Ccpr/C/arg/4 08-40968



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J. Artículo 18

288. En adición a lo manifestado en la primera parte del presente informe en relación al párrafo 16 de las observaciones finales, en lo que se refiere a la libertad de cultos en la República Argentina se señala lo siguiente.

289. La reforma constitucional de 1994 derogó tres disposiciones constitucionales controvertidas existentes desde 1853, en relación con temas discriminatorios en materia religiosa:

a) Conversión de los indígenas al catolicismo. La reforma de 1994 establece una generosa cláusula (art. 67, inciso 17) al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y asegura derechos que tienden a su protección material y de identidad cultural.

b) Exigencia de que el Presidente y Vicepresidente de la nación fueran católicos. La reforma del año 1994 no sólo derogó el requisito de pertenencia a la religión católica apostólica romana (art. 89), sino que hizo constar que el juramento ante el Congreso de la Nación se hará respetando cada creencia (art. 93).

c) El régimen de patronato. Se refiere a la intervención del Estado en la designación de altos dignatarios de la Iglesia, práctica que deriva de la época colonial y que generó muchas controversias entre el Estado y la Iglesia católica. Esto fue subsanado en la reforma de 1994 al abolir la figura del patronato.

290. La República Argentina cuenta con instrumentos nacionales que contribuyen a garantizar o proteger contra la discriminación basada en la religión o la fe. Dichas garantías o derechos se encuentran en: la Constitución nacional, distintas leyes, entre otras se destaca la Ley Nº 23592 (actos discriminatorios), y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado argentino, en especial la Declaración y Programa de Acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001).

291. Como políticas nacionales pueden señalarse la adopción del Plan nacional contra la discriminación6, aprobado por el Decreto Nº 1086/2005 en el que se confiere al INADI la coordinación y ejecución de propuestas que el mismo contiene.

292. Asimismo, el INADI lleva a cabo una campaña de prevención a través de debates, producción de materiales, etc. que contribuyen a sensibilizar a la comunidad respecto de cualquier tipo de discriminación contra religiones.

293. El INADI también recibe denuncias a través de su Centro de Denuncias, donde tanto el afectado como cualquier otra persona o institución puede denunciar la circulación de contenidos agraviantes para una u otra religión. El Instituto promueve el tratamiento de la situación y emite un dictamen acerca del hecho. En los casos donde hay abierta una investigación judicial, el juez generalmente, incorpora el dictamen del INADI como elemento que le permite sancionar a los ejecutores de los hechos.

294. En este contexto, en los medios de comunicación (radio y televisión) se observan y sancionan todas las expresiones que contengan ideas racistas y xenófobas y que puedan dirigirse a cualquier religión. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) es el organismo encargado de actuar frente a los mismos.

295. El INADI ha organizado en la actualidad el Foro de medios de comunicación. Este foro, que actualmente integran organizaciones de periodistas o comunicadores, se propone especialmente realizar un control de la información que se difunde en los medios de comunicación y que pudiera estar incidiendo en la promoción de situaciones de violencia, xenofobia, intolerancia, etc., y propone al INADI intervenir ante los hechos observados.

296. Paralelamente, la Ley federal de educación, de reciente aprobación, constituye un avance significativo en el tratamiento de la diversidad religiosa como tema a ser incorporado en los contenidos de la educación básica. Sin embargo, las dificultades respecto de un tratamiento igualitario en todo el país aún no están garantizadas ya que los procesos de incorporación de los contenidos en los programas escolares no tienen el mismo desarrollo en todas las provincias.

297. Por otro lado, cabe señalar como parte integrante de las medidas adoptadas, los cambios efectuados en el servicio penitenciario al haberse permitido constituir vicarías de todos los cultos. Esto está ya en funcionamiento en un número importante de cárceles del país.

298. También cabe destacar que el acceso a la educación primaria y secundaria está garantizada para todos los grupos religiosos. La escuela pública en la Argentina es laica y gratuita. Si bien es cierto que el Estado subvenciona a escuelas católicas, este tema es parte de la agenda pública hoy en debate, puesto que estaría significando una situación de inequidad para otras instituciones de culto no católico que no se ven favorecidas con el aporte del Estado.

299. El INADI ha diseñado, a través del área Políticas antidiscriminatorias, una serie de campañas tendientes a sensibilizar y promover el debate sobre la diversidad cultural, religiosa y otras. Se promueve el tratamiento de todas las diversidades y se están diseñando proyectos específicos de alcance nacional. Estas propuestas son elaboradas en forma conjunta con representantes de los distintos cultos.

