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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 2da. Sesión

Legislativa Ordinaria



CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 35
INFORME FINAL
2 de noviembre de 2017

A la Cámara de Representantes de Puerto Rico:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes, previo estudio e investigación en torno a la Resolución de la Cámara 35, tiene el honor de presentar a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones para su aprobación.
Alcance de la Medida
La Resolución de la Cámara 35, ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre las necesidades de vivienda de la población de edad avanzada.
Análisis de la Medida
Como parte del análisis de la medida, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano realizó tres vistas públicas en las cuales participaron el Departamento de la Vivienda, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, el Departamento de la Familia, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, AARP Puerto Rico, la Coalición de Apoyo Continuo para las Personas Sin Hogar de San Juan Inc., y la Escuela de Ecología y Nutrición de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, se recibieron los comentarios de la Alianza de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces de Puerto Rico.
El Departamento de la Vivienda expresa que el sector de la llamada “tercera edad” constituye el grupo poblacional de mayor crecimiento en Puerto Rico. Según el Censo Poblacional de los Estados Unidos, en el año 2010 en la Isla habían 760,075 personas mayores de 60 años de edad, representando el 20.4% de la población total. Para el año 2015 esta población había aumentado un aproximado de 820,400.
La Encuesta Comunitaria de 2015, preparada por la Oficina del Censo, reveló que el 40.2% de las personas mayores de 65 años viven bajo el nivel de pobreza federal, lo cual representa cientos de miles de ciudadanos de edad avanzada que enfrentan a diario penurias económicas. El rápido crecimiento de esta población requiere que el Gobierno de Puerto Rico se prepare para evitar un aumento en los casos de ancianos viviendo en condiciones precarias, implantando programas para prevenir situaciones que afecten el bienestar social de este sector.
Según el Departamento a través de sus diferentes programas, atienden la problemática de vivienda para diversos grupos, incluyendo la población de la tercera edad. Específicamente, en lo que concierne a este sector, su Ley Orgánica le impone a la Agencia la obligación de promover y fomentar el establecimiento de programas especializados en coordinación con otras agencias gubernamentales y municipales, dirigidos a impulsar iniciativas de construcción de viviendas asequibles para personas de edad avanzada que incorporen, coordinen y optimicen todos los recursos disponibles para estos fines.
El Departamento tiene, además, la función de fomentar la creación y desarrollo de proyectos de vivienda integrados en los conceptos de égidas y vivienda asistida, así como promover el alquiler de viviendas para personas de edad avanzada con ingresos bajos, según dispone la Ley Núm. 165 de 23 de agosto de 1996.

Por otro lado, la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia adscrita al Departamento de la Vivienda, dentro de su misión de mejorar la vida y actividad comunitaria en los residenciales públicos, atiende las necesidades de la población de edad avanzada de escasos recursos.


El Plan de Vivienda Estatal del Departamento, el cual fue desarrollado con la colaboración del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (“HUD” por sus siglas en inglés), define la necesidad de vivienda de interés social para la clase trabajadora, las familias monoparentales, jóvenes adultos, personas de la tercera edad y poblaciones con necesidades especiales. El mismo reconoce que existe una necesidad considerable de viviendas de interés social, por lo que incorpora cambios de política en dos áreas críticas: (1) la integración de uso de terrenos e iniciativas de desarrollo urbano con programas de vivienda y (2) asegurar que el marco institucional es adecuado para avanzar los objetivos de la política pública de vivienda.
En el caso de la población envejeciente, el Plan promueve la creación y renovación de viviendas en cascos urbanos tradicionales, como una herramienta para atender la falta de transportación adecuada de este grupo. No se trata únicamente de proveer un techo para los envejecientes. Los proyectos del Departamento agrupan servicios esenciales para esta población, incluyendo entre otros, talleres de nutrición, manejo de emociones, higiene personal y manejo de presupuesto. Además, se desarrollan actividades sociales que permitan evitar el ocio y mejorar la calidad de vida de este sector.
En el desempeño de sus obligaciones hacia esta población, la AVP opera varias égidas en el Municipio de San Juan: Residencial Emiliano Pol (208 unidades); Residencial Beatriz Lasalle (100 unidades); Residencial Leopoldo Figueroa (240 unidades); y Residencial Jardines de la Nueva Puerta de San Juan (40 unidades); y en el Municipio de Luquillo el Residencial El Cemí II con 50 unidades de vivienda.
Al momento de la redacción de este Informe se encuentran en desarrollo cuatro proyectos adicionales para atender esta población, a saber:


  1. Res. Felipe Sánchez Osorio, desarrollo con 153 unidades de vivienda en el Municipio de Carolina. Este proyecto se encuentra en proceso de construcción.




  1. Res. Ponce de León, desarrollo de 285 unidades de vivienda en el Municipio de San Juan. Se adquirió el terreno y al presente está en proceso de diseño.




  1. Res. José Gautier Benítez, desarrollo de 200 unidades de vivienda en Caguas, actualmente en etapa de diseño final para aprobación.




  1. Res. Rafael Hernández, desarrollo de 144 unidades de vivienda, programado para el año 2020, en el Municipio de Mayagüez.

Además, se continúa identificando predios y proyectos a través de todo Puerto Rico para atender esta importante población.


Con el fin de conocer el proceso para determinar cómo se establece una egida, Vivienda indica que como parte de su gestión la AVP realiza estudios para identificar la necesidad poblacional existente en Puerto Rico de personas mayores de 62 años. Este análisis conlleva la evaluación de la población, por área, a través del Censo Poblacional de Puerto Rico. Una vez se identifica el área prioritaria, se da inicio a un proceso de diálogo con el municipio donde se refleje dicha necesidad.
En su Plan Consolidado, el municipio establece su necesidad y planes para el establecimiento y desarrollo de una egida, unido a la AVP. Por su parte, la AVP establece, en su Plan de Cinco Años, y en su Plan Anual, la creación de una nueva egida. Una vez se identifica el área o la propiedad objeto del desarrollo de la egida, se prepara una propuesta para la consideración de HUD. La propuesta debe contener el propósito del desarrollo y establecimiento de una nueva egida en el área previamente identificada, e incluir la justificación para la creación de la misma. Se toma en consideración la opinión de la comunidad, la cual se obtiene a través de la celebración de una vista pública, llevadas a cabo en el municipio en que se proyecte la realización de la egida.
Es de conocimiento que en el Departamento de la Vivienda existe una lista de espera para la solicitud de un hogar. Cónsono con el Reglamento Núm. 8624, conocido como el “Reglamento sobre la Política de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, el orden de prioridad es el siguiente:


  1. Desplazamiento

  2. Familia Trabajadora

  3. Violencia en el Hogar

  4. Personas sin Hogar

  5. Veteranos

  6. Unificación Familiar

Cabe destacar, que en la actualidad, la lista de espera de la AVP refleja una cantidad de 26,563 solicitantes de vivienda pública, de los cuales 1,999 son personas de 62 o más.


De otra parte y conforme al sistema electrónico de información de la AVP, conocido como “Public and Indian Housing Information Center” (“PIC”, por sus siglas en inglés), al mes de enero de 2017, el número total residentes de unidades de vivienda pública es 120,472. De otra parte, el PIC señala que 9,298 de los residentes, equivalente a un 8% del universo, son personas de 62 a 82 años, y que 1,018 de los residentes, equivalente al 1% de la población, son personas de 83 años o más.
Por otro lado, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) destaca que el acceso a una vivienda adecuada constituye una exigencia imprescindible para una plena satisfacción de las necesidades humanas. Conocer el número de hogares con personas mayores y la estructura familiar donde viven, es necesario para fines de crear una política pública. Cuando se analiza la proporción de hogares en que hay una o más personas mayores, las cifras son mucho más elevadas que el porcentaje de población de 60 años y más.
Además es importante centrarse en el hogar como unidad de análisis, ya que “el hogar” es uno de los ámbitos más importante para las transferencias de apoyos en que participan las personas mayores, ya sea como receptores o dadores de ayuda. Los indicadores más apropiados para este análisis son: a) el porcentaje de hogares con al menos una persona de 60 años y más residiendo en ellos, b) el porcentaje de hogares con personas mayores según tipo de hogar y familia, y por último c) la tasa de jefatura de hogar de la población adulta mayor.

Puerto Rico, enfrenta un reto demográfico debido al aumento de la población de personas de edad avanzada, por lo que es necesario que se creen las condiciones adecuadas que promuevan el acceso a una vivienda digna y accesible.


Las proyecciones realizadas por el “US Bureau of the Census” son reveladoras e indican que la tendencia de aumento en la población de edad avanzada continuará. Se estima que para el año 2020, la población de 60 años o más representará un 25.9 por ciento de la población total de la Isla. Es decir, una cuarta parte de la población será de edad avanzada. Se espera que para el año 2050, el 37.2 por ciento de la población serán personas de 60 años o más.
De otra parte, el Departamento de la Familia resalta que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.
Los cambios que trae consigo el aumento de la población de adultos mayores implican que, al Gobierno debe llevar a cabo iniciativas para determinar cuáles son las necesidades de esta población y qué se puede hacer para satisfacerlas. Una gran cantidad de personas de edad avanzada no pueden satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y vestimenta, ya que viven bajo los niveles de pobreza. De acuerdo a la Encuesta de la comunidad realizada por el Censo, durante el año 2013, el 39% de las personas de 65 años o más se encontraban bajo el nivel de pobreza. Durante el año 2014 el ingreso principal de las personas de edad avanzada fue el seguro social, seguido del Programa de Asistencia Nutricional. Muchos de estos adultos mayores no cuentan con los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades y sufren el abandono por familiares.
Con este trasfondo estadístico, el Departamento entiende que el Gobierno de Puerto Rico debe trabajar en la búsqueda de alternativas que provean alivio económico y alternativas para cubrir las necesidades básicas de los envejecientes. Aunque ya se han aprobado leyes dirigidas a la protección de los derechos de esta población, tanto a nivel federal como estatal, la realidad es que el aumento de la población de personas de edad avanzada debe provocar, así mismo, el aumento en medidas que propendan en la búsqueda de la seguridad y bienestar de esta población.
El Departamento de la Familia como parte de su mandato de ley debe proveer servicios a la población en necesidad. Este mandato incluye la intervención con adultos mayores cuando su seguridad y bienestar se ven afectados. El Programa de Servicios a Adultos de la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), ofrece el servicio de auxiliares en el hogar a personas de edad avanzada y adultos con impedimentos físicos que no pueden valerse por sí mismos para su cuidado personal y manejo del hogar. Este servicio es uno de carácter temporero y busca que los adultos, que carecen de familiares que puedan ayudarlos, estén ubicados en sus hogares evitando la reubicación en hogares sustitutos.
Sin embargo, cuando el bienestar y la seguridad de la persona de edad avanzada se ven en peligro, la opción disponible es la remoción del adulto de su hogar y eventual reubicación en un hogar sustituto. Esta tipo de acción del Departamento se lleva a cabo dentro de su servicio de protección. A través del servicio de protección se pretende evitar que las personas de edad avanzada y adultos con impedimentos sean víctimas de maltrato en sus diferentes
manifestaciones: negligencia, abuso físico, abuso sexual, abandono, explotación o auto negligencia. Esta protección también se da cuando la persona de edad avanzada vive en condiciones infrahumanas o la propiedad en la que reside no se encuentra en condiciones adecuadas de vivienda. Como parte del servicio de protección se investiga y evalúa la necesidad, y se formula un plan que puede incluir la coordinación de servicios con el municipio de residencia de la persona de edad avanzada para mejorar su vivienda.

