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Damos comienzo a la audiencia pública del Concurso Nº 20 destinado a la cobertura del cargo de Juez de Instrucción no. 5 de Paraná. Esta instancia (la audiencia pública) es la última de las que se realiza previa a la elevación de la terna al Sr. Gobernador de la provincia, y habiendo sido ya realizadas con anterioridad y están resueltas en forma definitiva las dos instancias anteriores que es la evaluación de los antecedentes y la oposición. Del resultado de los antecedentes y de la oposición, han quedado en condiciones de acceder a la entrevista pública los aspirantes que vamos a entrevistar en el curso de esta mañana. Son el Dr. Ricardo Bonazzola, la Dra. Leonor Nader y el Dr. Martín Rodrigo Navarro. Son los tres que están en condiciones entonces de acceder a la audiencia que se va a realizar en el curso de la mañana. La audiencia la hace el pleno del Consejo. Es una audiencia de carácter público, o sea que siempre hemos valorado muy particularmente la intervención de la sociedad en general, ya que es prácticamente la única instancia dentro del procedimiento de designación que tiene propiamente carácter público.

Si bien ustedes a lo mejor lo conocen, este Consejo tiene una integración plural, donde hay representantes de los Magistrados, representantes de los Abogados, representantes de la Sociedad Civil, representantes de los Empleados Judiciales y representantes de las academias, o sea, de las Universidades de la zona. En este sentido, integra el Dr. Roberto Quinodoz (es representante académico por la Universidad Católica Argentina), el Dr. Raúl Gracia (representante de los abogados), el Ing. Seba (representante de las organizaciones de la sociedad civil), el Arq. Boeykens (también segundo representante de las organizaciones de la sociedad civil, que también ellos en su momento han elegido los representantes), el presidente natural del Consejo, que es el Sr. Secretario de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. José Carlos Halle, luego el Dr. Ponce (representante de los Magistrados y Funcionarios), el Dr. Ricardo Álvarez (también integra el estamento de los académicos, en su caso representa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el Ing. Broggi (representante de los empleados judiciales) y el Dr. Manuel Gallegos (que es el segundo representante del estamento de los Abogados) y, en mi caso, soy el Dr. Pita, vicepresidente del Consejo y además representante del estamento de los Magistrados y Funcionarios.

Vamos a comenzar convocándolos por orden alfabético a los aspirantes. En este caso la primera entrevista va a ser respecto al Dr. Ricardo Daniel Bonazzola.
ENTREVISTA AL DR. BONAZZOLLA
_Dr. Bonazzola, si bien nosotros hemos evaluado sus antecedentes y ya los conocemos, quisiéramos que en esta instancia (muy brevemente) usted nos relate su trayectoria profesional, cuándo se recibe, cuáles fueron sus actividades profesionales, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito judicial.
_Yo nací en Paraná y he vivido toda mi vida aquí, me recibí de abogado en el año 1985, en la Universidad Católica de Santa Fe, ejercí la profesión 7 años. En 1990 fui designado asesor de la Fiscalía de Estado, cargo al que renuncié cuando gané por concurso la Secretaría del Juzgado de Menores de Paraná en el año 1992, yo asumí en 1993. En el año 1994 fui designado Fiscal de primera instancia, Agente Fiscal suplente. Desarrollé ese cargo medio año. Posteriormente volví a mi cargo de Secretario. En 1998 fui designado Agente Fiscal suplente, en la Fiscalía No.4 y me desempeñé dos años y medio, hasta el año 2000, donde retorné a mi cargo de Secretario. Posteriormente, en el año 2004, fui designado Juez de Instrucción suplente en el Juzgado no.1, cargo que desempeñé durante un año, y volví a la Secretaría de Familia y Menores y desde hace dos meses estoy nuevamente como Juez de Instrucción, en este caso, también suplente del Juzgado de Instrucción No.3 de Paraná. Básicamente mi labor en la Justicia ha sido esa.
_Está bien Dr., Ing. Boeykens?

_Dr., ¿tiene o ha tenido usted alguna participación en alguna institución ciudadana? ¿nos podría comentar la participación si es que ha sido así?
_Formalmente no he tenido intervención en organizaciones del tipo que usted dice, no obstante colaboro con entidades a nivel asociado, como es Chicos de la Calle, CILSA en Santa Fe, Greenpeace, de la cual soy colaborador. Mi labor profesional –entiendo- ha sido muy absorbente y eso tal vez me ha restado el dedicarme a otro tipo de actividades, no? Sin perjuicio de compartir, por supuesto, los objetivos de todas esas entidades.
_Con respecto al tema “inseguridad”, que nos preocupa mucho, ¿nos podría ordenar, de mayor a menor importancia, los factores que habría que mejorar para combatir la inseguridad? Leyes, Administración de Justicia, exclusión social, policía.
_Es un tema bastante complejo. Pienso que a nivel inseguridad, sin remitir a causas… digamos, causas de fondo, la inseguridad entiendo está vinculado o relacionado con la situación actual del país. Entiendo que la influencia de la situación socio-económica tiene que ver indudablemente con la inseguridad a través de la exclusión que grandes sectores de la población han sufrido en las dos últimas décadas y que siguen sufriendo. Ahora bien, causas últimas, un mejoramiento de la situación general del país y la posibilidad de que la gente vuelva a tener un trabajo digno, no una dádiva como pueden ser los planes Jefes o los planes Trabajar. Pero situándonos hoy aquí, la inseguridad pasa en gran medida por la prevención. La prevención es una mayor presencia, una mayor participación de la fuerza encargada de esta tarea que es la policía, no? fundamentalmente. En lo que atañe a lo nuestro, creo que hay que distinguir lo que es sensación de inseguridad con inseguridad, que es otro tema. Y ahí sí creo que nos toca. Combatir la impunidad es mejorar el sistema del servicio de justicia, dotar de mayores recursos materiales, humanos, mayor capacitación, para evitar que muchas causas mueran, que en definitiva es lo que yo entiendo por impunidad. Las causas que desgraciadamente mueren, o por archivo o prescripción o porque no se llegó a la culminación natural que es el juicio. El debate. Eso pasa -insisto- por una mayor dotación de recursos humanos y materiales para evitar estas situaciones.
_¿Cree en la necesidad de la policía judicial?
_Sí. Sin duda. ¿Qué pasa con la policía en este momento? La policía sigue siendo administrativa y por lo tanto, si bien funcionalmente está sometida… sometida no; funcionalmente depende o está bajo la órbita del Poder Judicial o, concretamente, de la justicia de Instrucción, sigue teniendo la dependencia orgánica y funcional de sus propias estructuras, con lo cual se genera una situación bastante, si se quiere, problemática, con lo cual siempre el control o el contralor del Poder Judicial normalmente se diluye. La posibilidad de la Policía Judicial es una herramienta que ha de permitir que, al estar bajo el control inmediato y exclusivo del Poder Judicial va a permitir, entre otras cosas, pruebas que hoy se pierden o se hacen mal. Que eso no ocurra.
_La última. ¿Qué compromiso cree usted que debe tener un Juez de Instrucción con la sociedad?
_Y, el compromiso del Juez de instrucción es el compromiso personal de estar dispuesto las 24 horas del día, como estamos -o creo que estamos-, y yo personalmente lo he hecho cuando he estado de turno. Ser de puertas abiertas para tener un contacto directo con los involucrados, es decir, la disponibilidad horaria y personal y las puertas abiertas para escuchar y para atender todos los requerimientos de la gente.
_Bueno, muchas gracias.
_Ingeniero…
_Dr., continuando un poco con lo que el Arquitecto planteó a usted, ¿cómo (o si usted tiene alguna idea) mejorar la protección de los testigos para evitar lo que a nivel popular entendemos como apriete? ¿Qué concepto tiene usted de cómo se puede manejar ese punto?
_Bueno, yo personalmente, en año y dos meses que he sido Juez de Instrucción no tuve –afortunadamente- una denuncia o conocimiento de apriete. Obviamente no quiere decir que no suceda. De haberlo tenido, o haber tenido conocimiento, hubiera adoptado sin duda las medidas del caso. Fundamentalmente es brindarles la mayor seguridad posible a esa víctima. O sea, a través concretamente, de una custodia policial que, por otra parte, está previsto en el Código Procesal como una medida de protección.
-¿usted cree que es suficiente actualmente el mecanismo de esa protección policial? ¿Cuando usted la solicita la policía responde adecuadamente?
_Mire Ingeniero, yo quiero creer que responde, pero es un poco volver a lo que hablaba instantes antes, el tema de la doble dependencia de la policía. Es decir, uno puede ordenarle, le ordena al jefe de comisaría o al jefe de policía, que le brinde custodia las 24 horas del día a Fulanito, tal testigo que es clave en algún proceso y que está siendo presionado o apretado, y después no sabemos a quién manda, si va o no va, si cuánto tiempo está, si lo deja, si cumple función. Es decir, uno pone la mejor disponibilidad y de inmediato emite la orden. Ahora, en la manera en que se cumpla –desgraciadamente- ya entra otra cuestión que es cómo se efectiviza. Yo –ahora haciendo memoria- le dije que no había tenido un caso. Es decir, no fue exactamente un testigo el apretado, pero fue una denunciante que pidió protección policial y se la dimos. Al otro día o a los dos días vino a decir que no le estaban vigilando como ella quería o como ella pretendía. Yo –recuerdo- lo hablé con el jefe de comisaría y él me aseguró que estaba tal cual las 24 horas y me dio sus explicaciones.
_Pasando a otro punto, en su opinión, ¿los Jueces de Paz deberían ser abogados? En ese caso, ¿por qué? Es decir, ¿debieran ser elegidos por este Consejo de la Magistratura?
_Entiendo que deberían ser abogados los Jueces de Paz porque le permitiría mejor la posibilidad de resolver más adecuadamente los conflictos. Sobre todo –me voy un poquito de la pregunta- los Jueces de Paz están a mi juicio un poquito desaprovechados. Yo tengo mucha experiencia no sólo de Juez de Instrucción sino en Familia y Menores, en el tema violencia familiar concretamente. Las denuncias que recibe el Juez de Paz en los pueblos, en las ciudades chicas que, por una razón de inmediatez, etcétera, etcétera, podrían realmente dar otra clase de respuestas a la gente y no la dan (o no la dan en la medida suficiente) porque, entre otras cosas, la falta de capacitación técnica hace que no cumplan adecuadamente esa función. Y en cuanto a lo otro, entiendo que sí. Entiendo que la designación vía Consejo de la Magistratura sería prudente, sería oportuna. Estoy de acuerdo con ello.
_Pasando a otro punto, como afiliado, ¿qué opina de la situación del IOSPER? ¿Cómo usted considera que podría administrarse esa obra social y si es partidario de que los Magistrados pueda optar o cambiar de obra social?
_Como afiliado le digo, como todas las cosas, si bien IOSPER tiene uno de los aportes más bajos del país, pasa me parece como con todas las instituciones: pasa por una buena administración, una administración racional, una adecuada inversión de los fondos. Por ahí no necesariamente se da y ha quedado expuesta en la situación que se ha vivido que ha derivado en que haya sido nuevamente intervenido el IOSPER. Pienso que pasa por ahí, insisto, como con cualquier institución o cualquier entidad que maneja fondos, pasa por la racionalidad, la honestidad y la corrección en el manejo de los fondos. Y en lo que respecta a la posibilidad de optar, yo soy partidario del sistema solidario. Yo estoy en IOSPER y –esto es una opinión muy personal- en ningún momento se me pasó por la cabeza la posibilidad de desafiliarme del IOSPER, sin perjuicio de… ya le digo, esto es una opinión personal. Pienso que sí, si debería optarse, a mí me parece que no. Estoy de acuerdo con que el sistema siga siendo obligatorio.
_Muchas Gracias Dr. Gracia
_Dr., recientemente se ha anunciado la remisión a la Legislatura de la provincia de reforma del Código Procesal Penal, le pregunto ¿Qué expectativas despierta en los integrantes de la Justicia este nuevo sistema que, de ser aprobado, sería aplicable? y su opinión personal también.
