Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco


Libertad Provisional Bajo Protesta



Descargar 0.79 Mb.
Página12/14
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño0.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Libertad Provisional Bajo Protesta



Artículo 362. El Ministerio Público o el juez concederá al inculpado la libertad, sin caución alguna, cuando el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de dos años, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
I. Que no exista riesgo fundado de que se substraiga a la acción de la justicia;
II. Que tenga domicilio fijo con antelación no menor de un año en el lugar de la residencia de la autoridad que conozca del caso;
III. Que tenga un trabajo lícito
IV. Que no haya sido condenado por delito intencional; y
V. Haya hecho o garantizado la reparación del daño.

Artículo 363. Será igualmente puesto en libertad bajo protesta el inculpado, sin los requisitos del artículo anterior, cuando cumpla la pena impuesta en primera instancia, pero esté pendiente el recurso de apelación, o bien, cuando estando procesado cumpla el máximo de la pena aplicable al caso. Los tribunales acordarán de oficio la libertad de que trata este artículo.

Artículo 364. La libertad bajo protesta se substanciará en la forma establecida para los incidentes no especificados.
El auto que conceda la libertad bajo protesta surtirá sus efectos, después que el inculpado proteste formalmente presentarse ante el juez o tribunal que conozca del asunto, siempre que se le ordene.
Serán aplicables a la libertad bajo protesta las disposiciones contenidas en el artículo 353 del presente ordenamiento.
Artículo 365. La libertad bajo protesta se revocará en los casos siguientes:
I. Cuando el inculpado desobedeciere sin causa justa y probada, la orden de presentarse al juzgado o tribunal que conozca de su proceso;
II. Cuando cometiere un nuevo delito, antes de que el proceso en que se concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria;
III. Cuando amenazare al ofendido o a algún testigo de los que hayan depuesto o tengan que deponer en su proceso o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos; a algún funcionario del juzgado, tribunal o agente del Ministerio Público que intervenga en su proceso;
IV. Cuando en el curso del proceso apareciere que el delito merece una pena mayor que la señalada en la fracción I del artículo 362 de este código;
V. Cuando dejare de concurrir alguna de las condiciones expresadas en las fracciones III y V del artículo 362 de este código, o falte al cumplimiento de las prevenciones del artículo 353, del presente ordenamiento; y
VI. Cuando en el proceso respectivo cause ejecutoria la sentencia que condene al inculpado.
En el caso del artículo 363 del presente ordenamiento, se revocará la libertad bajo protesta, si el tribunal de apelación aumenta la pena impuesta en primera instancia al condenado; si la confirma, dicha libertad bajo protesta será sustituida por la libertad absoluta.
CAPÍTULO III

Libertad por Desvanecimiento de Datos



Artículo 366. La libertad por desvanecimiento de datos procede en los siguientes casos:
I. Cuando, en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito; y
II. Cuando, en cualquier estado de la instrucción y sin que hubiesen aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable.

Artículo 367. Para substanciar el incidente respectivo, hecha la petición por alguna de las partes, el juzgado las citará a una audiencia dentro del término de cinco días, a la que el Ministerio Público deberá asistir. La resolución que proceda se dictará dentro de las setenta y dos horas siguientes de que se celebró la audiencia.

Artículo 368. La solicitud o la conformidad del Ministerio Público, para que se conceda la libertad por desvanecimiento de datos, no implica el desistimiento de la acción penal. El juez podrá negar dicha libertad no obstante la petición favorable del representante social.

Artículo 369. La resolución que conceda la libertad de que trata este capítulo tendrá los mismos efectos que el auto de libertad por falta de elementos para procesar; quedarán expeditas las facultades del Ministerio Público para pedir nuevamente la aprehensión del inculpado y la del juez para dictar nuevo auto de formal prisión; si aparecieren posteriormente datos que les sirvan de fundamento.
CAPÍTULO IV

Substanciación de las Competencias
Artículo 370. Las cuestiones de competencia pueden iniciarse por declinatoria o por inhibitoria.
Cuando se hubiese optado por uno de estos medios, no se podrá abandonar para recurrir al otro, ni emplear los dos sucesivamente, pues se deberá pasar por el resultado del que se hubiese preferido.
Los incidentes sobre competencia se tramitarán siempre por separado.

Artículo 371. La declinatoria se intentará por cualquier parte ante el juez que conozca del asunto, con la petición fundada y motivada de que se abstenga del conocimiento del mismo y remita las actuaciones al que se estime competente.

Artículo 372. La declinatoria podrá promoverse en cualquier estado del procedimiento judicial.
Artículo 373. Propuesta la declinatoria, el juez mandará dar vista de la solicitud a la otra parte por el término de tres días y resolverá lo que corresponda dentro de los seis días siguientes.

Artículo 374. La declinatoria puede iniciarse y sostenerse de oficio por los jueces quienes, al efecto, oirán la opinión de ambas partes, en una audiencia dentro de tres días y resolverán lo procedente dentro de los seis días siguientes.

Artículo 375. La competencia por declinatoria no podrá resolverse antes de practicar las diligencias que no admitan demora y, en caso de que haya detenido, de haber dictado el auto que resuelva su situación jurídica.

Artículo 376. El juez que reciba las actuaciones que le remita el que se hubiese declarado incompetente, resolverá en el término de seis días si reconoce su competencia. Si no la reconoce, lo comunicará al juez que hubiese enviado el expediente y remitirá los autos al superior con su opinión.

Artículo 377. La inhibitoria se intentará en cualquier etapa del proceso ante el juzgado a quien se crea competente, con la petición fundada y motivada de que se avoque al conocimiento del asunto.

Artículo 378. El que promueva la inhibitoria puede desistir de ella, antes de que sea aceptada por el juzgado respectivo, pues una vez admitida, continuará substanciándose hasta su decisión.

Artículo 379. El juez mandará dar vista a la otra parte, si la hubiere, por el término de tres días y resolverá dentro de igual plazo. Si estimase que es competente para conocer del asunto, librará oficio inhibitorio, con los anexos conducentes para fundar su competencia, al juez que conozca del mismo, a efecto de que le remita el expediente.

Artículo 380. Luego que el juez requerido reciba la inhibitoria, mandará dar vista de la misma al procesado, si lo hubiere, por tres días sucesivos y, dentro de otros tres resolverá lo que corresponda,y, en su caso, remitirá desde luego los autos al juez requeriente. Si sostiene su competencia, remitirá los autos al superior y lo comunicará al juez requeriente con los anexos que justifiquen su postura, para que a su vez remita las actuaciones a dicho superior, a fin de que decida la controversia.

Artículo 381. El tribunal de competencia, en los casos de los artículos 376 y 380 de este código, resolverá lo que corresponda dentro del término de seis días y remitirá las actuaciones al juez que declare competente.
Artículo 382. En los conflictos de competencia entre jueces del Estado de Jalisco y los de otra entidad, se remitirán los autos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que proceda conforme lo establece el artículo 106 de la Constitución Federal.

Artículo 383. En los procesos con reo presente o libre provisionalmente bajo caución, se observarán las siguientes reglas:
I. Las actuaciones practicadas por el juez incompetente serán válidas, si se tratase de los del fuero común del Estado; y
II. Si se trata de un juez de distinto fuero o de otra entidad federativa, el juez que reciba las actuaciones dará vista al Ministerio Público de su adscripción para que, en veinticuatro horas, manifieste si ejercita o no la acción penal, con arreglo a las leyes aplicables y con base en las actuaciones anteriores. En caso afirmativo, el juez oirá en preparatoria al inculpado y, dentro del término legal, resolverá a su vez lo que proceda sobre la formal prisión o soltura y el asunto continuará con sujeción a las disposiciones de este código. En caso negativo, decretará la libertad del inculpado.

Artículo 384. En todas las controversias de competencia, será oído el Ministerio Público.

CAPÍTULO V

Impedimentos, Excusas y Recusaciones
Artículo 385. Los magistrados, los jueces, los agentes del Ministerio Público, los secretarios, los defensores de oficio y los actuarios, deben excusarse en los asuntos en que intervengan, por cualquiera de las causas de impedimento que señala el artículo siguiente.

Artículo 386. Son impedimentos:
I. Tener el funcionario o su esposa parentesco con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores: en línea recta, sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad, o por afinidad, hasta el segundo;
II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I;
IV. Haber presentado querella o denuncia el funcionario, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;
V. Tener el funcionario, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio pendiente contra alguno de los interesados, o uno concluido si no ha transcurrido más de un año, desde la fecha de la terminación del que hayan seguido, hasta aquélla en que tome conocimiento del asunto;
VI. Haber sido procesado el funcionario, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;
VII. Tener pendiente de resolución un asunto semejante al de que se trate, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados expresados en la fracción I;
VIII. Seguir algún negocio en que sea juez, árbitro o arbitrador alguno de los interesados;
IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que diere o costeare alguno de los interesados; tener mucha familiaridad o vivir en familia con algunos de ellos;
X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;
XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;
XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal, de alguno de los interesados;
XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados, o administrador de sus bienes por cualquier título;
XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el funcionario ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en ese sentido;
XV. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del funcionario, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados; y
XVI. Haber sido magistrado, juez, agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor, en el asunto de que se trate, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados.

Artículo 387. Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes.

Artículo 388. La calificación de los impedimentos y recusaciones, corresponde:
I. Al juez o tribunal del conocimiento, cuando se trate de secretarios, actuarios o defensores de oficio;
II. Al de primera instancia del partido correspondiente, o al que se hallare en turno, si fueren dos o más, cuando se trate de jueces menores o de paz;
III. A la sala a quien corresponda por turno, si quien se excusa fuere juez de primera instancia; y
IV. A la sala misma a quien pertenezca, integrada conforme a la ley, si se trata de un magistrado.

Artículo 389. El funcionario que se considere impedido, por cualquiera de las causas que lista el artículo 386 del presente ordenamiento, manifestará su excusa al que deba calificarla y, a tal efecto, expresará la causa específica de su impedimento y detallará las circunstancias que la justifiquen.
Artículo 390. El impedimento será calificado en vista de la manifestación que previene el artículo anterior, dentro de los tres días siguientes a su recibo. Contra la resolución que se dicte no habrá recurso alguno. Si se admitiese el impedimento, el funcionario respectivo quedará separado del conocimiento del asunto, que pasará al sustituto legal.

Artículo 391. Cuando un funcionario no se excuse, a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación. El recusante expresará concreta y claramente la causa de impedimento que aduzca y, si fuesen varias las propondrá al mismo tiempo, salvo que se trate de alguna superveniente, que se propondrá cuando ocurra.

Artículo 392. La recusación se propondrá por escrito ante el mismo funcionario a que se refiera y podrá interponerse, desde que se inicie la instrucción hasta antes de la citación para sentencia de primera instancia o para la vista en la segunda; su interposición obligará a recibirla en los términos de ley.

Artículo 393. Si después de la citación para sentencia, o para la vista, hubiere cambiado en el personal del juzgado o tribunal del conocimiento, la recusación sólo será admisible si se propone dentro de los tres días siguientes del que se notifique el auto al que se refiere el artículo 69 del presente ordenamiento.
Artículo 394. Toda recusación que no fuere promovida en tiempo y forma será desechada de plano.

Artículo 395. Si el funcionario recusado estima que no es cierta la causa alegada, prevendrá al recusante que ocurra ante quién deba calificarla, dentro del término de cuarenta y ocho horas, más lo que proceda por razón de la distancia.

Si dentro del término que trata el párrafo anterior el recusante no se presenta, se le tendrá por desistido.



Artículo 396. Interpuesta la recusación, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el recusado deberá dirigir oficio a quién deba calificarla, con inserción del escrito en que se haya promovido; del proveído correspondiente, en el que se expresará si es o no cierta la causa propuesta; de las constancias que sean indispensables, a juicio del mismo recusado y de las que señalare el recusante.

Artículo 397. Dentro de tres días, contados desde el siguiente del que se reciban los oficios al que se refiere el artículo anterior, se resolverá si es legal o no la causa de recusación propuesta.
Si la resolución fuese afirmativa y la causa consiste en hechos que no estuviesen justificados, se abrirá el incidente a prueba, por un término que no excederá de diez días; concluido el término probatorio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se resolverá si la causa de la recusación quedó o no probada. En caso afirmativo, se declarará que el funcionario recusado queda separado del conocimiento del asunto y debe remitirlo inmediatamente al sustituto legal; en caso negativo, se declarará que el funcionario recusado debe continuar en el conocimiento del asunto. Dichas resoluciones no admiten recurso alguno.

Artículo 398. Si se considera que la causa aducida por el recusante está ya justificada, o es admitida por el recusado, desde luego, se hará la declaración que para el caso afirmativo prescribe el párrafo anterior.

Artículo 399. Siempre que la recusación no prospere, se impondrá al recusante una multa de tres a treinta días de salario mínimo general vigente en la época y área geográfica correspondiente.
Artículo 400. No procede la recusación:
I. Al cumplimentar exhortos;
II. En los incidentes de competencia;
III. En la calificación de los impedimentos o recusaciones; y
IV. Durante el término a que se refiere el artículo 19 constitucional.

Artículo 401. Las excusas o recusaciones de los secretarios, actuarios o defensores de oficio, serán calificadas por el juzgado o tribunal que conozca del asunto, con sujeción a las siguientes reglas:
I. Admitido como legítimo el impedimento y reconocida por el recusado como cierta la causa de recusación, el juez o magistrado declarará, sin más trámite, impedido para actuar en el negocio al secretario, actuario o defensor de quien se trate;
II. Si el recusado niega la causa propuesta, se observarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el presente capítulo; y
III. Si se declara que el impedimento no es legal o que la causa aducida no quedó probada, el recusado continuará actuando en la causa.

Artículo 402. En toda recusación se oirá al Ministerio Público. Las excusas y recusaciones de los funcionarios del Ministerio Público se tramitarán de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.

Artículo 403. Derogado.

CAPÍTULO VI

Suspensión del Procedimiento
Artículo 404. Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse, sino en los casos siguientes:
I. Cuando el responsable se hubiese substraído a la acción de la justicia;
II. Cuando se advirtiese que se está en alguno de los casos en que la ley establece algún requisito de procedibilidad, si éste no se ha llenado;
III. Cuando padezca alguna enajenación mental el procesado, cualquiera que sea el estado del proceso;
IV. Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso y se llenen además los requisitos siguientes:
a) Que, aunque no esté agotada la instrucción, haya imposibilidad transitoria para practicar las diligencias que resulten indicadas en ella;
b) Que no haya base para decretar el sobreseimiento; y
c) Que se desconozca quién es el responsable del delito; y
V. En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento.

Artículo 405. Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior se entiende sin perjuicio de que, en su oportunidad, se practiquen todas las diligencias que sean procedentes para comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del prófugo y lograr su captura.
La substracción de un inculpado a la acción de la justicia no impedirá la continuación del procedimiento, respecto de los demás inculpados que se hallasen a disposición del juzgado.

Artículo 406. Lograda la captura del prófugo, el proceso reanudará su curso, sin que se repitan diligencias ya practicadas, a menos que el juez lo estime indispensable.
Artículo 407. Cuando se haya decretado la suspensión del procedimiento, en los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 404 del presente ordenamiento, se continuará tan luego como desaparezcan las causas que la motivaron.
Artículo 408. El juez resolverá de plano sobre la suspensión del procedimiento, con la sola petición debidamente fundada del Ministerio Público, a quien, para tal efecto, se le dará vista de las constancias pertinentes.

En todos los demás casos, la suspensión del procedimiento se hará en los términos previstos para los incidentes no especificados.



CAPÍTULO VII

Acumulación de Autos
Artículo 409. La acumulación tendrá lugar:
I. En los procesos que se sigan contra una misma persona, en los términos del artículo 15 del Código Penal;
II. En los que se sigan en investigación de delitos conexos; y
III. En los que se sigan contra los copartícipes de un mismo delito.

Artículo 410. Los delitos son conexos:
I. Cuando han sido cometidos por varias personas conjuntamente;
II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas; y
III. Cuando se ha cometido un delito para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

Artículo 411. La acumulación no podrá decretarse en los procesos, después de cerrada la instrucción.

Artículo 412. Cuando alguno de los procesos ya no estuviese en el estado de instrucción, pero tampoco estuviese concluido, o cuando no sea procedente la acumulación conforme a este capítulo, el juez, cuya sentencia cause ejecutoria, la remitirá en copia certificada al juez que conozca del otro proceso, para los efectos de la aplicación de las sanciones.

Artículo 413. Si los procesos se siguen en el mismo juzgado, la acumulación podrá decretarse de oficio, sin substanciación alguna, en vista de una certificación detallada de la secretaría.
Si la promoviese alguna de las partes, el juez las oirá a todas, en audiencia verbal, que tendrá lugar dentro de los tres días y, sin más trámite, resolverá dentro de los tres días siguientes y podrá negarla, cuando a su juicio dificulte la investigación.

Artículo 414. Si los procesos se siguen en diversos juzgados, será competente, para conocer de todos los que deban acumularse, el juzgado que conociere de las diligencias más antiguas; si éstas se comenzaron en la misma fecha, el que primero las hubiese registrado.

Artículo 415. La acumulación deberá promoverse ante el juez que, conforme al artículo anterior, sea competente; y el incidente a que dé lugar, se substanciará en la forma establecida para las competencias por inhibitoria.

Artículo 416. Los incidentes de acumulación se substanciarán por separado, sin suspender el procedimiento en los procesos respectivos.

Artículo 417. Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de este capítulo, a las averiguaciones que se practiquen por el Ministerio Público.

CAPÍTULO VIII

Separación de Autos
Artículo 418. Podrá ordenarse la separación de los autos acumulados, cuando concurran las siguientes circunstancias:
I. Que la pida alguna de las partes, antes de que éste concluida la instrucción;
II. Que la acumulación se haya decretado en el caso previsto en la fracción I del artículo 409 y, posteriormente, se demuestre que los delitos sean diversos o inconexos; y
III. Que el juez estime, si se trata de delitos conexos, que de continuar la acumulación la investigación se demoraría o dificultaría.

Artículo 419. Contra el auto en que el juez declare no haber lugar a la separación no procede recurso alguno; pero dicho auto no pasará en autoridad de cosa juzgada mientras no esté concluida la instrucción. Contra el auto que decrete la separación tampoco procede recurso alguno.

Artículo 420. Decretada la separación, conocerá de cada asunto el juez que conocía de él antes de haberse efectuado la acumulación.

Artículo 421. El incidente sobre separación de autos se substanciará por separado, en la misma forma que el de acumulación, sin suspender el procedimiento.

Artículo 422. Cuando varios juzgados conozcan de procesos cuya separación se hubiese decretado, el que primero pronuncie sentencia ejecutoria procederá en los términos del artículo 412 de este ordenamiento.
Artículo 423. La separación podrá decretarse de oficio, cuando no hubiese habido acumulación en los términos del capítulo anterior.

CAPÍTULO IX

Responsabilidad Civil
Artículo 424. La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, de acuerdo con el artículo 98 del Código Penal, debe ejercitarse por quien tenga derecho a ella, ante el juez que conozca del proceso; pero deberá intentarse y seguirse ante los juzgados del orden civil, en el juicio que corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso, sin comprender la reparación del daño. Esto se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiere lugar al juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público o por cualquier otro motivo legal.

Cuando, promovidas las dos acciones, hubiese concluido el proceso sin que el incidente de reparación del daño esté en estado de sentencia, continuará conociendo de él el juzgado ante quien se haya iniciado.



Artículo 425. El incidente sobre reparación del daño exigible a terceras personas se tramitará y decidirá conforme a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 426. Si el incidente llega al estado de alegar antes de que concluya la instrucción, se suspenderá hasta la audiencia de vista del proceso, en la cual se producirán los alegatos que correspondan al incidente y la sentencia resolverá, a la vez, sobre la acción penal y sobre la reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado.

Artículo 427. La suspensión del proceso, por estar el inculpado sustraído a la acción de la justicia, no se extiende al incidente sobre la reparación del daño, siempre que se notifique al acusado en la forma que proceda de acuerdo con la ley civil.

Artículo 428. Las providencias precautorias que pudiere intentar quien tenga derecho a la reparación se regirán por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de las facultades que las leyes concedan al fisco para asegurar su interés en la vía administrativa.

CAPÍTULO X

Medidas Provisionales para la Restitución al Ofendido

en el Goce de sus Derechos
Artículo 429. Cuando esté plenamente comprobado en autos, el delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratase de cosas, únicamente podrán retenerse, esté o no acreditado el cuerpo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para el éxito de la averiguación.

Tratándose del delito de despojo, el Juez decretará de oficio, las providencias a que se refiere el párrafo anterior, en el auto de formal prisión en su caso.


Si la entrega del bien pudiere lesionar derechos de tercero o del inculpado, la restitución se hará mediante fianza bastante para garantizar los daños y perjuicios respectivos. En caso de delitos patrimoniales, el monto de la fianza para la restitución se fijará, previo avalúo del bien que ha de devolverse.

Artículo 430. Las providencias que se dicten conforme a las reglas anteriores, serán provisionales y podrán ser modificadas o revocadas por causa superveniente, o en la sentencia definitiva.

Artículo 431. Si la cosa objeto del delito hubiese pasado a poder de tercero, éste será forzosamente oído en el incidente.

Artículo 432. Tratándose de cosas perecederas o de aquéllas, que por sus propiedades químicas sean peligrosas, podrá el Ministerio Público, durante las diligencias de averiguación previa, o el juez en su caso, devolverlas al ofendido, sin necesidad de que se promueva el incidente de este capítulo y sin perjuicio de que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la devolución del valor de la cosa, mientras que se dicta la resolución definitiva.

Artículo 433. En todo caso, tanto el agente del Ministerio Público, como el juez, dictarán de oficio, o a solicitud de parte interesada, antes de la tramitación del incidente, las medidas que sean necesarias para conservar los derechos del ofendido.

CAPÍTULO XI

Incidentes no Epecificados
Artículo 434. En los incidentes cuya tramitación no se detalle en este código que, a juicio del juez o a petición de parte, no puedan resolverse de plano y no deban suspender el curso del procedimiento, se substanciarán por separado y del modo siguiente: se dará vista de la promoción del incidente a la parte contraria de la que promueva, para que conteste en el acto de la notificación o, a más tardar, en tres días; si el juez lo creyere necesario, o alguna de las partes lo pidiese, se abrirá un término de prueba que no excederá de cinco días, después de los cuales, se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes y, concurran o no las partes, el juez fallará desde luego el incidente.

TÍTULO NOVENO

Procedimientos Especiales
CAPÍTULO I

Suspensión Condicional de la Pena
Artículo 435. Las pruebas que se promuevan para acreditar los requisitos que exige el artículo 71 del Código Penal, a fin de suspender condicionalmente una condena, se rendirán durante la instrucción o en la tramitación de la apelación contra la sentencia o en incidente que se tramite después de dictada la definitiva, sin que el ofrecimiento de esas pruebas, por parte del procesado, signifique que acepta su responsabilidad por los hechos que se le imputan.

Artículo 436. Al dictar la sentencia de primera instancia, el juez concederá de oficio la suspensión condicional de la condena siempre que ésta proceda.

Artículo 437. Cuando por alguna de las causas que señala el artículo 71 del Código Penal, deba revocarse el beneficio de suspensión condicional y hacerse efectiva la sanción impuesta, el juez o tribunal que impuso ésta, a petición del Ministerio Público lo citará, así como al reo y a su defensor, a una audiencia en la que recibirá las pruebas que demuestren la existencia de dicha causa; en caso afirmativo, ordenará que se ejecute la sanción y, a ese efecto, tomará las providencias pertinentes para la comparecencia personal del sentenciado, incluso la orden de su reaprehensión.

CAPÍTULO II

Rehabilitación
Artículo 438. La rehabilitación de los derechos de familia, civiles o políticos, no procederá antes de que el reo extinga la sanción privativa de libertad.

Artículo 439. El inculpado al que le decreten auto de libertad que no haya sido impugnado o recurrido y se confirme, así como el reo absuelto o que haya cumplido la pena que le fue impuesta, tendrá derecho a solicitar la rehabilitación de sus derechos civiles, políticos y de familia de los cuales haya sido privado, debiendo formular la petición por escrito o por comparecencia ante el Secretario del juzgado o tribunal competente, sin que medie diversa formalidad, debiendo ser resuelta por la autoridad dentro de las siguientes veinticuatro horas.
Una vez declarada la rehabilitación de derechos políticos, civiles y de familia por parte del juzgado o tribunal competente, éste deberá enviar de oficio las constancias necesarias a las autoridades competentes dentro de las siguientes setenta y dos horas, a efecto de que se proceda a la rehabilitación de dichos derechos.
Además, el juzgado o tribunal competente deberá otorgar al solicitante una constancia del auto, mismo que constituye prueba plena de la rehabilitación de sus derechos políticos, civiles y de familia ante cualquier autoridad.
Artículo 440. Derogado.

Artículo 441. Derogado.
Artículo 442. Derogado.

CAPÍTULO III

El Reconocimiento de Inocencia e Indulto
Artículo 443. Para otorgar el indulto, previsto en el párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal del Estado, el sentenciado ocurrirá al Ejecutivo con su petición y los justificantes de los servicios prestados; en vista de los cuales, el Ejecutivo podrá conceder o negar el indulto.
Tratándose de delitos contra la seguridad interior del Estado, discrecionalmente concederá o negará el indulto que podrá ser sin condición alguna.

Artículo 444. El sentenciado que se crea con derecho al reconocimiento de inocencia ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal de Justicia, para aducir la causa o causas en que funde su petición y acompañarle las pruebas respectivas o protestará exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá la prueba documental.

Artículo 445. Recibida y turnada la solicitud, la sala del Supremo Tribunal de Justicia pedirá inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que se encuentre y, cuando lo reciba, citará al Ministerio Público, al reo y a su representante, si lo tuviese, para la vista, que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes, salvo el caso en que se ofrezca prueba documental, cuya recepción exija un término que se fijará prudentemente, atentas las circunstancias.

Artículo 446. El día fijado para la vista, dada cuenta por el secretario, se recibirán las pruebas, informará al reo por sí o por su representante y el Ministerio Público pedirá lo que en derecho corresponda.

Artículo 447. A los cinco días de celebrada la vista, la sala declarará si está o no comprobada la inocencia del solicitante.

En el primer caso remitirá las diligencias originales con un informe, al Ejecutivo del Estado para que sin más trámite reconozca la inocencia del sentenciado. En el segundo caso, mandará archivar las diligencias, previa notificación a las partes.



Artículo 448. Todas las resoluciones en que se decrete el indulto del sentenciado o se reconozca su inocencia se comunicarán al juez que hubiese dictado la sentencia, para que ordene la anotación correspondiente en el proceso y en los registros policíacos y carcelarios que corresponden.

CAPÍTULO IV

Procedimiento para Sordomudos, Ciegos y Enfermos Mentales
Artículo 449. Con los sordomudos, ciegos de nacimiento o con quienes padezcan ceguera sobrevenida antes de los cinco años de edad y que carezcan totalmente de instrucción, que contravengan la ley penal, se procederá en los términos del artículo 60 del Código Penal.

Artículo 450. Cuando, durante las diligencia de averiguación previa aparezca que hay motivo fundado para suponer que el inculpado detenido padece de algún trastorno mental se recabará, dentro del término de veinticuatro horas, dictamen pericial al respecto. En caso afirmativo, se procederá a recluirlo en establecimiento especial, donde quedará a disposición del agente del Ministerio Público del conocimiento, quien procederá a concluir la averiguación previa, a la brevedad posible, a efecto de definir si procede aplicar la disposición del artículo 112 de este código; en caso contrario, a ejercitar la acción penal como legalmente corresponda.
Artículo 451. Cuando haya motivo fundado para suponer que un procesado se encuentra comprendido en lo dispuesto en la segunda parte del primer párrafo del artículo 60 del Código Penal, el juez, sin suspender el procedimiento ordinario, dispondrá inmediatamente que dos peritos psiquiatras lo examinen y, dentro de un plazo que no exceda de treinta días, dictaminen sobre su estado mental y, además, si lo estima necesario, ordenará que se le recluya provisionalmente en un establecimiento especial.
En los partidos judiciales en que no exista perito psiquiatra, podrá hacer sus veces el médico legista. El Ministerio Público y el defensor podrán nombrar peritos médicos para que dictaminen sobre el caso.

Artículo 452. El dictamen psiquiátrico determinará: si el inculpado padece alguna afección psicopatológica de las señaladas en el artículo 60 del Código Penal; si el hecho u omisión definido como delito que se le impute, es una manifestación de tal afección; si ésta le permite darse cuenta del procedimiento judicial seguido en su contra, así como el grado de peligrosidad del enfermo y si su estado es permanente o transitorio. El mismo dictamen expresará opinión acerca de si el estado del inculpado permite que permanezca, sin perjuicio, en la prisión ordinaria o, en caso contrario, sobre las condiciones en que deba efectuarse su reclusión o su entrega, cuando ésta proceda, a la persona a quien corresponda hacerse cargo de él.

Artículo 453. Si el dictamen precisa que el procesado sufre alguna afección psicopatológica que no le impide darse cuenta del procedimiento punitivo que se le sigue, el juez citará a una audiencia, que se efectuará dentro de los tres días, al Ministerio Público, al defensor y a los peritos y, en la misma, resolverá las condiciones de su reclusión, en tanto se dicta sentencia. Contra la resolución que dicte el juez en la audiencia a que se refiere este artículo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

Artículo 454. Si se acredita que el estado mental del procesado no le permite darse cuenta del procedimiento, éste dejará de ser ordinario y se abrirá el especial, en el que se encomienda al recto criterio y a la prudencia del juzgador investigar, por los medios que estime adecuados, la existencia del hecho delictuoso que se impute; la participación que en ese hecho hubiese tenido el procesado; y estudiar la personalidad de éste, sin tener que sujetarse a las normas procesales establecidas por este código. Al concluir la investigación, si el Ministerio Público, solicita la aplicación del artículo 60 del Código Penal, el juez, previa audiencia de dicho funcionario, del defensor y del representante legal del procesado, si lo tuviese, dictará la resolución que corresponda.

Artículo 455. Cuando se compruebe la existencia del hecho delictuoso y que en el mismo participó conscientemente el inculpado, pero éste sufra alteración mental dentro del término constitucional, el juez dictará auto para los efectos que señala el artículo 19 de la Constitución Federal y además ordenará la reclusión hospitalaria del procesado, en los términos que fija el Código Penal.

Artículo 456. Durante el tiempo de la reclusión el juez proveerá lo conducente para la observancia de las medidas que hubiese dictado, las que podrá revocar o modificar, previa audiencia del perito psiquiatra, del Ministerio Público y del defensor del inculpado.

La vigilancia del recluido estará a cargo de la autoridad administrativa.



CAPÍTULO V

Internamiento o Tratamiento en Libertad Vigilada

a Sujetos con Imputabilidad Disminuida
Artículo 457. Se presumirá imputabilidad disminuida, respecto a las personas que, siendo mayores de dieciocho años pero menores de veinte años, o mayores de sesenta y cinco, contravengan las leyes penales, según sus condiciones peculiares y la gravedad del hecho, apreciadas en lo conducente.

Artículo 458. En los casos previstos en este capítulo, se practicará, sin excepción alguna: examen médico, psicológico, psiquiátrico y, en su caso, neurológico.

Artículo 459. En la aplicación de las sanciones a personas de dieciocho a veinte años, o mayores de sesenta y cinco, los jueces y tribunal tendrán en cuenta el grado de madurez mental o de disminución de la capacidad de entender y querer, respectivamente, del sujeto, considerando como imputabilidad disminuida aquellos casos en que exista cualquier inmadurez o perturbación, en estos casos, el juez, en ejercicio de su informado arbitrio, podrá disminuir hasta en un tercio la pena correspondiente al delito cometido. Si se trata de los ancianos ya citados, podrá decretar su tratamiento en libertad vigilada bajo la supervisión técnica de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado.
Artículo 460. El Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, tendrá a su cargo la ejecución de las sanciones privativas y restrictivas de la libertad y de las medidas de seguridad, en los términos de la ley que regule la ejecución de penas en el Estado de Jalisco.
TRANSITORIOS
Artículo 1º.‑ Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán a surtir sus efectos, quince días después de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Artículo 2º.‑ Los procesos que se encuentren actualmente en tramitación en lo sucesivo se sustanciarán conforme a las normas del presente código, salvo en el caso de que se perjudiquen los beneficios estipulados en favor del reo, contenidos en el Código de Procedimientos Penales de fecha nueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro.

Artículo 3º.‑ Los recursos interpuestos con anterioridad, sobre cuya admisión nada se haya resuelto, se admitirán conforme a las disposiciones del presente código.

Artículo 4º.‑ Los términos que en la misma fecha hayan comenzado ya a correr y no hubiesen concluido, se computarán de acuerdo con la ley más favorable al procesado.

Artículo 5º.‑ Toda competencia se decidirá por el presente código, en consecuencia, el juez o tribunal que se hallase tramitando una causa y dejare de ser competente por su vigencia, deberá, desde luego, remitir los autos a la autoridad que corresponda o que deba seguir conociendo del negocio.

Artículo 6º.‑ Se abroga el Código de Procedimientos Penales del 9 de junio de 1934 y todas las leyes de la materia en cuanto se opongan a la aplicación de la presente.
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado.

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 1982.


Diputado Presidente

Profr. Gustavo García Villa.


Diputado Secretario

Profra. Amparo Rubio de Contreras.


Diputado Secretario.

Lic. Luis Guerrero Campos.


Diputados:
Lic. Juan José Bañuelos Guardado.

Dr. José Antonio Barba Borrego

Lic. Santiago Camarena Flores

Lic. Porfirio Cortés Silva

Guillermo Ramón de Alba González

Justino Delgado Caloca

María del Rosario Díaz Rosas

Ing. José Antonio Flores Ruiz Velasco

Lic. J. Jesús González Gortázar

Lic. José Luis Leal Sanabria

Marcos Montero Ruiz

Ing. Ignacio Mora Luna

Ing. Javier Ochoa de la Paz

Profr. Claudio Palacios Rivera

C.P. Héctor Pérez Plazola

Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña

Lic. Arturo Ramos Romero

Isidro Rodríguez Aquino

Lic. Sergio Alfonso Rueda Montoya

Mayor José Toscano Figueroa

José Luis Tostado Becerra

Lic. José Guillermo Vallarta Plata

Antonio Vizcaíno Barajas
Por tanto mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y dos.
El Gobernador Constitucional del Estado.

Lic. Flavio Romero de Velasco.


El Secretario General de Gobierno.

Lic. Alfonso de Alba Martín.






Compartir con tus amigos:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad