Comision nacional de los derechos humanos



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133. Por ello, se considera imprescindible que la Secretaría de Educación Pública señale los parámetros esenciales para una política de prevención de la violencia sexual escolar, de forma tal que las Secretarías de Educación Pública estatales y órganos encargados de la educación en el país, tengan bases para dictar sus propios lineamientos que señalen cómo se debe proceder en los casos que se detecte un caso de violencia sexual en el que estén involucrados alumnos y/o personal escolar, esto con la finalidad de que las autoridades educativas sepan cómo conducirse al respecto, buscando eliminar la impunidad en este tipo de casos y tratando de evitar que las agresiones continúen. Dichos lineamientos deben especificar la forma en que se denunciarán y documentarán los hechos, qué testimonios se deben considerar una vez que se haya tenido conocimiento del caso; las medidas que se tomarán a corto, mediano y largo plazo; la forma en que se buscará restituir el daño a la víctimas; las autoridades que deben intervenir, y puntualizando el papel de los servidores públicos que se encuentran desempeñando sus funciones al interior del plantel.

134. Ahora bien, por lo que hace a los estados que no cuentan con lineamientos como los referidos, se considera necesario que en tanto éstos sean emitidos, se dicte un acuerdo a fin de que dichas entidades federativas adopten los Lineamientos para la atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de la Secretaría de Educación Pública Federal, ello con la finalidad de no dejar en estado de desprotección a las niñas y los niños que ejercen su derecho a la educación en centros educativos que carecen de estos lineamientos.

c. Desconocimiento sobre los lineamientos de atención a casos de violencia sexual en centros escolares

135. Por otra parte, la existencia de lineamientos, leyes, reglamentos y cualquier tipo de normatividad para atender este tipo de casos, en aquellas entidades que cuenten con ella, no resulta efectiva si quienes deben aplicarlos la desconocen, o bien no la aplican de la manera correcta; en ese sentido, este organismo autónomo observó que en el 88% de los casos documentados en las 18 recomendaciones emitidas por este organismo nacional por violencia sexual en los que existían lineamientos de actuación respecto a este tema, la autoridad escolar no procedió de forma adecuada, ya que se observaron conductas tales como desincentivar las denuncias de los hechos, omitir proporcionar atención psicológica, permitir que el agresor continuara en contacto con los alumnos, entre otras, lo cual resulta todavía de mayor gravedad si se toma en cuenta que en algunos de estos casos existían lineamientos aplicables.

136. Esta Comisión Nacional observa que una educación de calidad, además de referirse al contenido educativo de los programas y que éstos sean de acuerdo a la dignidad humana y los derechos de las niñas y los niños, habida cuenta de sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas capacidades en evolución, obliga a que el personal de las instituciones educativas reciba una debida capacitación para estar en posibilidad de que las niñas y los niños gocen plenamente de los mismos; así pues, es imperativa que dentro de dicha capacitación se incluya la formación relacionada con la aplicación de los lineamientos existentes para proceder de manera oportuna al momento de detectar algún caso de violencia sexual infantil.

d. Atención inadecuada de casos e inaplicación de lineamientos para la atención de casos de violencia sexual

137. Este organismo autónomo ha documentado casos en los que al ser detectado un hecho de violencia sexual hacia una niña o un niño, en algunas ocasiones éste no se atiende de manera oportuna o adecuada, ya que se han observado omisiones tales como: no dar aviso oportunamente a los padres de familia de la niña o el niño agredidos, conocer los hechos y omitir realizar acciones al respecto especialmente en lo que atañe a realizar la denuncia correspondiente por hechos presuntamente delictivos, no proporcionar atención psicológica a la víctima, permitir que el agresor continúe en contacto directo con los alumnos sin ningún tipo de supervisión, desincentivar la denuncia, no considerar la voz de las víctimas, no solicitar la intervención de la unidad especializada en casos de violencia sexual, entre otros, destacando que estas situaciones generan que la violencia sexual pueda quedar en la impunidad y que, a su vez, la niña o niño agredido sea revictimizado, o bien no se repare el daño ocasionado a los mismos.

138. Respecto a la falta de un aviso oportuno a los familiares de la víctima, esta Comisión Nacional observó en la recomendación 55/2013, que los padres de familia de un niño que cursaba la educación media superior, y que fue agredido sexualmente durante un viaje escolar, tuvieron conocimiento de este hecho hasta dos días después de lo ocurrido, aunado a que el director del centro educativo instruyó al personal para que fuera la víctima quien informara a sus padres sobre lo sucedido y no ellos en el desempeño de su función como garantes del niño.

139. Al respecto, este organismo estima que los servidores públicos que están al cuidado de niñas y niños, tienen la obligación de comunicar de forma inmediata a los padres de familia o tutores sobre cualquier incidente que ocurra respecto a sus hijos, al ser ellos quienes ejercen la patria potestad o tutela de los mismos, destacando adicionalmente que al ser la familia el núcleo de primordial importancia para el desarrollo de los individuos, es en ella en quien pueden encontrar apoyo para sobrellevar una situación traumática como es la violencia sexual, por lo que resulta imprescindible que conozcan los sucesos para poder brindar ayuda a la víctima.

