Comision nacional de los derechos humanos


Fuente: Información proporcionada por las secretarías de gobierno de los estados y por la Secretaría de Educación Pública respecto al Distrito Federal



Descargar 352.72 Kb.
Página2/5
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño352.72 Kb.
Vistas89
Descargas0
1   2   3   4   5

Fuente: Información proporcionada por las secretarías de gobierno de los estados y por la Secretaría de Educación Pública respecto al Distrito Federal

*El estado de México reporto información del 2004 al 2013

**Tabasco reportó información del 2003 al 2013

***Puebla reportó información del 2005 al 2013

****Aguascalientes reportó información del 2008 al 2013

*****Campeche reportó información del 2004 al 2013



Nota: No se cuenta con información respecto a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas porque no atendieron los requerimientos de información.

38. Asimismo, de la información proporcionada por las entidades federativas, se observa que se iniciaron 1,365 investigaciones por parte de las autoridades educativas con motivo de conductas de connotación sexual, abuso sexual y acoso escolar sexual, esto es, en 632 casos no se informó que se hubiera iniciado una investigación.

39. De igual forma, se solicitó información a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, la cual señaló que del 2008 al 2014 se habían recibido en dicha unidad 631 quejas o denuncias por maltrato y abuso sexual escolar, señalando que en el último ciclo escolar se han incrementado tanto en número como en complejidad.

40. En este mismo sentido, esta Comisión Nacional solicitó de igual forma a los organismos defensores de los derechos humanos en los estados rendir un informe en relación a este fenómeno, por lo que se obtuvo respuesta de las 32 comisiones y defensorías de las entidades federativas.

41. En efecto, de la información recabada por este organismo nacional, se puede observar que el número total de quejas relativas a casos de violencia sexual en centros escolares que fueron recibidas en los organismos locales, en contra de las secretarías de educación de las entidades federativas o sus equivalentes, en el periodo comprendido del año 2000 al 2013, fueron un total de 657 como se señala a continuación:



42. En este punto cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Administración Federal de Servicios Educativos, es quien brinda el servicio educativo en el Distrito Federal, por lo que al ser una autoridad federal es esta Comisión Nacional el organismo defensor de derechos humanos competente para recibir quejas y dar seguimiento a las mismas en lo que respecta a casos de violencia sexual escolar en el Distrito Federal, ello no obstante se solicitó información al organismo de defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal en lo que atañe a quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Educación en el Distrito Federal por violencia sexual escolar.

43. De las quejas referidas, 503 fueron calificadas por hechos presuntamente violatorios a derechos humanos y en 118 casos se emitió un pronunciamiento por violación a los mismos, y destaca que 23 fueron por casos de educación inicial, 64 respecto a preescolar, 208 en primaria, 192 a secundaria, 87 en lo que respecta a educación media superior y 2 casos de educación especial; mientras que en 81 quejas de organismos locales no se especificó el nivel escolar que cursaba la víctima.

44. Respecto las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos en las entidades federativas, cabe destacar que de cómo consecuencia de un análisis realizado por esta Comisión Nacional, se detectó que en los casos observados en estos pronunciamientos, se abordan problemáticas similares a las que se analizan en las recomendaciones emitidas por este organismo nacional, que ponen en evidencia que tanto las acciones de violencia sexual como las omisiones de seguimiento y atención adecuada a este tipo de casos se replican en las autoridades educativas a nivel estatal y federal.

45. Ahora bien, cabe señalar que si bien es cierto que las cifras sobre las quejas que han sido presentadas en las diversas instituciones señaladas son un dato representativo respecto a la situación de este fenómeno a nivel nacional, también es cierto que existe una gran cantidad de casos de violencia sexual escolar que no son denunciados ante ninguna autoridad o institución, lo que tiene como consecuencia que este problema permanezca en muchos casos invisibilizado.

46. En este sentido, se ha observado que la violencia sexual provoca cierta estigmatización y, consecuentemente, algunos padres ante el temor de que la situación se haga pública y que esto implique una revictimización de sus hijos no lo hacen del conocimiento de la autoridad competente; otra causa que ocasiona la falta de denuncia es la situación de amenaza que viven muchas de las víctimas, por el temor a sufrir represalias por parte de su agresor. Así también, existen casos en los que las mismas autoridades educativas dificultan el procedimiento de queja y/o denuncia, desincentivando a las víctimas o a los padres de familia de las mismas, de forma tal que pueden llegar a desistir sobre su intención de hacer del conocimiento de alguna autoridad los hechos de violencia sexual.

47. Así pues, considerando la información obtenida por medio de autoridades estatales y nacionales, organismos defensores de derechos humanos y con base en las investigaciones realizadas, esta Comisión Nacional advierte la trascendencia de dar a conocer estos datos y realizar un análisis respecto de los mismos, con el objetivo de que se haga visible este fenómeno, que perjudica no sólo a la infancia sino a la sociedad en general, y se recomienda que se tomen las medidas integrales y necesarias a el fin de prevenir y erradicar este fenómeno.

II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

48. La violencia sexual en contra de una niña o niño dentro de un centro educativo es un fenómeno que causa daños graves y en muchas ocasiones irreparables; implica una seria vulneración a los derechos humanos que protegen a la infancia, por lo que resulta elemental que las niñas y los niños tengan la garantía de que sus derechos serán protegidos y de que éstos no serán trastocados por actos de violencia en su contra.

49. Los derechos humanos vulnerados a consecuencia de agresiones sexuales en centros escolares son el derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, al trato digno, a la educación y al desarrollo, los cuales se encuentran reconocidos tanto a nivel nacional como internacional; sin descartar que acorde a cada situación se pueden vulnerar otros derechos.

50. Ahora bien, conforme al interés superior de las niñas y los niños, éstos tienen como derecho primordial que las leyes, las políticas públicas, las acciones y la toma de decisiones de las autoridades en las que la infancia se vea implicada, deben buscar en todo momento el beneficio directo a favor de ésta, por lo que los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, deben dar prioridad a los temas relacionados con la niñez, encaminando sus actuaciones a favorecer de manera primordial a este sector.

51. Cabe señalar que el artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Federal reconoce que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que al respecto los instrumentos internacionales que se citan en este apartado deberán interpretarse en ese sentido, aunado a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la norma fundamental y los tratados internacionales

52. El artículo 4o. constitucional establece, en sus párrafos octavo y noveno, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de la infancia. Por su parte, la Convención Sobre los Derechos del Niño prevé, en su artículo 3.1, que en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social y que sean concernientes a las niñas y los niños, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán tener la consideración primordial de atender el interés superior de la niñez.

53. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere, en su artículo 24.1, que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

54. Estos instrumentos obligan al Estado mexicano, en cada uno de sus ámbitos de actuación, a llevar a cabo acciones encaminadas a preservar y proteger los derechos de las niñas y los niños en todas las esferas de su vida y, por supuesto, esto incluye el momento en el que se encuentran dentro de centros escolares al ejercer su derecho a la educación. Esto es, el interés superior de la niñez como principio rector debe guiar todas las leyes, políticas públicas y actuación de los servidores públicos, por lo que en su diseño y ejecución se deben contemplar todas aquellas situaciones que involucren a las niñas y los niños y deben ser concebidas y mirando en todo por su bienestar y mejor protección, teniendo en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad a las que están expuestos.

55. Referente al derecho a la educación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en el párrafo tercero de su artículo 3o., que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos aseguren el máximo logro de aprendizaje de los educandos; por su parte el artículo 28 de la Convención Sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de la infancia a la educación.

56. Respecto a la libertad y normal desarrollo sexual de la niñez, la Convención Sobre los Derechos del Niño prevé, en su numeral 19, que se deberá proteger a niñas y niños contra toda forma de perjuicio o abuso sexual a través de medidas, las cuales deben comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales, con objeto de proporcionar la asistencia necesaria a niñas y niños y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención, y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de estos casos y, según corresponda, la intervención judicial; asimismo, el artículo 34 de dicho instrumento señala que los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.

57. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, primer párrafo, apartado A de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental y su normal desarrollo, por lo que se les protegerá cuando se vean afectados por abuso emocional, físico y sexual.

58. En lo que atañe a la integridad personal, el numeral 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; así también, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes especifica, en su artículo 11, apartado B, que son obligaciones de todas aquellas personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación.

59. En alusión al derecho al trato digno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su numeral 5.1 y 5. 2 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño señala, en su artículo 37, que ningún niño podrá ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y por su parte, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enuncia, en su artículo 3o., párrafos primero y segundo incisos E y G, que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

60. Asimismo, en lo que se refiere al sano desarrollo de niñas y niños, el artículo 6 de la Convención Sobre los Derechos del Niño señala que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y se garantizarán, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del mismo; por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala, en su numeral 12.1, que los Estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y entre las medidas que deberán adoptar figuran las necesarias para el sano desarrollo de los niños.

61. Así pues, para que los derechos señalados anteriormente tengan un beneficio efectivo a favor de la niñez es necesario que, conforme al artículo 1o. constitucional, tercer párrafo, todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de la infancia, de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

62. Cabe destacar que los citados instrumentos son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, por lo que en consecuencia las autoridades, por medio de los servidores públicos, deberán atender las obligaciones expuestas; esto con el objetivo de que se garantice el respeto a los derechos de la niñez y se logre que las niñas y los niños de este país se desenvuelvan en un ambiente de reconocimiento a sus derechos humanos.

III. OBSERVACIONES

63. De forma preliminar, debe considerarse que para comprender el fenómeno de la violencia sexual deben tomarse en cuenta factores tales como los niveles educativos y la edad, así como las características de la población infantil que se atiende en ellos. Asimismo, que dentro de este grupo se encuentran otros; como las niñas, los indígenas y las niñas y los niños con discapacidad y los migrantes, quienes a su vez forman parte de otros grupos en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, se estima que quienes están en este supuesto tienen una condición de vulnerabilidad múltiple.

64. De igual forma, debe tenerse en cuenta que la violencia sexual infantil tiene diversas manifestaciones, ya que ésta no se reduce a los abusos sexuales y a las violaciones, sino que incluye otro tipo de conductas como comentarios, insinuaciones y miradas lascivas que atentan contra la dignidad y libertad sexual de los niños y las niñas que viven este tipo de agresiones.

65. Por otra parte, en la investigación realizada para la presente recomendación general, este organismo detectó que existen una serie de irregularidades en lo que respecta a la prevención, investigación, sanción y atención de casos referentes a la violencia sexual infantil en centros escolares, lo cual obstruye que los mismos sean detectados y tratados de forma oportuna. Así también, cabe destacar que el fenómeno de la violencia sexual infantil se ha detectado tanto en centros educativos públicos como privados.



Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos