adulta, mayor de 40 años, fuera del mercado formal de trabajo, sin cobertura médica, fundamentalmente sin ingresos fijos y con algún tipo de dolencia menor.

Los demandantes de pensiones

En un contexto13 de carencia de ingresos en que las familias deben articular diferentes estrategias para la sobrevivencia para poder hacer frente a las necesidades de la vida, el acceso a pensiones, becas o cualquier otro beneficio que se pueda obtener constituyen piezas claves del tablero. Las pensiones por invalidez, si bien no ascienden a montos considerables de dinero, constituyen una “ayuda” importante en la provisión de ingresos de los hogares.

Los problemas de salud que acreditan para poder acceder a los beneficios de la pensión por discapacidad están estrechamente vinculados a sus condiciones de vida en la pobreza que nos les permitió en la infancia y no les permite ahora en la vida adulta acceso a la educación14, a alimentación adecuada y a los servicios de salud.

La realización de aportes a la seguridad social, no constituyó una condición exigible y determinante a la hora de aceptar condiciones de trabajo precarias cuando jóvenes y mientras el cuerpo respondía a las condiciones precarias de empleo y las exigencias de las jornadas laborales. La necesidad de contar con una pensión se hizo presente en la vida de los beneficiarios, cuando de adultos se dieron cuenta que no disponían de su cuerpo para emplearse, de la misma forma y en las mismas condiciones que cuando eran jóvenes.

Los beneficiarios de pensiones reconocen el componente político en la gestión y asignación de los beneficios de pensiones, de hecho la información sobre la posibilidad de acceso al beneficio para muchos apareció en el momento de la campaña electoral de mano de candidatos que aspiraban a algún cargo político o de mano de las promotoras de salud quienes fueron capacitadas para detectar los casos de potenciales beneficiarios.

La pensión es percibida como un ingreso muy importante en función de la regularidad, extensión en el tiempo y posibilidad de acceso a crédito en redes de electrodomésticos; como un sueldo que complementa los ingresos de los otros miembros del hogar; es comparativamente superior al que recibían como remuneración cuando se desempeñaban en el servicio domestico y que una vez obtenido es para toda la vida. El dinero ingresado al hogar en carácter de pensión es canalizado al pago de servicios, la compra de alimentos, indumentaria, electrodomésticos y muebles.

Si bien el slogan publicitario del programa de pensiones lo coloca como un derecho, los beneficiarios no la perciben de igual modo, la pensión es vista como un beneficio que los beneficiarios no imaginaban poder lograr, lo conciben como “una ayuda de dios”.

Algunas conclusiones observadas a partir de los datos

Consideramos al trabajador social como un profesional, especialista de la intervención sobre lo social, que actúa en el ámbito de las políticas sociales mediante un escenario institucional, interviniendo en el circuito de la asignación de recursos, instancia en la cual pone en juego la interpretación; dimensión muchas veces soslayada de la intervención profesional. En sus en sus prácticas comunicativas con otros agentes articula y produce discursos en los cuales se evidencian las huellas de las diversas interacciones que desarrolla como parte de su ejercicio profesional en el ámbito institucional.

En ese sentido el análisis de las entrevistas realizadas a los profesionales del área, así como de informes socio económicos que estos producen como uno de los requisitos necesarios por los cuales deben atravesar los solicitantes de pensiones, nos permite identificar rasgos temáticos, compositivos y estilísticos propios del trabajo social. Entre esos rasgos observamos la forma en que se construye el sí mismo como profesional; la construcción del otro como demandante de la política social; la justificación de la intervención como una opción a favor del “pobre”.

Hipotetizamos que estos rasgos particulares y extendidos en el universo analizado tienen estrecha vinculación con los procesos de formación profesional que ocurre en las aulas de la universidad y que orienta los modos de intervención, las situaciones típicas sobre las que se debe intervenir, las funciones y roles a asumir como profesionales.

