[concurso 14 / casette 1]



Descargar 178.07 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión26.04.2019
Tamaño178.07 Kb.
Vistas55
Descargas0
  1   2   3   4   5

CONCURSO Nº 14

[ENTREVISTA DR. ARAKAKI]

DR. PITA: …a continuar con el tratamiento de las audiencias públicas para los concursos correspondientes a la jurisdicción Gualeguaychú. En este caso, en esa audiencia de la tarde se corresponde al concurso nº 14, para el Juzgado Civil y Comercial de la jurisdicción Gualeguaychú. Y en función del resultando de las instancias previas, de valoración de los antecedentes y la oposición, se encuentran en condiciones de acceder a la etapa de la entrevista…, bueno en realidad 4 aspirantes, lo que ocurres es que el cuarto, el Dr. Andrés Marfil ha sido ya propuesto para juez en la ciudad de Federación, o sea que no se presenta en esta oportunidad, por eso la audiencia de hoy se va a realizar siguiendo en orden alfabético: en el primer caso, en el primer lugar, con el Dr. José Víctor Arakaki; en segundo lugar con la Dra. Valeria María Barbiero; y en tercer lugar con el Dr. Santiago Cesar Petit. Como hay nuevos integrantes en el auditorio quiero un poco presentarnos. El Consejo está integrado, prácticamente, por la totalidad de sus miembros, en esta oportunidad solo no ha podido concurrir el representante de los académicos, el Dr. Álvarez; y tampoco ha podido concurrir lamentablemente el presidente del Consejo, que es el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Halle, que ha tenido que viajar a último momento y por eso he asumido yo la presidencia de ésta audiencia en mi carácter de vicepresidente. A mi derecha el ing. Juan Seba, que representa a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y gremiales. Luego el dr. Manuel Gallegos, que es representante del estamento de los abogados. El Dr. Ponce, a mi derecha, que es el representante del estamento de los jueces. Yo soy el Dr. Enrique Pita, ejerzo la vicepresidencia del Concejo y a demás soy consejero por los magistrados y funcionarios judiciales. El Dr. Roberto Quinodoz a mi izquierda, que es el representante por el estamento de los académicos, juntamente con el Dr. Álvarez ausente, representan a los académicos. El Dr. Raúl Gracia, representa, conjuntamente con el Dr. Gallegos, el estamento de los abogados. Y a la izquierda, en el extremo, el Sr. Juan Casis, que es el representante de los empleados judiciales ante el Consejo de la Magistratura.

Bueno, vamos a comenzar, entonces, con la entrevista al Dr. Arakaki. Dr. según es usual en este trámite nos interesaría que Ud. nos haga una breve reseña de sus antecedentes profesionales. Cuándo se recibió; cuál fue su actividad en el desempeño privado, eventualmente en el Poder Judicial. Esto, obviamente, lo conocemos porque hemos valorados los antecedentes. Pero dado el carácter público de la entrevista nos parece oportuno siempre arrancar con este breve resumen de su actuación y de su vida profesional.



DR. ARAKAKI: Gracias Dr. Pita. Mi nombre es José Víctor Arakaki, nacido el 16 de septiembre de 1952, en esta ciudad de Gualeguaychú donde cursé mis estudios primarios y secundarios, para luego trasladarme a la ciudad de La Plata donde cursé mis estudios universitarios. Culminé mi carrera de abogacía en el año 1974, matriculándome en el Colegio de Abogados de Entre Ríos en el año 1975. Durante el mismo año, 1975, cursé la carrera de escribanía, recibiéndome en noviembre de 1975. Simultáneamente hice dos cursos de postgrado en el Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; específicamente, en La Plata. Uno referido a asociaciones profesionales de trabajadores; y otro a derecho público registral argentino. Incorporado a la profesión fui convocado a la justicia y el 1 de septiembre de 1976 pasé a ejercer la titularidad de la Secretaría nº 1 del por entonces Juzgado único en lo civil y comercial de Gualeguaychú. Lugar que ocupé hasta el mes de abril de 1978 por renuncia para dedicarme a la actividad privada. Ejercí en forma activa la profesión desde ese entonces, 1978, y no sólo en el ejercicio de la actividad profesional en sí misma sino también en las instituciones profesionales vinculadas al quehacer jurídico. En ese período, durante 4 años, o sea en dos períodos bi-anuales, fui secretario general del Colegio de Abogados de Entre Ríos, sección Gualeguaychú. Así mismo fui vicepresidente de la Caja Forense seccional Gualeguaychú por un año, y luego ejercí la presidencia, desde el año ’83 al ’84 de la misma Caja Forense. Asimismo participé del llamado Departamento de Servicios Sociales, que era la obra social que por aquel entonces tenía el foro de 14 departamentos judiciales. En ese ínterin, también, en el 1983, en diciembre, sin tener afiliación política ni participación partidaria tuve el honor de que el primer gobierno democrático después del gobierno de facto me convocara como Secretario de Gobierno en el área municipal. Tras un breve paso por esa función pública, y siguiendo también el desempeño profesional en forma particular, fui asesor de entidades bancarias, entidades gremiales, entidades empresariales. En 1984 fue dado, a propuesta naturalmente del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, integré la vocalía de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, cuya presidencia ejercí durante el año 1986 y 1987. asimismo, teniendo en cuenta que por aquel entonces, el tribunal examinador de idoneidad para martilleros públicos era aquella cámara, durante 9 períodos semestrales consecutivos integré en representación de la Sala 1 ese tribunal examinador. Simultáneamente, o en forma paralela, en el año 1987 al ’88, también integré la cátedra de contratos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Litoral, en calidad de jefe de trabajos prácticos. 1989 dejé la magistratura por decisión propia, para volver a radicarme en esta ciudad de Gualeguaychú, donde nuevamente ejercí la profesión en forma activa, integrándome a un sinnúmero de entidades gremiales, profesionales y/o ONG, tanto vinculadas al quehacer jurídico como al quehacer extra-jurídico. También en 1994, perdón del ’93 al ’95, integré el Consejo Directivo del Consejo de Abogados Central de la provincia de Entre Ríos, en calidad de vocal titular segundo; hasta que en 1998, luego de la creación de este juzgado al que aspiro en su cargo, luego de un pequeño interregno de otro magistrado, desde el 13 de agosto de 1998 hasta la actualidad, ejerzo el cargo de Juez Civil y Comercial en carácter de interino. Eso es, en prieta síntesis, lo que puedo decir de los antecedentes. Naturalmente que puedo ampliar.

DR. PITA: Dr. en su actividad profesional privada Ud. ha hecho alguna especialidad, o ha ejercido ampliamente…?

DR. ARAKAKI: En realidad he hecho un poco de todo, como médico de pueblo. Pero, sin perjuicio de ello, he sido abogado de entidades bancarias, específicamente fui el primer abogado que tuvo el Banco Cooperativo del Este, cuando se instaló en esta ciudad. Posteriormente, cuando se absorbe por el Banco de Entre Ríos, también fui apoderado del Banco de Entre Ríos. Y si de especialidad se trata, en la Universidad de Austral, a través de la Escuela de Abogacía de Buenos Aires, hice un curso intensivo sobre contratos bancarios. De la misma forma que profundicé algunos estudios sobre el derecho registral argentino que, obviamente, han sido de mucha utilidad.

DR. TITA: Dr. Arakaki, de acuerdo a lo que indica el tramite del reglamento de funcionamiento del Consejo, en la oportunidad correspondiente se ha hecho una presentación, en el caso suyo tenemos una sola presentación de una persona que aparentemente es parte en un pleito que tramita ante el juzgado interinamente a su cargo. Sin que esto implique, para nada, compartir de parte del Consejo, ni tener ningún juicio de valor sobre esto, lo que cumplimos y creemos conveniente es trasladarle a Ud. las preguntas que se nos han formulado. Como es habitual, sólo excluimos las que sean manifiestamente impertinentes o que sean de carácter privado. Así que el caso refiere a una causa que tramitaría ante su juzgado. Causa Urrels Teresa Nancy contra herederos de don Ángel José Nazar. La persona que formula esta presentación y que pide que se le hagan concretamente las siguientes preguntas, dr. ¿por qué razones o circunstancias, en los autos judiciales, que tienen por objeto la promoción de una acción de impugnación de paternidad y que fueran iniciados por la actora, Teresa Nancy Urrels –las actuaciones ya se las mencioné-, no fueron ordenadas por el juez, o sea por Ud., ni realizadas las extracciones de material cadavérico de los progenitores de la actora, Eleuterio José Urrels y María Teresa Morales, fallecido en el año ’88; máxime teniendo en cuenta el objeto de la acción de impugnación de la paternidad contra ambos padres. Esa es la primer pregunta dr.