No obstante, hay instancias en que el Departamento de la Familia, como parte de un plan de servicios o de acción protectora, reubica al envejeciente en un hogar sustituto, aun cuando este es dueño de su propiedad. En la mayoría de las ocasiones, esta acción conlleva el abandono de la propiedad, ya que el Departamento, aunque ostenta la custodia del adulto mayor, no tiene autoridad para alquilar o vender dicha propiedad en beneficio de éste. Esto implica que, a pesar del potencial de ingresos que puede ayudar al pago de los servicios a favor de la persona de edad avanzada, el Departamento tenga que, en muchas ocasiones, asumir el pago del hogar sustituto y satisfacer sus necesidades básicas. El sistema judicial como parte del proceso de otorgamiento de custodia en algunos casos, le provee esta autoridad al Departamento, pero el mismo no es automático. Por lo que, sugieren que dentro del proceso de evaluar e identificar la necesidad de esta población se tome en consideración este hecho, así como la creación de legislación que provea dicha potestad de manera automática.
Según Familia, actualmente la gran mayoría de las notificaciones relacionadas a vivienda que reciben sobre esta población es por razón de procedimientos de desahucios. Muchos de los cuales son llevados a cabo debido al impago del canon de arrendamiento o por no mantener la vivienda en condiciones adecuada. Ante estas situaciones el Departamento tiene que llevar a cabo planes de servicios y acciones de protección para ubicar a las personas de edad avanzada en algún lugar adecuado y satisfacer su necesidad de vivienda.
Cada dos años y como requisito del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés), Familia realiza el Conteo de Personas sin Hogar. Este año se llevó ya se llevó a cabo y se identificaron 3,501 personas sin hogar en Puerto Rico. Los municipios con mayor índice de personas sin hogar son San Juan con 26.2%, Ponce con 6.3%, Arecibo con 6.0% y Caguas con 5.3%.
En cuanto a la población de edad avanzada, lo único que se pudo identificar en el resumen del estudio que fue presentado a la Comisión, fue que 4 de cada 10 personas sin hogar, son adultos mayores de 50 años o más. Los tres aspectos principales identificados como razón para estar sin hogar son: el abuso de las drogas, problemas familiares y problemas económicos.
Mientras la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), indica que cuenta con varios programas que atienden las necesidades de vivienda de estos sectores a saber; el Programa Mi Casa Propia, la Ley 77 de 2015 conocida como Ley de Créditos Contributivos por Inversión en la Nueva Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados y el Programa Low Income Housing Tax Credit de HUD. El Programa Mi Casa Propia es un programa de subsidios para la adquisición del hogar principal del beneficiario. Este programa beneficia a miles de familias de bajos y moderados recursos todos los años. Desde el comienzo del programa se han otorgado $11,311,257.10 para un 97.21% del total del presupuesto asignado beneficiando a 4,337 familias con este programa.
Por otro lado el Programa Low Income Housing Tax Credit es el programa más importante en los Estados Unidos cuando se trata del desarrollo de vivienda asequible para personas de bajos y moderados recursos. La AFV tiene la encomienda de administrar este programa y actualmente tienen ante su consideración 12 proyectos con un total de 1,461 viviendas a desarrollarse. Mientras que la Ley de Créditos Contributivos por Inversión en la Nueva Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados, Ley 77-2015, tiene como propósito otorgar créditos contributivos para el desarrollo de viviendas para familias de ingresos bajos o moderados, específicamente en su Capítulo II, sobre viviendas para personas de edad avanzada.
Según la AFV, durante la ronda de evaluación de propuestas de 2016 que culminó el 31 de enero de 2017 se sometieron 6 solicitudes que traerán un desarrollo de 1,560 viviendas para alquiler de familias con ingresos bajos o moderados. El desarrollo de estos proyectos atenderá la necesidad de vivienda de personas de edad avanzada. La Ley 77-2015 conforme su exposición de motivos es el resultado de un análisis de varios estudios que reflejan que la población de mayor crecimiento es la de edad avanzada. Según la exposición de motivos “[e]n el 2020 se proyecta que habrá alrededor de 983,130 personas con 65 años o más en el País y en 36 años, la población entre 75 a 85 años en Puerto Rico se habrá triplicado.”
La AFV expresa que han identificado que el Programa de Subsidio de Arrendamiento y mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, establecido la Ley 173 y adscrito al Departamento de la Vivienda tiene problemas de fondos. El programa está paralizado y se estima que para el próximo año se habrán gastado las reservas con las que está operando actualmente. Esta situación va traer problemas financieros a todas las egidas alrededor de Puerto Rico que operan bajo el subsidio este programa si esta situación no se atiende con premura podrían haber personas de edad
avanzada perdiendo su hogar por no contar con el dinero para poder pagar su renta. Más aún, hay proyectos que fueron desarrollados bajo el programa de créditos contributivos del tesoro federal que tienen este subsidio que podrían correr peligro y tener el efecto de incumplimiento a nivel federal con la Sección 42 del Departamento del Tesoro.
La AFV indicó, que al ser subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se limita el propósito de proveer a la Autoridad la solidez fiscal y el acceso a los mercados secundarios necesarios en los mercados de capital que sirvan como fuente de financiamiento para el desarrollo, rehabilitación y adquisición de viviendas de interés social. Además, la administración de ciertos programas de viviendas, incluyendo programas de subsidio, seguros hipotecarios y el desarrollo, operación y mantenimiento de viviendas para su venta o alquiler a familias de ingresos bajos a moderados.
Como resultado del control operacional del BGF, la AFV dispuso más de $109 millones en activos de préstamos hipotecarios multifamiliares y unifamiliares. Estos actos afectarán la solidez financiera de la AFV y han dejado al Director Ejecutivo sin las herramientas operacionales para poder maximizar los recursos de la Autoridad. Razón por que están trabajando para lograr la separación del Banco y operar como en los estados de la nación como un ente independiente que sea eje del desarrollo económico en Puerto Rico.
La AFV ponderó y evalúo las tendencias e implicaciones para el esbozo de una política social óptima sobre la vivienda en Puerto Rico. Se hizo una reevaluación de los aspectos asociados para impulsar la construcción, financiamiento, rehabilitación y otorgación de subsidios. Se estarán presentando iniciativas estratégicas para impulsar la demanda de vivienda y conseguir la autosuficiencia de la población en los residenciales públicos.
Expone la AFV que el Plan para Puerto Rico establece varias iniciativas de programas para atender la necesidad de vivienda que tienen las personas de edad avanzada tales como: Programa Techo Dorado, Programa Vivienda Asistida y Programa Egidas del Siglo 21.
Culminan indicando que en la AFV, en cumplimiento con la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, tienen la encomienda de trabajar en beneficio de los sectores más vulnerables, brindándole oportunidades de residir en una vivienda digna y de acuerdo a sus necesidades.
De otro parte, AARP Puerto Rico indica que un estudio que realizaron en el año 2014 sobre el tema de vida independiente y continuo de cuido, reveló que un 87% de los adultos mayores de 45 años encuestados desean permanecer en su hogar y su comunidad con el apoyo necesario, una vez lleguen a una edad en que no puedan desempeñar sus tareas diarias por sí mismos. De igual manera, un 98% indicó que era importante tener servicios disponibles que le dieran la opción a las personas de permanecer viviendo en su hogar el mayor tiempo posible.
A juicio de AARP, ante la evidente importancia que tiene la vivienda para el adulto mayor en Puerto Rico, resulta lamentable que la política pública del Gobierno no promueva un desarrollo que esté alineado con criterios de vivienda accesible, asequible, adecuada y diversa que atienda sus necesidades, permitiéndoles vivir y madurar en su hogar y su comunidad. Un concepto integrado de vivienda requiere que sea accesible para ajustarse a las exigencias y estilos de vida de la persona, asequible para que esté al alcance de su bolsillo, adecuada de acuerdo a sus necesidades para su bienestar y disfrute en comunidad y diversa mediante variedad de opciones y modalidades que atiendan los distintos segmentos de la población adulta mayor.
Además, la política pública existente ha sido de alcance muy limitado, ya que se ha enfocado exclusivamente en el desarrollo de vivienda para poblaciones de escasos recursos, obviando la necesidad de otras modalidades de vivienda que respondan a las necesidades y exigencias del resto de la población (de ingreso medio, medio alto y alto) según envejece. Resulta importante resaltar que los límites de ingresos que establecen los programas de vivienda existentes son, por demás, extremadamente limitantes. En el caso del adulto mayor, es como si todo aquél que esté por encima de los parámetros establecidos de escasos recursos, aunque sea por el más estrecho margen, no tuviera necesidades de vivienda y quedan en la total invisibilidad ante el sistema.
Por eso, para AARP resulta urgente que se actualice la política pública de vivienda con un enfoque global que tome en consideración que la población adulta mayor del país no es homogénea, sino que existen diversos segmentos entre los mayores de 50 años que pueden agruparse y clasificarse según edad, género, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, grado de preparación, situación laboral y circunstancias familiares, entre otros. En este sentido, los límites y parámetros de ingresos establecidos por programas federales o estatales no deben ser la única consideración en el análisis de las necesidades de vivienda para la población adulta mayor del país.
La vivienda de la población adulta mayor se puede dividir en dos renglones principales: independiente y asistida. En el renglón de vida independiente, están los adultos que habitan vivienda unifamiliar como lo es una residencia o en vivienda multifamiliar como los complejos de apartamentos o las égidas. En el segundo renglón de vida asistida se encuentran los hogares de cuido y los complejos de vida asistida, en donde las personas viven con algún grado de independencia pero asistidos por personal de servicio.
Dentro del primer renglón antes mencionado, las unidades de vivienda unifamiliar resultan de mayor relevancia para adultos entre los 50 y 65 años, muchos de los cuales tienen a sus padres de edad más avanzada, a sus hijos o a sus nietos viviendo con ellos. Para estos adultos mayores en particular, su necesidad más apremiante es ir adecuando la vivienda, de manera que la misma se acomode a sus necesidades según envejece. Las dimensiones y especificaciones de la propiedad que adquirieron cuando eran más jóvenes ya no resultan apropiadas para sus cambios de vida según maduran.
Si se analiza el mercado en Puerto Rico, la necesidad apremiante de vivienda en la población adulta mayor es de propiedades multifamiliares, como los complejos de apartamentos de una o dos habitaciones y las égidas. En este sentido, el reto del desarrollo de vivienda independiente que se acomode a la realidad poblacional debe: (1) analizar el amplio inventario de propiedades unifamiliares disponibles y explorar las posibilidades de convertirlas en vivienda multifamiliar; y (2) enfatizar que la construcción de nueva vivienda debe orientarse hacia unidades multifamiliares de una o dos habitaciones, edificadas conforme a los guías y criterios de “diseño universal”, aplicables en la actualidad a las unidades que se construyen con fondos de programas federales.
En relación al segundo renglón de vivienda antes mencionado, el de vivienda asistida, en Puerto Rico hay mucho por hacer para satisfacer la demanda de vivienda asistida asequible y de calidad. Es importante revisar y actualizar todo el marco legal aplicable a los hogares de cuido y al potencial extraordinario que existe en Puerto Rico de desarrollar una industria robusta de servicios relacionados al cuido de larga duración y de vida asistida.
En la actualización de la política pública, urge analizar y revisar la Ley Núm. 244 de 3 de septiembre de 2003, “Ley para la Creación de Proyectos de Vivienda de Vida Asistida”, cuyas exigencias y los requisitos establecidos por el reglamento correspondiente han sido vistos por muchos como potencialmente limitantes.
Ya sea en el renglón de vida independiente o de vida asistida en Puerto Rico hace falta un énfasis en mayores alternativas de vivienda para la creciente población adulta mayor. Así lo reconoció el Plan de Vivienda, 2014-2018, sometido por el Gobierno de Puerto Rico al Gobierno federal. El Plan establece que el aumento en demanda de esta población requiere un acercamiento integrado alineado con las diversas necesidades de esta población. Se delinearon las siguientes acciones específicas:


  • Identificar y definir las necesidades particulares de esta población respecto al tipo de unidad necesaria y los servicios requeridos, incluyendo servicios de salud, transportación y calidad de vida. Integrar a las agencias encargadas de brindar esos servicios en la planificación de programas de vivienda para adultos mayores.




  • Que la selección de la ubicación para complejos de vivienda de adultos mayores tome en consideración el acceso a servicios de salud y otros. Existen recomendaciones (“best practices”) que pueden servir de guía para la producción de proyectos de vivienda para la población adulta mayor.




  • El desarrollo de un programa dirigido a proveer fondos para reparaciones de vivienda existente ocupada por adultos mayores, particularmente unidades ubicadas en cascos urbanos.




  • Evaluar la posibilidad de desarrollar unidades de vivienda accesoria (apartamentos) en vecindarios urbanos donde predomine la población adulta mayor para proporcionar vivienda de alquiler y a su vez procurarle ingresos complementarios a los residentes de edad mayor que ya no necesitan todo el espacio de su residencia.




  • Ante la situación fiscal, reevaluar y recomendar alternativas a las prioridades y al enfoque del programa establecido por la Ley Núm. 173 de 31 agosto de 1996, “Ley del programa de pareo estatal de arrendamiento para viviendas de veteranos y subsidio de arrendamiento y mejoras de vivienda para personas de mayor edad [personas de edad avanzada] de bajos ingresos.”

AARP suscribe estas recomendaciones como parte de la urgente y necesaria revisión y actualización de la política pública de vivienda. Además sería importante atender la disparidad existente en la definición de “persona de edad avanzada” para propósitos de política pública de vivienda. Para propósitos del gobierno federal, el criterio es mayores de 62 años, la edad mínima para cualificar para los beneficios del seguro social. No obstante, según el marco legal de Puerto Rico, “persona de edad avanzada” es el mayor de 60 años. Resulta significativa esta diferencia, ya que la protección de la política pública federal de la población de edad avanzada como “special needs”, técnicamente aplica sólo a los adultos mayores cuya edad se conforma a los criterios de la jurisdicción federal (62 años).


AARP señala que no se puede obviar en este análisis los factores económicos que inciden en la situación de vivienda del adulto mayor en el país. En la actualidad se enfrentan dos retos: (1) el alto costo de proveer la vivienda y (2) la falta de financiamiento para costear los proyectos de construcción y remodelación de vivienda adecuada para este sector poblacional.
En cuanto al tema de costos, AARP endosa la idea del desarrollo de alianzas triangulares, donde se ubican desarrolladores, municipios y entidades sin fines de lucro como colaboradores en igualdad de condiciones para el desarrollo de proyectos vivienda, desde la conceptualización (modelos, diseño universal), la autorización (permisos) hasta la construcción (edificación, habilitación). En particular, la Ley Núm. 157 de 9 de agosto de 2016), “Ley para viabilizar la restauración de las comunidades de Puerto Rico”, permite a los municipios adoptar estructuras en condición de “estorbo público” y trabajar con la deuda del CRIM para proveer espacios a organizaciones sin fines de lucro. Aunque habría que evaluar el perfil de las estructuras que cualificarían bajo esta ley para determinar cuáles son adecuadas para el desarrollo de vivienda de adultos mayores, este marco legal puede ser de utilidad para desarrollar esas alianzas triangulares. A su vez, la iniciativa de la Administración del Gobernador denominada como “Égidas del Siglo XXI” es también muy acertada al basarse en el desarrollo de esas alianzas.
El financiamiento es un problema preocupante y son muchos los desarrollos que están detenidos por falta de éste. Cualquier acercamiento al problema de la vivienda para adultos mayores en Puerto Rico debe contemplar qué resulta necesario hacer para motivar a las instituciones financieras, tanto los bancos como las cooperativas de ahorro y crédito, a integrarse como parte de las alianzas de desarrollo de vivienda. Por ejemplo, los bancos tienen fundaciones que pueden invertir en la comunidad. El éxito en lograr los objetivos depende de que todos sean parte de la ecuación: Instituciones financieras, desarrolladores, gobierno estatal y municipal y entidades sin fines de lucro especializadas en el adulto mayor.
La banca debe tener algún interés en que se formulen nuevos planes de utilización de vivienda disponible existente, sobre todo con el acervo de unidades de vivienda disponible. ¿Cuál es la posible adaptación de estas unidades para el desarrollo de vivienda multifamiliar para adultos mayores? ¿Cuál sería la posibilidad de establecer un programa que, mediante la utilización de fondos federales destinados a vivienda, permita que los bancos puedan disponer de estas propiedades a precios que permitan un margen de inversión para su remodelación y adaptación para la población adulta mayor? Estas son preguntas que pueden atenderse si se da paso a un diálogo amplio en la búsqueda de soluciones a la situación actual.
Para AARP, este tema de vivienda no puede estar apartado del asunto del desarrollo económico de Puerto Rico. Según un estudio efectuado por Oxford Economics en Puerto Rico, el enfoque en el “costo social” de brindar servicios a la población adulta mayor es totalmente erróneo. En Puerto Rico existe una fuerza poderosa de transformación socioeconómica, compuesta por 1.3 millones de adultos mayores de 50 años que aportan sobre $25 billones de dólares de producción a la economía del país. Esta “economía de la longevidad”, representa la suma de toda la actividad económica impulsada por las tendencias e intereses de la población 50+ y comprende tanto su adquisición de productos y servicios como la actividad económica, directa e indirecta, que generan mediante sus gastos y patrones de consumo.
La vivienda es parte de la economía de la longevidad y por eso la política pública no puede limitarse a los complejos de vivienda de interés social, ya que limitaría las posibilidades de la industria del desarrollo de hogares de aportar a la recuperación económica de Puerto Rico. Más allá de los proyectos que puedan ser financiados con fondos federales, existe una demanda de vivienda de adultos mayores en Puerto Rico, pero hay que saber atenderla con oferta apropiada. Debe ser prioritario analizar los prospectos y oportunidades de desarrollo de una industria de vivienda orientada al adulto mayor en Puerto Rico. Hay diversidad de ejemplos alrededor del mundo que podríamos adaptar a la realidad actual.
En países de Europa como Holanda y Finlandia, se han desarrollado comunidades multifamiliares de vivienda de apartamentos cerca de las universidades, que integran a jubilados con estudiantes universitarios dentro de los mismos complejos de vivienda. El concepto ha resultado altamente atractivo para ambos grupos poblacionales, creando un mercado en torno a ese estilo de vivienda. A través de los Estados Unidos, el “Green House Project” ha tenido un arraigo tremendo, un concepto de vivienda mediante el cual varios adultos mayores que no tienen vínculo familiar, se unen para vivir bajo un solo techo y comparten las áreas comunes de una casa (cocina, sala, comedor), pero manteniendo cada uno su cuarto dormitorio privado. Esta modalidad parte del concepto que muchos conocen de la residencia o dormitorio que se compartía en tiempos de universidad. En el caso de la población adulta mayor, ha tenido mucho éxito en atender los problemas de soledad y aislamiento que experimentan muchas personas según envejecen.
Según AARP, el tema de la vivienda no puede estar aislado del asunto de la prestación de servicios que deben estar accesibles en la comunidad. Una nueva política pública de vivienda en Puerto Rico debe distinguirse como un cambio de paradigma que contemple las posibilidades económicas de gestionar vivienda para este sector poblacional y cómo están íntimamente ligadas a sus necesidades de salud, recreación, convivencia, participación cívica y social y potencial de productividad. Un modelo que no esté inspirado en una política pública que incluya estas consideraciones no tendrá esperanza de futuro para atender la situación ni para potenciar los anhelos del adulto mayor puertorriqueño.
En síntesis, hay múltiples alternativas posibles; lo importante es facilitar que se tome acción debidamente enfocada dentro del marco de una nueva política pública que promueva el desarrollo de distintas modalidades de vivienda que permitan al adulto mayor vivir y madurar en su hogar, manteniéndose activo y productivo en su entorno:


  • Vivienda accesible: Que existan los recursos que le permitan a las personas efectuar las mejoras a la vivienda existente para atender sus necesidades, o que le brinden acceso a un tipo de vivienda que se ajuste a su estilo de vida (complejo unifamiliar v. multifamiliar; casas v. unidades en complejos de apartamentos, cooperativas de vivienda o égidas).




  • Vivienda asequible: Que hayan alternativas de financiamiento en el mercado para el desarrollo de nuevos conceptos de proyectos o remodelaciones de estructuras existentes. Desarrollo de programas y opciones para mitigar los altos costos de vivienda.




  • Vivienda adecuada: Que esté alineada con las necesidades personales del individuo y le proporcione un medio ambiente de bienestar en lo personal y participación e interconexión en sociedad.




  • Vivienda diversa: Que ofrezca variedad de opciones y modalidades creativas para acomodar a los distintos segmentos de la población adulta mayor.

De otra parte, la




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