Comision nacional de los derechos humanos



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66. Estas observaciones serán objeto de un análisis lógico jurídico que se exponen en el presente apartado, en el que se plantearán, en primer término, las condiciones actuales sobre la violencia sexual en los centros escolares de este país, abordando las diferentes etapas de la infancia y sus características, y tomando en cuenta también a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran dentro de la infancia.

67. Posteriormente, se realizará un análisis con base en los datos obtenidos por esta Comisión Nacional, en el que se estudiarán las acciones y omisiones en las que han incurrido las autoridades competentes respecto al tema que nos ocupa.

A. Impacto de las agresiones sexuales en la infancia, según la etapa de desarrollo de las niñas y los niños

68. Los casos de violencia sexual que se presentan en los centros escolares son un fenómeno complejo, respecto al que se deben considerar diversos factores relacionados con el tipo de agresor, el nivel de desarrollo de las niñas y los niños o si éstos pertenecen a otro grupo en situación de vulnerabilidad adicional a la niñez. Respecto al agresor, hay que tomar en cuenta que la violencia sexual se puede presentar de un alumno a otro, o bien de cualquier persona que trabaje en el centro escolar en contra de alguna niña o niño; asimismo, debe destacarse que la población escolar que se encuentra vulnerable a sufrir este tipo de agresiones es muy diversa, toda vez que las edades y el nivel de desarrollo varía significativamente entre quienes se encuentran cursando la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la educación media superior.

69. También cabe señalar que, dentro de la población escolar, existen grupos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad múltiple, tal es el caso de las niñas, los indígenas, los migrantes y las personas con discapacidad, en los que se tiene que considerar siempre esta característica al momento de prevenir o bien, dar un tratamiento correcto a un caso de violencia sexual.

70. En lo que se refiere a la distinción de la violencia sexual, según el agresor, cabe señalar que existen casos en los que el agresor sexual de la niña o el niño es un adulto; en el caso de violencia sexual escolar, quienes generalmente cometen este tipo de agresiones son profesores, personal de intendencia o administrativo, y demás personas que prestan sus servicios dentro de una institución educativa, a pesar de que los mismos tienen la condición de garantes y responsables del cuidado de las niñas y los niños. Asimismo, los agresores adultos tienen mayor fuerza física que sus víctimas y, en el caso de aquellos que trabajan en centros educativos, también cuentan con una posición de autoridad en relación con la de los alumnos, por lo que se aprovechan de ésta.

71. Además, la noción de sexualidad entre quienes viven en la infancia y en la adultez es muy diferente, siendo que en muchas ocasiones por su estado de desarrollo las niñas y los niños agredidos aún no tienen conciencia respecto a sus órganos sexuales y no saben que el ser tocados, o el que los obliguen a tocar los genitales de alguien más, atenta en contra de su persona, por lo que el agresor utiliza esta situación a su favor.

72. Por otra parte, la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño destaca que la violencia entre niños es aquella física, psicológica y sexual, que frecuentemente se suscita con intimidación, que ejercen unos niños contra otros, por lo que en el caso en particular de las agresiones sexuales éstas abarcan estos tres rubros, es decir, la violencia física, psicológica y sexual; no obstante, de conformidad al citado Comité, los daños provocados van más allá de la integridad y el bienestar físicos y psicológicos del niño de forma inmediata, ya que además suelen afectar gravemente a su desarrollo, su educación y su integración social a mediano y largo plazo.

73. Cabe destacar que, en ambos casos, el proceder de las autoridades escolares es fundamental, ya que cuando el agresor forma parte del personal, es importante como una de las medidas clave para evitar que los hechos se repitan es la de separar al agresor del grupo en caso de que imparta clases y se imponga la sanción correspondiente en el ámbito laboral, administrativa y penal de forma inmediata, mientras que en lo que se refiere a la violencia sexual entre niñas y niños, la actuación de los adultos que están a cargo tanto del agresor como del agredido tienen un papel crucial, toda vez la actuación y respuesta oportuna por parte de las autoridades puede prevenir este tipo de hechos y, en caso contrario, generar que se multipliquen y provoquen una situación de violencia entre el alumnado.

74. Ahora bien, toda vez que la violencia sexual escolar se presenta en todos los niveles educativos del país, resulta importante señalar como están conformados los mismos. Así, de conformidad con la Ley General de Educación, la educación en México se divide en inicial, básica, media superior y superior, y la presente recomendación se aboca al fenómeno de violencia sexual que se presenta en el nivel básico y medio superior. En efecto, de acuerdo a la citada ley, la educación básica está conformada por el nivel preescolar, primaria y secundaria; por su parte, la educación medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

75. En el caso de la violencia sexual escolar, se observa que ésta se presenta en alumnos que cursan los diferentes grados en los que está compuesto el sistema educativo nacional, por lo que resulta necesario que en cada caso se proceda de una forma en particular, dado que las edades que tienen y el nivel de desarrollo físico, emocional y cognitivo de las niñas y los niños, varía en cada situación, como se señala a continuación.

