Cerd/C/isr/14-16



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Cuadro 11


Personas empleadas y empleados, por ocupación, grupo de población y género, 2008

Ocupación

Total

Hombres

Mujeres

Miles

Distribución porcentual




Personas empleadas

Empleados

Personas empleadas

Empleados

Personas empleadas

Empleados

Total de trabajadores (en miles)

2 776,7

2 424,8

1 489,1

1 240,2

1 287,6

1 184,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Profesionales académicos

14,4

14,0

14,3

13,9

14,6

14,2

Otros profesionales y técnicos asociados

15,4

15,4

11,8

11,8

19,4

19,1

Personal directivo

6,8

6,8

8,8

8,8

4,6

4,7

Empleados administrativos

16,1

18,0

7,6

9,0

25,9

27,5

Agentes, vendedores y empleados de servicios

20,6

19,5

17,2

15,7

244

23,5

Trabajadores agrícolas calificados

1,3

0,8

2,2

1,4

0,3

0,1

Trabajadores industriales, de la construcción y otros trabajadores calificados

18,1

17,4

30,3

30,3

4,1

4,0

Trabajadores no calificados

7,3

8,1

7,9

9,2

6,6

6,9

Población judía (en miles)

2 363,0

2 060,1

1 193,3

986,3

1 169,7

1 073,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Profesionales académicos

15,5

15,1

16,0

15,7

15,1

14,5

Otros profesionales y técnicos asociados

16,1

16,0

13,4

13,4

18,9

18,3

Personal directivo

7,7

7,6

10,4

10,5

5,0

5,0

Empleados administrativos

17,7

19,8

8,6

10,1

27,0

28,7

Agentes, vendedores y empleados de servicios

20,9

20,1

17,6

16,3

24,3

23,5

Trabajadores agrícolas calificados

1,2

0,6

2,1

1,2

0,3

0,1

Trabajadores industriales, de la construcción y otros trabajadores calificados

14,5

13,8

25,2

24,9

3,8

3,7

Trabajadores no calificados

6,3

7,0

6,8

7,9

5,3

6,1

Población árabe (en miles)

341,1

295,8

259,2

219,5

81,9

76,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Profesionales académicos

8,5

8,4

7,2

6,7

12,5

13,2

Otros profesionales y técnicos asociados

11,4

12,4

5,4

5,6

30,4

31,9

Personal directivo

2,1

2,0

2,5

2,4

1,0

0,9

Empleados administrativos

6,9

7,8

3,8

4,4

16,8

17,5

Agentes, vendedores y empleados de servicios

18,0

15,5

16,1

13,7

24,2

20,6

Trabajadores agrícolas calificados

2,2

1,9

2,7

2,4

0,5

0,5

Trabajadores industriales, de la construcción y otros trabajadores calificados

39,1

38,7

50,4

51,0

3,5

3,7

Trabajadores no calificados

11,8

13,3

12,0

13,8

11,1

11,8

Fuente: Oficina Central de Estadística, Compendio de Estadísticas de Israel, 2009.

508. Trabajadores migratorios – Véase información detallada sobre la protección de los trabajadores migratorios en la sección relativa al artículo 5B supra.



Remuneración

509. De conformidad con la Ley de salario mínimo, actualmente el salario mínimo para los trabajadores mayores de 18 años está establecido en 3.850,18 NSI (1.040,60 dólares de los Estados Unidos). El salario mínimo se evalúa y actualiza el 1º de abril de todos los años, y se determina en función del salario mensual medio. Si, en la fecha mencionada, el 47,5% del salario mensual medio es mayor que el salario mínimo, éste se establecerá en ese porcentaje.

510. En comparación con otros países desarrollados, en Israel el salario mínimo es elevado en relación con el salario mensual medio, si bien la tasa de pobreza entre los miembros de la población cuyos ingresos se aproximan al salario mínimo se sitúa en torno al 20% en promedio. La ley prevé posibilidades, bajo ciertas condiciones, para acrecentar los ingresos de las familias cuyo sustento se basa en el salario mínimo. Sin embargo, la tasa de pobreza no se relaciona necesariamente con el monto establecido para el salario mínimo, sino con otros factores tales como el número de personas que aportan ingresos a la unidad familiar.

511. En el sector de la vigilancia y la seguridad, el salario mínimo es superior en un 2,5%, de conformidad con un convenio colectivo general.

512. En el caso de los jóvenes que trabajan, el salario mínimo se regula de la siguiente manera: el salario mínimo para los menores de 16 años asciende al 70% del salario mínimo normalizado; en el caso de los jóvenes entre 16 y 17 años, equivale al 75% y, para los menores de edad con más de 17 años, representa el 83%. Los jóvenes que trabajan como aprendices recibirán el 60% del salario mínimo normalizado.

513. En cuanto a las personas empleadas en el mercado de trabajo regular cuya capacidad de trabajo se ve reducida debido a una discapacidad, el salario mínimo se establece en el marco del Reglamento del Ministerio de ICT y de conformidad con las disposiciones específicas de la Ley de salario mínimo de 5747/1987. Dicho Reglamento, modificado recientemente, establece ahora seis categorías, a saber: un empleado con una capacidad de trabajo reducida de entre el 19% y el 30% tendrá derecho a un salario mínimo ajustado equivalente al 30% del salario mínimo normalizado; si la capacidad de trabajo reducida se sitúa entre el 30 y el 40%, el salario ajustado correspondiente equivaldrá al 40% del salario mínimo normalizado; el empleado con una reducción de su capacidad de trabajo de entre el 40% y el 50% obtendrá un salario equivalente al 50% del salario mínimo normalizado, y así sucesivamente. Un empleado con una capacidad de trabajo reducida en más del 80% tendrá derecho a la totalidad del salario mínimo.

514. El Reglamento del Ministerio de ICT tiene por objeto promover una remuneración digna para los trabajadores discapacitados cuya capacidad de trabajo se ve reducida, y al mismo tiempo asegurarles un empleo rentable económicamente, teniendo en cuenta que no cabe esperar que todos los empleadores den trabajo a esas personas por razones altruistas.

515. En noviembre de 2009, la División de Aplicación de las Leyes del Ministerio de ICT investigó los casos de más de 850 empleadores por presuntas infracciones de la Ley de salario mínimo, y ese mismo año se iniciaron investigaciones oficiales contra 500 de ellos. Además, se presentaron 44 acusaciones contra empleadores, y se impusieron 413 multas administrativas por un monto total de unos 3 millones de NSI (810.811 dólares de los Estados Unidos). A efectos comparativos, el número de investigaciones iniciadas contra empleadores que habían proporcionado empleo a trabajadores extranjeros en años anteriores fue de 9.834 en 2004, 4.170 en 2005, 3.743 en 2006 y 3.111 en 2007.

516. La Ley se aplica a todos los trabajadores, sean adultos israelíes, adolescentes, trabajadores extranjeros, trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, etc.

2. El derecho a formar y afiliarse a sindicatos

517. En Israel se reconoce la protección jurídica del derecho a formar sindicatos, que se aplica por igual a todas las personas. Ese derecho se amplió mediante varias decisiones judiciales importantes.

518. En 2007, uno de los trabajadores de la cadena de tiendas de café Coffee fue despedido por intentar establecer un sindicato. Al trabajador se le despidió ilegalmente, y el resto de los empleados del establecimiento iniciaron una batalla legal contra sus empleadores. Su lucha fue noticia de portada en los medios de comunicación locales y obtuvo el apoyo de la Histadrut (Federación General de Trabajadores de Israel). Después de un mes y medio de lucha pública y conflicto judicial, un juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv decidió que el empleado había sido despedido ilegalmente por tratar de formar un sindicato. La dirección de la cadena Coffee recibió una amonestación por despido improcedente y el trabajador fue readmitido en su puesto anterior (O.D.R. 6726/07 Alon-lee Green c. Excellence Coffee (19 de julio de 2007)). En este caso, el Tribunal citó la causa N.L.C. 43/3-209 Mifaley Tahanot c. Israel Yaniv, de 5 de noviembre de 1996, en que el Tribunal revocó el despido de dos trabajadores tras determinar que el motivo real del despido había sido su iniciativa conjunta de organizar un sindicato. Los trabajadores afectados declararon que el hecho de que un empleador pueda impedir que sus empleados organicen un sindicato mediante el despido de los trabajadores en cuestión, incluso si se les concede una elevada indemnización por despido improcedente, hará fracasar cualquier intento de los trabajadores para organizarse en un entorno de trabajo en que el empleador pueda oponerse a tales iniciativas. El Tribunal señaló además que, puesto que el derecho a la libertad de asociación es una de las libertades fundamentales garantizadas en el marco del sistema jurídico de Israel, los tribunales deben frustrar cualquier intento de oposición a la voluntad de los trabajadores de formar un sindicato que proteja sus derechos.

519. En 2008 se puso fin a la disputa con la firma de un convenio colectivo entre los propietarios de la cadena Coffee y la Histadrut. El convenio facilitó a los trabajadores prestaciones y derechos de los que no gozaban con anterioridad, y también proporcionó los medios para que otros trabajadores del sector de los servicios de hostelería se unieran y crearan sindicatos.

520. En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nacional concluyó que una decisión del Ministro de Transporte por la que se había permitido que transportistas distintos de los que permanecían en huelga aseguraran los servicios de transporte en la ciudad de Be’er-Sheva había causado un perjuicio grave, directo e intencional al derecho de los trabajadores a la asociación y a la huelga. El Tribunal declaró que el derecho de asociación estaba reconocido en el marco del sistema jurídico de Israel como derecho constitucional fundamental y derecho humano universal. Una huelga es el principal instrumento por el que un sindicato trata de convencer a un empleador para que entable un proceso de negociación y firme un convenio colectivo. Menoscabar el derecho de asociación equivale en la práctica a privar a los empleados de ese derecho. (N.L.C. 57/05 la Nueva Histadrut c. el Ministro de Transporte (3 de marzo de 2005)).

3. El derecho a la vivienda

La situación de la vivienda en Israel

521. Hay una disparidad entre el porcentaje de la población árabe con viviendas en propiedad (aproximadamente el 92,1% en 2007), en comparación con el 50%-75% para la población judía residente en las principales zonas urbanas como Tel Aviv o Haifa. Esa disparidad indica un enfoque distinto respecto de la propiedad y la posesión de tierras, en particular entre los clanes familiares característicos de las poblaciones minoritarias, según se describe a continuación.



No discriminación en la vivienda

La población árabe

Representación en el Consejo Nacional de Planificación y Construcción

522. El Consejo Nacional de Planificación y Construcción (en lo sucesivo "el Consejo") está integrado por 32 miembros, de los que un tercio son representantes de Ministros (nombrados por ellos), otro tercio son representantes de las autoridades municipales (nombrados por el Ministro de Interior) y el tercio restante son representantes públicos (nombrados en parte por el Ministro del Interior).

523. El Ministerio del Interior asegura una representación equitativa de todas las comunidades, regiones y poblaciones en el Consejo, incluida la población árabe; a este respecto, en agosto de 2009 había 3 árabes entre los 32 miembros del Consejo (los alcaldes de los municipios de Segev-Shalom, Bueina-Nugeidat (un sustituto del representante del municipio de Gedera) y un sustituto del representante de la Oficina del Primer Ministro).



Los árabes israelíes

524. Como se ha mencionado supra, en el caso H.C.J., 6698/95 Kaadan c. la Administración de Tierras de Israel (ATI), el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que el Estado no puede asignar tierras directamente a los ciudadanos sobre la base de su religión o nacionalidad. Tras el fallo del Tribunal, la ATI adoptó una decisión por la que se aplicarían de manera uniforme nuevos criterios de admisión a todos los interesados que solicitaran trasladarse a pequeños asentamientos comunales establecidos en tierras de propiedad estatal.

525. En respuesta a la sentencia del caso Ka’adan, el 24 de junio de 2006 la Organización Sionista Mundial determinó que la Agencia Judía está obligada a incluir a los árabes israelíes (incluidos musulmanes, cristianos, drusos y circasianos) en sus reuniones relativas a los planes de desarrollo para el Estado. El presupuesto anual asignado actualmente a estos planes es de 60 millones de NSI (16.216.216 dólares de los Estados Unidos), y se espera que aumente.

526. Como se indicó anteriormente, tras la petición mencionada supra y otras presentadas en 2004 ante el Tribunal Supremo en relación con la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles propiedad del Fondo Nacional Judío a las poblaciones minoritarias, y habida cuenta de la opinión del Fiscal General en el sentido de que la Administración de Tierras de Israel está obligada a acatar el principio de igualdad incluso al administrar las tierras del Fondo Nacional Judío, la Administración de Tierras de Israel y el Fondo Nacional Judío firmaron un acuerdo de principios en cuyo marco éste recibirá tierras en el Negev y en Galilea como compensación por la cesión de tierras en la zona central del país. El acuerdo se firmó el 7 de junio de 2009, y la asamblea general del Fondo Nacional Judío lo aprobó el 23 de junio de 2009. El nuevo acuerdo sobre rotación de tierras permite el traspaso de tierras gestionadas por la Administración de Tierras de Israel a cada arrendatario de manera que se protejan tanto el principio de igualdad como los objetivos del Fondo Nacional Judío.

527. La Administración de Tierras de Israel continúa funcionando de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de 1995 en el caso Ka’adan, cuyos principios de igualdad también son aplicables a la asignación de bienes raíces por el Estado. Así pues, el 27 de julio de 2005, el Consejo de Tierras de Israel aprobó la Directiva Nº 1064 relativa a la aceptación de candidatos a la adquisición de derechos de arrendamiento sobre bienes inmuebles ubicados en asentamientos agrícolas y comunales. La Directiva establece una lista cerrada de criterios legítimos para determinar la aceptación, incluido el requisito de confirmación previa de criterios especiales, así como la revisión de la decisión de los comités de examen mediante apelación ante la Administración de Tierras de Israel. El 22 de enero de 2007, el Tribunal Supremo aceptó la posición de la Administración de Tierras de Israel, según se refleja en la Directiva Nº 1065, y dictaminó que no está sujeta a los criterios de aceptación que determine un comité de examen de un asentamiento comunal, y que está autorizada a intervenir en caso necesario, de conformidad con la Ley de administración de tierras de Israel y las sentencias anteriores del Tribunal (H.C.J. 7575/06 Hasolelim "Young Maccabi" Group for Cooperative Agricultural Settlement Ltd. et al. c. la Administración de Tierras de Israel et al. (22 de enero de 2007)). El 14 de marzo de 2007, el Tribunal rechazó la solicitud de llevar a cabo una nueva vista del caso. El Tribunal dictaminó que el veredicto estaba basado en las circunstancias concretas del caso y no era determinante en relación con los tipos de localidades a los que no era aplicable el caso Ka’adan mencionado supra, o con el derecho de una localidad pequeña a preservar su carácter homogéneo y a establecer condiciones discriminatorias respecto de la aceptación de miembros/individuos. (H.C.J. Ad. H. 1107/07 Hasolelim "Young Maccabi" Group for Cooperative Agricultural locality Ltd. et. al. c. la Administración de Tierras de Israel et al. (14 de marzo de 2007)).

Planes esquemáticos para pueblos y aldeas árabes

Plan de urbanismo para la población árabe

528. Para obtener información detallada sobre este tema, véase la sección del presente informe relativa al artículo 2II.



Electricidad

529. La Ley de suministro de electricidad (orden temporal), de 5756-1996, se promulgó para resolver el problema de cómo proporcionar electricidad a los ciudadanos árabes y drusos cuyas viviendas se habían construido sin permiso de obras y que, por consiguiente, no estaban conectadas a la red eléctrica general. Esa Ley se modificó en 2001 para ampliar el suministro temporal durante un período de 7 años. En 2004 se modificó de nuevo para que la prórroga finalizara el 31 de mayo de 2007. Desde la promulgación de la Ley hasta el 31 de mayo de 2007, la Administración de Electricidad aprobó la conexión de 8.941 edificios a la red eléctrica. Recientemente se ha intentado promover una prórroga adicional de la Ley.



Evolución reciente

530. Como se mencionó anteriormente, habida cuenta de la importancia de promover la planificación urbanística de la población árabe, el Estado asignó un presupuesto de 56 millones de NSI (15.135.135 dólares de los Estados Unidos) a la promoción de planes de ordenación en localidades árabes entre 2000 y 2005. En los últimos años, el Gobierno ha asignado otros 25 millones de NSI (6.756.757 dólares de los Estados Unidos) a la promoción de planes de urbanismo en las localidades drusas, circasianas y beduinas del norte del país, así como otras localidades árabes del sur.

531. En los últimos años se han aprobado planes esquemáticos para otras ocho localidades beduinas en el Negev, cuya planificación y puesta en marcha está a cargo de la Autoridad para la Reglamentación de las Localidades Beduinas del Negev (véase información adicional infra).




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