_En primera instancia, tengo una opinión favorable, porque supone poner racionalidad en el sistema actual al devolverle al titular de la acción pública (o sea al Ministerio Fiscal), la titularidad de la acción y el control, el manejo, de las causas penales que en este momento están en manos del juez de instrucción, que es el juez que investiga, que busca pruebas y que a su vez, mientras que busca pruebas, tiene que darle, sin dejar por eso de garantizar los derechos del imputado. En la medida en que este proyecto, o lo que se llama el sistema acusatorio, separa adecuadamente las partes del proceso, deja al juez como verdaderamente imparcial, un tercero en este pleito que, en definitiva, es entre el fiscal y el imputado, le restablece el rol de garantía de legalidad del proceso y de respeto de los derechos de la víctima. Sin dudas es positivo, da posibilidad de que en muchas cosas el proceso sea más ágil, más rápido en la medida en que el juez o el fiscal no necesitan, como es ahora que hay que agotar toda la etapa investigativa, en la parte de la etapa primera, de la etapa instructoria; eso va a permitir que los juicios en principio sean más rápidos. No obliga, ahora como por ejemplo que los testigos tres veces tienen que ir a juicio: los cita la policía a la primera testimonial, los cita el juez de instrucción y los cita el juez del debate. Tal vez dos años después o tres o cuatro cuando ya no se acuerda nada. Es decir, son todas cosas que tienden a mejorar el proceso. Ahora bien, hay que ver cómo se instrumenta, y es un poco la gran cuestión la cuestión presupuestaria. Es decir, si se hace, cómo se hace. Primero yo creo que debe haber un amplio debate de este tema, que no salga como han salido otras cosas, una ley a los apurones y que realmente no sirve. Entre otras cosas porque acá va a exigir una gran adecuación presupuestaria, que crea una serie de cargos (que son los investigadores fiscales), transforma cargos (los secretarios y los delegados judiciales pasan a ser investigadores fiscales. Creo que debe salir con una adecuación presupuestaria adecuada, si no puede llegar a ser un fracaso. Y la opinión personal, y está relacionado con esto, que no se creen falsas expectativas en la gente de que esto puede ser la panacea, la solución del problema de la inseguridad -como hoy planteaba el ingeniero. No pasa por ahí. Es decir, si simplemente cambiamos el rol protagónico del Juez al Fiscal como está ahora, pero si no lo dotamos de los recursos materiales y presupuestarios, creo que está condenado al fracaso.
_Dr. Bonazzola, ¿conoce usted la situación del juzgado No.5 de Instrucción? ¿Cómo está? ¿Qué opinión le merece en general, en cuanto al personal, movimiento de expedientes, situación de mora (posible)…?
_Mire Dr., yo he estado en el Juzgado de Instrucción No.1 y en el Juzgado de Instrucción No.3, en el Juzgado de Instrucción no.5 no he estado nunca, pero primero se porque la realidad de todos los juzgados de instrucción, es decir, no escapa a la situación general de gran cantidad de causas existentes. Se, porque he hablado con el Juez que está a cargo, que es un juzgado que está ordenado, que está en término, que no tiene morosidad, tiene, obviamente, muchísimas causas en trámite y tiene, también un poco como pasa en los demás juzgados de instrucción, algunos problemas de personal, el tema de cargos vacantes cubiertos por temporarios, o sea que es algo que hay que tender a regularizar. Si está en mí, si tengo la suerte de ser designado, procurar que se regularice la situación de la planta de personal. Hay cargo de jefe de despacho que está cubierto por una persona que tiene un cargo inferior, hay cargos que han sacado y ahora aparentemente han devuelto los cargos y hay que llamar a concurso. Es decir, toda esa situación debe regularizarse, en la medida en que todo eso supone una precarización de la situación laboral.
_Otra pregunta Dr., ¿cuál es su opinión sobre una posible despenalización del aborto?
_Es un tema muy complejo, francamente. Yo, particularmente, no soy partidario de la despenalización, o por lo menos, no en general. Tal vez haya que adecuar la normativa y contemplar con una mayor amplitud los casos que ahora, en el Código actual, son despenalizados. Pero creo que no una despenalización en general porque considero que soy un gran defensor de la vida. Pero –le insisto Dr.- como siempre esto no se puede tomar así en general, pienso que una posibilidad es o sería adecuar la legislación contemplando algunos supuestos de despenalización que ahora no están previstos, siempre teniendo en cuenta el caso particular.
_Dr., recurrentemente los Jueces de Instrucción hacen alusión al colapso de la Justicia ¿usted me podría decir qué significa esto? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se habla de colapso de la Justicia? ¿Si eso se refiere a la cantidad de causas tramitadas? ¿A la carencia de recursos materiales y humanos? Su opinión respecto de denominado “colapso”.
_Sí, indudablemente que es un ingreso notable de causas, que hay que instruirlas todas de la misma manera independientemente de la entidad y la magnitud del tipo de delito exigen el mismo tiempo, la misma dedicación. La escasez de personal, eso también influye, sin duda. Hay que tratar (pienso que en eso apunta también la reforma) la posibilidad de imponer criterios dispositivos, criterios de oportunidad, para eliminar un montón de causas. Con criterios racionales, y no como ahora, buscando archivos o motivos para eliminarlos o dejar que mueran en un cajón. En ese sentido creo que es importante, o puede serlo, la implementación de la reforma con criterios racionales. De todas maneras, lo importante –o lo que yo quiero destacar- es que las causas importantes, las causas graves, se instruyen y se investigan, en eso que tenga la tranquilidad la gente, que eso se sigue hasta las últimas consecuencias. O, por lo menos, eso es en lo que yo puedo hablar que es de mi experiencia.
_Le quiero preguntar, a su juicio, ¿Cuáles son los comportamientos éticos que cabe exigirle a todo magistrado o funcionario judicial durante su desempeño y a quien aspira a serlo? Según su criterio.
_Bueno, lógicamente, lo primero es la honestidad, la probidad, o sea la honradez, la dedicación personal plena al cargo, de mantener una conducta decorosa tanto dentro como fuera del ámbito judicial; la capacitación, es decir, que el Juez esté capacitado, sea un juez técnico pero a su vez un Juez que esté abierto a la gente, que esté abierto a la realidad, que no viva en una burbuja. Que sepa dónde está parado y que a la hora de resolver no resuelva con criterios exclusivamente técnicos, teóricos, sino adaptado a la realidad del caso y a la realidad en que vive.
_¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la vigencia de tratados de imprescriptibilidad de dichos delitos? No se si me entendió la pregunta. Porque ha habido fallos al respecto.
_Yo estoy de acuerdo con la imprescriptibilidad porque ¿cuál es la idea de la prescriptibilidad o de la prescripción? Cuando el hecho ha dejado de tener evidencia, ha dejado de tener vigencia para las partes los involucrados. Entiendo que en los hechos aberrantes de delitos de lesa humanidad la conmoción, la gravedad, ha sido tan grande que es violencia no desaparece, por lo tanto el conflicto mantiene su vigencia y, en ese sentido, creo que estoy plenamente conforme con que esa clase de delitos no prescriban, no desaparezcan su virtualidad por el paso del tiempo y puedan ser, o deban ser, juzgados.
_Dr., ¿qué importancia le asigna usted al conocimiento científico del derecho penal? ¿Supone que es una suerte de pasatiempo teórico o, por el contrario, considera que forma parte del perfil, que usted mencionaba hace unos momentos, deseable de un Magistrado?
_Sin duda. Sin duda los conocimientos teóricos es una cuestión clave en la formación y en el desenvolvimiento del Magistrado
_¿Puede mencionar usted algún modelo teórico –mencionarlo sólo- que procure conciliar el rigor científico sin que ello suponga, para usar una expresión suya, “encerrarse en una burbuja”, un modelo abierto a la realidad?
_ ¿me podría repetir?
_claro, si puede citar un modelo teórico, de los disponibles, donde precisamente esa necesidad de obtener rigor teórico sea a su vez conciliable con la misión social del derecho penal, con la apertura hacia la vida social.
_mmhh. No, la verdad
_concretamente, se puede tratar del finalismo, del funcionalismo, del naturalismo
_yo diría del funcionalismo
_correcto
_el funcionalismo que justamente habla de la función de las normas
_una última pregunta Dr., ¿Usted considera que las restricciones a la excarcelación, que en general los códigos mixtos aún mantienen, son un límite imposible de sortear para el juzgador o entiende mejor que se trata de presunciones que ameritarían una consideración particular frente a cada caso? Concretamente: ¿usted negaría la excarcelación invocando simplemente la referencia al legislador, para un homicida por ejemplo?
_Es un tema que está muy en vigencia en este momento. Yo le digo la experiencia que tuve en un caso concreto, ahora, hace pocos días. Una mujer que tenía una tentativa de homicidio… dos tentativas de homicidio y estaba sospechada de un homicidio, porque en ese momento todavía no estaba imputada. Yo negué la excarcelación y la cámara de apelaciones la confirmó. Confirmó la denegatoria. De ninguna manera entiendo que puede soslayarse la averiguación o la investigación o el análisis del caso particular. Si bien no soy partidario de la aplicación como usted dice de las pautas iure et de iure o iuris tantum, como lamentablemente debo reconocer que lo hemos hecho, lo he hecho como juez de instrucción en alguna oportunidad, la aplicación de la restricción de la libertad, o sea, la prisión preventiva, de acuerdo al tope. Creo que eso merece una revisión. Hay que valorar todas las pautas antes de adoptar una decisión. Teniendo en cuenta la entidad de la pena en abstracto, pero valorando montón de otras circunstancias. Por ejemplo, los antecedentes de la persona, si ha tenido rebeldía, si tiene residencia fija, la actitud, el comportamiento en los primeros momentos de la causa.
_no me queda claro esto Dr., discúlpeme. ¿Bajo qué condiciones usted concedería la excarcelación a una persona aún respecto de quien se le imputara un hecho cuya pena conminada superase el estándar mencionado por el legislador? Si usted tuviese la certidumbre de que la persona va a someterse a su llamado, vale decir que hay suficientes garantías de arraigo procesal, por la razón que fuese. No tiene antecedentes. Esas circunstancias, ¿favorecerían o no que prosperase su pedido liberatorio aún cuando la imputación sea muy grave?
_Sí. La finalidad del sistema de la prisión preventiva, de la restricción de la libertad, ¿cuál es en definitiva? Asegurar los fines del proceso, evitar los riesgos jurídicos que se llama. Es decir, en la medida en que yo logre que esa persona no se fugue, evito el riesgo de fuga, o el riesgo de entorpecer la investigación judicial, no veo obstáculo para conceder la excarcelación.
_Dr., ¿qué reflexión le produce a usted el debate social surgido alrededor de lo que finalmente uno puede ver dentro de la sociedad, que son las salidas socio-laborales, socio-familiares con respecto a los penados y eventualmente esto emparentado con las situaciones que se han dado acá en la provincia de Entre Ríos y que hoy tienen de vuelta un debate nacional con el caso este de Núñez, qué reflexión le merece el tema?
_Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que hay una serie de pautas… El juez –me estoy refiriendo más a los casos locales que al caso Núñez, que es más periodística la información que cuento- primero está atado a las normas y no puede hacer futurología. Es decir, si la persona ha cumplido las pautas impuestas por la ley, pongamos concretamente por la ley de la ejecución de penas, ha tenido las opiniones favorables de los cuerpos técnicos que deben asesorar y ha cumplido las demás pautas… es un derecho que le asiste que no se le puede restringir. Yendo al caso concreto, Lencina era… se cumplían todas las pautas. Es decir, no había motivo para que el Juez de ejecución restringiese o impidiese las salidas. Lo que pasó después desgraciadamente es un suceso que no podía prever ni le correspondía. No se si me explico.


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