DR. ARAKAKI: Bueno, esta es una causa por filiación, iniciada… aquel entonces Nancy Teresa Urrels. Y en carácter de prueba anticipada se pidió la extracción de muestra cadavérica y a su vez el estudio llamado de hitocompatibilidad, más comúnmente llamado como de ADN. En ese entonces, le dimos, dado el carácter de orden público que tiene todo este tipo de actuaciones, y a fin de garantizar el derecho a la defensa, intervino, como lo impone la ley de rito, el art. 14 y concordantes, el defensor oficial, en cuya presencia y con todas las recomendaciones que da el Tribunal Superior de Justicia, el gabinete de genética forense, y con las partes peticionantes, se extrajo la muestra cadavérica; posteriormente, naturalmente a través del médico forense. Intervino otro medio forense de una localidad vecina, un enfermero naturalmente de acá de la ciudad. Y con las partes presentadas y el defensor oficial. Tales muestras cadavéricas fueron remitidas al gabinete de genética del poder Judicial, y el resultado dio que la posibilidad de paternidad del señor Ángel José Nazar respecto de la Sra. Nancy Teresa Urrels era del 99,99999, es decir que prácticamente era una posibilidad en un millón en contra de que esa persona no fuera el padre biológico de la Sra. Nancy Teresa Urrels. Corrido el traslado tenemos que hacer mención que nadie se presentó a contestar demanda. No obstante eso, dado el carácter de orden público que existe y que subyace en toda la cuestión de estado civil y capacidad de las personas, dimos también intervención al Ministerio Público Fiscal…, corrida la vista que fue…, se expidió a favor de la procedencia de la acción, por lo tanto, por lo tanto por razones científicas –les reitero, 99,99999, no se si no me quedo corto con algún 9 más- dadas la categoría del examen científico, y hasta diría por razones de humanidad, evitamos lacerar, porque realmente hay que estar en ese momento para ver la laceración que sufren esos cuerpos y el menoscabo hasta hería la dignidad de los deudos, evitamos hacerle el examen de extracción de muestra cadavérica a los padres que figuraban en el registro civil como sus progenitores. De tal manera que, ante la evidencia de la prueba, ante la incontestación de la demanda de los herederos, como bien consta ahí –si se fijan la carátula, herederos de tal persona-, ante la incontestación ¿se justificaba hacer ese otro tipo de prueba, con dispendio jurisdiccional, con dispendio de esfuerzos, con una posibilidad, una en un millón en contra…, hacer cualquier otro tipo de actuación? Si hubiera habido algún dejo de duda, no le quepa la menor duda Dr. Pita y sres. consejeros, que dado el carácter de orden público que revisten estas cuestiones hubiéramos tomado otro tipo de medidas. Pero reitero, orden público, principio dispositivo también, los dos ministerios actuantes; no creo que se halla violado de ninguna manera el derecho de defensa de ninguna de las partes.

DR. PITA: Dr. en esta causa se ha dictado sentencia ya?

DR. ARAKAKI: Si, si.

DR. PITA: Está con sentencia?

DR. ARAKAKI: está con sentencia firme y consentida y con inscripción del Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas.

DR. PITA: O sea se admitió la demanda?

DR. ARAKAKI: Totalmente.

DR. PITA: El planteo tiene una segunda pregunta Dr. Refiere a la posibilidad o al eventual decoro que implica, dice, “la amistad que mantiene que los letrados mencionados más arriba”. No ubico bien los letrados, si son los letrados de Teresa Nancy Urrels, a los que se hace referencia.

DR. ARAKAKI: Exacto.