El trabajador social es construido como un abnegado solucionador de problemas, que ayuda a mejorar la vida de la gente, facilitador, asesor y proveedor de herramientas de procesos de inclusión a políticas sociales, protector del demandante ante la mala fe de otros; pero a su vez con una fuerte marca discursiva a partir de la cual se coloca sin poder de decisión, a partir del cual el parecer profesional aparece como un aspecto más y de carácter técnico que debe ser completado en este proceso y por lo tanto, considerando no vinculante con el otorgamiento del beneficio, pero que a su vez es concebido como un “derecho de toda persona”.

Al momento de emitir el parecer respecto de si corresponde o no la asignación de la asistencia, se pone en juego la construcción que del trabajador social, como profesional que debe jugar a favor de la gente (el pobre merecedor), así como la estereotipia que se construye del sujeto de intervención, que aparece en el discurso de los profesionales como población en situación de “vulnerabilidad social”, desprovisto de recursos económicos para hacer frente a las necesidades cotidianas, así como de elementos que lo ayuden a comprender, resolver y gestionar de forma eficiente y expeditiva el beneficio de las pensiones.

Al momento de definir la correspondencia o no del beneficio, se pone en juego la compresión sobre el estado de necesidad de las personas de contar con un ingreso fijo aunque sea mínimo, más allá del encuadre establecido en los criterios de elegibilidad de la política social. Así, el profesional en su quehacer con los usuarios de los servicios pone en juego la retorica de la compasión, mediante sucesivas consideraciones, lo habilita a ingresar al sistema mas allá de los criterios de elegibilidad establecidos en la norma, esto es independientemente que posea o no discapacidad, si entra en el estereotipo del sujeto de intervención (“analfabeto”, “sufrido”, “sin recursos”, “sin profesión”, “sin trabajo”, “inserto precariamente en el mundo del trabajo”, “sin ingresos”, ”integrante de familia numerosa) igualmente es considerado como potencial beneficiario, matriz discursiva que aparece como adhesión a la política institucional.

La construcción de la intervención como una opción a favor de la gente, tipificando a la gente como el pobre, no posibilita pensar la intervención fuera esa relación de protección y en otras instancias que trasciendan la posición del trabajador social como ejecutor terminal de la política social.

Esta situación estaría acompañada y reforzada por la semiósfera institucional en la cual circula un discurso que establece un nuevo contrato fiduciario, a partir del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en contraposición al discurso de la década de los 90. Aparece en el escenario institucional el discurso de la “inclusión total”, en el caso de las pensiones, plasmado en el slogan publicitario “el derecho no tiene techo”, “donde hay una necesidad hay un derecho”, instalando el sentido de la incondicionalidad del acceso, independientemente de los requisitos establecidos como condición de elegibilidad de los programas; esta modificación en el contrato fiduciario también es leída por los demandantes del beneficio que recurren a solicitar el beneficio.

Para el caso de las pensiones, esto estaría derivando en la recomendación de otorgamiento del beneficio a personas en situación de pobreza o desempleo, independientemente de que sean portadores o no de alguna discapacidad; apareciendo en escena un desplazamiento de sentido sobre el mismo concepto de discapacidad, al recomendarse la asignación de una pensión por discapacidad a personas con problemas de salud, sin ingresos, desempleados o empleados de forma precaria. Esta resignificación del sentido del concepto de discapacidad, que en términos prácticos implica cobertura de enfermedades que no necesariamente son consideradas por las convenciones como discapacidades, tiene fuertes implicancias en la modificación del perfil del demandante, que paso de población afectada por algún tipo de discapacidad física o mental, a constituir población adulta, mayor de 40 años, fuera del mercado formal de trabajo, sin cobertura médica, fundamentalmente sin ingresos fijos y con algún tipo de dolencia. En este contexto, la construcción del discapacitado constituye una estrategia para el acceso al beneficio y el beneficio de pensión por discapacidad el refugio o instancia de cobertura de los individuos en situación de infortunio social en relación al trabajo y ante la carencia de otros derechos que atiendan al individuo.

Por otra parte, una proporción de los trámites de pensiones se gestionan en las aéreas sociales de los diferentes municipios de la provincia, constituyéndose, en un insumo importante en la construcción de clientelas y de capital político de los dirigentes del partido en el gobierno, que aspiran a sostenerse o trascender a cargos de mayor jerarquía. Asimismo los ingresos por pensiones contribuyen al desarrollo del comercio local, vía consumo.

La canalización de la demanda de ingresos por parte de la población empobrecida, vía pensiones por discapacidad, estarían silenciando el problema de la pobreza y la indigencia como manifestación de la cuestión social hoy; esto además de contribuir a la construcción de una subjetividad de población asistida.



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1 OIT. Pensiones no contributivas y asistenciales. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

2 OIT. Pensiones no contributivas y asistenciales. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Pág. 48

3 http://www.desarrollosocial.gob.ar/pensiones/

4 La Bisagra (2007). Políticas Sociales en Acción. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pág.222

5Informe de gestión 2006-2007. Políticas Sociales en Acción. Rendimos Cuenta. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pág.15

6 Políticas Sociales del Bicentenario. Un modelo Nacional y Popular. Tomo I. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pág.209. 2011

7 Datos obtenidos en consulta a la referente del CAL.

8 A partir de las entrevistas a los usuarios fue posible divisar un sistema de reclutamiento de posibles beneficiarios de pensiones de este tipo; fundamentalmente en épocas de campaña, a través de redes generadas por políticos vinculados al partido en el gobierno que se postulan para diferentes cargos.

9 Se trata de un documento estandarizado y numerado en el cual el profesional médico debe volcar el diagnóstico de la persona. Los certificados de discapacidad deben ser confeccionados, firmados y certificados por personal médico habilitado por el Ministerio de Desarrollo Social según un registro establecido para tal fin.

10 Este formulario contempla distintos rubros como ser los datos del interesado (sexo, la fecha de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, si posee cobertura social, las cargas de familia, la situación ocupacional), los datos de los padres, los datos del cónyuge o conviviente, los datos de los hijos, los datos de otras personas que conviven con el solicitante; los datos sobre propiedades y bienes del interesado y datos sobre la descripción de la vivienda que ocupa. El formulario también prevé un espacio que se denomina “Informe Socio Ambiental”, lugar en el cual, el profesional de Trabajo Social construye un relato respecto del solicitante, considerando una serie de puntos ya prescriptos en el formulario; asimismo debe emitir un “diagnóstico del caso” y la “opinión del profesional”

11 Con la integración del formulario, cuyo contenido se considera secreto y nunca es exhibido al demandante, se completa el expediente y éste pasa al Centro de Cargas de pensiones en el mismo Centro de Referencia Local en donde los administrativos ingresan los datos al Sistema de Identificación, Tributario y Social; a partir del cruce de información se detecta a quienes están en condiciones de continuar con el trámite ya que reúnen los requisitos básicos como por ejemplo no poseer ningún ingreso estable. Con el envió de los expedientes a la Comisión Nacional de Pensiones, en Buenos Aires se concluye la etapa del proceso que se desarrolla a nivel local y que involucra a la población que requiere el beneficio y a los trabajadores sociales y médicos que actúan como mediadores entre la demanda y el recurso

12 Llamamos retorica a la forma en que se nominan las cosas, hechos. Utilizamos el concepto de la retorica de la compasión para hacer referencia a la forma en que desde los trabajadores sociales se construye al otro como el “pobrecito”, interpretación en función de la cual se lo considera mas allá de reunir o no los atributos, capacidades, habilidades, requisitos, etc.

13 La situación de frontera, en el caso de Misiones, potencia la procura de este tipo de beneficios fundamentalmente entre ciudadanos paraguayos que fácilmente obtienen los “papeles necesarios” para constituirse en beneficiarios de pensiones sin aportes en Argentina.

14



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