Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco



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Artículo 93-Bis. Tratándose de delitos de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, el Ministerio Público otorgará, tomando en consideración el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente, órdenes de protección de emergencia, las cuales tendrán una temporalidad no menor de un mes, pudiendo prorrogarse hasta tres meses y deberán expedirse dentro de las doce horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
A. Las órdenes de protección de emergencia consistirán en:
I. Desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble;
II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente a la víctima;
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de la familia.
En los municipios en donde no exista agencia del Ministerio Público, en el caso de violencia contra las mujeres, el síndico municipal deberá otorgar estas órdenes de protección de emergencia e, inmediatamente después de emitida, remitir copia de la misma a la agencia del Ministerio Público más cercana.
B. Las órdenes de protección preventivas consistirán en:
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución pública y privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad respectiva;
Las mismas disposiciones del párrafo anterior deberán aplicarse a las armas blancas u objetos que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;
II. Inventario de los bienes muebles o inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;
III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;
IV. Acceso al domicilio común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias, objetos de uso personal, así como documentos de identidad de la víctima, las de sus hijas, hijos o quienes se encuentren bajo su tutela, protección o cuidado;
V. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice la víctima en el momento de solicitar el auxilio, aun cuando no lo haya solicitado ésta de manera expresa y conforme a las disposiciones aplicables; y
VI. Las demás que establezcan las diversas leyes del Estado de Jalisco.
C. Además de las órdenes de protección antes mencionadas, las víctimas o sus familiares, tendrán los siguientes derechos:
I. Proveer regularmente a las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes;
II. Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor;
III. Canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se les proporcionen los servicios correspondientes; y
IV. Las demás que sean necesarias para garantizar los derechos humanos de la mujer, o que sean adecuadas para el mejor esclarecimiento de los hechos.
Artículo 93-Ter. La preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en contacto con ellos hasta la llegada del Ministerio Público o sus auxiliares.
Los servidores públicos que descubran indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso o instrumentos, objetos o productos del delito en el lugar de los hechos o en otro lugar, deberán informar de inmediato del hallazgo por cualquier medio eficaz y sin demora alguna al Ministerio Público y entregarle la custodia de la evidencia y realizar las diligencias necesarias.
De lo anterior se deberá levantar el acta circunstanciada, en la que conste entrega-recepción de la custodia, donde describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los indicios entregados, además de la firma autógrafa de los servidores públicos que entregan y de quienes reciben.
Artículo 93-Quater. El Ministerio Público y sus auxiliares responsables, para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberán:


  1. Revisar que se hayan seguido los procedimientos adecuados de resguardo y custodia; y




  1. Ordenar, según sea el caso, la práctica de los dictámenes periciales que resulten procedentes y llevar a cabo el aseguramiento correspondiente.


Artículo 94. En el caso del artículo anterior, se levantará una acta, en la que se expresarán: el lugar, fecha, hora y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y carácter de la persona que dio noticia de ellos y su declaración, así como las de los testigos presentes, cuyos dichos sean más importantes, así como la forma y medios con los que estos identifican al inculpado; y la del inculpado, si también se encontraré presente, la descripción de lo que sea objeto de inspección ocular, los nombres y domicilios de los testigos que no se haya podido examinar; las particularidades que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellos intervinieron; las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.
Los medios para la identificación del inculpado podrán ser: fotografías, fichas signaléticas, videos, cintas de audio, u otros medios idóneos reproducidos ante la víctima, ofendidos o los testigos quienes precisarán las razones por las cuales lo identifica.
De igual forma, en cualquier sitio habilitado al efecto por la autoridad ministerial, será colocado el reo de tal manera que éste no vea a la víctima, ofendido o testigo, quienes después de observarlo detenidamente, manifiesten si lo identifican o no.
Artículo 95. Cuando una autoridad auxiliar del Ministerio Público practique con ese carácter diligencias de averiguación previa, remitirá a éste, dentro de tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. Si hubiese detenidos, la remisión se hará inmediatamente después de la detención.

Artículo 96. Cuando se presentare ante la autoridad que hubiese iniciado una averiguación, un funcionario del Ministerio Público, éste deberá continuar por sí mismo las diligencias, en cuyo caso, tal autoridad cerrará su acta en el estado en que se encuentre y la entregará a dicho funcionario, así como los detenidos y los objetos que se hubiesen recogido, comunicándole todos los datos de que tenga noticia.

Artículo 97. Los agentes del Ministerio Público que practiquen diligencias de averiguación previa determinarán y lo harán constar en el acta en cada caso, qué personas quedarán detenidas y en qué lugar. En cuanto a los objetos afectos a la averiguación ordenarán su envío al juzgado respectivo, salvo el caso de objetos perecederos o de aquellos que por sus propiedades químicas puedan considerarse peligrosos.
El juez en el caso de que los objetos sean perecederos, determinará la forma en que se realice su venta y el producto, deberá depositarse a disposición del juzgado; y si fuere de los considerados peligrosos, si se procede o no a su destrucción o en su caso se depositaran en lugar adecuado a disposición de la autoridad judicial que conozca del asunto.

Artículo 98. Cuando se determine la internación de alguna persona en un hospital u otro establecimiento similar, deberá indicarse el carácter de su ingreso, el cual se comunicará a los encargados del establecimiento respectivo; si no se hiciere esa indicación, se entenderá que ingresa sólo para su curación.

Artículo 99. Si en el curso de las diligencias de una averiguación previa, apareciere que la muerte de una persona, probablemente, es el resultado de un delito y las actuaciones no estuviesen en estado de consignarlas al juzgado, el Ministerio Público expedirá las órdenes para la necropsia, la inhumación del cadáver y el levantamiento del acta de defunción respectiva; y en su caso, manifestará su conformidad para la extracción de órganos y tejidos en los casos de trasplantes, investigación científica, fines terapéuticos o docencia; este hecho se manejará en el mismo expediente de la averiguación previa por cuerda separada, remitiéndose copia certificada del mismo, al órgano jurisdiccional que conozca del asunto, una vez que haya sido ejercitada la acción penal correspondiente. De igual manera se procederá en los casos en que no haya elementos para ejercitar la acción penal.
Artículo 100. Si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación al juzgado; pero apareciere que con posterioridad podrían allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que se obtengan esos datos y, entre tanto, se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.
La resolución de reserva del respectivo agente del Ministerio Público será revisada por el Procurador General de Justicia del Estado, a quien se remitirá el expediente dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Artículo 101. En la práctica de las diligencias del Ministerio Público y de la policía investigadora, se observarán las disposiciones de este código.
Artículo 102. Cuando en vista de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público respectivo estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que hubiesen sido materia de la denuncia o querella inicial, remitirá el expediente con su opinión fundada, al Procurador General de Justicia, a fin de que decida si la averiguación debe continuar, con expresión de las diligencias pertinentes; si se suspende en espera de mejores datos; o si se archiva definitivamente. Contra esa resolución del Procurador no procede recurso alguno.
Artículo 102-Bis. Cuando con motivo de la averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado o de los testigos, tomando en cuenta características del hecho y las circunstancias personales, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste en un término de veinticuatro horas, resuelva sobre el arraigo con vigilancia de la autoridad
El arraigo será domiciliario, salvo aquellos casos en que la autoridad jurisdiccional por razones de seguridad o a petición del arraigado señale un lugar diverso.
El arraigado puede pedir en cualquier momento que esta medida quede sin efecto, la autoridad judicial decidirá escuchando al Ministerio Público y al afectado, sobre la subsistencia o el levantamiento de la providencia, misma que se decretará siempre que el arraigado demuestre la improcedencia o lo innecesario de la medida.
El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales, prorrogables por el mismo término una vez, a solicitud del Ministerio Público.
CAPÍTULO III

Resolución Final y Ejercicio de la Acción Penal
Artículo 103. Si en la averiguación previa transcurre más de un año sin elementos suficientes para ejercer la acción penal, el agente del Ministerio Público del conocimiento dispondrá su archivo y lo comunicará para su revisión al Procurador General de Justicia y, si éste aprueba, no podrá volver a ponerse en movimiento, sino por datos supervenientes y previo acuerdo del propio Procurador. En caso negativo se devolverá al Agente del Ministerio Público con expresión de las instrucciones pertinentes para continuar su integración.
Artículo 104. Inmediatamente que el Ministerio Público constate que en la averiguación previa se ha acreditado el cuerpo del delito en los términos del artículo 116 de este ordenamiento y la probable responsabilidad del inculpado, ejercitará la acción penal correspondiente precisando los hechos que la motiven y la solicitud para la emisión de la orden de aprehensión o la de comparecencia del inculpado, ajustándose a los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si se trata de delitos patrimoniales previstos en el Título Décimo Séptimo del Código Penal para el Estado de Jalisco, el Ministerio Público precisará cual es el monto del beneficio económico obtenido o del daño material causado, así como el salario mínimo general vigente en el área geográfica y época en que éste se cometió.
Artículo 104-Bis. El Ministerio Público estará facultado para llevar a cabo el desglose en copias certificadas, de las actuaciones relativas al trámite de la averiguación previa cuando existiendo la necesidad de consignar ésta en su integridad, resulte imposible hacerlo por concretarse alguna circunstancia que impida la plena identificación de alguno de los inculpados, o, cuando habiendo iniciado una averiguación previa por la posible comisión de más de un delito, el Ministerio Público sólo cuente con elementos para consignar respecto a uno o varios de los delitos, pero no respecto a todos.
En la hipótesis precisada con antelación, el Ministerio Público deberá:
I. Integrar cuaderno de antecedentes, que contendrá copias certificadas de la totalidad de las actuaciones del expediente original;
II. Asentar constancia del desglose efectuado, precisando para tal efecto el número de fojas a que se contraen las mismas y la causa del mismo; y
III. Registrar con un nuevo número las actuaciones desglosadas, para proseguir con la averiguación de los hechos relacionados con la averiguación previa inicial.
Artículo 105. Al recibir el Ministerio Público detenidos, verificará si la captura se ajustó a lo dispuesto por los artículos 145 y 146 de este ordenamiento; integrará inmediatamente la averiguación y hará la consignación al juzgado correspondiente. Si se hubiese hecho la detención en contravención a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenará que los detenidos queden en inmediata libertad, continuando con el trámite de la Averiguación Previa, para emitir la resolución que corresponda.
No se podrá retener a ningún indiciado por más de cuarenta y ocho horas, salvo en los casos de delincuencia organizada, en los que podrá duplicarse este término, todo abuso a lo anterior será sancionado por la ley penal.
Artículo 106. En las averiguaciones previas que se practiquen por delitos culposos, o con el manejo de maquinaria o elementos relacionados con el trabajo, el detenido deberá ser puesto en libertad bajo caución suficiente, cuando proceda conforma a la ley, por la cantidad que fije el Ministerio Público en los términos que establece el apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que no se sustraerá a la acción de la justicia. Este beneficio podrá ser solicitado por el propio indiciado o por persona de su confianza.
Cuando el Ministerio Público deje libre bajo caución al indiciado, le prevendrá que comparezca cuantas veces sea citado por el agente o por el juez para practicar diligencias en la respectiva averiguación previa y, concluida ésta, ante el juez a quien se le consigne; si no comparece sin causa justa y comprobada, se ordenará su aprehensión y se hará efectiva a favor del ofendido la garantía otorgada.
La garantía se cancelará y en su caso se devolverá por el Ministerio Público cuando se resuelva en los términos del artículo 100, 102 y 103 de este ordenamiento.
Consignado el caso, la garantía se considerará prorrogada tácitamente hasta que el juzgado respectivo decida su ratificación, modificación o cancelación y en caso de hacerse efectiva por orden del Juez, se efectuará su aplicación a favor de la víctima o el ofendido a falta de estos se aplicará a favor de la asistencia pública.
Artículo 106. Bis. Se deroga.
Artículo 107. En las averiguaciones previas que se practiquen por delitos no considerados como graves por este Código, deberá el ministerio público poner al inculpado en libertad bajo caución, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en este Código, por el monto que dicho servidor público fije en atención a las circunstancias a que alude la ley y se observarán las prevenciones de los dos últimos párrafos del artículo 106 de este Código. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a los reincidentes.
Artículo 108. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público; por tanto, a esta Institución compete:
I. Promover la incoación del Procedimiento Judicial;
II. Solicitar las órdenes de comparecencia para declaración preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes;
III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño;
IV. Aportar las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados;
V. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas;
VI. Pedir la libertad del procesado cuando ésta proceda; y
VII. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos y a la ejecución de las sentencias.

Artículo 109. El Ministerio Público no ejercitará la acción penal:
I. Cuando de los hechos que logre averiguar se advierta plenamente que no existe delito;
II. Cuando, aún pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos;
III. Cuando se encuentre extinguida;
IV. Cuando se hubieren cumplido las obligaciones impuestas a las partes en el convenio final del método alternativo de solución de conflictos en los delitos no excluidos por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; y
V. En los demás casos que señalen las leyes.
La resolución que se emita en los términos de la fracción IV de este artículo no requerirá aprobación del Procurador General de Justicia para surtir efectos.

Artículo 110. El Ministerio Público sólo puede desistir de la acción penal:

I. Cuando apareciere plenamente comprobado en autos que se está en alguno de los casos mencionados en el artículo anterior; y
II. Cuando, durante el procedimiento judicial aparezca plenamente comprobado que el indiciado no ha tenido participación en el delito que se persigue, o que existe en su favor alguna eximente de responsabilidad, también plenamente demostrada. En este último caso, el desistimiento se limitará a quienes se encuentren comprendidos en la respectiva eximente.

Artículo 111. Para que el desistimiento de la acción penal produzca el efecto señalado en la ley, deberá ser formulado expresamente por el Ministerio Público y confirmado por el Procurador General de Justicia.
Artículo 112. Cuando en las diligencias de averiguación previa con detenido, aparezca plenamente comprobado por cualquier medio legal que, al tiempo en que el inculpado ejecutó el hecho que se le imputa, se hallaba en alguno de los estado (sic) a que alude el artículo 13 del Código Penal, el respectivo agente del Ministerio Público motivará y fundará su determinación sobre el no ejercicio de la acción penal y la comunicará inmediatamente al Procurador, quien en un término de veinticuatro horas aprobará o no dicha determinación. En caso afirmativo, el expediente se archivará definitivamente y el detenido será puesto en libertad, pero si su estado físico o mental lo ameritase, será puesto a disposición de la autoridad que corresponda, para el tratamiento que proceda.
Si la opinión del Procurador fuere reprobatoria, ordenará se dicten los acuerdos pertinentes para la definitiva determinación de la averiguación previa.

Artículo 113. Las resoluciones en que se decida el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta y la determinación que haya sido aprobada por el Procurador, en el caso del artículo anterior, producirán el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción penal, respecto de los hechos a que dichas resoluciones se refieran o de reabrir el procedimiento, en su caso.
Esta resolución deberá ser notificada al ofendido para los efectos que establece el párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 114. La conformidad del Ministerio Público con la libertad por falta de elementos para procesar, con la libertad por desvanecimiento de datos y con cualquiera otra resolución incidental tendiente a la excarcelación del inculpado, no implica el desistimiento de la acción penal.

Artículo 115. En todo proceso del orden penal, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público por si, por abogado o persona digna de su confianza debidamente autorizada, proporcionándole todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la responsabilidad del inculpado y el daño o perjuicio causado, para tal efecto, podrá aportar y objetar pruebas; interponer recursos con la propuesta de agravios correspondientes; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes;
Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia propuesta por el coadyuvante, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño;
V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, en ningún caso deberá carearse con el inculpado.
Al tomársele la declaración de los hechos, los menores deberán estar acompañados de un licenciado en trabajo social y/o un licenciado en psicología, quienes apoyarán al agente del ministerio público en la elaboración de preguntas al niño, con la finalidad de llegar a conocer la verdad, sin mayor daño al menor.
En los casos precisados con antelación, se llevarán declaraciones en las condiciones que establezca este ordenamiento; y
VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.
TÍTULO TERCERO

Disposiciones Comunes a la Averiguación Previa y

a la Instrucción
CAPÍTULO I

Comprobación del Cuerpo del Delito
Artículo 116. El Ministerio Público deberá durante la averiguación previa, acreditar el cuerpo del delito de que se trate. Por cuerpo del delito, se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito.
La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada, cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito; la comisión dolosa o culposa del mismo y, no se concretice a favor del inculpado alguna causa excluyente de responsabilidad.
Artículo 117. Cuando se trate de lesiones externas, se tendrá por acreditado el cuerpo del delito, con la inspección de dichas lesiones, hecha por el Ministerio Público que hubiese practicado las diligencias de averiguación previa y con la descripción que de ellas hagan los peritos médicos. Cuando el lesionado sea hospitalizado, bastará para tener por acreditado el cuerpo del delito, el certificado expedido por el médico que lo haya atendido, pero deberá ser confirmado por los peritos médicos legistas, durante la instrucción del proceso. El médico que atienda al lesionado deberá entregar dicho certificado al Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que se inició la atención.

Artículo 118. En el caso de lesiones internas, se tendrá por acreditado el cuerpo del delito con la inspección hecha por el Ministerio Público, de las manifestaciones inventariadas de las alteraciones a la salud que presente la víctima y con el dictamen pericial que exprese los síntomas que presente y si son o no debidas a las lesiones imputadas. En caso de no existir manifestaciones inventariadas, bastará con el dictamen pericial.

Artículo 119. Si se trata de homicidio, el cuerpo del delito se tendrá por acreditado con la inspección y descripción del cadáver, hecha en los términos de los artículos anteriores y con el dictamen de los peritos médicos que hayan practicado los exámenes correspondientes; quienes practiquen la necropsia, expresarán con minuciosidad, el estado que presente el cadáver y las causas que originaron la muerte. Si el cadáver fue sepultado se procederá a exhumarlo.
Solamente se omitirá la necropsia cuando, tanto el funcionario que practique las diligencias como los peritos médicos, estimen que no es necesaria para determinar la causa de la muerte.
La muerte ocurre cuando:
1. Se presentan los siguientes signos:


  1. Ausencia completa y permanente de conciencia;




  1. Ausencia permanente de respiración espontánea;




  1. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral; y




  1. Paro cardiaco irreversible.


2. Se presenta muerte encefálica cuando existen los siguientes signos:


  1. Pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales;




  1. Ausencia de automatismo respiratorio; y




  1. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.


Se deberá descartar que los signos de la misma sean producto de la intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
La muerte encefálica deberá corroborarse con la práctica de cualquiera de las siguientes pruebas:
1. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica corroborado por un médico especialista; o

2. Cualquiera otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial.


Artículo 119-Bis. Cuando se trate de feminicidio, además de la descripción que hará el que practique las diligencias, la harán también el o los peritos que practicarán la autopsia del cadáver, expresando con minuciosidad el estado que guarda y las causas que originaron la muerte.
Artículo 120. Si el cadáver estuviere ya inhumado y por los datos del proceso se estimare absolutamente necesario tenerlo a la vista, se ordenará su exhumación, la cual se verificará con las debidas precauciones, con asistencia de peritos y con las formalidades que exigen las leyes sanitarias respectivas.
Cuando el cadáver no pueda ser encontrado o su estado de descomposición haga imposible la práctica de la necropsia, se suplirá ésta con declaraciones de testigos que comprobarán, ante todo, su existencia, haciendo descripción de él y expresando el número de lesiones o huellas exteriores de violencia que presentaba, los lugares en que estaban situadas, sus dimensiones y el arma con el que crean que fueron causadas. Se investigará sobre los hábitos y costumbres del occiso y las enfermedades que haya padecido. Estos datos se darán a los peritos para que emitan su opinión sobre la causa de la muerte, bastando entonces ese dictamen, si aquéllos estiman, fundadamente, que la muerte fue el resultado de un delito.
Artículo 121. En los casos de aborto o de infanticidio, el cuerpo del delito se tendrá por comprobado en los mismos términos que el de homicidio, pero en el primero, además, reconocerán los peritos a la madre, describirán las lesiones que presenten y dictaminarán sobre la causa del aborto; en el segundo, se especificará invariablemente si el ofendido nació viable y el tiempo de vida del infante después de desprendido del seno materno. En uno y otro caso, expresarán la edad de la víctima y todo aquello que pueda servir para fijar la naturaleza del delito.
Artículo 122. En los casos de robo, el cuerpo del delito podrá acreditarse siempre que no haya sido posible hacerlo en los términos del artículo 116 de este Código, cuando haya prueba de que el inculpado ha tenido en su poder alguna cosa que, por sus circunstancias personales, no sea verosímil que haya podido adquirir legítimamente, si no justifica la procedencia de aquella y alguien le imputa fundadamente el robo.
Artículo 122 Bis. Para averiguar la preexistencia de las cosas robadas, debe el juez prevenir a las personas de cuyo poder hubieren desaparecido, que hagan una descripción de ellas y que presenten, si los tuvieren los inventarios, libros o documentos en que conste anotada su existencia; enseguida se recibirán las declaraciones de los testigos que designe el ofendido o la persona que tenía aquéllas a su cuidado, sobre la misma preexistencia y posterior falta, con referencia al tiempo en que se cometió el delito.
Artículo 122 Ter. En los casos que proceda, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento del robo, inmediatamente se practicará la inspección del lugar en que se perpetró, se anotarán todas las huellas y circunstancias particulares que pudieren conducir al esclarecimiento del hecho que se investiga, debiendo ordenar además que se elaboren los dictámenes pertinentes con relación al lugar de los hechos y objetos, cuando lo juzgue necesario.
Artículo 123. Se tendrá por acreditado el cuerpo del delito de robo equiparado, a que se contrae la fracción II, del artículo 234 del Código Penal para el Estado de Jalisco, cuando sin previo contrato con una empresa de energía eléctrica, gas, agua o cualquier otro elemento, se encuentre conectada una instalación particular a las tuberías o líneas de la empresa respectiva, o sin el consentimiento de quien legalmente tenga el derecho.
Artículo 124. Cuando, tratándose del delito de ataques a las vías de comunicación, no fuese posible practicar inspección ocular, porque para evitar perjuicios al servicio público haya sido necesario hacer inmediatamente la reparación respectiva, bastará para el acreditamiento del cuerpo del delito cualquier otra prueba plena.

Artículo 125. En los casos de los delitos de tránsito, obligada e inmediatamente se practicarán al indiciado los exámenes médicos y las pruebas de alcoholemia o de aire espirado en alcoholímetro, para determinar la concentración de alcohol, la afectación de la capacidad para conducir o que se encuentra bajo la influencia de enervantes. Para el caso de que existiere delito de homicidio por las causales previstas en el artículo 48 fracción III del Código Penal, será necesaria la prueba de alcohol en sangre, la toxicológica o el dictamen médico correspondiente.
Cuando el indiciado se niegue a otorgar muestra de sangre o de aire espirado y previa certificación de dicha negativa que realice el Agente del Ministerio Público en presencia de su respectivo secretario o de dos testigos de asistencia, se le practicará un examen pericial clínico médico, cuyo resultado será considerado para determinar si el indiciado tiene condiciones físicas que afecten la capacidad para la conducción del vehículo.
En los casos dudosos, el médico deberá mandar practicar las investigaciones de laboratorio que considere necesarias.
Los medios de prueba señalados en este artículo podrán utilizarse en la investigación de cualquier delito.

Artículo 126. El cuerpo del delito de abigeato se probará en la misma forma que el de robo.

Artículo 127. Tratándose de abuso sexual infantil y violación, se cuidará de averiguar y de consignar en el proceso las circunstancias siguientes:
I. La edad y constitución física del ofensor y de la persona ofendida;
II. Las lesiones que uno y otro presenten;
III. La conducta anterior de los mismos; y
IV. Si la persona ofendida se halla privada del uso de sus facultades, en estado de preñez o afectada de alguna enfermedad que pudiera atribuirse al delito.
Si apareciese que los delitos a que se refiere este artículo fueron cometidos por los ascendientes de los ofendidos o por personas que ejercían autoridad sobre ellos y éstos son menores o incapacitados, serán transladados a una casa de reconocida honradez, si no hubiese familiares idóneos que se hagan cargo de ellos.

Artículo 127-Bis. En los supuestos de violencia intrafamiliar se acreditará el cuerpo del delito con la comprobación del parentesco consanguíneo o civil o la relación de hecho existente entre el sujeto pasivo y el activo, y con los dictámenes periciales que expresen el deterioro causado por el agresor a la integridad física o psicológica, o que haya afectado la libertad sexual de la víctima.
Artículo 128. En caso de falsedad o de falsificación se hará una minuciosa descripción del documento argüido de falso y, de ser posible, se depositará en lugar seguro; las personas que depongan respecto de la falsedad firmarán en una hoja adherida al mismo documento y, en su caso, se hará constar el motivo por el cual no firmaren. Al proceso se agregará una copia fotográfica de dicho documento, si se pudiere.
Cualquier persona que tenga en su poder un documento público o privado sobre el cual recaigan sospechas de falsedad, tiene obligación de presentarlo al Ministerio Público o autoridad jurisdiccional tan luego como sea requerido al efecto.
Artículo 129. En todos los delitos en que se cause un daño, se ponga en peligro a las personas o a las cosas, de diferente modo de aquellos a que se refieren los artículos anteriores, se deberá comprobar la calidad de la fuerza o astucia que se hay (sic) empleado, los medios o instrumentos que se hayan usado y la gravedad del peligro para la propiedad, la vida, la salud o la seguridad de las personas.
Artículo 130. En los casos de daños por incendio se recabará dictamen pericial respecto del modo, lugar y tiempo en que se efectuó; la materia que lo produjo; las circunstancias por las cuales puedan conocerse que haya sido intencional y la posibilidad de que haya habido un peligro, mayor o menor, para la vida de las personas o para las propiedades, así como los perjuicios y daños causados.

Artículo 131. En todos aquellos delitos en que se requieran conocimientos especiales para su comprobación, se utilizarán, asociadas, las pruebas de inspección ocular y de peritos, sin perjuicio de las demás pertinentes.
Artículo 131-Bis. El Ministerio Público deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas, tratándose de los delitos previstos en el artículo 474 de la Ley General de Salud, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para que, en su caso, solicite la remisión de la investigación.
Artículo 131-Ter. Cuando se trate de los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público podrá practicar las diligencias de averiguación previa que correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione.
Si hubiere detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.
Artículo 131-Quater. Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación o al Juez federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez.
Artículo 131-Quinquies. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifiquen que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberán informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.
La unidad especializada puede auxiliarse del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la debida investigación y persecución de los delitos.
Para la correcta integración de las averiguaciones, el titular de esta unidad puede solicitar directamente la colaboración de otras dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado o de los municipios.
En caso necesario, el Ministerio Público encargado de las averiguaciones está facultado para requerir información, documentos o certificados relativos a cualquier entidad pública o privada cuando la solicitud tenga relación con la investigación.
Artículo 132. Para el acreditamiento del cuerpo del delito, el Ministerio Público, los jueces y el tribunal gozarán de la acción más amplia para emplear y apreciar los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no estén reprobados por ella.

CAPÍTULO II

Huellas del Delito

Aseguramiento de los Instrumentos

y Objetos del Mismo
Artículo 133. Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieren tener relación con éste, serán asegurados y, al efecto, se pondrán en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se les describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.


Artículo 133-Bis. La investigación pericial, ministerial y policial del delito de feminicidio, así como las necropsias que se practiquen, deberán realizarse de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de género. La aplicación de dichos protocolos será obligatoria y su inobservancia será motivo de responsabilidad.
Artículo 133-Ter. En los casos de presuntos feminicidios, deberá conservarse un registro fotográfico y de descripción de lesiones, además de todos aquellos objetos y vestimenta con que haya sido encontrado el cadáver, de conformidad con los protocolos especializados a que se refiere el artículo anterior.
Asimismo, deberán tomarse muestras de los cadáveres que permitan realizar análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN), que se integrará al Banco de Datos de Información Genética. A este banco de datos se incorporará, en su caso, la información genética de familiares de mujeres y niñas desaparecidas o presuntas víctimas de feminicidio, cuando así lo consientan o bien se haga en cumplimiento a una orden ministerial o de la autoridad judicial. La información, y los registros, objetos y datos a que se refiere este artículo deberán ser resguardados y estarán a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en una base de información.

Artículo 134. Las cosas aseguradas conforme al artículo anterior deberán inventariarse, guardarse en lugar o recipiente adecuado, según su naturaleza y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar su conservación e identificación.
Artículo 135. Siempre que sea necesario tener a la vista algunas de las cosas a que se refieren los artículos anteriores, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que se hallaba al ser asegurada. Si se considera que ha sufrido alteración, voluntaria o accidental, se expresarán los signos y señales que la hagan presumir.

Artículo 136. Los cadáveres deberán ser siempre identificados por cualquier medio legal de prueba y, si esto no fuere posible, dentro de las doce horas siguientes de la que fueron recogidos, se expondrán al público en el local destinado al efecto, por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, según dictamen médico o prudente apreciación de la autoridad, tal exposición ponga en peligro la salubridad general. Cuando, por cualquier circunstancia, el rostro de los cadáveres se encuentre desfigurado y se haga difícil identificarlo, se hará su reconstrucción, de ser posible.
Si a pesar de haberse tomado las providencias que señala este artículo no se logra la identificación del cadáver, se tomarán fotografías del mismo; un ejemplar se agregará a la averiguación y los otros se pondrán en los lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido y se exhortará a los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la autoridad exhortante a declarar sobre la identidad de aquél.
Los vestidos se describirán minuciosamente en el expediente y se conservarán en depósito seguro, para que puedan ser mostrados a los testigos de identidad.

Artículo 137. Los cadáveres, previa una minuciosa inspección y descripción hecha por el funcionario del Ministerio Público que practique las primeras diligencias y por un perito médico, podrán ser entregados de inmediato a la persona que los reclame, quien manifestará el lugar en que quedarán depositados a disposición de la autoridad competente y deberá conducirlos al lugar destinado a la práctica de la necropsia, cuando proceda.
Si hubiere temor de que el cadáver pueda ser ocultado o de que sufra alteraciones, no será entregado en tanto no se practique la necropsia, o se resuelva que no es necesaria.
Artículo 138. En los casos de envenenamiento, se recogerán cuidadosamente las vasijas y demás objetos que haya usado el ofendido; los restos de los alimentos, bebidas y medicinas que presumiblemente tomó; las deyecciones y vómitos que hubiese tenido, todo lo cual será depositado con las precauciones necesarias para evitar su alteración y se describirán todos los síntomas que presente el individuo intoxicado. A la brevedad posible, serán llamados los peritos para que reconozcan al ofendido, hagan el análisis de las sustancias recogidas y emitan su opinión sobre las cualidades tóxicas que tengan éstas y si han podido causar la intoxicación de que se trate.

Artículo 139. Si el delito fuere de falsificación de documentos, además de la minuciosa descripción que se haga de éstos, se depositarán en lugar seguro y firmarán sobre ellos, si fuere posible, las personas que depongan respecto de su falsedad. En caso contrario, se hará constar el motivo. Al expediente y su duplicado se agregarán una copia certificada del documento argüido de falso y otra fotostática del mismo, de ser posible.

CAPÍTULO III

Atención Médica a los Lesionados
Artículo 140. La atención médica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes o que puedan provenir de delito, se hará en alguno de los hospitales públicos, salvo que no exista en el lugar, en cuyo caso, se le atenderá por un médico y, si tampoco éste hubiese, se podrá encargar la curación a un práctico, en tanto se le atienda en un hospital.
Si el lesionado no debe estar privado de libertad, la autoridad que conozca del caso podrá permitir, si lo juzga conveniente, que sea atendido en lugar distinto, bajo responsiva de médico legalmente titulado y previa la clasificación legal de las lesiones. El permiso se concederá sin perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del lesionado cuando lo estime oportuno.

Artículo 141. En el caso de la segunda parte del artículo anterior, el médico tiene la obligación de participar a la autoridad que conozca del asunto, en qué lugar va ha ser atendido el lesionado y cualquier cambio de éste o de su domicilio. La falta de aviso del cambio ameritará el ingreso del lesionado al hospital público y que se imponga al médico una corrección disciplinaria.

Artículo 142. La responsiva a que se refiere el artículo 140, impone al médico que la otorgó las obligaciones siguientes:

I. Atender debidamente al lesionado;
II. Dar aviso a la autoridad correspondiente de cualquier accidente o complicación que sobrevenga y expresar si es consecuencia inmediata o necesaria de la lesión o si sobreviene de otra causa;
III. Comunicar inmediatamente a la misma autoridad todo cambio de domicilio del lesionado o del lugar donde sea atendido; y
IV. Extender certificado de sanidad o de defunción, en su caso, y los demás que le solicite la autoridad.
No se admitirá responsiva médica si no consta en ella la obligación expresa del que la extienda, de acatar las exigencias de este precepto.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente artículo ameritará la imposición de una corrección disciplinaria.

Artículo 143. Los certificados de sanidad expedidos por médicos particulares estarán sujetos a la revisión de los médicos oficiales, quienes rendirán el dictamen definitivo.

Artículo 144. Cuando un lesionado necesite pronta curación, cualquier persona puede atenderlo y aún trasladarlo del lugar de los hechos al sitio apropiado, sin esperar la intervención de la autoridad, pero deberá comunicar a ésta inmediatamente los siguientes datos: nombre del lesionado, si lo sabe; lugar preciso en que fue levantado y posición en que se encontraba; naturaleza de las lesiones que presente y sus causas probables, si las conoce; curaciones que se le hubiesen hecho y lugar preciso en que queda a disposición de la autoridad.

CAPÍTULO IV

Aseguramiento del Inculpado
Artículo 145. El Ministerio Público está obligado a proceder a la detención de los que aparezcan como probables responsables en la comisión de delito de los que se persiguen de oficio sin necesidad de orden judicial en los casos siguientes:
I. Cuando se trate de flagrante delito; y
II. Exista notoria urgencia, por el riesgo fundado de que el indiciado trate de ocultarse o eludir la acción de la justicia, cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, tratándose únicamente de delitos calificados como graves por este código, mediante resolución que funde y exprese los motivos de su proceder.
Existirá el riesgo fundado a que se refiere la fracción anterior desde el momento mismo de la comisión del ilícito; el cual se podrá acreditar en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) En atención a las circunstancias personales del indiciado;
b) La peligrosidad del mismo;
c) A sus antecedentes penales;
d) Cuando varíe su nombre, apariencia o domicilio;
e) A sus posibilidades de ocultarse;
f) Al ser sorprendido tratando de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviere conociendo del hecho; y
g) En general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que puede sustraerse de la acción de la justicia.
En todos los casos, el detenido podrá nombrar defensor de acuerdo con este Código, debiendo recibir de la autoridad que lo detuvo, las facilidades para comunicarse con quien considere necesario a efecto de preparar inmediatamente su defensa; la autoridad levantará constancia de que cumplió con este requisito. El defensor nombrado entrará al desempeño de su cargo inmediatamente, previa protesta del mismo y, a partir de ese momento, tendrá derecho a intervenir en todas las actuaciones que se practiquen en contra de su defendido. La infracción de esta disposición implicará la nulidad de las diligencias que perjudiquen a éste.
Artículo 146. Para los efectos de la fracción I del artículo anterior, se entenderá que el inculpado es detenido en flagrante delito cuando:


  1. Es detenido al momento de cometerlo; o




  1. Inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, el inculpado es perseguido y detenido materialmente; o




  1. Después de cometido el delito, la víctima o cualquier persona que haya presenciado los hechos, señale al inculpado como responsable y se encuentre en su poder el objeto del delito, el instrumento con que se haya cometido o huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito, siempre y cuando no hayan transcurrido más de setenta y dos horas contadas a partir de la comisión del ilícito.

En los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al inculpado, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.



Artículo 147. La resolución del Ministerio Público, en la que se ordene el aseguramiento del indiciado, contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, la apreciación de las pruebas que deberán ser suficientes para acreditar la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como de que se encuentre prevista una pena privativa de libertad por el delito imputado.
Artículo 148.- Derogado.
Artículo 149. Los funcionarios o empleados de la procuración, administración de justicia, los miembros de las corporaciones policíacas y los del ejército, que estuvieren detenidos o sujetos a prisión preventiva, deberán sufrir ésta en prisiones especiales, si existieren o, en su defecto, en las comunes, pero sin estar reunidos con los demás detenidos. No podrán considerarse prisiones especiales los cuarteles u oficinas.
La prisión preventiva se cumplirá en las cárceles preventivas o, en su defecto, en las municipales. El detenido deberá observar los reglamentos administrativos que rijan el funcionamiento del establecimiento, pero no podrán ser obligados a vestir uniformes de ninguna especie ni a prestar servicios dentro ni fuera de la cárcel.

Artículo 150. Si por datos posteriores, el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, no ejecutada aún, previa autorización del Procurador General de Justicia, pedirá su revocación la que se acordará de plano, sin perjuicio de que se continúe la averiguación y de que, posteriormente, se vuelva a solicitar y a decretar la captura del inculpado, si procede.

Artículo 151. Cuando se ejecute una orden de aprehensión contra persona que maneje fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio y, particularmente, para que el inculpado entregue a quien corresponda los fondos, valores y documentos que tenga en su poder, pero entre tanto se dictarán las medidas preventivas que se juzguen oportunas para evitar que se substraiga a la acción de la justicia.

Artículo 152. Al ser aprehendido un empleado o funcionario público se comunicará la detención, sin demora, a su superior jerárquico.

Artículo 153. Cuando deba aprehenderse a un empleado oficial o a un particular que, en ese momento, esté trabajando de un servicio público, se procurará que éste no se interrumpa, tomándose las providencias necesarias para que el inculpado no se fugue mientras se obtiene su relevo.

Artículo 154. Los jueces de primera instancia y los agentes del Ministerio Público no podrán ser detenidos por autoridad alguna, aún cuando se les impute la comisión de algún delito, sino que la autoridad que debe conocer del asunto respectivo pedirá al pleno del Supremo Tribunal, si se tratare de los jueces y al procurador general de justicia, si se tratare de los agentes del Ministerio Público, que los ponga a su disposición y hasta que esas autoridades superiores lo resuelvan así, se procederá a la detención, en los términos de ley, lo anterior no será obstáculo para que desde luego se sujete al funcionario acusado a la vigilancia de la policía.

Artículo 155. En los casos en que el delito esté sancionado con pena no corporal o alternativa, a pedimento del Ministerio Público, se librará orden de comparecencia en contra del inculpado, para que rinda su declaración preparatoria.
Artículo 155 Bis. Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable, el inculpado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para presumir que pueda sustraerse de la acción de la justicia, el Ministerio Público, podrá solicitar al Juez fundada y motivadamente, o éste disponer de oficio, el arraigo del imputado por el tiempo que el juzgador señale, y en ningún caso podrá exceder del término máximo señalado en el artículo 102 Bis tratándose de la averiguación previa o bien en el proceso por el término constitucional en que éste deba resolverse.

TÍTULO CUARTO
PERÍODO PRIMERO

Averiguación Judicial
CAPÍTULO I

Auto de Radicación
Artículo 156. Tan luego como el juez reciba las diligencias de averiguación previa que le haya consignado el Ministerio Público, ordenará que se registre la consignación en los libros respectivos.

El tribunal que reciba la consignación del inculpado que haya sido detenido en los supuestos de urgencia o flagrancia, de inmediato efectuará la calificación y estudio de las constancias y fundamentos y con vista de ello procederá a ratificar la detención o en su caso a decretar la libertad en las reservas de ley sin perjuicio de avocarse al conocimiento del negocio, notificando esta resolución en primer término al Ministerio Público.


La calificación de la detención no podrá constituir materia de examen con motivo del dictado de la sentencia definitiva, o la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de ésta.
En el caso de que se avoque al conocimiento, le hará saber al detenido que se encuentra a su disposición, que en audiencia pública y dentro del término de cuarenta y ocho horas en presencia de su defensor, se le tomará su declaración preparatoria; para ello fijará día y hora.

Artículo 157. Tratándose de consignaciones sin detenido, el Tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará, el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el cuarto párrafo de este artículo y abrirá el expediente, en el que resolverá conforme a derecho y practicará sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan las partes.
El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.
La resolución contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, la apreciación de los datos, pruebas, indicios o presunciones, que deberán ser suficientes para acreditar la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como de que se encuentre prevista una pena privativa de libertad por el delito imputado.
En el caso de los delitos que este Código señala como graves la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitado por el Ministerio Público, dentro de las siguientes veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que ésta se haya acordado.
La ejecución de este mandamiento será enviada, por conducto del Agente del Ministerio Público de la adscripción, al Procurador General de Justicia del Estado.
Si se supiere que el inculpado se encuentra fuera de la jurisdicción territorial del juzgado que haya expedido la orden, pero dentro del Estado, tal circunstancia se comunicará al Procurado (sic) General de Justicia, para que ordene su ejecución por la Policía Investigadora en el lugar en el que aparezca localizado dicho inculpado. Podrá en este caso, si se estimare indispensable girarse también exhorto a la autoridad judicial del lugar referido, de acuerdo con el artículo 41.
Cuando se ignore el paradero del indiciado, se comunicará al Procurador, quien entonces encomendará la búsqueda de dicho inculpado (sic) los agentes del Ministerio Público y a la Policía Investigadora, en todo el territorio del Estado.
Si el Juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.
Artículo 157 Bis. Siempre que se realice una aprehensión en cumplimiento de orden judicial, el que la hubiese ejecutado deberá poner al detenido sin demora alguna y bajo su más estricta responsabilidad, a disposición del juez respectivo, a quien informará de la hora y fecha en que se efectuó, así como el centro de reclusión donde se encuentre.
Los encargados de ejecutar el mandamiento de aprehensión cuidarán de asegurar a las personas, pero evitarán toda violencia y el uso innecesario de la fuerza. La contravención a las disposiciones que anteceden será sancionada por la legislación penal aplicable.
Artículo 158. Las diligencias de averiguación previa y las practicadas por los jueces menores o de paz, que pasen al conocimiento de los de primera instancia, no se repetirán por éstos para que tengan validez, salvo los autos de formal prisión y de sujeción a proceso, que deberán ser expresamente ratificados o substituidos por los que procedan legalmente, de acuerdo con el sentido y el valor de las constancias relativas, pero sin cambiar ni alterar los hechos específicos que comprenda la acción penal inicial.
Artículo 159. Cuando haya temor fundado de que el inculpado oculte o enajene los bienes en los que pueda hacerse efectiva la reparación del daño, el Ministerio Público de oficio o a instancia de quien tenga derecho a esa reparación, pedirá al juez el embargo precautorio de dichos bienes, el que se decretará con sólo esa petición y la prueba de la necesidad de la medida; pero si el inculpado otorga fianza bastante, a juicio del juez, se levantará el embargo que se haya efectuado.

En los delitos de culpa, los vehículos y otros objetos de uso lícito con que se cometa el delito, que sean propiedad del responsable, serán asegurados a petición del Ministerio Público, para garantizar el pago de la reparación del daño, pero se levantará el aseguramiento si los propietarios otorgan fianza bastante para garantizar el pago de esa reparación, si debieran hacerlo.


En los casos señalados por el artículo 48 del Código Penal último párrafo, podrán entregarse los vehículos cuando se pague la reparación del daño, aún cuando no exista sentencia definitiva; este pago no prejuzga sobre la responsabilidad penal del indiciado.
CAPÍTULO II

Declaración Preparatoria y Nombramiento de Defensor
Artículo 160. Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde el momento en que el indiciado ha quedado a disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la instrucción, se procederá a tomarle su declaración preparatoria en presencia de su defensor para la asesoría jurídica que requiera; el inculpado podrá dictar su declaración, pero si no lo hiciere, el juez del conocimiento que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible; si fueran varios inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia.
Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas legales correspondientes.

Artículo 161. La declaración preparatoria se recibirá en un local al que tenga acceso el público; pero no podrán estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación a los hechos que se averigüen.
En ningún caso y por ningún motivo podrá la autoridad emplear la incomunicación, intimidación o tortura, para lograr la declaración del indiciado o para otra finalidad.

Artículo 162. La declaración preparatoria comenzará asentando las generales del indiciado, en las que se incluirán los apodos que tuviere; el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. Si el indiciado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en la averiguación previa, se le hará saber nuevamente ese derecho en los términos del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 342 de este Código.
También se le hará saber los hechos de la denuncia o querella; así como los nombres de sus denunciantes o querellantes y de los testigos que declaren en su contra; se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo desee, se le examinará sobre los hechos consignados. Si el inculpado decide no declarar el juez respetará su voluntad, dejando constancia de ello en el expediente.

Igualmente, se informará de la garantía que le otorga el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el derecho de que se le reciban los testigos y las pruebas que ofrezca en términos de ley, auxiliándole para obtener la comparecencia de las personas que soliciten, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; así como todos los datos que solicite y consten en el proceso.


El Agente del Ministerio Público y la defensa tendrán derecho de interrogar al inculpado en el desahogo de la diligencia y sin acuerdo que así lo ordene por separado; pero el juez tendrá en todo tiempo la facultad de desechar las preguntas si fueren objetadas fundadamente o a su juicio resultaren inconducentes.
Artículo 163. No se podrá recibir la declaración al inculpado sin la asistencia de su defensor; hasta en tanto se otorgue nuevo nombramiento, se tendrá como tal al que figure con ese carácter en la averiguación previa. Si el inculpado designa defensor a una persona que no estuviere presente en el acto, el juez aceptará la designación, pero nombrará al de oficio para que lo asista en la diligencia. El defensor podrá asesorar y conferenciar libremente con el inculpado antes y después de su inquisitiva.
Si tuviere varios defensores estará obligado a nombrar un representante común o, en su defecto, previa prevención, lo hará el juez.

Artículo 164. No pueden ser defensores los que se hallen presos ni los que estén procesados. Tampoco podrán serlo los que hayan sido condenados por alguno de los delitos señalados en el Capítulo I, Título Octavo del Libro II, del Código Penal, ni los ausentes que, por el lugar en que se encuentren, no puedan acudir ante el juez o tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nombramiento.

Artículo 165. El juez interrogará al inculpado sobre su participación en los hechos imputados y practicará a petición de éste, careos, entre el inculpado y los testigos que hayan declarado en su contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aquel, su defensor y el Ministerio Público, puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa.

CAPÍTULO III

Autos de Formal Prisión, de Sujeción a Proceso o de



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