140. De igual forma, resultan de especial gravedad los casos en los que servidores públicos diversos, conocen de la agresión sexual, y sin embargo, no llevan a cabo ninguna acción al respecto, esto se observó en la recomendación 39/2002, en la cual en ese entonces quien fungía como directora de un plantel escolar sorprendió a tres profesores desnudos con niños en el salón de cantos y juegos, y no obstante omitió tomar acciones en relación a los hechos. En efecto, cabe señalar que los servidores públicos que están al cuidado las niñas y los niños fungen como garantes de los mismos, y en ese sentido tienen la responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias para salvaguardar su integridad, entre las cuales se encuentra el impedir que sean víctimas de violencia sexual; por ello, al conocer de situaciones de este tipo, tienen que realizar todo lo necesario para impedir que la víctima continúe siendo vulnerada y para que el daño ocasionado a la misma sea reparado de forma inmediata.

141. Otro hecho respecto al tema que nos ocupa, es la falta de atención adecuada que requiere en su papel de víctima, específicamente en lo que se refiere al daño psicológico, al respecto se observa que de las 18 recomendaciones que esta Comisión Nacional ha emitido respecto a casos de violencia sexual escolar, sólo en el caso de la recomendación 39/2002 se le brindó atención psicológica de forma oportuna a la víctima, mientras que en los 17 casos restantes esto no ocurrió, lo que se traduce en una desatención respecto a este importante rubro en un 93% de los casos. De lo anterior cabe destacar que estos hechos ocurrieron respecto a autoridades federales quienes cuentan con lineamientos para dar una atención apropiada a víctimas de violencia sexual, por lo que resultan de mayor gravedad los casos en los que éstos no existen, pues esta situación agrava la vulnerabilidad de las niñas y los niños.

142. Como ya se había señalado, la violencia sexual durante la infancia es un fenómeno que ocasiona graves daños psicológicos a las víctimas, quienes al estar en una etapa de su vida en la que aún no alcanzan madurez en su desarrollo físico y psíquico, pueden verse afectados de manera irreversible al pasar por una situación traumática como la que nos ocupa, destacando que este riesgo puede incrementarse si no se atiende a la niña o niño afectado de forma oportuna; por ello resulta imprescindible que las autoridades tomen las medidas necesarias para brindar una atención psicológica en tiempo a quienes han vivido violencia sexual infantil, destacando que dicha atención también debe brindarse a la familia de la víctima que se encuentra en contacto directo con la misma, con el objetivo de que sepan cómo reaccionar ante la situación por la que la niña o el niño está pasando y tengan los elementos suficientes para apoyarlo.

143. Asimismo, se ha advertido que una vez detectado el servidor público que ha violentado sexualmente de algún alumno, en algunos casos se ha permitido que éste continúe en contacto directo con niñas y niños sin ningún tipo de supervisión, un ejemplo de esta situación se observó en la recomendación 57/2013, en la que el supervisor de zona escolar señaló que el agresor podía seguir en contacto con los alumnos sin ningún acompañamiento, no obstante que esto es contrario a lo señalado en los lineamientos.

144. Al respecto, este organismo nacional advierte que en el 82% de las recomendaciones que se han emitido en relación con la violencia sexual escolar, no se separó al agresor oportunamente del grupo aun y cuando las autoridades educativas conocieron los hechos y los lineamientos prevén expresamente dicho supuesto, lo que denota una falta grave por parte de los servidores públicos que son responsables de velar por la integridad de las niñas y los niños que estudian en los centros educativos a su cargo, toda vez que se deja en estado de vulnerabilidad tanto a quienes fueron víctimas, como al resto de los alumnos que, al estar en contacto con una persona que violentó sexualmente de alguno de sus compañeros, se encuentran en una situación de alto riesgo y propensos a ser agredidos a su vez.

145. Por otra parte, también se han observado casos en los que las autoridades escolares buscan impedir que se haga una denuncia sobre los hechos de violencia sexual, como el señalado en la recomendación 76/2012, en la que la directora de preescolar, al momento de que la madre de una víctima le solicitó información respecto al caso de abuso sexual de su hijo, le señaló que ése era un “caso cerrado”, diciéndole que había que cuidar el prestigio de la escuela y no hacer las cosas más grandes para evitar que los demás padres de familia se enteraran; una situación similar se documentó en la recomendación 55/2013, en la que tanto el director como un profesor del centro educativo le comentaron a la víctima en momentos y lugares diferentes que no comentara lo sucedido con nadie porque “podía dañar su reputación”.

146. En relación con lo anterior, esta Comisión Nacional considera que obstaculizar la denuncia de irregularidades como las que se observaron en los casos citados se traduce en una grave violación a los derechos humanos de las niñas y los niños que han sido víctimas de violencia sexual, además de que conlleva complicidad por parte de los servidores públicos que incurren en este tipo de prácticas, y genera una falta de cultura de denuncia y legalidad.

147. De igual forma resulta preocupante el hecho de que durante el procedimiento de indagación respecto de hechos relacionados con violencia sexual escolar no se considere la opinión de las víctimas, un ejemplo de ello se observa en la recomendación 66/2013, en la que durante el proceso que llevaron las autoridades educativas para documentar el abuso sexual sufrido por una alumna de un centro de atención múltiple no se consideró la opinión de la víctima ni su versión respecto a los hechos por los que había pasado.

148. Al respecto, cabe destacar que la voz de las víctimas es un elemento primordial durante la investigación que se realiza sobre un caso de violencia sexual, por lo que su versión sobre los hechos debe ser considerada en todo momento; en ese sentido debe observarse lo previsto en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en el que se señala que se deberá tener en cuenta la opinión de las niñas y los niños, por lo que con este fin se les dará la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea de forma directa o por medio de un representante u órgano apropiado.

149. Así también, esta Comisión Nacional advierte que si bien hay casos en los que existe una unidad específica para conocer los casos de violencia sexual que se suscitan en centros escolares, la cual actúa con la finalidad de documentar, dar seguimiento, reparar el daño y sancionar a los responsables en casos de violencia sexual escolar, las autoridades educativas son omisas en informar y solicitar la intervención de las mismas. Una situación de este tipo se observó en la recomendación 66/2013, respecto a un abuso sexual ocurrido en el Distrito Federal, en donde existe la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil precisamente con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar los casos de abuso sexual y maltrato que tengan lugar en centros escolares, y no obstante, en la citada recomendación se evidenció que el subdirector de operación de la Dirección de Educación Especial informó que no fue necesario solicitar la intervención de dicha unidad argumentando que las conclusiones de esta eran “únicamente un informe” y “no tienen carácter ejecutor”.

150. Cabe destacar que la existencia de unidades o mecanismos afines como la señalada tiene la finalidad dar un seguimiento puntual al fenómeno de la violencia sexual infantil, por lo que al contar con lineamientos, estructura y personal capacitado para actuar en estos casos deben ser utilizadas con el objetivo de que la indagación de los hechos y la reparación del daño a la víctima se logre de manera más ágil y oportuna. En este sentido, resulta importante investigar debidamente los casos de violencia y abuso contra niñas y niños, a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad, por lo que el hacer uso de mecanismos diseñados para ello se puede incrementar de manera considerable las investigaciones exitosas en relación al tema que nos atañe.

151. Otro hecho que preocupa a este organismo nacional es que, conforme a lo señalado en el artículo 42, párrafo tercero, de la Ley General de Educación, las y los educadores así como las autoridades educativas que tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente; en este sentido, es importante señalar que el abuso sexual está tipificado como un delito en el artículo 260 del Código Penal Federal, así como en los códigos penales de las entidades federativas, por lo que es imperativo que los servidores públicos que prestan el servicio de la educación, al estar enterados de que ha ocurrido un hecho de abuso sexual, den parte a la autoridad competente para que se integre la averiguación pertinente respecto al delito.

152. No obstante, se ha observado que las autoridades que tienen esta obligación han sido omisas en dar parte a las autoridades correspondientes, y esta situación se documentó en las recomendaciones 51/2013, 55/2013, 59/2013 y 66/2013, en ese sentido, se considera que el no hacer las denuncias ante las autoridades competentes, contribuye a que los hechos queden impunes, además de que es contrario a la cultura de la legalidad. Lo anterior, resulta de especial relevancia toda vez que esta obligación de los servidores públicos está especificada en el artículo 42 de la Ley General de Educación, aunado a que el no realizar la denuncia correspondiente, genera una situación de impunidad, lo que propicia el riesgo de su multiplicación.

153. En tal tesitura, esta Comisión Nacional observa que dar una atención adecuada a los casos de violencia sexual que se susciten en centros escolares es una responsabilidad que el Estado debe cumplir por medio de acciones que deberán efectuarse a través de los servidores públicos adscritos a instituciones educativas, al respecto, la Ley General de Educación prevé, en el primer párrafo del artículo 42, que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad, por lo que, en atención a dicho ordenamiento, los servidores públicos que laboran en instituciones educativas de todos los niveles de gobierno deben encaminar las acciones y esfuerzos suficientes para atender a las niñas y los niños que han sido víctimas de este fenómeno.

154. En ese mismo sentido, se observa que la atención otorgada a la víctima dentro del procedimiento penal que surja a consecuencia de una denuncia, deberá de ser salvaguardando en todo momento el interés superior de la infancia, por lo que niñas y niños tienen que ser atendidos por personal capacitado en las procuradurías, esto, con el objetivo de no exponerlos a agresiones que conlleven una revictimización.

155. Por consiguiente, se considera que para lograr una atención integral de estos casos, una vez que éstos se conocen, las autoridades escolares deben realizar las acciones que, de manera enunciativa, se señalan a continuación:

a) Dar aviso de forma inmediata a los padres de familia de la víctima.

b) Separar al agresor del contacto con niñas y niños de forma inmediata, con el objetivo de evitar la revictimización de los mismos, así como para prevenir futuras agresiones a otros alumnos y evitar que éste permanezca en contacto con niñas o niños en cualquier plantel.

c) En caso de que exista una unidad o mecanismo afín que tenga como objetivo específico investigar y dar seguimiento a casos de violencia sexual y maltrato infantil en centros escolares, dar aviso y solicitar su intervención.

d) Crear las condiciones adecuadas para que las víctimas, sus familiares o cualquier persona interesada puedan denunciar los hechos de violencia sexual ante las autoridades educativas, y se evite en todo momento desincentivar las denuncias.

e) Considerar en todo momento la opinión de las víctimas, así como la autonomía progresiva de las niñas y los niños, procurando que sea personal especializado quien realice las entrevistas respecto a los hechos, o bien tome las declaraciones en relación a lo mismo, con la finalidad de que la niña o el niño que está externando su versión se sienta en un ambiente de confianza y no sufra un trauma adicional al rememorar los hechos vividos.

f) Llevar a cabo todas las acciones encaminadas a reparar el daño de la víctima, entre las que se deberá encontrar una atención psicológica integral, la cual de forma extensiva se deberá proporcionar también a sus familiares.

g) Realizar la denuncia de los hechos ante las autoridades correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 42, tercer párrafo de la Ley General de Educación.

D. Aplicación de sanciones insuficientes

156. Ahora bien, otro punto a destacar entre las diversas omisiones, respecto al procedimiento a seguir en casos de violencia sexual en centros escolares, es el hecho de que las sanciones que reciben los agresores, en específico cuando éstos son servidores públicos que laboran en centros educativos, no resultan del todo adecuadas para la gravedad de los casos en cuestión.

157. En ese orden de ideas, este organismo nacional ha observado casos en los que una vez comprobada la violencia sexual hacia una niña o un niño, o bien se ha evidenciado que las autoridades escolares con conocimiento de los hechos no actuaron de forma adecuada, las sanciones que reciben los servidores públicos responsables son llamadas de atención consistentes en “extrañamientos”, amonestaciones verbales o escritas y “notas malas”, suspensión temporal con pérdida de sueldo por algunos días y reubicación.

158. En ese sentido, este organismo autónomo observó en la recomendación 51/2013, en la que se evidenció que un profesor de primaria había abusado sexualmente 3 niñas, no obstante ello, la reacción por parte de la autoridad en lugar de imponer una sanción, fue reubicarlo a una escuela primaria diversa en la que personal de esta Comisión Nacional constató con preocupación que continuaba impartiendo clases a alumnos de sexto grado, lo cual para este organismo nacional no constituye una sanción en este tipo de casos.

159. Al respecto, se considera que este tipo de sanciones son insuficientes para la erradicación del fenómeno de la violencia sexual en centros escolares, cuando éste es efectuado por parte del personal en contra de los alumnos, toda vez que el reubicar al agresor en otro centro escolar, colocarlo en labores administrativas, hacerle una llamada de atención, o simplemente suspenderlo de sus labores sin sueldo y temporalmente, para que luego se reincorpore a las actividades que desempeñaba, pone en riesgo a todas las niñas y los niños de ser víctimas de violencia por parte de aquella persona que cuenta con antecedentes de haber agredido sexualmente a otros alumnos. En este punto, cabe recordar que a nivel nacional y en las entidades federativas las faltas cometidas por servidores públicos en cumplimiento de sus actividades se encuentran previstas en diferentes instrumentos legales, por lo que las sanciones pueden ser por vía administrativa, laboral e incluso penal, siendo que en este apartado se hace referencia a las dos primeras.

160. En este sentido, se observa que por la vía administrativa la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual es aplicada por las autoridades federales y estatales en el ámbito de sus competencias, prevé como sanciones a quien infrinja dicha ley incluyendo a quienes están al cuidado de niñas y niños, multas de uno a 500 salarios mínimos y en caso de reincidencia éstas podrán ser hasta el doble, y también procederá el arresto administrativo hasta por 36 horas; mientras que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala como sanciones por faltas administrativas los apercibimientos, las amonestaciones, la suspensión, la destitución del puesto, las sanciones económicas y la inhabilitación temporal, y en lo referente a la vía laboral, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, señala que las infracciones a dicho reglamento darán lugar a extrañamientos y amonestaciones verbales o escritas, notas malas en la hoja de servicio, pérdida de derecho para recibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión, así como cese de los efectos del nombramiento.

161. Por su parte, las entidades federativas señalaron que se regulan las sanciones administrativas y sanciones laborales aplicables a los servidores públicos que laboran en centros escolares que incurran en conductas de abuso sexual por medio de leyes relativas al trabajo de los servidores públicos aplicables en cada estado.

162. En ese sentido, se observó que Guanajuato, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz señalaron aplicar extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas, notas malas en hojas de servicio, pérdida de derecho a percibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión y cese de los efectos del nombramiento. Por lo que se refiere a Aguascalientes, Jalisco, Sonora y Tabasco, señalaron aplicar como sanción en estos casos: apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación, mientras que las autoridades de Coahuila indicaron que, en caso de detectar un abuso sexual escolar, se deja sin efectos el nombramiento, previa resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por incurrir en faltas de probidad u honradez.

163. En el caso del estado de Durango se manifestó que una vez realizado el procedimiento administrativo, se le aplica al servidor público responsable el cese de los efectos del nombramiento, mientras que el estado de México señaló que, en lo que atañe al procedimiento administrativo que se lleva ante el órgano Interno de Control, la penalidad puede ser amonestación, suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación y arresto, multa hasta por 5,000 salarios mínimos, y en lo que compete al ámbito laboral se aplica la rescisión de la relación laboral.

164. Por lo que se refiere a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, señaló que se levanta un acta administrativa y, a juicio del titular de la dependencia, se procede a demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento, agregando que se toman medidas preventivas para que el trabajador involucrado realice actividades en las que no tenga contacto con los alumnos. Al respecto, cabe destacar que este organismo nacional considera que demandar laboralmente a un servidor público por haber incurrido en una falta debe hacerse sin excepción alguna y no de manera discrecional, tal y como lo señala el personal adscrito a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

165. Así también, el estado de Guerrero indicó que sanciona a los trabajadores de la educación que incurran en actos de abuso sexual con multas de hasta 20,000 salarios mínimos o la destitución; las autoridades de Oaxaca señalaron aplicar notas malas, suspensión del empleo o rescisión laboral y “congelamiento de clave”, Tlaxcala manifestó sancionar con la baja definitiva o denuncia ante autoridades correspondientes, mientras que Yucatán aseveró que, en casos de educación inicial y preescolar, se procederá a separar de su función y centro de trabajo al presunto responsable y, en caso de que se demuestre su responsabilidad, se le dará de baja; mientras que si es docente de primaria se puede determinar la baja o suspensión, siendo que en educación secundaria se aplicará la suspensión de labores y sueldos, término de contrato, cambio de adscripción, exhortos y notas de deméritos, y en educación media superior se enviará a la dirección jurídica para que determine la sanción correspondiente.

166. Los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas no proporcionaron información respecto a este rubro, mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, y Zacatecas no respondieron la solicitud de información que realizó esta Comisión Nacional.

167. Al respecto, esta Comisión Nacional considera prioritario que las sanciones que se impongan en contra de aquellos servidores públicos que incurran en faltas tan graves, como cometer o tolerar la violencia sexual en contra de niñas y niños, sean proporcionales con este tipo de conductas, destacando que entre ellas se debe prever el que los responsables no vuelvan a estar en contacto con el alumnado, con el objetivo de proteger a las niñas y los niños de futuras agresiones sexuales, observando que en situaciones de especial gravedad se debe considerar la inhabilitación definitiva del cargo como sanción.

168. Asimismo, se considera pertinente que en el expediente de los servidores públicos implicados en casos de violencia sexual escolar quede señalado, a manera de antecedente, que han incurrido en faltas de este tipo; ello con el objetivo de que se conozca de manera inmediata y de forma clara este antecedente y se prevenga sobre esta situación a futuros empleadores de estas personas.

E. Instalaciones inadecuadas en centros escolares

169. Otro punto a destacar, es el referente a las instalaciones en la que niñas y niños desarrollan sus actividades dentro de los centros escolares, toda vez que se ha detectado en diversas ocasiones que el diseño y la construcción de los centros escolares o bien la disposición del mobiliario favorece que la violencia sexual ocurra e incluso que ésta se presente de forma reiterada; en específico, cabe señalar que existen salones de clase, así como baños y aulas destinadas a la realización de actividades múltiples, que debido a su diseño no permiten que se aprecie desde el exterior qué está ocurriendo dentro, se encuentran aislados del resto del plantel, o bien que en el caso de los sanitarios, adultos y niñas y niños comparten este tipo de instalaciones, lo que pone a los niños en una situación de aislamiento idónea para que los agresores sexuales violenten a sus víctimas sin que nadie se percate sobre estos hechos.

170. Este tipo de situaciones se observaron en las recomendaciones 48/2013, 76/2012 y 38/2014; en la primera se apreció a través de las inspecciones oculares y los peritajes del dictamen de criminalística de campo, realizado por personal de la Procuraduría General de la República, que los salones presentaban las condiciones idóneas para que fueran perpetradas las agresiones sexuales que ocurrieron en contra de dos niños y para esconder los hechos, pues se encontraban con las ventanas tapadas con persianas azul marino, las cuales obstruían la visibilidad hacia el interior de los salones, por lo que de este modo se expuso a los niños a que el agresor se encontrara en la situación idónea de aislamiento para perpetrar una agresión en su contra.

171. Así también, en la recomendación 76/2012 se documentó que los baños en los que ocurrieron los abusos referidos por las víctimas en dicho caso, presentaban las condiciones propicias para que fueran perpetradas dichas agresiones a los niños. Si bien se observó se contaba con un baño para las niñas y otro para los niños, éstos no estaban separados de los baños de los adultos, los cuales se ubicaban al fondo de los baños de los niños, es decir, el baño para mujeres se encontraba al fondo del baño para las niñas, y el de hombres se encontraba al fondo del baño para los niños, respectivamente. De este modo, se arriesgó a los niños a que algún adulto al utilizar el sanitario, se encontrara en la situación idónea de aislamiento para perpetrar un abuso o agresión en contra de los niños que en ese momento también tuvieran necesidad de hacer uso de las instalaciones sanitarias.

172. Así pues, al no contar con instalaciones que sean lo suficientemente seguras, toda vez que sus condiciones de aislamiento, su diseño, decoración o bien su ubicación, propician que los actos de violencia sexual ocurran y que éstos no sean detectados, la autoridad educativa pone a las niñas y los niños al alcance de personas que pueden llegar a abusar de ellos física, psicológica y sexualmente, y este riesgo se debe prevenir desde la infraestructura en donde las niñas y los niños desarrollaran sus actividades educativas, pues al no hacerlo incumplen en proporcionar un espacio seguro para que se desenvuelvan sin miedo a sufrir algún tipo de violencia.

173. Asimismo, este organismo autónomo considera que sería de gran utilidad contar con cámaras de video ubicadas en puntos estratégicos de los planteles escolares, por medio de las cuales se pueda realizar un monitoreo a las actividades de las niñas y los niños, de forma tal que se resguarde su integridad y sano desarrollo, aunado a que de los videos de dichas cámaras se podrá obtener material que, en su caso, evidencie las conductas de violencia o abuso que se susciten dentro de las instalaciones del plantel escolar. Al respecto, se deberán tomar las medidas de seguridad para el resguardo de los contenidos y proteger el uso del material para otros fines.

F. Selección de personal

174. En lo que se refiere a la contratación de personal capacitado y apto para trabajar con personas que están pasando por la etapa de la infancia, este organismo ha observado que la normatividad aplicable en estos casos no es suficiente para impedir que posibles agresores sexuales entren en contacto con niñas y niños, por lo que estos últimos se hacen vulnerables al estar al cuidado de servidores públicos que no son idóneos para este fin, aunado a que se expone a los alumnos a ser víctimas de violencia por parte de quienes se supone que deben protegerlos y brindarles cuidado.

175. No pasa desapercibido para esta Comisión Nacional el hecho de que anteriormente al ciclo escolar 2014-2015, existían diversos procedimientos para calificar a los candidatos a obtener algún puesto para trabajar en centros escolares. Se observa que la Secretaría de Educación Pública, en lo que atañe a las escuelas del Distrito Federal, así como los estados de Morelos y Yucatán, informaron en el 2013, que el procedimiento de selección y contratación de personal docente para laborar en planteles educativos se realizaba de conformidad con el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, el cual de manera general consistía en que, por medio de una convocatoria, se sometían a concurso plazas para docentes; cabe destacar que, de acuerdo a la información proporcionada, existían plazas para docentes que no estaban sujetas a concurso.

176. Adicionalmente, en el caso de Morelos se señaló que la contratación de personal que labora en centros escolares es conforme a lo establecido en el Reglamento de Condiciones Generales de Personal de la Secretaría de Educación Pública, al igual que Colima, Querétaro y Sonora, el cual de forma breve señala que para formar parte del personal de la secretaría, se requiere tener por lo menos 16 años cumplidos, presentar una solicitud utilizando la forma oficial, ser de nacionalidad mexicana, estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que le correspondan, de acuerdo con su sexo y edad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos graves, no haber sido separado de algún empleo, cargo o comisión por motivos análogos a los que se consideran como causas de destitución, no tener impedimento físico para el trabajo y tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio del jefe de la dependencia donde exista la vacante, o sujetarse al concurso o pruebas de competencia que fije la secretaría y en caso de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado.

177. En este sentido, los estados de Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, señalaron observar para la contratación de personal que labora en centros escolares lo establecido en el Manual de Normas para la Administración de Recursos en la Secretaría de Educación Pública, en el que se menciona que para los nuevos ingresos, las unidades administrativas deben verificar la autenticidad de los documentos de preparación académica presentados por los aspirantes, mientras que los candidatos a ocupar el puesto vacante deben presentar la documentación que acredite que cumplen con el perfil indicado en el Catálogo Institucional de Puestos de Apoyo y Asistencia a la Educación, y por su parte los candidatos sujetos al Servicio Profesional de Carrera deben participar en los concursos que la dependencia publique a través de una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

178. El estado de San Luis Potosí también señaló que, con el objetivo de regular la selección y contratación del personal docente, se integró una comisión para el análisis y actualización del Profesiograma, acorde a las escuelas formadoras de docentes que existen en el estado de San Luis Potosí, y así se les considere a éstos para el concurso de la Alianza por la Educación.

179. Al respecto, el estado de Baja California indicó regirse por el Profesiograma, el Manual de Normatividad de Trámite, el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación y Bienestar Social y la Ley de Servicio Profesional Docente.

180. Por su parte, el informe presentado por el estado de Puebla menciona que para la contratación de su personal docente se basan en el Marco Normativo de la Secretaría de Educación Pública, la cual indica que por medio del profesionograma se adecuan a los perfiles que éste indica para la contratación de docentes de educación básica en escuelas públicas, estableciendo como requisitos para el puesto tener una licenciatura y disponibilidad para trabajar en cualquier localidad del estado, así como haber acreditado un examen, haber nacido o estudiado en Puebla, con residencia mínima de 4 años, tener un certificado médico de “buena salud” y constancia de no antecedentes penales.

181. Al respecto, el estado de Aguascalientes se limitó a señalar el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes sus Municipios y Organismos Descentralizados, y el de Guanajuato las Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de la Administración Pública de ese estado, sin proporcionar más detalles al respecto, mientras que los estados de Colima, Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, no señalaron información al respecto, y las entidades federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas no respondieron a la solicitud de información realizada por este organismo

182. Ahora bien, este organismo nacional observa que el artículo 3o., fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013 y vigente desde el 12 de ese mismo mes y año, señala en su artículo 11 que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

183. A partir de lo previsto por dicha Ley y de otras disposiciones normativas derivadas de la reforma educativa de 2013, el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente para educación básica y media superior, se realiza a través de un concurso de oposición, el cual contempla los perfiles correspondientes al cargo y evalúan conocimientos y capacidades.

184. En ese sentido, los Lineamientos Iniciales Generales para Llevar a Cabo la Evaluación del Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y Lineamientos Iniciales para Llevar a Cabo la Evaluación para la Promoción a Cargos con Funcionarios de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, para el Ciclo Escolar 2014-2015, LINEE-01-2014, publicados el 15 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señalan en su punto quinto que la Secretaría de Educación Pública determinará los perfiles correspondientes al personal docente y técnico docente de educación básica, considerando la propuesta de las autoridades educativas locales, mientras que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación validará y autorizará dichos parámetros.

185. Al respecto, se observa del documento Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes y Propuesta de Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos de Evaluación, presentado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2014-2015, que en éste se estableció un perfil que expresa las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente y técnico docente requiere tener para un desempeño profesional eficaz. Dicho perfil está integrado por cinco dimensiones que describen los dominios fundamentales del docente, las cuales son las siguientes: conocer a sus alumnos, saber cómo aprenden y lo que deben aprender; organizar y evaluar el trabajo educativo y realizar una intervención didáctica pertinente; reconocer como profesional que mejorar continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje; asumir las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos y participar en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomentar su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.

186. No obstante que esta nueva normatividad toma en cuenta los conocimientos y las capacidades docentes, así como aspectos relacionados con la responsabilidad ética de los profesores, este organismo autónomo considera necesario que las autoridades educativas y de evaluación educativa tomen en cuenta al delinear los perfiles que deberán reunir los docentes, las características y aptitudes psicológicas y sociales adecuadas que deben tener la planta de profesores para el trato con niñas y niños.

187. Por lo tanto, en atención al interés superior de la niñez, debe ser prioritario para todas las autoridades educativas modificar los procedimientos de selección de personal para que se adecúen a las necesidades de las niñas y los niños y se contemple la necesidad de evaluar para el ingreso, permanencia y promoción, que cumplan con un perfil apto, pues de lo contrario no sólo se violenta el derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad, sino el derecho a la integridad física y psicológica por mencionar algunos; esto es, al no establecer mecanismos adecuados de evaluación se expone a las niñas y los niños a todo tipo de violencia, pues quedan bajo la custodia de personas que no están calificadas para trabajar con ellos.

G. Creación de unidades o mecanismos de atención a quejas relacionadas con la violencia sexual en centros educativos

188. No ha pasado desapercibido para este organismo nacional la existencia de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, la cual forma parte de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública y es competente para atender los casos de maltrato, violencia y abuso sexual reportados dentro de las escuelas de educación básica del Distrito Federal, y de orientar a las autoridades y al personal docente de las escuelas en los casos de violencia sexual sucedidos en el interior de los planteles; no obstante que el objetivo de dicha unidad es dar un seguimiento puntual a los casos de violencia sexual infantil, cabe destacar que en la citada institución únicamente se atienden casos ocurridos en centros escolares del Distrito Federal en los niveles de educación inicial y básica, así como en los planteles de educación especial y para adultos.

189. Al respecto, esta Comisión Nacional, estima que los mecanismos o unidades afines a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, deberían de existir en la totalidad de las entidades federativas, de forma tal que personal especializado en la materia puedan dar seguimiento exhaustivo a los casos ocurridos en todo el país y en cualquier nivel de educación; sin embargo, de la información proporcionada por las autoridades de las entidades federativas se observa Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, manifestaron no contar con una unidad administrativa especializada en atención de quejas y denuncias de acoso y violencia sexual escolar, mientras que las entidades de Aguascalientes, Baja California, Colima, Coahuila, Chiapas, Durango, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, indicaron contar con una unidad que atienda este tipo de casos.

190. No obstante, este organismo autónomo considera que si bien la creación de una unidad administrativa de atención a los casos de violencia sexual en todas las entidades federativas es necesaria para atender este fenómeno que aqueja a la niñez en México, de igual forma resultaría benéfico la instauración de cualquier mecanismo en el que se pudiera aprovechar la infraestructura existente así como el personal previamente capacitado, para dar una respuesta oportuna a las quejas que se susciten respecto a casos de este tipo.

191. Para la conformación de estos mecanismos o unidades se deberá contar con personal capacitado en materia de violencia sexual escolar, quienes deberán de conocer de manera precisa cómo actuar ante estos casos, dicho mecanismo deberá activarse al momento de que las autoridades escolares conozcan sobre un caso de violencia sexual escolar, para lo cual tendrá que contar con los lineamientos correspondientes que señalen la manera en que se procederá al momento de que se tenga conocimiento sobre dicho caso, destacando que la actuación deberá ser inmediata. Así pues, una vez activado este mecanismo, se deberá buscar en primer término escuchar su voz y salvaguardar a la víctima por medio de acciones encaminadas a protegerla de cualquier agresión y de igual modo, se tendrá como objetivo principal garantizar la reparación del daño de forma inminente ya sea por medio de atención médica, psicológica, asesoría jurídica, o cualquier otro tipo de intervención necesaria.

192. Así también, se deberá iniciar una investigación por parte de las autoridades escolares, en la que se tendrán que documentar los hechos por medio de testimonios y declaraciones de los involucrados, y en caso de que existan, de los testigos; asimismo, debe realizarse una indagación para verificar si existen más víctimas de las que ya se conocen y debe valorarse psicológicamente a las niñas y los niños que hayan sido agredidos sexualmente. Con el objetivo de salvaguardar a todo el alumnado, el mecanismo deberá prever la separación del agresor del contacto con niñas y niños. Cabe destacar que, al momento de aplicar este mecanismo, se deberá salvaguardar la integridad y dignidad de las niñas y los niños involucrados en atención al interés superior de la niñez, por lo que se evitará exponerlos a agresiones o confrontaciones.

193. En ese sentido, esta Comisión Nacional considera que al presentarse este fenómeno, tanto en escuelas particulares como públicas, las autoridades educativas, en cumplimiento a sus obligaciones, deben vigilar en todo momento que en cualquier centro educativo se respeten y protejan los derechos humanos de las niñas y los niños de manera permanente, toda vez que los derechos de la infancia deben ser reconocidos y respetados mientras ejercen su derecho a la educación, sin importar que esto lo hagan en un centro educativo público o privado.

194. Así pues, esta Comisión Nacional estima que una unidad, o bien un mecanismo que funcione adecuadamente en cada entidad federativa, sería de gran utilidad para dar un seguimiento puntual a los casos de violencia sexual que se susciten, por lo que su creación y funcionamiento en todos los centros escolares del país es imprescindible.

195. Por otra parte, en lo que atañe a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, este organismo detectó que, no obstante su objetivo, se han observado múltiples casos en los que a pesar de que las autoridades escolares informaron sobre un caso de abuso sexual suscitado en el centro escolar, dicha Unidad no intervino en el referido caso, o bien no actuó a tiempo, lo que denotó una falta al cumplimiento de sus obligaciones que tiene; este organismo nacional observa que situaciones como esta resultan sumamente preocupantes, ya que esa Unidad es competente para atender de manera inmediata los casos de maltrato y violencia sexual reportados dentro de las escuelas de educación básica del Distrito Federal, y de orientar a las autoridades y al personal docente de las escuelas en los casos de violencia sexual sucedidos en el interior de los planteles, por lo que en ese sentido se advierte que si bien es loable el objetivo con el que esa institución fue creada, es primordial que la misma cumpla a cabalidad con su función.

196. Asimismo, cabe señalar que, de conformidad con el informe presentado por la Secretaría de Educación Pública, se observa respecto a la referida Unidad que si bien la misma cuenta con personal capacitado para tratar a niñas y niños que han sido víctimas de casos de violencia, el jefe de la misma considera que la cantidad de personas que labora en ésta no es suficiente debido al incremento de quejas y a la complejidad de los casos, por lo que este organismo nacional estima que es primordial que esta Unidad cuente con el personal suficiente para dar una atención integral a todos aquellos niños y niñas que están viviendo algún episodio de violencia escolar. Dicho personal deberá contar con aptitudes y conocimiento de técnicas necesarias para tratar e investigar los casos de abuso sexual infantil y mantenerse capacitados en la materia.

H. Situación de las escuelas particulares

197. Un punto que cabe señalar de forma específica, son los casos de violencia sexual que ocurren en centros de educación particulares; al respecto, esta Comisión Nacional estima que dichos centros educativos deben de observar a cabalidad los puntos que se desarrollan en la presente recomendación general, toda vez que si bien el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, indica que todo individuo tiene derecho a recibir educación que el Estado impartirá, dicho artículo también asevera en su fracción VI que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, por lo que el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

198. En respuesta a las solicitudes de información realizadas por esta Comisión Nacional a las autoridades estatales, únicamente los estados de Baja California, Querétaro, San Luis Potosí, de México, Sonora y Yucatán reportaron casos de violencia sexual en centros de educación administrados por particulares, siendo que el total de casos señalados por estos estados del 2000 al 2013 fueron 24.

199. En ese sentido, este organismo observa que los casos de violencia sexual en centros escolares ocurren tanto en escuelas públicas como privadas, tal es el caso de los hechos documentados en la recomendación 4/2008 emitida por esta Comisión Nacional, en la que se observó el caso de un niño de 4 años que fue violado dentro de una escuela particular con la anuencia y participación del personal que ahí laboraba, destacando que en ese caso la intervención de la autoridad educativa no fue la requerida ya que fue omisa en brindar al niño el apoyo y auxilio que requería, omitiendo salvaguardar su integridad, además de que no orientó a los padres respecto de la acciones legales que en su caso podían ejercitar, siendo que legalmente tenía que cumplir con esas responsabilidades.

200. Ahora bien, cabe destacar que la Ley General de Educación regula lo relativo a la educación impartida por particulares, por lo que al respecto dicha ley indica, del artículo 54 al 59, que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, por lo que deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, destacando que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron las referidas autorizaciones o reconocimientos.

201. Al respecto, en todos los lineamientos que se generen debe quedar claro que los mismos también aplican a escuelas particulares, y deben aplicarse sanciones para los centros educativos privados, en caso de no atender dichos lineamientos.

202. En concordancia con lo referido, este organismo autónomo considera relevante que los centros educativos particulares cumplan con los lineamientos y observaciones desarrollados en la presente recomendación general, destacando que si bien la responsabilidad de observar las obligaciones que tienen para con las niñas y los niños es de quienes están prestando ese servicio, es el Estado mexicano a través de la autoridad educativa quien tiene la obligación de vigilar que se dé un cumplimiento cabal de las leyes y lineamientos que regulan la educación y que los profesores cuenten con los perfiles adecuados para ejercer la docencia, ello en virtud de la dimensión transversal del derecho a la educación.

203. Asimismo, esta Comisión Nacional considera necesario que las autoridades educativas realicen las visitas de verificación a los referidos planteles de centros particulares, en donde se revise de forma diligente si se salvaguarda la integridad y seguridad del alumnado, y que de igual forma, se supervise que al momento de realizar la contratación de la planta docente se tomen en cuenta los conocimientos y capacidades para laborar con niñas y niños.

I. Tipificación de delitos sexuales y medidas de protección para niñas y niños en la legislación

204. Este organismo nacional ha observado que el abuso sexual, el estupro, la violación, el hostigamiento y el acoso sexual son conductas tipificadas como delitos en los códigos penales de las entidades federativas, sin embargo, de un análisis realizado a dichos ordenamientos jurídicos, se advirtió que los referidos delitos no en todos los casos son calificados como graves en el supuesto de que la víctima sea menor de edad. Al respecto, este organismo nacional observa que la importancia de que los delitos referidos cometidos en contra de niñas y niños en centros escolares por parte de servidores públicos estén tipificados como graves, radica en que al ser considerado un delito como tal, se puede ordenar la prisión preventiva para el presunto victimario, de así considerarse necesario para preservar la integridad de las víctimas, sin que ello impida adoptar la imposición de medidas cautelares a favor de la víctima.



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