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CERD/C/ARG/19-20

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NACIONES UNIDAS

CERD

Convención Internacional
sobre la Eliminación
de todas las Formas
de Discriminación Racial


Distr.
GENERAL

CERD/C/ARG/19-20


8 de junio de 2009

Original: ESPAÑOL

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN

Vigésimos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2008*

Adición

ARGENTINA**

[12 de diciembre de 2008]




INFORME CONSOLIDADO (19º y 20º) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

INTRODUCCIÓN

En el presente informe -que se presenta de manera consolidada conforme lo solicitado por el Comité en el párrafo 26 de sus observaciones finales luego del examen del último informe argentino (CERD/C/65/CO/1) en agosto de 2004- se describen las medidas adoptadas por la República Argentina desde esa fecha hasta la actualidad, para la implementación efectiva de la Convención.

Para facilitar el suministro de información, se ha procurado que el informe aborde los temas en los que se han producido novedades significativas en la aplicación de la Convención. Por su parte, se ha intentado evitar la repetición de información que ya se ha brindado con anterioridad al Comité y a otros órganos de control de tratados de los que la República Argentina es parte, a los que nos remitimos en honor a la brevedad.

Las cuestiones abordadas por el Comité en las observaciones finales al último informe consolidado presentado por la República Argentina serán abordadas con especial detalle.

Para la elaboración del presente informe, las organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron consultadas a través de los Foros de la Sociedad Civil que integran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

ÍNDICE

Párrafos Página

I. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA 1 - 4 5

II. MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS 5 - 13 5

III. AUTORIDADES DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN


DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y EL PRINCIPIO DE NO
DISCRIMINACIÓN 14 - 35 7

A. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y


el Racismo 15 - 20 7

B. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 21 - 22 8

C. Consejo Nacional de la Mujer 23 - 25 9

D. Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas


Discapacitadas 26 - 34 10

E. Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,


Seguridad y Derechos Humanos 35 12

IV. ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN 36 - 104 14

A. Normas jurídicas de protección de los derechos
fundamentales y legislación antidiscriminatoria 36 - 37 14

B. Jurisprudencia contra la discriminación 38 - 47 15

C. Gestión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo 48 - 78 20

D. El Plan nacional contra la discriminación 79 - 104 28

V. ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN 105 - 107 35

VI. ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN 108 - 119 36

A. Prohibición y castigo de actividades discriminatorias 108 - 110 36

B. Capacitación de las fuerzas de seguridad 111 - 119 36

VII. ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN 120 - 252 38

A. Protección de los pueblos indígenas 120 - 139 38



ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

VII. (continuación)

B. Protección de los migrantes 140 - 160 46

C. Protección de los refugiados 161 - 173 51

D. Protección contra la trata de personas 174 - 188 52

E. Protección de las personas con discapacidad 189 - 197 55

F. Protección de los niños, niñas y adolescentes 198 - 203 57

G. Inciso d) del artículo 5: otros derechos civiles 204 - 208 58

H. Inciso e) del artículo 5: derechos económicos, sociales y
culturales 209 - 252 59

VIII. ARTÍCULO 6 DE LA CONVENCIÓN 253 - 255 65

IX. ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN 256 - 280 66

A. Referencias normativas 264 - 280 67



Anexos

I. Legislación 70

II. Decisiones judiciales respecto a la posesión ancestral de tierras indígenas 72

III. Programa Patria Grande 79



Primera Parte

INFORMACIÓN GENERAL

I. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA

1. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha presentado los resultados correspondientes al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Éste constituye el noveno censo nacional y da continuidad a una extensa tradición estadística que se inicia en 1869, año en que se llevó a cabo el primer relevamiento de población con cobertura nacional.

2. Los resultados censales dan información de la población y de los hogares de acuerdo a variables precodificadas (derivadas de preguntas con opciones de respuesta predefinidas en el formulario censal) y codificadas (derivadas de preguntas sin opciones de respuesta predefinidas en el formulario censal) de la cédula censal: características habitacionales del hogar, atributos demográficos básicos, percepción de jubilación o pensión, cobertura de salud, alfabetismo, migración, asistencia escolar, nivel y grado de escolarización, situación conyugal, organización familiar, fecundidad, condición de actividad económica, categoría ocupacional, tipo de ocupación, tamaño y actividad del establecimiento. Se presenta información desagregada a nivel provincial/departamental, urbano/rural, localidad y áreas de gobierno local (municipios, comisiones de fomento, etc.).

3. Según el censo, se ha registrado una población total de 36,26 millones de habitantes. Los hombres son 17.659.072 mientras que la población femenina es 18.601.058. La concentración urbana es notable; de la población total, 13.827.203 viven en la provincia de Buenos Aires.

4. El INDEC realiza además encuestas complementarias de pueblos indígenas, de personas con discapacidad y de migraciones internacionales. Esta última se refiere a las migraciones de países limítrofes (Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay), por lo que no existen datos desglosados sobre la nacionalidad de todos los extranjeros. Tampoco existen datos sobre argentinos que tengan orígenes de grupos minoritarios.

II. MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS

5. El 1º de noviembre de 2006 el Congreso nacional sancionó la Ley Nº 26162, promulgada el 24 de noviembre del mismo año, que reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de conformidad con lo previsto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por Ley Nº 17722, para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser víctimas de violaciones por parte del Estado nacional de cualquiera de los derechos estipulados en dicha Convención. Esta norma designa al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como órgano competente dentro del ordenamiento jurídico nacional para recibir y examinar las comunicaciones previamente mencionadas.

6. Respecto al procedimiento para presentar comunicaciones individuales, el párrafo 4 del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial dispone que, el órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo -en el caso de la Argentina, el INADI- llevará un registro de las peticiones y depositará anualmente, por los conductos pertinentes, copias certificadas del registro en poder del Secretario General, en el entendimiento de que el contenido de las mismas no se dará a conocer públicamente.

7. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano designado a nivel nacional, el peticionario tendrá derecho a comunicar el asunto al Comité dentro de los seis meses. El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a la atención del Estado parte contra quien se alegare una violación de cualquier disposición de la presente Convención, pero la identidad de las personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas.

8. Finalmente, es menester destacar que con el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas que alegaren ser víctimas de violaciones de los derechos estipulados en la Convención, la Argentina reafirma una vez más su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos fundamentales.

9. Por su parte, el 15 de noviembre de 2006 el Congreso nacional sancionó la Ley Nº 2617, promulgada el 6 de diciembre del mismo año, que aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. Dicho protocolo establece que todo Estado parte en el mismo reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.

10. Asimismo, en fecha 21 de febrero de 2007 la República Argentina ratificó la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

11. También en febrero de 2007 nuestro país depositó el instrumento de ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

12. Paralelamente, en el mes de septiembre de 2008 la República Argentina ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.

13. Como ya fuera expuesto en informes anteriores, la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos antes mencionados, entre los cuales se encuentra la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, gozan de jerarquía constitucional. Diversas decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación han confirmado la mencionada preeminencia de los tratados sobre las leyes nacionales.



III. AUTORIDADES DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y EL PRINCIPIO
DE NO DISCRIMINACIÓN

14. Las principales autoridades nacionales con competencia en materia de lucha contra la discriminación son las siguientes.



A. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

15. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Fue creado por Ley Nº 24515 y tiene por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.

16. El artículo 1 del Decreto Nº 184/2005, transfirió el INADI del ámbito del Ministerio del Interior en donde se encontraba en ese entonces, a la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

17. Al INADI le fue encomendada, a través del Decreto Nº 1086/05, la coordinación de la ejecución de las propuestas indicadas en el documento titulado "Hacia un plan nacional contra la discriminación - La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas", al que se hará referencia en detalle posteriormente. Asimismo, el Decreto Nº 1086/05 dispuso que se invitara a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios provinciales a adherir a las disposiciones de dicho decreto y a participar en los estudios y acciones necesarios para la formulación del Plan nacional contra la discriminación.

18. En cumplimiento del mandato antes mencionado, el INADI articula su gestión a nivel local con delegaciones propias en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

19. Como fuera señalado al inicio del presente informe, el INADI es el órgano competente dentro del ordenamiento jurídico nacional para recibir y examinar las comunicaciones previstas en el artículo 1 de la Ley Nº 26162, que reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser víctimas de violaciones por parte del Estado nacional de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

20. En septiembre de 2006 asumió una nueva gestión en los cargos de Presidenta(e) y Vicepresidente(a) del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entre los objetivos principales de la misma, se encuentran:

a) La federalización de la gestión (por medio de la revitalización y/o creación de delegaciones del INADI en todo el país);

b) El mejoramiento de la atención a las personas en situación de discriminación, brindando un servicio integral de orientación y asesoramiento (por medio de la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita -08009992345-, posibilitando la realización de consultas a través de la página www.inadi.gov.ar, del programa de televisón INADI con vos y del asesoramiento jurídico a cargo de asesores(as) legales, que se brinda en las mesas de entradas del Instituto);

c) La creación y fortalecimiento de foros de la sociedad civil, que articulan la gestión en las diversas temáticas relacionadas con la discriminación;

d) La sensibilización de la sociedad en torno a la problemática que entraña la discriminación y la elaboración de políticas públicas que tengan como fin inmediato la educación en materia de diversidad.

B. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

21. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es la institución del Estado nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución nacional (art. 75, inc. 17). El Instituto fue creado a partir de la sanción de la Ley Nº 23302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada por el Decreto Nº 155 en febrero de 1989. Conforme las disposiciones de la Ley Nº 23302, el INAI se constituye como una entidad descentralizada con participación indígena, que depende en forma directa del Ministerio de Desarrollo Social.

22. Las principales funciones del INAI son:

a) Dispone la inscripción de comunidades indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites.

b) Es responsable de arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de "reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan" y regular, además la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Constitución nacional, art. 75, inc. 17).

c) Promueve la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.

d) Coordina programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades.

d) Promueve espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y comercialización de artesanías genuinas.



C. Consejo Nacional de la Mujer

23. El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo gubernamental de nivel nacional, responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres que tiene como propósito fundamental promover una transformación sociocultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país. Esta transformación está fundada en una nueva concepción de la ciudadanía que reconoce la existencia de desigualdades e inequidades que afectan el ejercicio pleno de la misma y promueve la responsabilidad compartida entre mujeres y varones.

24. Los objetivos específicos del Consejo Nacional de la Mujer son:

a) Legitimar ante la sociedad la relevancia de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia;

b) Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;

c) Fortalecer las Áreas Mujer provinciales y locales e impulsar la articulación de acciones conjuntas.

25. La consecución del logro de esta transformación social, para todo el conjunto de la sociedad, en pro de la equidad de género, incidiendo en los distintos sectores gubernamentales, responsables de las políticas públicas, se enmarca en las siguientes líneas estratégicas:

a) Impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales:

i) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con rango constitucional, en la Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994;

ii) Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia (Convención de Belém do Parà), Ley Nº 24632, aprobada por el Congreso nacional, en 1996.

b) Interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro de intercambio, debate y promoción de propuestas, para el diseño y el monitoreo de políticas con perspectiva de género;

c) Transversalidad en las políticas públicas en los distintos ministerios sectoriales: salud, trabajo, educación, desarrollo social, justicia e interior, a partir de actividades y programas conjuntos;

d) Federalismo en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las áreas mujer jurisdiccionales (provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires);

e) Fortalecimiento de vínculos con el poder judicial y el poder legislativo (nacionales y provinciales).



D. Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas

26. La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) ha sido creada por Decreto Nº 1101/87, siguiendo las propuestas del Programa de acción mundial para los impedidos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 37/52.

27. Las responsabilidad primaria de la CONADIS consiste en coordinar, regular, asesorar, promover y difundir con carácter nacional, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socioeconómico, asegurando una equitativa distribución y acceso a los beneficios que se instituyan.

28. El accionar de la CONADIS gira en torno de los principios fundamentales de la Constitución nacional, la legislación y los documentos internacionales en la materia, referidos a la igualdad, libertad y solidaridad, como principios inspiradores, para evitar la discriminación, favorecer la participación que garantiza la intervención, impulsar la descentralización que acerca la administración al ciudadano con discapacidad y la planificación, procurando eficiencia y agilidad para eliminar la duplicidad de funciones; alentar la animación comunitaria realizada a través de las comisiones, comités o consejos provinciales y municipales de discapacidad y el fomento de la iniciativa privada, destacando la importancia que tienen las ONG de o para personas con discapacidad en su constante accionar.

29. La CONADIS ve realzadas sus funciones a partir del Decreto Nº 984/92 que establece, entre otras, la de formular consensuadamente con los organismos nacionales y provinciales pertinentes y con la participación de las organizaciones privadas de y para personas con discapacidad las políticas sobre discapacidad y proponer su aprobación por los órganos que correspondan.

30. Conforme surge del Decreto Nº 984/92 y sus modificatorios, la CONADIS tiene entre sus principales funciones, las siguientes:

a) Proponer y elaborar proyectos y programas que permitan la implementación de políticas específicas sobre la integración de personas con discapacidad;

b) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el cumplimiento de la Ley Nº 22431 (sobre sistema de protección integral de personas con discapacidad) y medidas complementarias, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se cumplan sus finalidades;

c) Coordinar los programas que desarrollen sobre la materia las entidades públicas y privadas, organizando un Centro de Información y Documentación Computarizado sobre el tema de la discapacidad;

d) Gestionar la integración de fondos especiales con el fin de favorecer la integración de personas con discapacidad y estimular programas de investigación vinculadas con el área;

e) Coordinar con las provincias y municipios la implementación de las políticas para las personas con discapacidad, en el ámbito del Consejo Federal de Discapacidad creado por la Ley Nº 24657;

f) Participar, con carácter vinculante, en el análisis de las decisiones que se propongan en el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 3 del Decreto Nº 153/96;

g) Intervenir en todas aquellas acciones tendientes a asegurar la cobertura prestacional en prevención, asistencia y rehabilitación integral de las personas con discapacidad;

h) Intervenir en la elaboración de planes y programas destinados a la formación y perfeccionamiento de recursos humanos especializados en la asistencia a discapacitados;

i) Programar, organizar y apoyar campañas permanentes de información, concientización y motivación comunitaria relacionadas con el problema de la discapacidad.

31. Asimismo, la CONADIS evalúa el cumplimiento de la Ley de sistema de protección integral de discapacitados (Ley Nº 22431) y demás instrumentos legales y reglamentarios relacionados con las personas con discapacidad. También tiene entre sus funciones la de requerir de los organismos gubernamentales la información necesaria para el cumplimiento de su misión; impulsar la constitución de fondos especiales con el fin de atender la integración de personas con discapacidad y desarrollar, a tal efecto, acciones entre organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales.

32. La Comisión Nacional Asesora funciona bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -dependiente de la Presidencia de la Nación- y está integrada por 1 presidente, 1 directorio, 1 comité asesor y 1 comité técnico. El presidente, que se desempeña con rango y jerarquía equivalente a la de Secretario de Estado, ejerce la representación legal del organismo, dirigiéndolo y administrándolo, es asistido por un directorio compuesto en la actualidad por 3 directores y 1 coordinador, especializados en las diversas áreas conexas a la situación de discapacidad (prevención, rehabilitación, asistencia de mantenimiento y equiparación de oportunidades) y que proveen la información técnica que alimenta la toma de decisiones. Cuentan con equipos profesionales (reducidos) y apoyo administrativo.

33. El Comité Asesor reúne a los representantes de las asociaciones de personas con distinto tipo de discapacidad, lo que asegura la presencia de los propios interesados y la exposición y defensa de sus intereses, en un intercambio fluido. A través del Comité Técnico se articula la tarea con las áreas específicas de gobierno impidiendo así el trato segregado. La interrelación de estos comités permite lograr un real aprovechamiento de los recursos como así también su mejor distribución para alcanzar las metas propuestas.

34. A lo largo de todo el país y con el correr de los años se han ido organizando los consejos o comisiones provinciales de discapacidad que replican el modelo descripto. Su accionar se afianza con la constitución del Consejo Federal de Discapacidad, creado por Ley Nº 24657, procurando extender las políticas en la materia a todas las personas con discapacidad, en cualquier lugar del país. De tal suerte, la CONADIS, con dependencia del Gobierno nacional y con su correlato en los ámbitos provinciales y municipales, implica una estructura que no aumenta el gasto público ya que se implementa con reducido personal técnico y administrativo, que extiende su acción en la articulación con las áreas gubernamentales -educación, trabajo, desarrollo social, etc.- de que se trate y con las no gubernamentales

E. Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos

35. La función esencial de la Secretaría de Derechos Humanos es la promoción y protección de los derechos humanos en el país. La Secretaría lleva a cabo las siguientes actividades:

a) Programa de denuncias y procedimientos consistente en la recepción de denuncias de particulares relativas a conflictos que se pueden encuadrar como violación de los derechos humanos; presta asesoramiento a los denunciantes y deriva los casos a la autoridad nacional competente.

b) Programa de elaboración legislativa. Participa y asiste a las comisiones de derechos humanos del Congreso de la Nación.

c) Programa de relaciones institucionales. Con el objeto de promover y mantener fluidas relaciones con los organismos nacionales, públicos y privados, y extranjeros que trabajan en el área de los derechos humanos.

d) Consejo Federal de Derechos Humanos. Con el propósito de vincular y coordinar las políticas de promoción y garantía de los derechos humanos entre el Estado nacional y los Estados provinciales; asegurar una eficiente coordinación y una fluida corriente de comunicación para generar un ámbito de elaboración centralizado y una descentralización de acciones, teniendo en cuenta la realidad de cada provincia.

e) Programa de reparación histórica. La Secretaría de Derechos Humanos tiene a su cargo la tramitación de beneficios a los ex detenidos a disposición del poder ejecutivo nacional y civiles procesados por tribunales militares hasta el restablecimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983 y a los derechohabientes de personas desaparecidas.

f) Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Cuyo objetivo es impulsar la búsqueda de niños desaparecidos y determinar el paradero de niños secuestrados y desaparecidos con identidad desconocida, así como de niños nacidos en ocasión de encontrarse la madre privada ilegítimamente de su libertad y también de otros niños que no conocen su identidad porque, por distintas causas, fueron separados de sus padres biológicos.

g) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Esta área de gobierno es responsable de la custodia y actualización de los archivos de la CONADEP.




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