76. En lo que se refiere al desarrollo físico e intelectual de cada etapa de la niñez, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la primera infancia abarca de los 0 a los 5 años de edad, siendo que en ésta se encuentran generalmente aquellos niños y niñas que cursan la educación inicial y el nivel preescolar, esta fase es determinante en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas que serán base decisiva para la personalidad y desarrollo futuro, y es el periodo de la infancia de mayor vulnerabilidad durante el crecimiento; en esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones, asimismo, la estimulación intelectual permite a las niñas y los niños desarrollar la seguridad y autoestima necesarias, por lo que tener un entorno libre de violencia es fundamental.

77. Al respecto, la Observación General No.7 del Comité de los Derechos del Niño, sobre la Realización de los Derechos del Niño en la Primer Infancia, indica que los primeros años de las niñas y los niños son la base de su salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. Asimismo, dicha Observación también advierte que las estrategias adecuadas en contra de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en esta etapa tienen el potencial de influir positivamente en el bienestar y las perspectivas de futuro de las niñas y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar los derechos de la niñez en la primera infancia es una manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades personales, sociales y educativas en la mitad de la infancia y en la adolescencia.

78. En el caso de la educación inicial, esta Comisión Nacional observa que las niñas y los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad múltiple derivada de su edad y de las condiciones propias de su desarrollo, por lo que aun cuando ésta no es considerada obligatoria por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que exista una política educativa integral en ese nivel de educación, por lo que corresponde a las autoridades educativas y especialmente a la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de autoridad rectora del sistema educativo, enfocarse en dicha tarea en beneficio de las niñas y los niños más pequeños.

79. Ahora bien, de conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la siguiente etapa después de la primer infancia es la “edad escolar”, que comprende entre los 6 y los 11 años de edad, encontrándose en ella la mayoría de las niñas y niños que cursan la educación primaria. El desarrollo de la infancia en esta etapa es decisivo para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los individuos; asimismo, en esta etapa de la infancia la familia, la comunidad y la escuela son esenciales, ya que se vive un crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad, agregando que esta fase es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia.

80. Por otra parte, quienes cursan la educación secundaria, que forma parte de la educación básica, así como quienes cursan la educación media superior, generalmente se encuentran en la etapa de la adolescencia. De acuerdo a la Observación General No. 4, del Comité de los Derechos del Niño, sobre la Salud y el Desarrollo de los Adolescentes en el Contexto de la Convención de los Derechos del Niños, este periodo está caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, incluida la madurez sexual y reproductiva, así como la adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos, siendo estas transformaciones las que implican nuevas obligaciones y exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos.

81. En efecto, es importante considerar que los elementos que caracterizan cada nivel de la infancia influyen de manera decisiva en las niñas y los niños que, según la etapa por la que estén pasando y el grado escolar que cursen, reaccionarán de forma diversa a las situaciones que enfrenten, tomando en cuenta que desafortunadamente dentro de éstas se puede encontrar la violencia sexual.

B. Las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple

82. Ahora bien, como ya se señaló, las niñas y los niños son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad, al respecto cabe destacar que, aunado a esa condición, existen grupos que pueden, a su vez, estar en una situación de vulnerabilidad adicional a la infancia, esto es, se encuentran en condición de vulnerabilidad múltiple. En este caso nos referimos en específico a las niñas, las niñas y los niños indígenas, así como a las niñas y los niños con discapacidad.

83. En este sentido, este organismo nacional ha observado que la violencia contra las niñas, incluida la sexual, es un problema que se agrava en comparación a la de los varones por razones de género, toda vez que a consecuencia de su condición de mujeres se ven inmersas en una situación de violencia que puede llegar a ser cotidiana, debido a que en el imaginario social desafortunadamente persiste la idea errónea de que las niñas son débiles, indefensas, o bien, que por ser mujeres pueden ser violentadas.

84. Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención De Belém Do Pará", señala en su artículo 1 que la violencia contra la mujer consiste en cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; mientras que el numeral 2, apartado b, de la citada Convención, indica que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

85. Conforme al Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención recién citada, documento elaborado por la Organización de los Estados Americanos, la violencia hacia las mujeres sigue siendo una realidad diaria en las escuelas, ésta se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar e incluso matar a las mujeres, afecta la realización de sus derechos, su salud, su potencial económico, su participación en la política y su contribución a la sociedad en general y es un obstáculo al desarrollo humano, a la democracia y a la paz.

86. En ese sentido, esta Comisión Nacional advierte con preocupación que del total de quejas presentadas ante este organismo por violencia sexual en centros escolares, entre los años 2000 y 2014, 70% de las agraviadas fueron mujeres, destacando que en estos casos, el 94% de los agresores fueron hombres; esta cifra refleja que actualmente persiste la violencia cotidiana en contra del género femenino, por encima de aquella que se ejerce en contra de los varones.

87. Así pues, si bien es importante brindar protección tanto a las niñas como a los niños, resulta necesario poner especial acento en la formulación de políticas públicas para abatir los casos de violencia perpetrados en contra del género femenino, y más aún aquellos de carácter sexual.

88. Este organismo nacional considera que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida plena y libre de violencia en los ámbitos públicos y privados, y a poder ejercer su derecho a la educación, al libre desarrollo, a la igualdad y a la libertad sexual, para ello es necesario que se elimine la violencia sexual escolar que se ejerce en su contra, ya que ésta es un obstáculo que tiene como consecuencia que las niñas se sientan intimidadas o desincentivadas a asistir a la escuela. Al respecto, las autoridades y el personal educativo en general deben garantizar que el entorno en los centros educativos sea de total respeto hacia su persona, reconociendo en todo momento su valor y dignidad dentro del medio en el que se desarrollan.

89. En lo que respecta a los niños y niñas indígenas, cabe apuntar que, conforme a lo señalado en el artículo 2o., apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la Federación, los Estados y los Municipios, tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, así como establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.

90. Así también, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, prevé en su numeral 26 que se deberán adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

91. Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado en el documento “Niñez Indígena en México” que las niñas y los niños indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales, toda vez que la mayoría de las comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas, aunado a que gran parte de este sector de la infancia se ve forzado a abandonar los estudios para comenzar a trabajar o bien, porque comienzan una vida familiar a una edad muy temprana. Así pues, las niñas y los niños indígenas constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad múltiple, por lo que las autoridades deben velar de forma especial por el cuidado y la protección de sus derechos.

92. En este tenor, ante los casos de abuso sexual a niñas o niños indígenas dentro de centros escolares, debe considerarse el realizar visitas a los centros escolares con población indígena y la asistencia de intérpretes y profesionistas en psicología que hablen lengua indígena para auxiliar en su diagnóstico y recuperación y que tomen en cuenta en todo momento sus usos y costumbres.

93. Por otra parte, este organismo autónomo observa que otro grupo en situación de vulnerabilidad son las niñas y los niños con discapacidad, ya que están expuestos a todo tipo de abusos: mental, físico o sexual en el entorno escolar, esto debido a las barreras que limitan su participación en el desarrollo de actividades escolares, por lo que en el ánimo de facilitar procesos de vida independiente, suele incurrirse en la invasión de la persona, lo que puede propiciar abuso y violencia, incluida la sexual.

94. A lo anterior, se agrega el hecho de que a veces se considera que las niñas y los niños con discapacidad son seres no sexuales y que no comprenden sus propios cuerpos y, por tanto, pueden ser objeto de personas tendentes al abuso, en particular de abusadores sexuales, todo esto, de acuerdo a lo señalado en la Observación General No. 9 del Comité de los Derechos del Niño, sobre los Derechos de los Niños con Discapacidad.

95. Ahora bien, en el caso de la violencia sexual, no siempre existe una evidencia física en el cuerpo de las víctimas, por ejemplo, en el caso de las niñas y los niños con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, auditiva o de lenguaje, la violencia sexual puede estar ocurriendo de manera reiterada sin que la víctima pueda comunicar a alguien estos hechos, es por ello que esta Comisión Nacional considera que el personal que está en contacto con las niñas y los niños con discapacidad debe tener un perfil particularmente cuidado, contar con una preparación especial y estar capacitado para saber detectar y reaccionar en estos casos, en particular en situaciones de abuso sexual; además de que para establecer la comunicación con los padres de familia o personas que cuentan con la custodia de estas niñas y niños, el personal debe de tener una preparación adecuada para identificar este tipo de casos en sus hijos.

96. Al respecto, en la recomendación 66/2013, en la cual se documentó el caso de una niña con síndrome de Down, que fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor mientras cursaba sus estudios en un centro de atención múltiple a cargo de la Secretaría de Educación Pública, esta Comisión Nacional señaló que es de suma importancia que las autoridades educativas realicen las acciones pertinentes para salvaguardar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad múltiple, como es el caso de los niños o niñas con discapacidad, por lo que la autoridad tiene una responsabilidad adicional de velar en todo momento por los intereses de éstos y llevar a cabo las acciones necesarias para que se encuentren en una situación de respeto y garantía de sus derechos humanos. Así también, en dicha recomendación se hizo la observación sobre la carencia de lineamientos específicos para la prevención y el seguimiento a los casos de acoso y abuso sexual en personas con discapacidad, por lo que se recomendó la emisión de los mismos.

97. Así pues, es necesario que se otorguen apoyos específicos y herramientas adicionales a las niñas y los niños con discapacidad, toda vez que, como ya se expuso, éstos se encuentran, por diversos factores, en una situación de mayor vulnerabilidad, lo cual los hace propensos a ser víctimas de violencia sexual.

98. Adicionalmente, se observa que las escuelas deben contar con personal capacitado para brindar educación en la sexualidad y el fortalecimiento de la autodeterminación de niñas y niños con discapacidad mediante formatos accesibles y de fácil comprensión, a fin de que puedan comunicar eficazmente cuando sean objeto de violencia sexual por parte del personal encargado de facilitar su proceso de aprendizaje.

C. Acciones y omisiones por parte de la autoridad educativa en materia de prevención, investigación y atención de casos de violencia sexual

99. Esta Comisión Nacional ha detectado que la violencia sexual en centros escolares conlleva, a su vez, diversas omisiones por parte de las autoridades escolares; entre ellas destacan la falta de una política de prevención e identificación, la carencia de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder frente a este tipo de abusos en algunas entidades federativas y la inexistencia de mecanismos de atención para estos casos en centros escolares, el desconocimiento o bien la negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual escolar, además de la inadecuada atención a las víctimas. Asimismo, la falta de instalaciones adecuadas en los centros escolares, y la falta de control en la contratación de personal, así como la aplicación de sanciones insuficientes hacia los servidores públicos que incurran en conductas de este tipo.

100. En este sentido, cabe señalar que las autoridades de todos los niveles tienen la responsabilidad de crear las condiciones necesarias y tener las herramientas suficientes para prevenir la violencia infantil, por lo que con este fin deberán contar con medidas legislativas, políticas públicas y recursos económicos y materiales que tengan una aplicación efectiva, y de las cuales se pueda conocer su resultado, tomando en cuenta que si se carece de estos elementos las niñas y los niños pueden verse vulnerados por la violencia.

a. Sobre la prevención de la violencia sexual.

101. Este organismo nacional considera que para evitar que los casos de violencia sexual en centros escolares continúen ocurriendo, es esencial que exista una política de prevención de este fenómeno, ya que evitar que las niñas y los niños sigan siendo víctimas de este tipo de violencia por medio de información es el primer paso para lograr la erradicación de este fenómeno, por lo que para ello es necesaria la existencia de herramientas que sirvan a este fin.

102. Al respecto, este organismo nacional observó en la información proporcionada por las autoridades educativas estatales de diversas entidades federativas, que si bien la mayoría señala que implementan programas para prevenir e identificar conductas de connotación sexual en centros escolares, esto no siempre se hace de la manera idónea para lograr este objetivo, lo anterior toda vez que se detectaron una serie de omisiones en los mismos.

103. Así, conforme a la solicitud de información formulada por este organismo nacional, los estados informaron que contaban con los siguientes programas:

Programas de prevención de violencia sexual escolar implementados por las entidades federativas

Estados

Programas implementados

Aguascalientes

Programa de “Escuela Segura”, cuentan con guías para reconocer y evitar riesgos.

Baja California

Diplomados en competencias docentes para la atención educativa a la diversidad social, cultural y lingüística en México y de equidad de género y no discriminación para maestros y cursos sobre el derecho a la no discriminación en México, bullying, el nuevo rostro de la violencia escolar, educación exclusiva, perspectiva de género y desarrollo de competencias para la atención a la diversidad en las escuelas.

Coahuila

Videoconferencias y cursos sobre sexualidad impartidos únicamente a docentes.

Colima

Programas de equidad de género, “Escuela Segura”, salud, formación cívica y ética y prevención de violencia en preescolar.

Distrito Federal

(La administración del servicio educativo de educación básica corresponde a la Secretaría de Educación Pública)

Conferencias de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación para poder detectar actos de discriminación, se estableció un programa de “Conferencias Magistrales” impartidas por magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con temas como abuso sexual infantil y violencia escolar, se solicitó a la directora general adjunta de igualdad de género de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas analizar y proponer las adecuaciones o modificaciones que considere pertinente para contar con un instrumento actualizado que sirva para brindar una correcta atención a las quejas suscitadas por conductas de maltrato o abuso. Se elaboró el “Código de Conducta del Centro de Enseñanza Técnica Industrial”, en el que se establecieron los valores de integridad, imparcialidad, respeto, no discriminación, igualdad de trato y justicia, se generaron se desarrollaron dos documentos, uno de ellos “Procedimiento para atender casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial”. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal cuenta con el programa de “Educación de la Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil”.

Durango

Programa de “Escuela Segura” sólo en 9 municipios que se consideran prioritarios.

Estado de México

Programa “Educación de la Sexualidad y Prevención de Abuso Sexual Infantil”, el cual se desarrolla con base en el trabajo de investigación, programa “Escuela Segura”, programa “Violencia Sexual, Identificación y Prevención del Abuso Sexual Infantil”, programa “Escuela y Salud”.

Guanajuato

Diplomado a los docentes sobre educación sexual, cursos de derechos humanos, también se mencionan cursos para el desarrollo y potencial humano del docente, entre los alumnos se imparten cursos de “construcción de proyecto y plan de vida” así como conferencias de prevención de violencia escolar y en el noviazgo.

Jalisco

Programa de Capacitación para prevenir el abuso sexual, programa abriendo escuelas para la equidad, programa “Escuela Segura”, guía escolar de intervención para situaciones de emergencia que incluye situaciones de abuso sexual, cuentan con una dirección de psicopedagogía, proyecto de equidad de género y prevención de violencia en educación básica, los programas están dirigidos a maestros y algunos a alumnos.

Morelos

Programas de equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres, talleres y actividades deportivas para fomentar los valores y la prevención de la violencia y se señala que mediante reuniones se exhorta a los maestros a actuar con pulcritud personal e intervención oportuna, también mencionan el programa de “Escuela Segura”.

Nayarit

Programa “Escuela segura”.

Nuevo León

Programa formativo “Desarrollo físico y salud”, el cual incluye temas de educación sexual, en el área preescolar se imparte el curso “protegiendo a los niños del abuso”, en educación primaria se imparten cursos para prevenir embarazos, en secundaria se imparte en la materia de biología temáticas de sexualidad.




Oaxaca

La Secretaría de Seguridad Pública imparte cursos para prevención del abuso sexual infantil en los programas de educación básica, en la materia de biología se llevan temas de educación sexual, se imparten cursos de cómo hablar de educación sexual con los hijos y salud sexual y equidad de género.

Puebla

Programa “Escuela con Valor” que busca prevenir la violencia en sus diversas formas, entre ellas la sexual.

Querétaro

Programa estatal para la convivencia escolar que incluye temas de educación sexual y prevención de violencia sexual, también se imparte el curso de estrategias de pedagogía para prevenir maltrato y abuso sexual infantil, y se aplican el PREVIOLEM (Programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres), asimismo hay buzones de quejas, talleres y reuniones de sensibilización

Quintana Roo

Implementan el programa “Escuela Segura”, programa de equidad de género y prevención de violencia en educación básica, PROVIOLEM (Programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres)

San Luis Potosí

Jornadas de Prevención que consisten en talleres para padres de familia, alumnos y maestros para garantizar los derechos humanos de la niñez, los cuales incluyen talleres de prevención de abuso sexual.

Sinaloa

Programa de “Escuela Segura” y campañas para docentes para evitar la violencia.

Sonora

Cursos de derechos humanos y pláticas a docentes respecto al seguimiento que deberán de atender los directores, supervisores, jefes de enseñanza.

Tabasco

Cursos impartidos por el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, sobre temas de prevención al maltrato infantil, prevención de explotación sexual infantil y prevención de abuso sexual, dirigidos a niños, maestros y padres.

Tlaxcala

Se realizó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos Tlaxcala para instalar el grupo multidisciplinario para la prevención del delito de Tlaxcala, buscando prevenir entre otros rubros, la explotación sexual, el abuso infantil y la violencia escolar, esto mediante jornadas de prevención en centros escolares de todos los niveles

Veracruz

Programa de prevención de violencia escolar (PREVEE) prevención de violencia desde la infancia y programa de “Escuela Segura”, asimismo, existe una carpeta con información jurídica para la atención de quejas y denuncias por maltrato y abuso sexual.

Yucatán

Trayecto formativo para evitar violencia de género, programa de prevención de violencia contra las mujeres.

104. En este sentido, se aprecia que 22 entidades federativas señalaron contar con programas de prevención a la violencia sexual infantil; dichos estados fueron Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, mientras que el Distrito Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, también aseveró llevar a cabo programas de este tipo; por otra parte, Campeche, Guerrero, Hidalgo y Chiapas, no especificaron si contaban o no con esta clase de proyectos de prevención de violencia sexual en centros escolares, mientras que Tamaulipas indicó no contar con un programa específico para el tema que nos ocupa. En lo que atañe al contenido de los referidos programas de prevención a la violencia sexual, se aprecia que respecto a los estados que aseveraron contar con uno, éste varía de acuerdo a cada entidad federativa.

105. Cabe señalar nuevamente que los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas no atendieron la solicitud de información de esta Comisión Nacional por lo que no fue posible contar los datos respecto a estas entidades.

106. Ahora bien, respecto a los programas señalados, esta Comisión Nacional detectó que éstos no siempre van dirigidos a todas aquellas personas que deben estar informadas respecto a este fenómeno, tales como padres de familia, alumnos, maestros y personal que labora en centros educativos; asimismo, se observó que no se imparten en la totalidad de los centros escolares y en todos los niveles, además de que el contenido de los mismos no resulta ser siempre oportuno para el caso que nos ocupa, como se señalará a continuación.

107. Es necesario destacar que en un fenómeno como la violencia sexual se encuentran inmersos varios grupos, por lo que para evitarlo se requiere la participación de padres de familia, de alumnos y de todo el personal que labora en los centros escolares; lo anterior, toda vez que este fenómeno puede ser detectado y evitado tanto por las niñas y los niños que son quienes se pueden ver afectados de forma directa, como por el personal que labora en la escuela, que al estar al cuidado de los menores tiene la obligación de respetar al alumnado y salvaguardar su integridad, y por los padres y madres de familia que pueden a su vez instruir sus hijos respecto a este tema, por lo que para lograr una prevención eficiente es necesario que todos estos grupos conozcan las diversas implicaciones de la violencia sexual, tales como sus características, sus causas y sus posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas e incluso legales.

108. En este sentido, se observa con preocupación que de las respuestas proporcionadas por las autoridades de las entidades federativas se desprende que estados como Coahuila y Sonora únicamente imparten capacitaciones de prevención a docentes, por lo que al privar a alumnos y padres de familia de contar con los conocimientos necesarios respecto al tema que nos ocupa, la información no habrá llegado a todos aquellos que pueden colaborar en la erradicación de la violencia sexual escolar.

109. Al respecto, la Observación General No. 4 del Comité de los Derechos del Niño, sobre la Salud y el Desarrollo de los Adolescentes en el Contexto de la Convención de los Derechos del Niños, señala que la violencia es el resultado de una compleja interacción de factores individuales, familiares, comunitarios y societarios, por lo que entre las medidas de prevención que le corresponden adoptar al Estado, se considera que los padres de familia y el personal que tiene como función cuidar a las niñas y los niños, o bien de alguna forma está en contacto con los mismos, deben contar con la capacitación y supervisión en relación con la protección infantil.

110. Asimismo, cabe señalar que al capacitar al personal escolar se debe incluir a personal administrativo, de intendencia, directivos y a todas aquellas personas que presten su servicios en un centro educativo, esto debido a que todos ellos están en contacto con las niñas y los niños que pueden llegar a ser víctimas; además, de conformidad con las diversas recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional, se ha observado que en ocasiones los agresores fueron precisamente miembros del personal de mantenimiento y asistentes administrativos, tal como ocurrió en los casos señalados en las recomendaciones 65/2013, 76/2012, 38/2014 y 55/2013, donde los agresores de las niñas y los niños fueron asistentes de servicios de limpieza y mantenimiento en las tres primeras y personal administrativo en la última, siendo que éstos hasta el momento no se consideran dentro de este tipo de capacitaciones.

111. Sin embargo, en los informes presentados por los gobiernos de las entidades federativas no se observa en ningún caso que los cursos vayan dirigidos a personal de áreas diferentes a las docentes y directivas. Este organismo considera que es sustancial que la totalidad de personas que laboran con niñas y niños estén capacitados respecto a este tema. Así, al tener a toda la comunidad informada y alerta sobre el tema que nos ocupa, se facilitará la prevención de la violencia, esto es así ya que entre alumnos, padres de familia y personal escolar resulta más fácil lograr un sistema de prevención eficiente y con resultados positivos.

112. Otro punto que llama la atención es que, de conformidad con los informes presentados por las autoridades educativas de los diferentes estados, existen casos en que los cursos y capacitaciones sólo se imparten en determinadas escuelas y en algunos niveles; esta situación ocurre por ejemplo en el estado de Durango donde los cursos sólo se dan en los 9 municipios que se consideran prioritarios, o bien en Colima, entidad federativa en la que únicamente se imparten las capacitaciones a nivel preescolar. Es necesario que la prevención de la violencia sexual sea en todos los niveles escolares, abarcando la educación inicial, básica, media superior y superior, toda vez que este fenómeno se presenta en niñas y niños de todas las edades.

113. También, este organismo autónomo detectó que algunas entidades federativas como Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos y Yucatán señalaron, como estrategia para evitar la violencia sexual, la impartición de cursos de desarrollo de potenciales para los profesores, cursos de equidad de género, formación cívica y ética y capacitación en temas de salud; si bien estos temas resultan relevantes para el incremento de conocimientos y habilidades en cualquier persona, así como para la formación ética e integral de los servidores públicos, es necesario que a su vez se desarrollen de forma paralela y complementaria, cursos y programas que abarquen en específico el tema de violencia sexual infantil, pues, como ya se ha señalado, éste es un fenómeno complejo con características propias y por lo tanto es indispensable que se aborde de forma particular y que se den a conocer las diferentes temáticas que éste abarca, destacando la forma adecuada de prevenirlo y detectarlo, por lo que dar a conocer estos elementos es imperativo para lograr una estrategia efectiva de prevención.

114. Asimismo, resulta sumamente delicado el caso de Tamaulipas en el que se señaló que no existe ninguna estrategia para la prevención de la violencia sexual en las escuelas, o bien en los que este dato no se precisó, tal como ocurrió con los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, quienes no proporcionaron información respecto a esta clase de programas. En este sentido, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que al no contar con un plan de prevención respecto a este problema se incumple lo señalado en los artículos 1o., párrafo tercero, 3o., párrafo segundo, y 4o., párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que invisibiliza a las víctimas y se minimizan las consecuencias que la violencia sexual puede provocar, por lo que se considera fundamental que todos los actores que intervienen en el desarrollo escolar de las niñas y los niños de la totalidad de escuelas de los diversos niveles educativos estén capacitados para prevenir la violencia sexual infantil.

115. En ese sentido, este organismo autónomo considera que la prevención de la violencia sexual en centros escolares debe incluir puntos adicionales que se señalarán a continuación.

116. Partiendo de que las niñas y los niños son sujetos de derechos destinados a su especial protección, este organismo autónomo estima de suma trascendencia el hecho de que ellos conozcan sus derechos humanos, así como la manera de hacerlos efectivos, con el objetivo de que al estar enterados sobre esta información sepan identificar situaciones en la que sus derechos estén siendo vulnerados, como es el caso de la violencia sexual, lo que puede conllevar a una actuación oportuna al respecto e incluso prevenir futuros abusos; por ello, los planes y programas de estudio de los diferentes grados escolares deben incluir temáticas específicas respecto a los derechos humanos de la infancia vinculados a temas de sexualidad adaptados a la aptitud pedagógica de cada grado escolar.

117. Otro punto a destacar es el hecho de que la violencia sexual, como ya se ha señalado, afecta de forma grave a las víctimas; en consecuencia, este organismo nacional considera necesario que se promueva entre todos los grupos que intervienen en la educación infantil una cultura libre de violencia, de forma que ésta deje de verse como algo cotidiano, y se señale en cualquiera de sus formas, incluyendo la sexual, como un acto reprobable que vulnera la dignidad de quienes la viven y la presencian, lo que a su vez debe conllevar a una cultura de respeto y paz en la que se respete en todo momento la dignidad de las niñas y los niños. En este sentido, la Constitución prevé en su artículo 3o., párrafo segundo, que la educación tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos, por lo que en concordancia, es necesario que las autoridades educativas promuevan una cultura en este sentido a través de la enseñanza y el respeto a los derechos humanos.

118. Por lo anterior, este organismo defensor de los derechos humanos estima que es pertinente contar de manera prioritaria con una política integral de prevención e identificación a casos de violencia sexual, la cual debe tener las siguientes características, mismas que se señalan de forma enunciativa:

a) Se difunda en todos los niveles escolares y en la totalidad de centros escolares de cada entidad federativa.

b) Cuente con cursos, programas, manuales y demás elementos desarrollados específicamente para cada nivel educativo, de forma tal que sean comprensibles para cada etapa por la que están pasando las niñas y los niños.

c) Abarque puntualmente el tema de violencia sexual infantil en centros escolares, de forma tal que se indiquen las características, causas y consecuencias propias de este fenómeno, sin que esto sea un impedimento para que complementaria o paralelamente existan programas o políticas públicas relacionadas con temáticas diversas a este rubro, como son cursos de equidad de género y salud.

d) Esté dirigida a todos los actores involucrados en la educación, es decir, niñas, niños, padres de familia y personal que laboran en centros educativos, el cual incluye a profesores, directivos y personal administrativo, así como de intendencia y mantenimiento.

e) Incluya en los planes y programas de estudio temas relacionados con los derechos humanos de las niñas y los niños, así como los medios con los que cuentan para hacerlos efectivos.

f) Promueva entre los grupos que participan en la educación de niñas y niños, una cultura de paz y respeto a la dignidad, de forma tal que la violencia infantil, no sea considerada como algo cotidiano y, por el contrario, se señale como inadmisible en cualquiera de sus formas.

119. En efecto, la prevención de la violencia sexual en contra de la infancia es de especial trascendencia, toda vez que si ésta se realiza de forma adecuada y oportuna se permite atender una multitud de problemas a largo plazo; asimismo, cabe señalar que toda violencia es prevenible; ésta no es una consecuencia inevitable de la condición humana y en ese sentido se debe dar prioridad a la prevención de la violencia contra niñas y niños, por medio de la asignación de recursos adecuados para abordar los factores de riesgo y prevenir la violencia antes que ocurra, abordando además factores de riesgo inmediatos; asimismo, cabe destacar que la prevención puede adoptar muchas formas las cuales incluyen desarrollar un marco legal y cultural en el que se prohíban todas las formas de violencia, así como mejorar las capacidades de todos aquellos que trabajan con niñas y niños, para promover la no violencia o incluso contar con cámaras de video en las instalaciones de centros educativos para desincentivar la violencia de todo tipo.

120. En este sentido, cabe destacar que se han observado avances a nivel nacional para garantizar la seguridad de las niñas y los niños en los centros escolares, tal es el caso del programa “Por Una Convivencia Escolar Sana: Un Compromiso de Todos”, el cual fue realizado por este organismo nacional en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y fue presentado el mes de agosto de 2014, a la par de que se firmó un acuerdo de colaboración entre estas dos instituciones; cabe señalar que esta iniciativa está conformada por varios acuerdos para fomentar el respeto a los derechos humanos, cultivar valores de tolerancia y equidad, promover la empatía y el diálogo, así como desarrollar instrumentos que coadyuven a construir escuelas libres de violencia, por lo que al respecto se estima que existen adelantos en el tema de la prevención hacia la violencia en contra de niñas y niños.

b. Carencia de normatividad administrativa en algunas entidades federativas sobre la forma de proceder frente a casos de violencia sexual escolar

121. Otra omisión que se ha detectado es la carencia de lineamientos respecto a la manera en la que las autoridades escolares deben proceder al momento de conocer sobre un caso de violencia sexual infantil.

122. En esa tesitura, este organismo estima necesario que la Ley General de Educación cuente con un capítulo que aborde de forma específica la temática relativa a la violencia escolar, y deberá incluir la violencia sexual, en el cual se deberá abordar esta problemática y la manera en que las autoridades deberán de actuar ante casos como éstos.

123. Cabe destacar que los centros escolares que se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública cuentan en el Distrito Federal con los Lineamientos Para la Atención de Quejas o Denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal.

124. De igual forma, existen los Lineamientos para la Atención de Quejas por Maltrato o Abuso a Educandos de los Planteles del Subsistema de Educación Media Superior dependientes de Unidades Administrativas de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, los cuales derivaron del cumplimiento de la recomendación 55/2013 emitida por esta Comisión Nacional.

125. De las respuestas proporcionadas por las autoridades estatales se desprende que los centros educativos que se encuentran en todo el territorio del país cuentan con diferentes leyes y reglamentos para regular la forma en que prestarán el servicio educativo; no obstante, en el tema que nos ocupa, si bien algunos estados tienen avances en la regulación de violencia sexual, no todos los estados tienen una normatividad que desarrolle de forma puntual la forma en que las autoridades educativas deben actuar al momento de detectar un caso de violencia sexual escolar.

126. Sin embargo, estados como Coahuila, Colima, de México, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán cuentan con leyes especiales para la protección de los derechos de las niñas y los niños, éstas no son suficientes para regular la actuación de las autoridades educativas frente a casos de violencia sexual escolar, ya que se requieren lineamientos y procedimientos que señalen de forma específica la forma de proceder ante estos casos.

127. En esa tesitura, se observa la existencia de normatividades, tales como la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el estado de Guanajuato y sus municipios; el Manual para la Convivencia Escolar en Educación Básica, del estado de Puebla; la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla; la Ley de Seguridad Escolar para el estado de Sonora, y Ley Contra el Acoso Escolar para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establecen la manera en que se deberá de proceder respecto al fenómeno que nos ocupa, según cada entidad federativa, señalando las autoridades a las que les compete intervenir e incluso las sanciones que se pueden imponer a quienes resulten responsables.

128. Aunado a lo anterior, de la información proporcionada por las entidades federativas se desprende que los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán no cuentan con normatividad en lo que se refiere a casos de violencia sexual escolar, mientras que el Estado de México señaló aplicar los lineamientos para el Distrito Federal, por ser de uso específico para el Distrito Federal. Por su parte, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Tabasco dentro de sus informes no señalaron este dato, y como ya se había indicado las entidades federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, y Zacatecas no respondieron a la solicitud de información que les realizó este organismo nacional.

129. En este punto, cabe señalar que el servicio educativo no sólo debe centrarse en el deber de transmitir conocimientos a las niñas y los niños sino que tiene mayores alcances debido a que abarca también el cuidado de éstos; esto es, la educación implica también un deber de custodia por parte del Estado, mediante el cual se vele por el bienestar tanto físico como emocional de las niñas y los niños, evitando que éstos sean sujetos a cualquier tipo de maltrato, para lo cual se requiere la existencia de lineamientos que establezcan de forma clara cómo se protegerá a la infancia de este tipo de maltratos y la manera en la que se deberá de actuar cuando se presenten este tipo de incidentes.

130. Por lo anterior, es necesaria la creación de dichos lineamientos en las entidades federativas que no cuenten con éstos, de forma tal que por medio de ellos, se logre una política educativa que esté encaminada a la protección de la infancia de ser víctima de cualquier tipo de violencia, incluida la sexual; esto en atención del interés superior de la niñez y conforme a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Educación, el cual señala que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

131. Para la creación de estos lineamientos, se requerirá que la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de autoridad rectora del sistema educativo nacional, emita una normativa en la materia, a fin de establecer los criterios mínimos extensivos a todas las entidades federativas, bajo los cuales deben regirse las actuaciones de los demás niveles de gobierno. Así, las entidades federativas podrán emitir su normatividad en materia de violencia infantil, siempre que lo hagan en congruencia con los criterios mínimos que la Federación imponga, en su carácter de autoridad rectora.

132. En efecto, la Ley General de Educación le otorga a la Secretaría de Educación Pública el papel de autoridad rectora, estableciendo en su artículo 12, fracción I, determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, mientras que la fracción VIII de dicho numeral señala que dicha autoridad cuenta con la atribución de fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares. Por ello, este organismo nacional observa que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, como autoridad rectora del sistema de educación nacional, establecer una política integral que homologue y coordine el sistema educativo en México con el objeto de garantizar el derecho de educación consagrado en el artículo 3o. constitucional, la cual deberá regirse por el principio del interés superior de la niñez en un marco de inclusión y diversidad.



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