DR. PITA: “…mantiene con los letrados más arriba… en el 2004, y que en adelante les halla alquilado, al Dr. Juan Malla el departamento de propiedad de juez cito en calle San Martín y Pellegrini de esta ciudad”. Yo leo sin entenderlo mucho… pero…

DR. ARAKAKI: No, yo leí la impugnación, Dr., en la primer página hace referencia que la Sra. Nancy Teresa Urrels ahora Nazar, es patrocinada por el Dr. Malla padre y dos de sus hijos, también letrados. Entonces dice que… Si Ud. me repite la pregunta…

DR. PITA: La pregunta… ¿Si es posible y decoroso que el juez de la causa, a demás de la amistad que mantiene con dichos letrados, le haya alquilado en adelante –está hablando del año 2004- le haya alquilado al dr. Juan Malla el departamento de propiedad del juez, cito en calle San Martín y Pellegrini de esta ciudad.

DR. ARAKAKI: eso tiene una parte que es cierta y tiene otra parte que no es cierta. No tengo amistad con los doctores Malla. Guardo una relación armoniosa con los doctores Malla, como tengo con casi todos los abogados del foro. Los letrados del foro saben cual es mi vinculación con todos los letrados. El hecho que sea amable, que tenga una perfecta relación de cordialidad, no quiere decir que tenga una relación de amistad. Nunca he ido a la casa de los doctores Malla, nunca he frecuentado a nadie de su familia, nunca he ingresado a su casa, nunca le he pedido ni me han dado favores. Y si ese trato amistoso, ese trato de cordialidad, puede confundirse con una amistad, tengo también que decir que los abogados de [no se entiende], el Dr. Céspedes, su hijo y la Dra. María Amelia Anyelosa de Céspedes, guardan el mismo estilo y el mismo trato de cordialidad. Y como dato anecdótico que corrobora lo que vengo diciendo, cuando la Dra. Anyelosa de Céspedes, esposa del formante de esa nota, le fuera entregada la medalla de los 25 años por el ejercicio profesional, fui yo personalmente quien se la entregó y que hice la alegoría de la trayectoria personal de la Dra. Anyelosa de Céspedes. Creo que eso si aquello que me imputan con los doctores Malla fuera cierto, creo que con mayor razón podría decirse que tengo amistad con la Dra. María Anyelosa de Céspedes o su entorno familiar y naturalmente su entorno jurídico. Pero repito, también en el caso de la Sra. Anyelosa de Céspedes, ni le conozco el estudio jurídico, ni he frecuentado su casa, tengo la misma relación de cordialidad y buen trato que dispenso con todo el foro. Primera parte.

La segunda parte: es cierto sí, que el he alquilado en una oportunidad y por unos meses al Dr. Juan Ignacio Malla. Pero también olvida aquí que en razón de que frecuento un ámbito jurídico, ese es prácticamente…, ha sido alquilado, no digo a medio foro, pero andamos cerca. De los que aquí se han presentado, el propio Héctor Domingo Basalo fue uno de los inquilinos. La Dra. Fabue, María de los Ángeles Fabue, también abogada del foro, esposa del actual fiscal de la Cámara del Crimen de Uruguay también fue mi inquilina, la Dra. Schafer también fue mi inquilina. También me fue requerido, pasa que no dan los tiempos, pero también me fue requerida por el Dr. Guido Luciano, me fue requerido por la Dra… -no recuerdo bien el nombre- la Dra. Pirovani. De tal manera que dada la proximidad, y me encuentran en los pasillos, es decir…, “tenés el departamento libre?”, “sí tomá”. Y aclaro que he sido bastante condescendiente con los colegas porque no quiero decir quién no me pagó…. Es para distender.

DR. PITA: De cualquier forma el Dr. públicamente ha dispensando los alquileres pendientes.

DR. PITA: bueno, gracias Dr., el Dr. Quinodoz

DR. QUINODOZ: Dr. le queremos preguntar respecto a los fallos que ud. conozca y qué comentarios, qué reflexión le merecen, desde el punto de vista jurídico la posibilidad del control oficioso de constitucionalidad por parte de los jueces.

DR. ARAKAKI: Como no. Con respecto a este tema creo que resulta conveniente reseñar cuál ha sido el iter que ha seguido la Corte Suprema de Justicia como custodio final del control de constitucionalidad. Así, por ejemplo, la doctrina divide las etapas que ha seguido la Corte sobre este tema en distintas fases. En la primera fase podríamos decir que no había una visión acabada de lo que era el control de constitucionalidad, a punto tal que apenas podríamos reseñar dos primeros fallos que hacen un control, pero que han sido más motivo de la irreflexión que motivo de una análisis profundo. Precisamente podríamos citar Casares contra Cibori y también Municipalidad de El Ortondo. Sawes recuerda que eran muchas las trabas formales que se le iban imponiendo para el acceso a la Corte, que prácticamente ello impedía que la corte hiciera un control de constitucionalidad. Tal era el sistema hasta que en 1941 se marca un punto de inflexión dentro de lo que es el sistema de control de constitucionalidad. En 1941 sale un falle Ganadera Los Lagos contra Estado Nacional que ha sido prolífico tanto para el derecho administrativo como para el derecho público constitucional. Dejando de lado lo del derecho administrativo, y simplemente como referencia que para el derecho administrativo significó que fuera aplicable la teoría de los actos jurídicos…, perdón, la teoría de la nulidad de los actos jurídicos a la teoría de los actos administrativos, lo cual ante el vacío de la ley administrativa, con las limitaciones y con las adaptaciones propias de un derecho privado a un derecho público, se permitió entonces que la teoría del acto administrativo tuviera también su encuadre y su engarce dentro de la teoría del derecho privado, como por ejemplo, en materia de prescriptibilidad o no de acción, los efectos de la declaración a través del artículo 1050 y concordantes del Código Civil. Eso en el aspecto administrativo, que no hay que dejarlo de lado porque es, prácticamente, el fallo señero porque en la teoría administrativa muchos centran la atención en el acto administrativos, otros en contratos y demás, pero es un fallo señero que a partir de 1941 la Corte va dejando su huella y estampa un rumbo a seguir.



En el aspecto constitucional, aquí si. En el aspecto constitucional estampa su impronta y en definitiva establece que no es posible a los jueces el control oficioso de la constitucionalidad de las leyes. Establece que para que exista un equilibrio en los poderes, para que el sistema de administración de justicia, entendido como poder, no afecte a los otros poderes, no le debe ser otorgada la facultad de, oficiosamente, a instancia del propio Poder Judicial, entrar a juzgar si un acto administrativo o una ley del Poder Legislativo se encuentra o no acorde con la Constitución Nacional. Trae palabras de cola diciendo “se requiere pues un caso judicial” –también es importante decirlo- “o una causa judicial”, entronca con el art. 116 de la Constitución Nacional en cuanto dice que la justicia, el Poder Judicial en general, conoce y decide. Conoce qué…?, un caso judicial, y decide un caso judicial. Y también es importante…, trae la opinión de un constitucionalista norteamericano, Coley, que dice: es necesario, entonces, que halla una causa judicial y un peticionante respecto a los derechos que se encuentran controvertidos. No obstante en la cita y la autoridad de Coley, entendemos que esa cita resulta equivocada. Coley no resulta tan categórico al afirmar de que no puede hacerse el control oficioso. Lo que si dice Coley es que debe haber una causa judicial y sobre todo tratándose de un sistema de control, que el nuestro sigue al norteamericano; a diferencia de los sistemas continentales donde no se admite por el control difuso de constitucionalidad…, siguiendo al sistema americano, Coley –entre otros- y a través del voto del Dr., del juez Marshal, que marca otro leading case como es Marburi contra Madison, bien digo, en ese caso también la corte norteamericana estableció que también podía ejercerse el control oficioso de constitucionalidad. Esta negativa al control oficioso de constitucionalidad fue la doctrina que siguió la Corte, a través de prácticamente 4 décadas en forma constante, como un dogma de fe. Sin embargo, a través de la instalación del nuevo, de la nueva corte de 1983 en adelante, empiezan a sentirse las primeras disidencias en relación a este tema. Específicamente los doctores Fayt y Belluscio, en la causa específicamente de Juzgado de Instrucción Militar nº 50 de la ciudad de Rosario, en un conflicto positivo de competencia, donde se plantea, precisamente, la competencia del Tribunal Militar y la competencia positiva de un Juzgado de Instrucción de la ciudad de Rosario, el juez de instrucción de la ciudad de Rosario de oficio declara la inconstitucionalidad del artículo 108 del Código de Justicia Militar y el artículo 10 de la ley 23.049. Llegado ese conflicto de competencia a la Corte, votos de los doctores Fayt y Belluscio…, maraca una tendencia. Y dice que si bien es cierto que le está vedado a los jueces efectuar declaraciones abstractas, de eso no se sigue necesariamente que no pueda ejercer el control de constitucionalidad ya que del deber que tienen los jueces de aplicar el derecho, desechar el erróneamente citado y el no citado…, se deriva también, conforme al principio iura novit curia, de aplicar la Constitución Nacional y ver si existe compatibilidad o no de aquellas normas de rango inferior. De tal manera que, en el supuesto de que existiere colisión de normas con la de rango superior, naturalmente debe desecharse la de rango inferior. No voy a abundar en mayor detalle de eso, pero a su vez, a esa opinión minoritaria se le sume, posteriormente, en otro fallo de ‘85, la opinión del Dr. Bogiano, en dos votos también en minoría, que son específicamente en Buenos Aires Building y en Ricci contra Auto Latina, en términos bastante similares a los de la minoría.

Esa era la orientación que seguía la Corte hasta que en el año 2001, específicamente 27 de septiembre de 2001, llega a conocimiento de la Corte el famoso caso de Emilde Pereyra contra Provincia de Corrientes. Emilde Pereyra…, vamos a reseñar un poquito…, Emilde Pereyra contra provincia de Corrientes, un grupo de magistrados del Poder Judicial se presenta tratando de percibir sus monumentos sin el detrimento de la devaluación, o sin el detrimento que provocaba la corrosión por efectos de la inflación. La Corte Provincial declaró de oficio la inconstitucionalidad de las normas de la ley de convertibilidad 23.298 y procedió a hacer lugar al reclamo. Llegado el caso a la Corte, ya no era solamente la opinión de Fayt, de Belluscio y la de Bogiano, sino que se le suma también el fallo, perdón, el voto del Dr. Vásquez, con lo cual la mayoría del tribunal ya acepta el control oficioso de constitucionalidad de las leyes. También se hace cargo, el fallo, que posteriormente -el fallo más reciente, del año ahora 2004- en Banco Comercial de Finanzas, en fallo de agosto de 2004, prácticamente con la sola… no diría disidencia pero sí con voto aparte del juez Petraqui, la mayoría del tribunal, prácticamente yo diría por unanimidad, porque la opinión de Petraqui habría que estudiarla para ver donde se inclina, admite el control de constitucionalidad… Entiende que de ningún modo se afecta el equilibrio de poderes, ya que, si le es permitido el control de constitucionalidad cuando es a pedido de partes, no se advierte por qué razón, o cómo se afecta el equilibrio de poderes cuando es a instancias del Poder Judicial. También, declara la Corte, que tratándose de una cuestión de derecho y no de hecho, la aplicación de las normes es simplemente la de hacer mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Y, el otro argumento en contrario que se utiliza, que es habitualmente que se está cercenando el derecho de defensa en cuanto no han tenido oportunidad de expedirse con respecto a la constitucionalidad… cuando las partes no han tenido oportunidad de expedirse con respecto a la constitucionalidad o no de las leyes, también se hacen cargo y dicen que sería lo mismo que en aquel supuesto en que los jueces, oficiosamente, en virtud también de ese principio iura novit curia, aplican un derecho o una norma que no ha sido invocada por las partes o ha sido erróneamente… En este caso, aplicar una norma que no ha sido aplicada por las partes, de ningún modo afecta el derecho de defensa sino, por el contrario, preserva el ordenamiento jurídico a través de ese control oficioso que deben realizar los jueces. Esta es la tesis mayoritaria, tenemos que aclarar que por aquel entonces todavía no se habían incorporado los doctores Lorenceti y Carmen Argibay… pero de todos modos, haciendo un simple cuenteo numérico, no quedan dudas de cual va a ser la posición oficial de la Corte más allá de algunos vaticinios agoreros que en definitiva no dieron resultaron… más que agoreros escépticos, como fue alguna vez la opinión del dr. Vianchi que, después que salió Emilde Pereyra, dijo “hasta allí puede llegar y nada más”. Pero he visto comentarios muy elogiosos y prácticamente no hay… ya quedan… yo diría que quedan ni vestigios de aquellos que postulan la tesis contraria, o sea la imposibilidad del control oficioso de las leyes en resguardo, naturalmente, de la supremacía constitucional del art. 31.

DR. GRACIA: Ante una eventual reforma de la Constitución Provincial Ud. qué modificaciones propondría concretamente referidas a la parte del Poder Judicial?




Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos