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[CONCURSO 13]

[ENTREVISTA DRA. GHIORZO]

DR. PITA: …juez y menores de la jurisdicción de Gualeguaychú. Los tres integrantes que han quedado en condiciones de acceder a la entrevista, y que serán entrevistados por orden alfabético, son la Dra. Silvia Beatriz Ghiorzo, el Dr. Rodolfo Jáuregui, y el Dr. Héctor Domingo Vasalo. Vamos a comenzar con la entrevista a la Dra. Ghiorzo. Dra. le pedimos que muy brevemente nos relate su desempeño profesional desde que se recibió, si ha tenido alguna actuación en la actividad profesional privada, o si ha tenido algún tipo de actuación pública.

DRA. GHIORZO: Buenas tardes. Me recibí de abogada en el año ’89, en la Universidad Nacional del Litoral. Desde que me recibí trabajé activamente, y actualmente trabajo en forma activa en la profesión, en la diversidad de los casos que se presentan, de las cuestiones civiles y algunas también penales. Siempre dejando un espacio para el derecho de familia, que es lo que realmente me ha llegado a agradar para trabajar y de tratar de estar acompañando a las familias que se encuentran en crisis o en conflicto. Tengo un estudio propio, con tres asociadas, se trabaja mucho y toda la parte de familia es la que me dedico a hacer, y las otras colegas colaboran en otras causas que ingresan también al estudio. Porque como profesionales tenemos una actuación diversa. Actualmente me encuentro en la Dirección Provincial de Trabajo, soy asesora. Hace 10 años que estoy en la función pública. También estuve como asesora del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concordia. Y dentro de la Dirección de Trabajo colaboro con la comisión de trabajo infantil. No se si algo más…? Me encuentro…

DR. PITA: En la actividad profesional privada Ud. hace básicamente derecho de familia…, o hace…?

DRA. GHIORZO: Especialmente derecho de familia.

DR. PONCE: Dra., en el mes de marzo de este año, se conoció en los medios periodísticos un caso judicial que fue realmente novedoso. Se trataba de un juicio de divorcio por adulterio. El marido se había ido, había abandonado a la esposa, se había ido con otra mujer, a los mismos lugares que solía concurrir con su mujer. A raíz de eso se inició una demanda de divorcio y se lo condenó, además, a una indemnización de 50 mil pesos por daño moral. La pregunta es ¿considera Ud. procedente, en el derecho de familia, que la condena por daño moral…, hay jurisprudencia al respecto?

DRA. GHIORZO: sí, considero viable el daño moral en los juicios de familia, que sean indemnizables.

DR. PITA: Quería decirle junto a eso…, son dos preguntas pero íntimamente relacionadas. Teniendo en cuenta los efectos propios del divorcio, que hay pérdida de la vocación hereditaria, la revocación de las donaciones entre los cónyuges; es decir, hay un montón…, hay otras…, ¿no hay una superposición de efectos sancionatorios?

DRA. GHIORZO: Está bien. Lo que se debe analizar primeramente es el caso en concreto que se nos presenta para resolver. En el caso que Ud. me plantea personalmente creo que había una situación de muchos años que ya estaba consolidada. Yo no hubiese condenado, en ese caso específico, al pago de un daño moral. Eran muchos años en que la Sra., no se si más de 16 años que estaban separados de hecho.

DR. PONCE: No no, en ese caso hacía tres meses…, que había abandonado. El caso que resolvió la cámara Civil, la Sala E, eran tres meses. Pero fue el caso este que estuvo difusión periodística.

DRA. GHIORZO: Claro, lo que sucede es que el deber de fidelidad que tienen los cónyuges se mantiene hasta la disolución del vínculo. Y desde ese punto de vista hay un deber de lealtad, de moralidad, de asistencia entre los cónyuges, que considero que tiene que ser indemnizado, sí. No se si su pregunta apuntaba a eso, discúlpeme.

DR. PONCE: Sí, cual es su opinión, cual es su opinión jurídica. Y en base a qué fundamento…,

DRA. GHIORZO: La subsistencia del deber de fidelidad.

DR. PONCE: Hay otra pregunta. ¿Considera Ud. procedente que se admita la petición del cónyuge de una persona enferma en estado vegetativo, irreversible, de suspender el tratamiento médico tendiente a su hidratación, cuando ello conducirá a su deceso?. En caso negativo, ¿es posible atender alguna excepción derivada de la voluntad propia del enfermo? Un caso de bioética.

DRA. GHIORZO: Se manejan derechos constitucionales muy encontrados. Hay que estar en la situación del esposo, si lo comparamos con el caso Schiavi, la situación del esposo que durante muchos años estuvo al lado de su señora, y sin posibilidades que se revierta su situación de estado vegetativo; el derecho, también constitucional y reconocido en los tratados, de conservar la vida; y el consentimiento, conformado o no, de la persona que se encuentra en ese estado, de los familiares. Es una situación muy difícil, por un lado tenemos, en el caso concretamente de Schiavi, de los padres que entienden que su hija debía seguir viviendo; y con el…, nosotros no tenemos aprobada la eutanasia, así que tampoco deberíamos…, si nos centramos en las normas que tenemos para resolver, no podríamos aprobar que en ese caso autorizáramos la muerte de la persona.

DR. PONCE: Fundamentalmente por que el derecho a la vida es un derecho constitucional…

DRA. GHIORZO: Además, a través de las reformas, plenamente operativo también, pero obviamente es un derecho constitucional, y cada vez que se debaten cuestiones constitucionales siempre debemos estar en la preeminencia de cual es el derecho que se está…, cual es el derecho o la garantía…; porque aquí, en realidad, el esposo tenía todo el poder, el derecho de pedir, de ser oído; pero nosotros, como persona que se la protege desde la concepción, ya se la trata como persona y se la protege, debemos tener una protección integral a la vida humana.

DR. PONCE: Aún cuando hubiese alguna manda por escrito de no querer someterse a una situación así.

DRA. GHIORZO: Personalmente? Me lo pregunta en forma personal? Sí. Si porque también hay un criterio médico, y la ciencia médica también tiene que dar su criterio científico, desde qué punto de vista ellos están seguros de que en determinado momento esta persona pueda o no pueda revertir esta situación. Por supuesto que en el caso Schiavi ya llevaba muchos años, pero no podemos convertirnos en Dioses.

-Dra., Ud. tiene un ejercicio personal activo desde hace 15 años. La pregunta es ¿cuáles son los motivos que la han llevado a acceder a un concurso para ingresar a la justicia? Eso por un lado. Y por otro lado valorar la decisión de por qué presentarse a un concurso en la ciudad de Gualeguaychú.

DRA. GHIORZO: Bueno, la verdad que yo desde que me recibí, no es que desde hace 15 años tengo la vocación de ingresar al poder judicial. Desde que me recibí, y en mis antecedentes consta que siempre sentí una fuerte vocación de administrar justicia, de buscar el equilibrio de las partes en toda contienda o en toda cuestión. En este caso, no hablamos de una contienda sino de una problema que vive que es la familia. Nunca tuve la posibilidad, y por eso, en mi tenacidad, y en seguir trabajando para acceder a la justicia y demostrar que puedo llegar a ser una buena persona, administrar con equilibrio y con justicia, valga la redundancia…, es que sigo en mi objetivo de ingresar. La verdad que lo siento como una vocación. Así como el día que tuve que decidir una carrera dije “quiero ser abogada”; más aún hoy, que me encuentro ya consolidada en la profesión y en la vida familiar, creo que no estoy errada en el interés y en la perseverancia y en la vocación que siento hacia la justicia.

Gualeguaychú, San Juan, Corrientes…, voy a seguir, porque en realidad mi situación personal me permite el traslado con mi grupo familiar. Mi esposo es docente y me acompaña mucho en mi convicción de acceder al Poder Judicial. Desde ese punto de vista tengo resuelto, y siempre hemos hablado, y gracias a Dios que me ha acompañado. Así que, sea acá en Gualeguaychú, sea en otra ciudad, manejándome con criterios, y conociendo minimamente la realidad…. Pese a que no vivo, yo nací en Gualeguaychú, así que tengo un corazoncito, tal vez… Pero, sí, en el lugar que sea, la convicción…, me tengo que trasladar, me traslado.

-Muchas Gracias.

DRA. GHIORZO: De nada.

-Dra., para el caso de que se resuelva una reforma constitucional en nuestra provincia, ¿qué tema cree Ud. que sería importante introducir en la constitución?

DRA. GHIORZO: Implementar el juicio por jurados. O sea, está bien, está reconocido, pero deberíamos tratar de que se lo reglamente como para poder darle una debida garantía a los justiciables.

Tal vez, incorporaría la posibilidad de otros tratados sobre derechos humanos, que sean considerados como tratados con rango constitucional.

Darle más firmeza al principio de supremacía de la constitución, que si bien lo tenemos vía Corte, el control de constitucionalidad de oficio, pero no sería…, no sería que sobreabundo el determinar en forma específica que el poder judicial pueda controlar toda norma que se contraponga a la constitución.

No se si es eso lo que Ud. quería que le respondiera…

-Quería su concepto, está bien.

DRA. GHIORZO: Tenemos incorporada a la Constitución tratados que son sumamente enriquecedores para la Constitución, y… el amparo también lo tenemos…, tenemos garantías, y en esta edad de las garantías, como decía Morelo, tal vez nos daría la posibilidad de incorporar nuevos derechos, pero se han incorporado, sí.

-Según las estadísticas publicadas, en el año 1991 había 66 presos por cada 100 mil habitantes. En el año esa cifra subió a 200 presos por cada 100 mil habitantes. ¿a qué atribuye Ud. este aumento, qué creo Ud. que provocó esto?

DRA. GHIORZO: La falta de política asistencial y de contención del Estado, en cuanto a programas, porque al quedar los altos índices de marginalidad y pobreza y la falta de un efectivo control de las leyes de presupuesto, obliga a que el grupo, por decirlo, más marginal de la sociedad se encuentre delinquiendo. Cuando en realidad, el Estado como garante de todos los derechos, conforme a los tratados internacionales, que tiene la obligación de promover, de estimular, de hacer efectivas las garantías, es el que está fallando.

-¿Cuál noticia del ámbito provincial, de las últimas semanas, le parece destacable?

DRA. GHIORZO: Del ámbito provincial? Me viene a la memoria…, pero si me permite a nivel nacional, que se les intimó que se sacaran los menores que estaban detenidos, se les imponía un plazo…, de estar en las comisarías, que había gente que estaba detenida. A nivel provincial? No hay muchas noticias…, no discúlpeme, si en algún momento lo tengo presente se lo contesto.

-Muchas gracias.

CASIS: Dra., recientemente se ha creado el registro único de aspirantes a adopción. En su concepto, este instrumento facilitará los trámites de juicios de adopción, o es un mero instrumento formal. ¿Cuál es su opinión?

DRA. GHIORZO: Yo creo que no pasa por ahí la situación de la posibilidad de adoptar menores. Y creo que se afecta constitucionalmente un derecho que pueda tener la madre de entregar a determinada familia, que sabe que la puede contener y que puede afianzar sus vínculos, o dejarlos en una institución para que sean entregados en adopción. Tal vez, desde el punto de vista de los menores que se encuentran institucionalizados, sirve para una posterior…, facilita un orden…, y para que todos puedan acceder…, hay muchas familias que no pueden tener chicos. Pero constitucionalmente se opone a este derecho de la madre biológica, que por algún motivo quiere entregar, a una determinada familia, su hijo.

-Dra., en materia de familia y menores ha habido casos resonantes que permiten encontrar soluciones a partir de lo que se llama el activismo judicial. ¿qué opinión tiene Ud., qué posición?

DRA. GHIORZO: La justicia hoy es vista con un nuevo modelo. Un juez que participe, que sea activo y que se encuentre comprometido con los resultados, que conozca la realidad social, que sea reflexivo, que pueda medir las consecuencias de las decisiones que toma y que sea, fundamentalmente, colaborador y cooperador con un equipo que no solamente se inserta en el juzgado sino fuera del juzgado –ONG, organismos gubernamentales, Consejo Provincial del Menor, Policía, Hospitales…. Eso es a lo que se ajusta la tendencia, y creo que corresponde; porque como le reiteré, hoy ya le comentaba, en familia lo que se trabaja es un problema vivo, no se trabaja un expediente, no se trabaja un bien, tratamos con personas, con seres humanos, y debemos respetar sus diferencias, su dignidad humano. Una justicia de acompañamiento, una justicia de entrenamiento, se dice, que es el perfil del nuevo juez. El juez que se entiende que tiene que estar al lado de la familia, no un protagónico sino alguien que sea como director del proceso, gerenciador de los recursos humanos y de la infraestructura. Que pueda tener un intercambio válido con la sociedad, que sepa llegar y fortalecer los vínculos. Todo en función del interés superior del niño, y del interés superior de la familia; la integración, la reinserción, el rescate del menor o de la familia en crisis, para poder trabajarla en conjunto. También, por supuesto, colaborando los profesionales que, en familia son pocos y los pocos que hay ven en el juicio, en realidad, una lucha, un litigio, una victoria, cuando deberían de colaborar interpretando la crisis de la familia y trasladando al juzgado para lograr una mediación, una conciliación, un arbitraje.

-Hubo un caso muy importante en la provincia, en el que intervino el Defensor del Superior Tribunal de Justicia, que fue muy renombrado, que tuvo mucha…

DRA. GHIORZO: Hubo varios casos muy importantes que anduvo el Dr. Mendoza.

-Le podemos pedir alguna carátula, alguno que conozca Ud., que lo pueda explicar.

DRA. GHIORZO: Si, si, como no, tenemos el caso de el Dr. Parajón, que fue en el tema de alimentos, que ante la inoperatividad del estado condenó a un supermercado para que le pasara mensualmente, o semanalmente, partidas de alimento, entendiendo de que había una omisión estatal y que el comerciante podía descontar luego sus mercaderías de lo que podía pagar de impuestos hacia el estado. Lo que hizo con una actitud muy valiente, tal vez, pero que fue confirmado por el superior, fue darle preeminencia al derecho de salud. De salud, porque se trataba de un grupo familiar donde los menores estaban desnutridos y los adultos de la familia, pese a que habían tenido intentos, no habían podido reinsertarse en ningún programa social.

A nivel salud también tenemos el caso Ejobuen, que refiere a la esterilidad, y en este caso fue una persona que pidió la ligadura tubaria. Y lo que se evaluó era que en realidad, con un voto del Dr. Carubia, que lo que pedía la persona, en principio, distinguía que era un persona que ingresaba al hospital, y que en instituciones privadas sí se lo hacía y no en hospitales. Afectaba un derecho de igualdad. Pero fundamentalmente porque esta persona se manejaba dentro de lo que nuestra Constitución dice del principio de reserva, de intimidad, que no afectaba ni la salud pública, ni a terceros, y que en realidad, como dice Carubia, no se amputaban las trompas y que esta persona podía, el día de mañana volver a tener familia, seguramente haciendo una operación, o a través de los recursos de inseminación artificial.

Pero hay otros casos, y abundan, gracias a Dios que tenemos jueces…

DR. HALLE: Dra., hay unas preguntas de tipo general, que han sido formuladas por personas particulares, que le queremos formular. Algunas van a estar dirigidas a todos los aspirantes. Una es refiere al… ¿Cuál es su opinión, o a su juicio, cómo debería estar conformado el equipo técnico del juzgado este que se está concursando; y dentro de ese equipo técnico, qué rol le asigna al psicólogo, que es uno de los integrantes previstos?

DRA. GHIORZO: La ley nos habla de la conformación del equipo técnico, pero yo voy a agregar también lo que pienso que tiene que tener un equipo técnico. Asistentes sociales, psicólogos, un psiquiatra infantil, o un psiquiatra, un terapeuta familiar –que conoce las conductas, que trabaja con la totalidad del grupo familiar–, y también una psicopedagoga. Un equipo que desde los distintos, desde las distintas disciplinas pueda colaborar asesorando al juez, en un continuo intercambio y evaluaciones de conducta. Pero no solamente un equipo diagnóstico, sino un equipo que acompañe el trabajo del mismo juzgado. Y esa es la función, o el rol fundamental de psicólogo, la posibilidad de orientar a la familia y de que la familia acuda, también, no solamente en la situación de crisis, sino que el psicólogo pueda seguir controlando, vigilando la evolución y la evaluación de la familia que trata.

DR. PITA: Dra., también, inquietud que proviene de padres de parejas interesadas en adopción. Y respecto, algo que conversó recién sobre ese tema. O sea la preocupación sobre qué criterios se utilizan, o se deben utilizar a la hora de seleccionar un matrimonio para otorgarle la tenencia de un menor con fines de adopción. O sea si debe haber algún parámetro ¿Ud. tiene alguna opinión al respecto, sobre los parámetros o criterios para manejar esa problemática?

DRA. GHIORZO: Fundamentalmente que la familia que valla a adoptar esté dispuesta a darle amor. Que sirva para fortalecer esos vínculos, contener y darle al menor, de la edad que sea que vaya a adoptar, un desarrollo integral en su personalidad. Amén de los requisitos que establece la ley, como la diferencia de edad y el tiempo que tiene que tener en guarda. Pero la familia que contenga un menor debe ser una familia contenedora que le de amor, pero que pueda apoyar para el desarrollo integral del menor.

DR. PITA: Bueno, muchas gracias Dra., no se si algún consejero tiene alguna otra pregunta…. Le agradecemos su presencia.

DRA. GHIORZO: Bueno, muchas gracias.

[ENTREVISTA DR. JAUREGUI]

DR. PITA: Continuaremos con la segunda entrevista, siguiendo también por orden alfabético. Corresponde el Dr. Rodolfo Jáuregui. Dr. Jáuregui, le vamos a pedir que nos relate brevemente sus antecedentes profesionales, desde que se recibió, si ha tenido desempeño en la actividad profesional privada, su actuación en Poder Judicial. Y también, muy sucintamente, lo que hace a sus antecedentes académicos, de postgrado, etc.

DR. JAUREGUI: Como no, yo me recibí de abogado el 9 de Agosto de 1991, en la Universidad Nacional de Litoral. Trabajé a partir del 28 de Diciembre de 1992 como Secretario del Juzgado de Menores de Concordia. A partir de agosto de 2000, del 14 de agosto de 2000, mi hice cargo en forma provisoria del entonces Juzgado Laboral Nº 1, que posteriormente se transformó en Juzgado de Familia Civil y Penal de Menores Nº 2, en el 2002. Cargo que ocupo provisoriamente hasta esta fecha. Soy mediador, hice el curso con el Ministerio de Justicia de la Nación, mediador familiar, el curso con el Dr. Ortemberg. Aparte hice un curso…, soy abogado especialista en el derecho de familia. Curso de postgrado de la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe. También hice un curso de postgrado sobre minoridad en la Universidad Nacional de Litoral. Habitualmente público distintos productos en la revista La Ley, revista de doctrina judicial, La Ley Litoral, La Ley Buenos Aires, La Ley Patagonia. También publicaciones en la revista de Delta. Soy docente de postgrado de la Universidad Nacional del Litoral, del taller del derecho procesal de familia.

DR. QUINODOZ: Dr., queríamos pedirle una opinión sobre lo que se ha dado en llamar el activismo judicial, si conoce casos en el ámbito provincial, particularmente, que demuestren cómo han actuado algunos jueces en situaciones puntales con relación a ese concepto. Y cómo Ud. ve la posibilidad de que le puedan requerir, al igual que en algunos casos muy renombrados, su participación como juez para solucionar algunas cuestiones más bien de orden social, de vivienda, de salud…

DR. JAUREGUI: Yo creo que, digamos…, la incorporación de los Tratados Internacionales, en el año ’94, a la Constitución Nacional y digamos que en este siglo se pretenda materializar el tránsito de un Estado de derecho hacia un Estado de Justicia, obliga a un activismo judicial. Yo creo que la paradoja de hoy en día es que existen derechos que son consagrados por normas de distingo rango, inclusive de rango constitucional, y que esos derechos, pese a los compromisos estatales asumidos, no son cumplidos. Entonces, de allí nace la necesidad, como dice Rafael Bielsa, de que el juez asuma ese rol de último garante, de establecer, para el caso concreto, un acto de justicia desde el Poder Judicial. Yo creo que este principio ha tenido una amplia aplicación en diferentes casos. Y también donde se han planteado diversas situaciones donde el límite de cuál es una cuestión justiciable o cuál es una cuestión no justiciable no aparece muy claro, por allí se desdibuja. Yo creo que el ensanchamiento, como refiere Sagües, de las cuestiones no justiciables hacia las cuestiones justiciables los marcan los derechos no cumplidos, los derechos no respetados, los derechos vulnerados, los derechos humanos fundamentales. Entonces en un sistema democrático creo que es bueno que el juez marque límites precisos a los otros poderes del estado y que establezca lineamientos que garanticen en forma plena los derechos humanos.

DR. QUINODOZ: Puede comentar brevemente alguno de los casos que Ud. conozca, sobre todo con la intervención del defensor del Superior Tribunal de Justicia.

DR. JAUREGUI: Yo creo que hay varios. Tenemos el caso paradigmático por la repercusión que tuvo a nivel nacional, por lo que significó, que logró comentarios en doctrinas de Cardenas, de Bidart Campos en forma favorable, fue el caso fallado por el juez Parajón, que luego fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, en lo que era a la ayuda alimentaria a un grupo judicial determinado que estableció, en primer lugar, lo que se puede denominar una cautelar inovativa, y posteriormente le dio forma a esa ayuda social donde había derechos humanos, derechos del niño y derechos del resto de los integrantes de la familia vulnerados, derechos a la saluda, a la integridad física, a tener una nutrición adecuada. Y creo que ese es un ejemplo muy elocuente de un activismo judicial, que en el caso concreto, en un contexto político también desfavorable para el juez, pudo, como dice por ahí en una nota a fallo, se pudo establecer la justicia de la constitución.

-Dr., recientemente se ha anunciado la creación, con algún…, con bastante prensa, del registro único de adoptantes. En su concepto, esta nueva herramienta es apta para favorecer el juicio de adopción, o es una herramienta de estadística, formal?

DR. JAUREGUI: Claro, este reglamente reglamenta una ley que es de enero del año 2003, en donde se creaba el registro único de aspirante a adopción y se derogaba el art. 2 de la 24779 que es la ley de adopción. A su vez reconocía este registro antecedentes parlamentarios, en un proyecto de la diputada Sobrino y otro proyecto parlamentario, que toda la doctrina criticaba establecer esta reglamentación por entender que se vulneraban las autonomías provinciales. Que este registro único de aspirantes a adopción era atentatorio de las autonomías provinciales, de regular cuestiones no delegadas al gobierno federal. Creo que desde ese punto de vista, desde la óptica del derecho constitucional propiamente dicha, en la forma que se reglamentó este nuevo decreto que es el 351 del 29 de abril, creo que se logra de alguna manera morigerar este avance porque se establece que no hay un orden de prioridades, aunque el decreto nuevo trae una disposición bastante discutible que es la obligatoriedad de la inscripción. Inclusive la obligatoriedad de la inscripción para los que tienen guardas de hecho o tienen guardas judiciales también. Yo creo que si nosotros partimos de la base de que vía reglamentaria no se puede afectar el derecho, deber emergente, la patria potestad, de delegar la guarda de menores a una persona de confianza, yo creo que esta norma sería, por allí, revisable. Y también tiene dificultades de aplicación bastante marcada, porque por ejemplo hay provincias en las que los registros de adoptantes están en manos de cortes; como por ejemplo en el caso de provincia de Buenos Aires, hay algunas otras provincias, como en el caso de Mendoza, de que viene establecida por ley. Entonces yo entiendo que si es para darle mayores opciones al juzgador, en cuanto poder sortear de esa manera situaciones de desamparo de menores, darle mayores opciones, cuales son las familias que puedan recibir una menor en guarda, creo que desde esa óptica sería bien visto. Si tiende a burocratizar el trámite, a ser más difíciles las cosas, más engorrosas, creo que de esa manera no va a aportar mucho este nuevo decreto.




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