Comision nacional de los derechos humanos



Descargar 352.72 Kb.
Página5/5
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño352.72 Kb.
Vistas93
Descargas0
1   2   3   4   5

205. Por otra parte, se observa que los delitos sexuales que son cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones resulta de especial gravedad, toda vez que éstos se realizan abusando de su jerarquía y de su posición de suprasubordinación en relación con la víctima, por lo que en consecuencia este organismo autónomo estima que se debería contemplar como agravante en la totalidad de códigos penales del país que los ilícitos de índole sexual sean cometidos por un servidor público de la educación, aunado a que estos casos deberían tener como pena la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

206. De igual forma, se considera importante que exista un agravante para los delitos de índole sexual cometidos en contra de niñas y niños, con el objetivo de dar la importancia suficiente al bien jurídico protegido y desincentivar que estos ilícitos sean perpetrados en contra de la infancia y, consecuentemente, lograr la mayor protección de las niñas y los niños de todo el país.

207. Así pues, por lo que se refiere al delito de abuso sexual, se observa que únicamente en los estados de Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán el abuso sexual en contra de un menor de 18 años es considerado como grave, mientras que en Sonora, Coahuila y Colima se señala como grave, este delito sólo si la víctima es menor de 12, 13 y 14 años, respectivamente; de igual forma a nivel federal este delito tampoco se considera grave aun en casos de que sea cometido en agravio de alguna niña o niño.

208. Aunado a lo anterior, del análisis legislativo realizado se desprende que las entidades federativas de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, no prevén en sus códigos penales que el delito de abuso sexual tenga un agravante en el caso de que éste sea cometido por un servidor público, en un centro educativo, y tampoco señalan como parte de la pena la destitución del cargo público en caso de que el abuso sexual sea cometido en ejercicio de sus funciones.

209. En lo que concierne al ilícito de violación, se tiene que en las entidades federativas de Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no existen agravantes en caso de que este delito sea cometido en contra de un menor de edad, mientras que en Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala no se contempla agravante en el supuesto de que la violación haya sido cometida por un servidor público.

210. Respecto al delito de estupro, cabe señalar que toda vez que en éste las víctimas siempre son menores de edad, únicamente se hace referencia a las entidades federativas en las que no se prevé una agravante cuando la persona que lo comete es un servidor público, estando en este supuesto Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; de lo anterior se observa que sólo 5 de las 32 entidades prevén una agravante para los servidores públicos que cometan el delito estupro, siendo estos los estado de Chiapas, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.

211. En lo que atañe a hostigamiento y acoso sexual, en las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, estado de México, Michoacán y Sinaloa, no existe una agravante en caso de que quien haya incurrido en este delito sea un servidor público, mientras que en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, no se prevé una agravante en el supuesto de que la víctima sea menor de edad.

212. Así también, se observa con preocupación que de los 32 códigos penales y códigos de procedimientos penales de las entidades federativas, únicamente en 3 casos se prevén medidas para salvaguardar a las niñas y niños una vez que se ha realizado una denuncia en la que éstos se vean implicados como víctimas.

213. Al respecto, el artículo 181 del Código Penal del Distrito Federal señala que en caso de violación, abuso y acoso sexual en menores de 12 años, el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba al agresor tener cualquier tipo de contacto o relación con el menor. Asimismo, el artículo 98 bis del Código Penal del estado de Nuevo León, establece que la víctima u ofendido, el ministerio público o los representantes legales de los menores de 12 años o incapaces pueden solicitar una orden de protección lo cual es un derecho para quienes sean sujetos pasivos de los hechos presuntamente constitutivos del delito de violencia familiar, o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual, siendo que en estos casos, la persona en cuyo favor se ordenen, goza de la presunción de necesitarlas por lo cual no se requerirá la presentación de diverso medio de prueba.

214. Por su parte, el Código de Procedimientos Penales del estado de Veracruz señala, en su artículo 69, que el Ministerio Público tendrá la obligación de dictar, de oficio e inmediatamente, las providencias precautorias y medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad física y psicológica de las víctimas o los ofendidos de los delitos de violencia de género, violencia familiar y contra la libertad o seguridad sexuales o cuando se trate de menores de edad o incapaces.

215. En relación con este tema, esta Comisión Nacional considera que es necesario que en atención al interés superior de la niñez, la totalidad de legislaciones penales de las entidades federativas deben prever la salvaguarda de las niñas y los niños desde el momento en que se denuncia un hecho presuntamente delictivo en el que éstos se vean involucrados como víctimas, siendo aún mayor la necesidad en los supuestos de que el delito esté relacionado con violencia sexual.

216. No pasa desapercibida la publicación del 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, de conformidad con el artículo segundo transitorio dispone como fecha de entrada en vigor a nivel nacional el 18 de junio de 2016. Del análisis de dicho Código se advierte que no prevé entre los delitos calificados como graves el abuso sexual, el estupro, el hostigamiento ni el acoso sexual en el supuesto de que éste haya sido cometido en perjuicio de un menor de edad; de igual forma, no dispone una protección integral hacia la infancia, ya que únicamente menciona de manera breve en el penúltimo párrafo del numeral 109 que el órgano jurisdiccional o Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, sin mencionar la forma puntual en la que se deberá proceder, o bien, las medidas que se tendrán que tomar para salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas de algún delito, en especial de uno de tipo sexual, por lo anterior se dará vista a los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con el objetivo de que impulsen las reformas necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma tal que éste prevea entre los delitos graves todos aquellos de tipo sexual que sean cometidos en contra de niñas y niños, y de igual forma, disponga la protección especial que se deberá brindar a las víctimas en caso de que éstas sean niñas o niños.

217. Aunado a lo anterior, este organismo nacional realizó un análisis para conocer cuántas entidades federativas del país cuentan con alguna ley para proteger a niñas y niños y para la protección de víctimas, y de igual forma, analizar en cuáles de estas legislaciones se prevén medidas de salvaguarda para aquellas niñas y niños que han sido víctimas de delitos en general, o bien de delitos sexuales.

218. De la referida investigación se desprende que hay entidades en las que si bien todos los estados cuentan con una ley para la protección de las niñas y los niños, no todas prevén medidas especiales para salvaguardar la integridad de las niñas y niños que han sido víctimas de algún delito sexual en centros educativos, tal es el caso de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y Yucatán.

219. En relación con las legislaciones para la protección de víctimas, se observa que los estados de Baja California Sur, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas no cuentan con una ley de este tipo, mientras que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas no disponen en sus ordenamientos legales de protección a víctimas alguna medida encaminada a la protección de la integridad de las niñas y niños que han sido víctimas de delitos sexuales en centros escolares.

220. Esto es, únicamente los estados de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo cuentan con una disposición en la que se prevé de forma puntual la manera en la que se tomarán acciones tales como órdenes de protección o medidas de restricción del contacto del agresor con la víctima para proteger a niñas y niños que han sufrido estos ilícitos, ya que si bien en algunas legislaciones se prevén disposiciones generales que señalan que se atenderá al interés superior de la niñez, no se indica de forma específica cómo se resguardará la integridad de las niñas y niños víctimas de delitos sexuales, esto es, no se indica quién dictará y ejecutará dichos medios de protección, ni se señala la forma en que los mismos se podrán solicitar, o bien si éstos se realizarán de forma oficiosa por alguna autoridad, lo que genera que no exista una forma clara de hacerlos efectivos.

221. Por ello, resulta importante que en primer término todas las entidades federativas cuenten con normatividad para la protección de la niñez y las víctimas, y que de igual forma dichos ordenamientos prevean de forma específica las medidas de protección de las niñas y los niños que han sido víctimas de delitos sexuales.

222. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presente recomendación se hará del conocimiento del H. Congreso de la Unión, para que evalúe la factibilidad de reformar la Ley General de Educación, de forma tal que ésta pueda incluir un apartado que aborde de forma específica la temática relativa a la prevención y tratamiento de la violencia escolar, incluida la violencia sexual en centros educativos; asimismo, se dará vista a dicho órgano legislativo federal, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de las entidades federativas para que evalúen la reforma de las legislaciones penales de las entidades federativas, de forma tal que las conductas de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y niños estén tipificadas como graves e imprescriptibles, se prevean medidas de protección para niños y niñas implicados como víctimas en delitos que impliquen violencia sexual, y se contemplen agravantes cuando hayan sido perpetrados por servidores públicos.

223. De igual forma, este organismo autónomo considera procedente proponer a los señores gobernadores de los estados y al señor jefe de Gobierno del Distrito Federal que se promuevan los cambios referidos a las legislaciones mencionadas en este apartado, con el objetivo de que por medio de dichas modificaciones se logre una mayor protección a los derechos humanos de la infancia.

224. Por último, este organismo considera pertinente hacer del conocimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la presente recomendación general, a efecto de que como autoridad evaluadora del servicio profesional docente, tome en cuenta las observaciones expuestas en la presente recomendación general.

225. Por todos los argumentos expuestos, respetuosamente, se formulan a ustedes, señores secretario de Educación Pública, gobernadores constitucionales y jefe de gobierno del Distrito Federal, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES GENERALES

A usted, señor secretario de Educación Pública:

PRIMERA. En virtud de que se ha identificado que en diversos estados no se cuenta con lineamientos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en escuelas públicas y privadas, se emitan directrices o guías que contengan los contenidos mínimos sobre las obligaciones de atención, prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia sexual en centros escolares, que consideren de forma particular a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad múltiple, y que sirvan de base para que las autoridades educativas estatales diseñen sus propios lineamientos o ajusten los ya existentes.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que todas aquellas personas que laboran en centros escolares, cuyo funcionamiento sea de competencia de la Secretaría de Educación Pública, o de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, reciban capacitación sobre los lineamientos que deberán aplicar en el supuesto de que se suscite un caso de violencia sexual escolar.

TERCERA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones son adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas, y asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos públicos y privados.

CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de que los lineamientos de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente contemplen que los interesados cuenten con aptitudes y capacidades adecuadas para el trato con las niñas y los niños.

QUINTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, vigile en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos en el Distrito Federal se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

A ustedes señores gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal:

PRIMERA. Giren sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que generen políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación en dichos supuestos, tomando en cuenta además a las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple.

SEGUNDA. Se tomen las medidas necesarias para que, mientras se emiten los lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención a casos de violencia sexual escolar en centros escolares, se dicte un acuerdo a fin de que las entidades federativas que no cuenten con normatividad estatal, adopten los Lineamientos para la atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos, así como los Lineamientos para la Atención de Quejas por Maltrato o Abuso a Educandos de los Planteles del Subsistema de Educación Media-Superior Dependientes de Unidades Administrativas Adscritas a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, ambos de la Secretaría de Educación Pública Federal a fin de proteger a las niñas y los niños.

TERCERA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que todas aquellas personas que laboran en centros escolares, cuyo funcionamiento sea de competencia de las entidades federativas, reciban capacitación sobre los lineamientos que deberán aplicar en caso de que se suscite un caso de violencia sexual escolar.

CUARTA. Instruyan a quien corresponda, para que se presenten las iniciativas de ley necesarias para que se ajusten las legislaciones penales de las entidades federativas y del Distrito Federal a la gravedad de los delitos, de forma tal que las conductas de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y niños estén tipificadas como graves e imprescriptibles y se prevean medidas de protección para niñas y niños víctimas de delitos que impliquen violencia sexual, y se contemplen agravantes respecto a estos delitos cuando hayan sido cometidos por servidores públicos.

QUINTA. Se instruya a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo los estudios para que se contemplen en todas las leyes para la protección de niñas y niños de la totalidad de entidades federativas del país las medidas de salvaguarda por hechos que atenten en contra de su integridad.

SEXTA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas, y asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos.

SÉPTIMA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de que los lineamientos de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente contemplen que los interesados cuenten con aptitudes y capacidades adecuadas para el trato con niñas y niños.

OCTAVA. Se instruya a quien corresponda para que se realicen las acciones necesarias con el fin de que existan en todas las entidades federativas, unidades o mecanismos para atender de manera inmediata los casos de violencia sexual reportados dentro los centros educativos, de forma tal que éstos cuenten con las características expuestas en la presente recomendación general.

NOVENA. Giren sus instrucciones a quien corresponda, para que en el ámbito de su competencia se vigilen en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

226. La presente recomendación es de carácter general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 140, de su Reglamento Interno, fue aprobada por el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional en su sesión ordinaria 323 de fecha 8 de septiembre de 2014; tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las autoridades competentes, conforme a sus atribuciones, eliminen tales violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate.

227. Con base en el mismo fundamento jurídico se informa a ustedes que las recomendaciones generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional en un término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente recomendación.

México, D.F., a 13 de octubre de 2014.- El Presidente, Raúl Plascencia Villanueva.- Rúbrica.



(R.- 399492)


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos