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CCPR/C/HRV/2

página



NACIONES UNIDAS

CCPR

Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos


Distr.
GENERAL

CCPR/C/HRV/2


2 de diciembre de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO


Segundo informe periódico de los Estados partes

CROACIA*

[28 de noviembre de 2007]



ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1 - 13 4

Artículo 1 14 - 24 9

Artículo 2 25 - 41 11

Artículo 3 42 - 67 15

Artículo 4 68 - 70 21

Artículo 5 71 - 72 22

Artículo 6 73 - 84 22

Artículo 7 85 - 120 25

Artículo 8 121 - 159 34

Artículos 9 y 10 160 - 184 42

Artículo 11 185 48

Artículos 12 y 13 186 - 202 48

Artículo 14 203 - 316 50

Artículo 15 317 - 321 74

Artículo 16 322 - 327 75

Artículo 17 328 - 349 77

Artículo 18 350 - 380 88

Artículo 19 381 - 423 94

Artículo 20 424 - 437 103

Artículo 21 438 - 443 109

Artículo 22 444 - 484 110

Artículo 23 485 - 507 117

Artículo 24 508 - 579 121



ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

Artículo 25 580 - 611 136

Artículo 26 612 - 619 142

Artículo 27 620 - 658 143



INTRODUCCIÓN

1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "el Pacto") es un instrumento jurídico internacional de las Naciones Unidas que data de 1966. La Organización de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo en 1976. En éste se reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de nacionales de los Estados partes en el Pacto que aleguen ser víctimas de una violación de un derecho protegido por éste. El Protocolo establece el procedimiento para la presentación de las comunicaciones, por lo que constituye una de las garantías por las que los Estados partes tendrán más responsabilidad en la puesta en práctica de los derechos y libertades enunciados en el Pacto.

2. Los Estados partes en el Pacto deben, aprobando leyes o adoptando otras medidas, posibilitar el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y proporcionar un recurso eficaz a toda persona cuyos derechos y libertades, establecidos en el Pacto, hayan sido violados. Aun en un estado de emergencia pública, no se permite la limitación o supresión de los derechos humanos fundamentales reconocidos o existentes en un Estado.

3. Croacia es parte en el Pacto sobre la base de la notificación de la sucesión (Gaceta Oficial [en adelante "GO"] Nº 12/93 - Tratados internacionales).

4. En 1999, Croacia presentó al Comité de Derechos Humanos su informe inicial sobre la aplicación del Pacto. El Comité no examinó ese informe hasta fines de 2002, ocasión en que formuló las observaciones finales.

5. En 2003, Croacia envió al Comité de Derechos Humanos sus observaciones sobre determinados puntos de las observaciones finales relativas a la aplicación del Pacto. De acuerdo con la petición formulada por el Comité, también se incluyeron en el informe inicial algunos puntos o recomendaciones incluidos en las observaciones finales. En éstas también se fijaba la fecha del 1º de abril de 2005 para la presentación del segundo informe sobre la aplicación del Pacto.

6. El segundo informe se redactó con arreglo a la metodología según la cual los informes periódicos deben estructurarse siguiendo los artículos del Pacto e indicar la forma en que se está poniendo en práctica cada artículo. El informe abarca el período 2000-2006.

7. Desde que se presentó el informe inicial hasta que se presentó el segundo informe transcurrieron ocho años. En ese período Croacia registró importantes progresos en la puesta en práctica y protección de los derechos humanos. Aumentó su capacidad administrativa y creó el marco legal para esa puesta en práctica y protección.

8. Conforme al compromiso contraído por Croacia de ser un país que pondría en práctica todos los derechos humanos, en el período transcurrido desde la presentación del informe inicial el Gobierno de la República ha creado las siguientes instituciones: en 2001 la Oficina de Derechos Humanos; en 2003 la Oficina de la Ombudsperson para la Igualdad de Género y la Oficina del Ombudsman para la Infancia; en 2004 la Oficina de Igualdad de Género; y en 2005 el Centro de Derechos Humanos y otras instituciones encargadas de mejorar los derechos humanos. En el informe se da más información sobre estas y otras instituciones. En cuanto al marco legal de protección de los derechos humanos, durante el período de ocho años se aprobó una gran cantidad de leyes, así como políticas, estrategias y programas nacionales, con la finalidad de aumentar la protección de los grupos sociales vulnerables que, según se había determinado, necesitaban protección especial para ejercer sus derechos.

9. El marco legal vigente también está compuesto por los siguientes instrumentos:



Constitución y leyes constitucionales

- Constitución de la República de Croacia (GO Nos. 56/90, 135/97, 8/98 - texto revisado, 113/00, 124/00 - texto revisado, 41/01 - texto revisado, 55/01 - corrección, 41/01)

- Ley constitucional sobre los derechos de las minorías nacionales (GO Nº 155/02)

- Ley constitucional sobre la cooperación entre la República de Croacia y la Corte Penal Internacional (GO Nº 32/96)

- Ley constitucional sobre el Tribunal Constitucional (GO Nº 49/02)

Leyes

- Ley de familia (GO Nos. 116/03, 17/04, 136/04)

- Ley de policía (GO Nº 129/00)

- Ley del Ombudsman para la Infancia (GO Nº 96/03)

- Ley sobre el derecho de acceso a la información (GO Nº 172/03)

- Ley de aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y de enjuiciamiento de los delitos contra el derecho penal militar internacional y el derecho internacional humanitario (GO Nº 175/03)

- Ley del Ombudsman (GO Nº 60/92)

- Ley de trabajo (GO Nos. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 137/04)

- Ley de igualdad de género (GO Nº 116/03)

- Ley de bienestar social (GO Nos. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06)

- Ley de tribunales de menores (GO Nos. 111/97, 27/98, 129/00)

- Ley de la administración pública (GO Nos. 190/03 - texto revisado, y 199/03)

- Ley de asociaciones (GO Nos. 88/01, 11/02)

- Ley sobre el uso de los idiomas y alfabetos de las minorías nacionales en la República de Croacia (GO Nos. 51/00, 56/00 - corrección)

- Ley de protección contra la violencia familiar (GO Nº 116/03)

- Ley de protección de las personas con trastornos mentales (GO Nos. 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)

- Ley de atención de la salud (GO Nos. 121/03, 44/05, 48/05, 85/06)

- Ley de atención de la salud de los extranjeros en la República de Croacia (GO Nº 114/97)

- Ley de defensa (GO Nos. 33/02, 58/02, 100/04)

- Ley del servicio en las Fuerzas Armadas de la República de Croacia (GO Nos. 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)

- Ley de los Consejos de la Juventud (GO Nº 23/07)

- Ley sobre las zonas de especial interés público (GO Nº 26/03)

- Ley de islas (GO Nos. 34/99, 32/01, 33/06)

- Ley sobre las zonas de montaña (GO Nos. 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05)

- Ley de minería (GO Nº 190/03)

- Ley de concesiones (GO Nº 89/92)

- Código de Procedimiento Civil (GO Nos. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03)

- Código Penal (GO Nos. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06)

- Código de Procedimiento Penal (GO Nos. 62/03, 115/06)

- Código de Procedimiento Administrativo General (GO Nos. 53/91, 103/96)

- Ley de tribunales (GO Nº 150/05)

- Ley de protección de los derechos de los pacientes (GO Nº 169/04)

- Ley de ejecución de las penas de privación de libertad (GO Nos. 128/99, 55/00, 129/00, 59/01, 67/01)

- Ley de ejecución de las sentencias civiles (GO Nos. 7/96, 29/99, 42/00, 73/03, 194/03, 115/04, 88/05)

- Ley de cooperación judicial internacional en asuntos penales (GO Nº 78/04)

- Ley de asilo (GO Nº 103/03)

- Ley de la nacionalidad croata (GO Nos. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94)

- Ley de mediación (GO Nº 163/03)

- Ley de empresas (GO Nos. 11/93, 34/94)

- Ley de obligaciones civiles (GO Nº 35/05)

- Ley de instituciones (GO Nos. 76/93, 27/97, 47/99)

- Ley de protección de los datos personales (GO Nos. 113/03, 118/06)

- Ley de la condición jurídica de las comunidades religiosas (GO Nº 83/02)

- Ley de días festivos, días de conmemoración y días feriados en la República de Croacia (GO Nos. 136/02, 112/05, 59/06)

- Ley del servicio civil (GO Nº 25/03)

- Ley de medios de comunicación (GO Nº 59/04)

- Ley de radiodifusión y televisión de Croacia (GO Nº 25/03)

- Ley de medios electrónicos (GO Nº 122/03)

- Ley de protección de la confidencialidad de los datos (GO Nº 108/96)

- Ley del funcionario público (GO Nos. 92/05, 142/06)

- Ley de reuniones públicas (GO Nº 128/99)

- Ley de partidos políticos (GO Nos. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01)

- Ley de financiación de los partidos políticos y los candidatos y listas independientes (GO Nº 1/07)

- Ley de unión civil entre personas del mismo sexo (GO Nº 16/03)

- Ley de nombres personales (GO Nos. 69/92, 26/93, 29/94)

- Ley del Registro Civil (GO Nº 96/93)

- Ley de elección del Presidente de la República de Croacia (GO Nos. 22/92, 42/92, 71/97)

- Ley de elección de los miembros del Parlamento croata (GO Nos. 69/03, 44/06)

- Ley de autonomía local y territorial (regional) (GO Nos. 33/01, 60/01, 129/05)

- Ley de elección de los miembros de los órganos representativos de las autonomías locales y territoriales (regionales) (GO Nos. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - texto revisado, 44/06)

- Ley de educación en los idiomas y escritura de las minorías nacionales (GO Nº 52/02)

- Ley de la tarjeta de identidad personal (GO Nos. 11/02, 122/02, 136/06)

- Ley de museos (GO Nº 142/98)

- Ley de bibliotecas (GO Nos. 105/97, 5/98, 104/00)

- Ley de archivos y material de archivo (GO Nos. 105/97, 64/00)

- Ley sobre el método para determinar la representación de las organizaciones sindicales de nivel superior en los órganos tripartitos de ámbito nacional (GO Nº 19/99)

- Ley de asuntos internos (GO Nos. 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98, 53/00)

Estrategias, programas y políticas nacionales

- Plan nacional de actividades en pro del bienestar, los derechos y los intereses del niño 2006-2012

- Política nacional de promoción de la igualdad de género en la República de Croacia 2001-2005 (GO Nº 112/01)

- Estrategia nacional de fomento de una política integral para las personas con discapacidades 2003-2007 (GO Nº 13/03)

- Estrategia nacional de protección contra la violencia familiar para el período 2005‑2007

- Política nacional de familia

- Política nacional de población

- Programa nacional de acción en favor de la juventud

- Programa nacional de adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (GO Nos. 30/03, 37/04, 2006)

- Programa nacional de eliminación del uso indebido de estupefacientes para 2003

- Programa nacional de eliminación de la corrupción 2006-2008 (GO Nº 39/06)

- Programa nacional de lucha contra la corrupción

- Programa nacional para los romaníes

- Política nacional de promoción de la igualdad de género en la República de Croacia desde 2006 hasta 2010

- Programa nacional de eliminación de la trata de personas 2005-2008

- Programa nacional de eliminación de la trata de niños 2005-2007

- Proyecto de retorno de los refugiados croatas de origen étnico serbio

- Proyecto de promoción de la lucha contra el VIH/SIDA en Croacia

10. También se han aprobado otros documentos y leyes que se mencionan en el texto en relación con los artículos correspondientes.

11. Al establecer organismos especiales, aprobar documentos especiales y mejorar su marco legal en relación con los derechos enunciados en el Pacto, el Gobierno de la República demuestra que Croacia tiene un buen nivel en la puesta en práctica y protección de los derechos humanos. Los problemas que enfrenta constituyen un desafío, porque ponen de manifiesto que en algunos sectores es preciso redoblar los esfuerzos para encontrar mejores soluciones.

12. Todo lo que Croacia ha realizado y sigue realizando demuestra que es un país que defiende la democracia y se esfuerza por lograr la plena realización de los valores supremos de su ordenamiento constitucional. La libertad, la igualdad de derechos, la igualdad nacional y la igualdad de género, el amor por la paz, la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la inviolabilidad de la propiedad, la conservación de la naturaleza y del medio ambiente, el estado de derecho y un sistema democrático multipartidario son los valores supremos del ordenamiento constitucional de Croacia y la base para la interpretación de la Constitución.

13. En el informe, los detalles sobre la aplicación del Pacto se presentan en forma de observaciones relacionadas con los artículos correspondientes.



Artículo 1

14. Las disposiciones del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están incorporadas en la Constitución de la República de Croacia (GO Nos. 56/90, 135/97, 8/98 - texto revisado, 28/01 - reforma de la Constitución). Croacia es un Estado soberano democrático en el que están garantizados y se ponen en práctica los derechos, la igualdad y la libertad del ser humano y del ciudadano, se promueve el progreso económico y cultural y se fomenta el bienestar social. En Croacia el poder deriva del pueblo y pertenece a éste en su calidad de comunidad de ciudadanos libres e iguales. De acuerdo con el derecho internacional, Croacia ejerce la soberanía y jurisdicción sobre su territorio. El Parlamento y el pueblo croatas deciden directa e independientemente, conforme a la Constitución y la ley, del ordenamiento económico, legal y político de la República, así como de la protección y disposición de las riquezas naturales y culturales.

15. Los valores supremos del ordenamiento constitucional son la libertad, la igualdad de derechos, la igualdad nacional, la igualdad de género, el amor por la paz, la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la inviolabilidad de la propiedad, la conservación de la naturaleza y del medio ambiente, el estado de derecho y un sistema democrático multipartidario. Se brinda especial protección al mar, las costas y las islas, las aguas, el espacio aéreo, las riquezas minerales y los demás recursos naturales, como la tierra, los bosques, la fauna y la flora, los demás elementos de la naturaleza, los bienes raíces y los bienes de especial importancia cultural, histórica, económica o ecológica que la ley califique de interés para la República. La ley prescribe la forma en que los bienes de interés público pueden ser utilizados y explotados por los que tienen derechos sobre ellos y sus propietarios.

16. Una de las consecuencias de la Guerra de la Patria es que Croacia presta especial atención a las zonas directamente afectadas por el conflicto. La Ley sobre las zonas de especial interés público (GO Nº 26/03 - texto revisado) establece las zonas a las que la República presta especial cuidado y crea incentivos para su reconstrucción y desarrollo.

17. Las zonas de especial interés público se establecieron para eliminar las secuelas de la guerra, acelerar el regreso de los habitantes que vivían en esas zonas antes de la guerra, fomentar el crecimiento demográfico y económico y lograr un desarrollo más equilibrado de todas las zonas de la República.

18. Los derechos enunciados en esta ley son ejercidos por las personas físicas que tienen residencia permanente o temporal en las zonas de especial interés público y las personas jurídicas con sede en esas zonas.

19. Las zonas de especial interés público se clasifican en tres grupos. Los criterios de clasificación correspondientes a los dos primeros grupos resultan de las consecuencias de la ocupación y la agresión de que fueron víctimas esas zonas y la República de Croacia. Los criterios correspondientes al tercer grupo son el desarrollo económico, los problemas estructurales, los criterios demográficos y determinados criterios especiales.

20. Conforme a los criterios especiales, las zonas de especial interés público incluyen los municipios considerados zonas atrasadas de la República en materia de desarrollo. El procedimiento de evaluación se basa en cuatro criterios de desarrollo, a saber:

- El desarrollo económico. Se determinan las zonas económicamente atrasadas y se utilizan indicadores tales como los ingresos de los habitantes, la renta de la autonomía local y los demás indicadores disponibles.

- Los problemas estructurales. Se determinan las zonas que tienen enormes dificultades en materia de empleo y reestructuración industrial y agrícola, y se utilizan indicadores tales como el empleo y el desempleo, los indicadores especiales del desarrollo de las zonas industriales, urbanas y rurales, y los demás indicadores disponibles.

- La demografía. Se determinan las zonas con indicadores demográficos extremadamente bajos y se utilizan indicadores tales como la densidad de población, las tendencias generales de los movimientos de población, el índice vital, la estructura de edad y educación de la población, y los demás indicadores disponibles; y

- Los criterios especiales. Se aplican a los municipios fronterizos, que, al haberse modificado las fronteras, enfrentan nuevas dificultades en materia de desarrollo, así como a los municipios de las zonas minadas, que no cumplen los criterios correspondientes a los dos primeros grupos de zonas de especial interés público.

21. Las decisiones relacionadas con el cumplimiento de los criterios se adoptan basándose en la opinión del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura.

22. Además de las zonas de especial interés público, Croacia presta especial atención a la protección y el desarrollo de sus islas. El artículo 1 de la Ley de islas (GO Nos. 34/99, 32/01, 33/06) dispone que las islas son riquezas naturales de Croacia y que la propiedad inmueble de las islas tiene una importancia y un interés especiales para Croacia desde los puntos de vista histórico, económico y ecológico, y disfruta de la protección especial de ésta.

23. La Ley sobre las zonas de montaña (GO Nos. 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05) regula los incentivos a la renovación demográfica, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y para crear las condiciones que permitan resolver los problemas sociales y elevar el nivel de vida de la población de esas zonas. A los fines de la ley, se consideran zonas de montaña las zonas cuya altitud, inclinación, exposición, fertilidad efectiva, clima y otras características naturales implican que la vida y el trabajo de la población son más difíciles. La ley establece que las zonas de montaña son zonas de interés y están bajo la protección especial de la República de Croacia para promover su renovación demográfica, el reasentamiento, la creación de las condiciones necesarias para el mejor aprovechamiento posible de los recursos naturales y similares con miras al desarrollo económico de esas zonas y del conjunto de la República. Es necesario elevar el grado de protección ecológica de las riquezas naturales y el hábitat de las personas y los demás seres vivos, y mejorar y hacer más igual la resolución de los problemas sociales y el crecimiento económico y desarrollo de todas las zonas de la República.

24. La Ley de minería (GO Nº 190/03 - texto revisado) dispone que los recursos minerales son de interés para Croacia, que disfrutarán de su especial protección y que se explotarán en las condiciones y de la manera prescritas por la ley. Los recursos minerales son de propiedad de la República. Se otorgan concesiones aplicando los mismos criterios que los expuestos en el informe inicial. Además de la Ley de concesiones (GO Nº 89/92), en 2004 se aprobó la Ordenanza sobre la organización y administración del Registro de Concesiones (GO Nº 164/04).



Artículo 2

25. En Croacia todos disfrutan de derechos y libertades, cualesquiera sean su raza, color, género, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, condición económica, nacimiento, educación, condición social u otras características. Todos son iguales ante la ley (artículos 14 y 15 de la Constitución).

26. La nueva Ley constitucional sobre los derechos de las minorías nacionales (GO Nº 155/02) (en adelante "Ley constitucional") se aprobó en 2002. El artículo 4 de esa ley dispone que todo nacional de la República de Croacia tendrá el derecho de expresar libremente que es miembro de una minoría nacional de la República, el derecho de ejercer, solo o junto con otros miembros de esa minoría o con miembros de otras minorías nacionales, los derechos y libertades consagrados por la Ley constitucional y demás derechos y libertades de minorías previstos por leyes especiales. Los miembros de las minorías nacionales ejercen los derechos y libertades consagrados por la Constitución y las leyes de la República de la misma manera que los demás ciudadanos. Está prohibida toda discriminación basada en la pertenencia a una minoría nacional. Se garantiza a los miembros de las minorías nacionales la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley. Está prohibido asimismo aplicar medidas que modifiquen las proporciones en la composición de la población de las zonas habitadas por personas pertenecientes a minorías nacionales, con el fin de entorpecer el ejercicio de los derechos y libertades previstos en la Ley constitucional y las leyes especiales o restringir dichos derechos y libertades.

27. El artículo 20 de la Constitución dispone que nadie que viole las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos y libertades fundamentales podrá ser exculpado por invocar la orden de un superior.

28. El marco legal que penaliza la discriminación está compuesto de las disposiciones del Código Penal (GO Nos. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - decisión del Tribunal Constitucional de la República de Croacia, 105/04, 84/05 - corrección, 71/06) y en particular los artículos 106 (violación de la igualdad de los ciudadanos) y 174 (discriminación racial o de otra índole). Más abajo se proporciona el contenido y la descripción de estos delitos.

29. En octubre de 2006 se introdujo en el Código Penal la definición del delito de odio. Éste es un delito cometido contra una persona que está motivado por el odio de su autor a otra persona causado por su raza, color, género, orientación sexual, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, condición económica, nacimiento, educación, condición social u otras características. Esa definición pone de manifiesto la firme determinación de sancionar toda conducta que, de la manera o por el motivo que sea, tenga por finalidad colocar a un tercero en una posición de desigualdad.

30. Con respecto al anterior período objeto de informe, el artículo 174 del Código Penal se ha armonizado con el artículo 6 del Protocolo adicional del Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de los actos de índole racista o xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Croacia ha firmado este instrumento.

31. Es necesario destacar que, respecto al período mencionado, el Código Penal también fue objeto de otras importantes enmiendas por las que se introdujeron algunos delitos nuevos y se amplió la variedad de las penas para los existentes. El objetivo de las enmiendas era adaptar la legislación penal a las normas internacionales, ofreciendo así a las personas mayores garantías en el ejercicio y la protección de los derechos humanos.

32. Las mencionadas enmiendas a la legislación penal se basan en las siguientes fuentes jurídicas:

- El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (GO Nº 5/01 - Tratados internacionales, ratificado el 28 de marzo de 2001);

- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GO Nº 14/02 - Tratados internacionales, ratificado el 7 de noviembre de 2002);

- La Convención de derecho penal sobre la corrupción (GO Nº 11/00 - Tratados internacionales, ratificada el 6 de octubre de 2000);

- La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (GO Nº 12/99 - Tratados internacionales, ratificada el 24 de septiembre de 1999);

- El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (GO Nº 16/03 - Tratados internacionales, ratificado el 1º de octubre de 2003);

- El Convenio sobre la ciberdelincuencia (GO Nº 9/02 - Tratados internacionales, ratificado el 3 de julio de 2002);

- El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina), el Protocolo Adicional del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, relativo a la prohibición de clonar seres humanos, y el Protocolo Adicional del Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina, relativo al trasplante de órganos y tejidos humanos (GO Nº 13/03 - Tratados internacionales, ratificado el 14 de julio de 2003).



Derecho de apelación

33. La Constitución garantiza el derecho de apelar las decisiones pronunciadas en primera instancia por los tribunales u otros órganos. El derecho de apelación puede excluirse excepcionalmente en los casos previstos por la ley, si se garantizan otros recursos judiciales (artículo 18 de la Constitución).

34. El derecho de apelación está garantizado por el Código de Procedimiento Civil (GO Nos. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/02). Éste dispone que las partes podrán interponer un recurso de apelación contra la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrega de un ejemplar de la sentencia, a menos que el Código disponga otro plazo. En los litigios relacionados con los cheques o letras de cambio el plazo es de ocho días. Los recursos presentados dentro del plazo previsto impiden que la sentencia se haga efectiva en la parte impugnada mediante la apelación. Los tribunales de segunda instancia resuelven los recursos de apelación.

35. El Código de Procedimiento Penal (GO Nos. 62/03 - texto revisado, 115/06) dispone que las personas autorizadas podrán interponer un recurso de apelación contra una sentencia pronunciada en primera instancia dentro de un plazo de 15 días a contar de la fecha de entrega de un ejemplar de la sentencia. Si ésta se entrega tanto al acusado como a su abogado defensor pero en días diferentes, el plazo de apelación deberá empezar a correr en la fecha más reciente. Todo recurso interpuesto a su debido tiempo por una persona autorizada suspende la ejecución de la sentencia.

36. El Código de Procedimiento Administrativo General (GO Nos. 53/91, 103/96), instrumento legal básico que rige el procedimiento administrativo, dispone que toda parte tendrá derecho a apelar una decisión administrativa adoptada en primera instancia. El recurso de apelación deberá presentarse dentro de un plazo de 15 días, a menos que la ley disponga otra cosa, y, si no se autoriza ningún recurso, se podrá entablar un litigio administrativo. Más abajo se brindan más detalles sobre los recursos legales.

37. El derecho de apelación también está garantizado por otras leyes que regulan ámbitos específicos. Además de la apelación, que es un recurso judicial ordinario, las partes también tienen la posibilidad de interponer recursos judiciales extraordinarios.

38. Habiendo agotado todos los recursos judiciales disponibles, es posible presentar un recurso constitucional o, en su caso, una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Ley constitucional sobre el Tribunal Constitucional (GO Nº 49/02 - texto revisado) dispone que toda persona podrá presentar un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional si considera que determinado acto de un organismo público, un organismo autonómico local o regional, o una persona jurídica con autoridad pública, que haya adoptado una decisión sobre sus derechos u obligaciones, o sobre la imputación o acusación por un delito penal, ha violado los derechos humanos o las libertades fundamentales que le garantiza la Constitución, o bien su derecho a la autonomía local o regional garantizado por la Constitución (en adelante "derecho constitucional"). Si se prevé algún otro recurso contra las violaciones de derechos constitucionales, el recurso constitucional sólo podrá interponerse una vez que se haya agotado aquél. En los asuntos en los que se autoriza un litigio administrativo o una petición de revisión sobre cuestiones de derecho en el proceso civil o ex parte, se considerará que los recursos se han agotado una vez que se haya pronunciado la decisión relacionada con estos recursos legales.

39. El Tribunal Constitucional iniciará las actuaciones para sustanciar un recurso constitucional aun antes de que se hayan agotado todos los recursos judiciales en los casos en que el tribunal de justicia no haya adoptado dentro de un plazo razonable una decisión sobre los derechos y obligaciones de la parte, o sobre la imputación o acusación de un delito penal, o en los casos en los que el acto objeto de la acción viole manifiestamente derechos constitucionales y quede completamente claro que pueden generarse consecuencias graves e irreparables para el solicitante si no se inicia el proceso ante el Tribunal Constitucional.

40. En cuanto a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos relativas a la insuficiente formación de los jueces en las normas internacionales de derechos humanos, Croacia desea comunicar lo siguiente:

- En 2004 se creó la Academia Judicial, que desde entonces ha venido ejecutando sistemáticamente programas de formación profesional en derechos humanos para los funcionarios judiciales.

- En 2005 se ejecutó un programa de formación sobre el tema "El Convenio Europeo de Derechos Humanos - Derechos básicos y ejemplos de la jurisprudencia nacional". El programa consistió en cinco talleres, cuatro de los cuales fueron organizados por la Academia Judicial y el quinto fue organizado conjuntamente con la Embajada de Francia. A los talleres asistieron en total ocho participantes (jueces y fiscales).

- En 2006 se ejecutó un programa de formación sobre el tema "La protección del derecho a un juicio dentro de un plazo razonable", tras la entrada en vigor de la nueva Ley de tribunales (GO Nº 150/05). En el primer semestre de 2006 se celebró un seminario para 56 jueces y en septiembre de ese mismo año se realizó una mesa redonda titulada "El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y su influencia en la labor diaria de los fiscales y jueces", como parte de "Formación profesional para fiscales" de CARDS 2003.

41. Asistieron a la mesa redonda representantes de: los tribunales, el ministerio público de la República de Croacia, la Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (USKOK), el Ministerio de Justicia, la Delegación de la Comisión Europea, las Embajadas de Francia y España, los sistemas judiciales de Francia y España (como conferenciantes), y las comunidades académicas croata y española; así como asesores del mencionado proyecto de CARDS 2003 para la USKOK.




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