300. Por su parte, la Secretaría de Culto de la Nación7 promueve la reflexión, el análisis y el intercambio de información y de opiniones a partir de la realización de conferencias a cargo de reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, tal como lo refleja el Simposio sobre "Holocausto-Shoá, sus efectos en la teología y la vida cristiana, en la Argentina y en América Latina"; el Congreso Internacional "América Latina y el mundo islámico: civilización y cultura" y la Mesa redonda sobre "Asís, la profecía de paz de Juan Pablo II (1986-2006)".

301. Con motivo del "Día internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto" y en homenaje a los religiosos y religiosas víctimas del terrorismo de Estado, se realizaron actos en el marco del 30º aniversario del último golpe militar.

302. Como símbolo de un firme y racional llamado a la paz ante la violencia suscitada en Oriente Medio, se promovió la firma del documento "La vocación de paz y el diálogo entre las comunidades", suscrito por Luis Grynwald, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); Samir Salech, presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA); Monseñor Horacio Benites Astoul, por el Arzobispado de Buenos Aires, y el Embajador Guillermo Oliveri, Secretario de Culto de la nación.

303. Se realizó un reconocimiento histórico a la espiritualidad aborigen inscribiéndose en el Registro Nacional de Cultos a dos comunidades originarias: la comunidad mbyá guaraní de Santa Ana Mirí (Misiones) y la comunidad pomis isawo de la provincia de Salta.

304. Se procuró un mayor acercamiento a los diversos cultos a través de la visita a sus templos y continuando con el reconocimiento a la presencia histórica de varios de ellos.

305. Se ha participado en numerosos actos y ceremonias religiosas, difundiendo los valores del pluralismo y la convivencia. Así, la Secretaría de Culto estuvo presente en el panel sobre "Globalización de la solidaridad" en la ciudad de Asís, Italia; en la octava Conferencia mundial sobre religión y paz en Kioto, Japón; en el 13º Simposio internacional de derecho y religión de la Brigham Young University, Provo, Utah, Estados Unidos de América, y en Caracas (Venezuela) donde se continuó con la labor iniciada en el Seminario de Culto del MERCOSUR.

306. Finalmente, es importante mencionar que se fortaleció el pluralismo, el intercambio y la convivencia entre niños y docentes de diversas comunidades religiosas, organizándose juntamente con la Secretaría de Deporte y la Dirección Nacional de Juventud la "Primera jornada deportiva por la convivencia". Juntamente con los Ministerios de Educación de la nación y de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la "Jornada educativa por la libertad religiosa y de conciencia".



K. Artículo 20

307. Sin perjuicio de lo señalado a lo largo del presente informe, así como en el último informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es importante mencionar lo siguiente.

308. En referencia a la cuestión de la incitación y fomento al odio nacional, religioso o racial en el debate político y a la promoción a la discriminación desde plataformas políticas, resulta importante tener presente las consideraciones receptadas en el documento del Plan nacional contra la discriminación: "... entre las medidas adoptadas para contrarrestar eventuales plataformas discriminatorias o racistas de los partidos políticos, cabe consignar el artículo 38 de la Constitución nacional, que establece que los partidos políticos deben organizarse respetando las principales convenciones internacionales de derechos humanos, entre ellas, por supuesto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; a su vez también la Constitución nacional, en el artículo 75, inciso 22, señala el carácter jerárquico superior a las leyes de los tratados internacionales de derechos humanos enumerados por ella".

309. En el mismo sentido, la Ley Nº 23592 sobre actos discriminatorios y el artículo 16 de la Ley Nº 23298 orgánica de partidos políticos recogen específicamente estos principios al enunciar que el nombre del partido "... no podrá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni las expresiones argentino, nacional, internacional ni sus derivados, ni aquellas cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales de la nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos, o conduzcan a provocarlos".



L. Artículo 23

310. En diciembre de 2002, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó la Ley Nº 1004 que entiende por unión civil aquella que está "conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual".

311. Dicha norma surge del entendimiento de que tanto el texto de la Constitución nacional como el de los tratados internacionales garantizan el derecho de las personas a contraer matrimonio y fundar una familia. En ese sentido, se alega que no existe una definición de familia que limite su acepción a la unión entre un hombre y una mujer, a la vez que tampoco existe prohibición alguna respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo.

312. Pese a la inexistencia de una ley de identidad de género que garantice a las personas trans el derecho a su identidad, es decir, el reconocimiento legal de su nombre y la rectificación de sus documentos de identidad, cabe señalar que este derecho ha sido reconocido en la Argentina tanto a nivel doctrinario como en la jurisprudencia.

313. En ese sentido, cabe señalar que el 21 de marzo de 2007, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema bonaerense resolvió la causa C. 86.197, "C. H. C. Cambio de nombre". En la sentencia se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por una persona transexual y se dispuso la modificación de aquella parte del acta de nacimiento del registro civil de la ciudad de Buenos Aires, en el que se consigna el sexo de la interesada, debiendo corregirse su asignación como varón e inscribirla como perteneciente al sexo femenino. Asimismo, la Corte dispuso el cambio de nombre.

314. El máximo Tribunal bonaerense dispuso a su vez la emisión de un nuevo documento de identidad, con la corrección del nombre y sexo de la interesada, y la rectificación de dichos datos en toda documentación de repatriaciones públicas o instituciones privadas.



LL. Artículo 24

315. Como punto de partida, es importante tener en cuenta que en los informes periódicos presentados por la República Argentina en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, obra información sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

316. Sin perjuicio de ello, es importante destacar que en el mes de septiembre de 2005 se sancionó la Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26061, véase anexo V), con el fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Argentina sea parte.

317. La ley prevé que los derechos en ella reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

318. Por su parte, el artículo 2 establece la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad.

319. En cuanto al principio de no discriminación, el artículo 28 de la ley consagra que las disposiciones de la misma "se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales".

320. En el derecho argentino, el principio del interés superior del niño es una pauta general, en tanto consagrada en un tratado internacional que goza de jerarquía constitucional. A su vez, ha sido consagrada en la Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, conforme fuera señalado precedentemente, entendiéndose como tal "la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, debiéndose respetar: a)  su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros".

321. En este sentido, el decidido compromiso de los tribunales nacionales de dar una protección especial al niño en atención a su interés superior puede verse reflejado en la variada jurisprudencia que así lo establece. De esta forma los tribunales han expresado: "El interés superior de los niños es débil frente a otros poderosos, como son el interés del poder y del dinero, aunque todos ellos se desarrollen en la más pura y diáfana legalidad. Por ello, es necesaria una firme y comprometida jurisprudencia que muestre a la comunidad cuál es el camino para el amparo de sus niños, máxime cuando la familia y la escuela aparecen impotentes frente al avance de las empresas periodísticas, quienes no pueden entrometerse en la vida de los niños amparándose en el derecho a la libertad de expresión y a la publicación de noticias sin censura previa (CNCiv., sala C, octubre 3, 1996-P., V.A).

322. También los tribunales han señalado que "El niño tiene derecho a una protección especial. Por ello, la tutela de sus derechos debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso" (CNCiv., Sala A, mayo 28, 1996).

323. La Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establece la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el ámbito del poder ejecutivo nacional, como el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, y que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.

324. Por Decreto Nº 416/2006 se estableció dicha Secretaría en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Son funciones de este organismo, entre otras:

a) Diseñar normas generales de funcionamiento que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de los derechos del niño;

b) Apoyar a las ONG en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;

c) Coordinar acciones consensuadas con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la participación activa de niñas, niños y adolescentes;

d) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios;

e) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen.

325. La mencionada ley también establece la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Este organismo está integrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que ejerce la presidencia, y por los representantes de los órganos de protección de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

326. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tiene funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva. Posee entre sus funciones las de concertar y hacer efectivas las políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; participar en la elaboración, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de un Plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

327. Por su parte, la ley también prevé la creación de la figura del Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. El Defensor debe ser propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que tendrá a su cargo la evaluación de la designación mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Son funciones del Defensor las siguientes:

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello, puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada, y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios medicoasistenciales y educativos, sean públicos o privados;

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios donde puedan recurrir para la solución de su problemática;

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a ellos, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

328. Finalmente, es importante destacar que el Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deberá dar cuenta al Congreso de la Nación de su labor en un informe anual. Por otra parte, el Defensor en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera.

M. Artículo 26

329. Sin perjuicio de lo señalado a lo largo del presente informe, se remite a lo informado en el último informe argentino presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/476/Add.2,) para mayor información sobre las acciones emprendidas por la República Argentina en cumplimiento del presente artículo.



N. Artículo 27

330. Respecto a las minorías indígenas en la República Argentina, tal como fuera señalado en el tercer informe periódico argentino, el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional argentina establece que "son atribuciones del Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano -ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos-, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

331. A partir de este reconocimiento constitucional, se ha configurado para los pueblos indígenas una situación de derecho específico y particular, que encierra nuevos derechos que tiene un contenido esencial que encierra la obligación de readecuar el marco del Estado y sus instituciones en función del reconocimiento de su pluralidad étnica y cultural.

332. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo del Estado creado por la Ley Nº 23302 para diseñar y llevar a cabo las políticas de los pueblos indígenas argentinos. Constituye una entidad descentralizada que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

333. En este orden, en relación con las consultas efectuadas por el Comité respecto al presente tema en ocasión del examen del tercer informe argentino, se señala lo siguiente.

1. Convenio Nº 169 de la OIT

334. En el año 1992, la República Argentina firmó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre "poblaciones indígenas y tribales en países independientes". Dicho instrumento fue aprobado a través de la Ley Nº 24071, y ratificado el 3 de julio de 2000.

La importancia de este Convenio radica en que es uno de los primeros tratados internacionales que toman a las poblaciones indígenas como protagonistas, a la vez que en él se encuentra la primera definición de pueblos indígenas de valor jurídico.

2. Encuesta complementaria de pueblos indígenas

335. El Estado nacional no cuenta con información suficiente que permita determinar con cierta precisión la situación sociodemográfica y la ubicación geográfica de los pueblos indígenas y sus comunidades. Si bien la Encuesta complementaria de pueblos indígenas (ECPI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), constituye la primera experiencia nacional de medición de la población indígena en el marco de un censo general de población, no puede decirse que sea una muestra valida de estas poblaciones, ya que no puede dar cuenta, en números absolutos, de la cantidad y las características básicas de dichas poblaciones. Los datos, resultados del ECPI, pueden consultarse en la página Internet de dicho organismo: http://www.indec.mecon.gov.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp.

336. Actualmente se está realizando un relevamiento socioeconómico en todas las comunidades indígenas. En tal sentido, se espera que la encuesta de comunidades indígenas permita conocer el proceso de desarrollo de las distintas variables, y posibilite la inteligibilidad de la realidad social de las comunidades y sus características particulares: población, vivienda, educación, salud, economía, trabajo, programas sociales, problemas más relevantes, etc.

3. Programa de regularización de documentos

337. Con respecto a la información sobre Programas de regularización de documentos para población indígena, desde hace varios años, el Estado ha venido aplicando medidas legislativas para ampliar el acceso al documento de identidad.

338. Así, en el Decreto Nº 262/03 se declara la gratuidad en el otorgamiento del primer documento nacional de identidad a todos los niños de de hasta 6 meses de edad nacidos en el territorio nacional.

339. En referencia a los pueblos indígenas específicamente, el INAI está financiando la regularización de documentos en la provincia de Misiones, dado que se ha detectado que es la provincia donde se encuentra uno de los porcentajes más elevados de población indígena indocumentada.

340. Este proyecto se puso en marcha en el año 2005 en respuesta a un pedido del Consejo de Ancianos y Guías Espirituales de la Nación Mbya Guaraní y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones. Así, si bien se han implementado distintas acciones desde diferentes organismos del Estado, no existe en la actualidad un programa específico de regularización de documentos para las poblaciones indígenas.

4. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

341. En el mes de abril del año 2006, se dictó el Decreto P.E.N. Nº 410/06 en el cual se aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo organigrama establece una presidencia, una vicepresidencia, dos direcciones, la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, y dos consejos, de Coordinación y Asesor.

342. A fin de cumplimentar los mandatos tendientes a promover el desarrollo integral y sustentable de las comunidades indígenas, el INAI elaboró un plan de trabajo que consiste en:

- Asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a sus derechos constitucionales y otros reconocidos internacionalmente y sus formas de organización tradicionales, promoviendo el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y facilitando su participación en el diseño y gestión de las políticas de Estado que los involucran.

- Crear las bases para un desarrollo integral, sostenido y compatible con la preservación del medio ambiente y los territorios en los que habitan las comunidades indígenas, asegurando canales de acceso a bienes y servicios en las tierras que ocupan, garantizando el acceso a una mejor calidad de vida, diversificando los componentes de su ingreso y generando mejoras en las condiciones locales.

- Dentro de estas líneas generales, las acciones que se promueven a través de este Instituto responden a una estrategia de intervención que se basa no sólo en la transferencia de bienes y servicios a los beneficiarios, sino también en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión de las comunidades para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, a través de actividades de capacitación, formación gerencial y apoyo técnico y financiero a las iniciativas que impulsen.



5. Consejo de Participación Indígena

343. El INAI se encuentra en un proceso de generar y consolidar mecanismos de participación efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración, decisión, ejecución y control de las políticas públicas que los atañen.

344. Dicha participación indígena se instrumenta por medio de la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI), creado por Resolución INAI Nº 152, del 6 de agosto de 2004 y su modificatoria Nº 301/04 y, posteriormente, del Consejo de Coordinación, establecido por la Ley Nº 23302 (art. 5).

345. El CPI determina los mecanismos de designación de los representantes indígenas que integrarán el Consejo de Coordinación. Esta instancia participativa en los diseños de las políticas públicas se propone responder al mandato constitucional en su artículo 75, inciso 17, y a la Ley Nº 24071, aprobatoria del Convenio Nº 169 de la OIT.

346. La creación del CPI en el ámbito del INAI fue el inicio de un proceso de consulta y participación entre el Estado nacional y los pueblos originarios; es un espacio para todos los asuntos que afecten a estos últimos.

347. Durante 2005 se realizaron asambleas de los diferentes pueblos indígenas en cada una de las provincias, 37 en total, para elegir a los representantes del CPI. En dichas asambleas participaron las autoridades de las comunidades, respetando las pautas organizativas y culturales de cada pueblo.

348. Luego de esta elección, se realizaron reuniones regionales con el fin de dar comienzo al proceso de participación en la definición de problemáticas comunes y la búsqueda de solución a las mismas.

349. Estas reuniones marcan el comienzo de un nuevo período en el cual toma protagonismo la participación de las comunidades y pueblos indígenas, por medio de sus representantes, para tener una voz propia y poder discutir la mejor manera de realizar los cambios necesarios que mejoren la vida de las comunidades. La participación de los representantes aborígenes en el CPI garantizaría que las acciones de política pública indígena respondan a las urgencias y demandas genuinas de las comunidades y se establezcan los mecanismos de preservación y protección de los conocimientos tradicionales, como también los de consulta.

350. Por otra parte, en una segunda etapa, se prevé la conformación del Consejo de Coordinación, que estará constituido por representantes indígenas y por representantes de los Ministerios del Interior, Economía, Trabajo, Educación, Justicia y de cada una de las provincias que se adhieran a la Ley Nº 23302 y ejercerá las funciones dispuestas en el artículo 7 del Decreto Nº 155/89, que entre otras destaca:

a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades indígenas e individualizar los problemas que los afectan;

b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas que hayan identificado, los medios y las acciones para que ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el INAI a mediano y largo plazo;

c) Estudiar planes de adjudicación y, cuando corresponda, expropiación de tierras con los alcances de la Ley Nº 23302 y elaborar proyectos de explotación a través de las comisiones ad hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de elevarlos al Presidente;

d) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del INAI y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión economicofinanciera previamente a su elevación al Ministerio de Desarrollo Social;

e) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 3, inciso II), como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la Ley Nº 23302 y la presente reglamentación;

f) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas acerca del cual informarán al Presidente;

g) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se efectúen;

h) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

351. Cabe destacar que los representantes indígenas que integran el Consejo de Participación deberán ser miembros de una comunidad de los pueblos existentes en el país, que tengan domicilio permanente en ella y participen de sus formas de vida y actividades habituales. Todo ello para garantizar la mayor participación posible, de tal forma que los delegados sean auténticamente representativos de las mismas.



6. Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas

352. La Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) tiene la responsabilidad primaria de planificar, elaborar y ejecutar programas de regularización dominial de tierras con el objeto de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

353. La propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el núcleo neurálgico de la problemática indígena y se ha convertido en la principal demanda de los pueblos indígenas argentinos. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional menciona dos situaciones distintas que deben tenerse en cuenta en la implementación de políticas con respecto a las tierras indígenas:

a) Se refiere al "reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan"; el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional;

b) Trata sobre la "regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano", lo que implica obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.

354. En otro orden, la Ley Nº 23302 en su artículo 7 dispone que: "la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes".

355. A su vez, la Ley Nº 24071 que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT, instruye a los gobiernos a "garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión" de las tierras que ocupan tradicionalmente, debiendo instituirse para ello "procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional".

356. De esta manera, el INAI interviene en el relevamiento territorial indígena; diseña, ejecuta y financia, junto con los gobiernos provinciales y las comunidades, programas de regularización dominial de las tierras que habitan, y ejecuta y financia los procesos de expropiación y compra.

357. El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra que es sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc., están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de los pueblos indígenas.

358. Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional, que ahora posee rango constitucional, y que el INAI debe respetar en sus políticas de tierras. Tradicionalmente la territorialidad no estaba acompañada por ningún concepto de propiedad que implicara derechos exclusivos de posesión y uso de la tierra.

359. La intención del legislador de la reforma constitucional y que el INAI debe implementar, de referir al concepto de territorio, cuando habla de "las tierras que tradicionalmente ocupan" ‑y no a las parcelas mínimas en donde hoy puedan hallarse hacinados- se ve robustecida y respaldada por el carácter indisoluble que otorga a esos territorios al establecer la restricción del dominio mediante la "inenajenabilidad, intransmisibilidad, inembargabilidad". Esto es así por la unión indisoluble entre la identidad étnica de los pueblos indígenas y los territorios que ocupan tradicionalmente.

360. El INAI sostiene que la propiedad comunitaria es la figura que más se aproxima a la forma de relacionarse con la tierra que tienen estos pueblos y lo que justifica con mayor fuerza la utilización de la categoría institucional de comunidad para encuadrarlos jurídicamente en forma conjunta. Se trata de una institución novedosa, reconocida y aceptada por la legislación existente, pero sin que exista un criterio uniforme para su caracterización, ya que algunas leyes la asimilaban equivocadamente a formas asociativas aceptadas por el Código Civil. Esta confusión viene a ser salvada por la reforma constitucional que, a la vez que otorga rango constitucional a esta forma de propiedad, establece que la misma debe ser definida respetando la identidad y atendiendo a la preexistencia étnica y cultural de los indígenas. Así se vislumbra el desafío para el INAI, en la necesidad de impulsar la adecuación de los textos legales a la nueva realidad jurídica.



7. Acciones

361. Para cumplir con los objetivos y desafíos presentados, el INAI, por medio de esta dirección, lleva adelante varias acciones, a saber:

a) Actuar como el organismo de aplicación de la Ley nacional Nº 26160 de emergencia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

b) Realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

c) Localizar en articulación con el Programa nacional de tierras fiscales -Programa Arraigo-, tierras disponibles para su posterior adjudicación a comunidades indígenas.

d) Entender en la ejecución y el financiamiento de los procesos de expropiación de tierras a favor de comunidades indígenas, ordenados por las leyes que sancione el Honorable Congreso de la Nación, que responda al imperativo constitucional de "…reconocer la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano,…".

e) Intervenir en las solicitudes de compra de tierras de las comunidades que no posean tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

f) Asesorar a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y acompañar a las comunidades indígenas en la realización de procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales propias de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración del Consejo de Coordinación.

g) Asistir a las comunidades indígenas en los procesos de mediación por conflictos suscitados entre ellas y en su relación con los demás actores de la sociedad, especialmente en aquellos que obstaculicen su acceso y el uso racional de los recursos naturales de las tierras en las que habitan.

h) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran para que, mediante procesos de autogestión, alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales, favoreciendo su registro en el RENACI.

i) Organizar, mantener actualizado y hacer público el RENACI. Coordinar la acción del RENACI con los registros similares creados en las jurisdicciones provinciales y municipales. Analizar las actuaciones y emitir informes técnicos sobre las tramitaciones que le sean derivadas a tal fin.

Ley Nº 26160

362. Desde principios de 2006 el INAI impulsó el tratamiento de un proyecto de ley sobre "emergencia de la propiedad comunitaria indígena", que contó con el apoyo del CPI. Dicha ley fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2006. Dicha norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de cuatro años, a la vez que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. La posesión de las tierras debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

363. Durante los tres primeros años, el INAI deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

364. A tal efecto se crea un Fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000, el cual será asignado al INAI. Estos fondos estarán destinados a afrontar los gastos que demanden:

a) El relevamiento tecnicojurídicocatastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas;

b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales;

c) Los programas de regularización dominial.

365. La emergencia declarada se aplicará a las comunidades indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), organismo provincial competente, y también a aquellas que aún no hayan registrado su personería jurídica.

366. El INAI aprobará los programas que fueren menester para la correcta implementación del relevamiento tecnicojurídicocatastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas perteneciente a los pueblos originarios del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria. Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y contar con la participación de los representantes del CPI en la elaboración y ejecución de los mismos.

367. Los representantes del CPI fueron y son consultados en el diseño de los citados programas, en orden a garantizar el derecho constitucional a participar en los intereses que los afecten.

368. El INAI, de acuerdo a la Ley Nº 26160, pretende garantizar:

a) El reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas;

b) La Promoción de la participación indígena -a través del CPI- en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del programa;

para:


c) Promover el reconocimiento jurídico de los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios y los recursos;

d) Impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de ocupación tradicional;

e) Requerir la participación "efectiva" del CPI a través de todo el ciclo del programa;

f) Involucrar a los pueblos indígenas -a través del CPI- en la implementación, el monitoreo y la evaluación del programa.

369. El relevamiento está orientado a:

a) Actualizar la información acerca de los pueblos y de las comunidades indígenas pertenecientes a los distintos pueblos registradas en la República Argentina, en el ámbito nacional y provincial, aun aquellas que no han registrado su personería jurídica.

b) Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: difusión, asambleas comunitarias y capacitación en la implementación de la Ley Nº 26160 y en el relevamiento comunitario.

c) Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que pertenece.

d) Relevar los aspectos socioproductivo y recursos naturales.

e) Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario de ocupación tradicional, actual y pública.

f) Verificar mediante relevamiento -con participación activa de las comunidades- la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados, respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. Modalidad rural y urbana.

g) Realizar el relevamiento catastral; realizar la mensura de las comunidades y asentamientos y/o núcleos urbanos de las provincias mediante:

i) Formulación de bases y condiciones para la mensura;

ii) Adjudicación y contratación de mensuras;

iii) Ejecución de mensuras;

iv) Aprobación planos.

h) Elaborar informes de avance parciales bimensuales y anuales.

i) Evaluar herramientas de regularización dominial.

j) Ejecutar el Programa de regularización dominial pertinente.

7. Personería jurídica

a) Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI)8

370. A fin de crear las condiciones y promover el respeto a la identidad en su sentido más pleno, transparentando situaciones ambiguas y asignando las formas que se corresponden con la naturaleza jurídica de las personas, la entonces Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la nación, de la cual dependía el INAI, dictó la Resolución Nº 4811/96 adecuando los criterios para autorizar la inscripción de comunidades, simplificándose los requisitos y regulando la concurrencia de las provincias.

371. A partir de esta resolución, las comunidades indígenas que deseen inscribir su personería jurídica no están obligadas a seguir un determinado modelo de estatuto, sino que sólo deben describir su propia forma de organización. Las comunidades tampoco tienen la obligación de tener libros de actas autorizados ni de realizar balances contables anuales. Pueden tener sus registros internos que no necesitan ser certificados ni autorizados por ningún organismo.

372. La personería jurídica permite a las comunidades entender directamente en sus propios asuntos, sin necesidad de que intermedie un particular, institución pública o privada. Por ejemplo, permite que la propia comunidad reciba los fondos de un financiamiento para un proyecto de desarrollo, tener un título de tierras a su nombre, etc.



b) Objetivos

373. Los objetivos del RENACI son:

a) Promover la inscripción de las comunidades indígenas y asistirlas para que realicen las tramitaciones y acrediten las circunstancias que esa inscripción requiera. Este asesoramiento se realiza, en algunos casos, mediante talleres de capacitación, para así facilitar los trámites.

b) Mantener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscritas y no inscritas.

c) Coordinar su acción con los institutos de asuntos indígenas existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales. El objetivo es homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías jurídicas oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas y así poder establecer una base de datos única.

d) Establecer registros locales en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento.

374. La vigencia de la personería jurídica se mantiene mientras siga existiendo la comunidad y se respeten las pautas de organización descritas por la misma comunidad.

Total general de comunidades registradas inscritas por
el INAI o algún organismo provincial
competente


Provincia

Comunidades

Buenos Aires

20

Catamarca

2

Chaco

86

Chubut

26

Corrientes

1

Entre Ríos

1

Formosa

99

Jujuy

175

La Pampa

5

Misiones

62

Mendoza

13

Neuquén

54

Río Negro

14

Salta

326

San Juan

2

Santa Cruz

1

Santa Fe

32

Santiago del Estero

21

Tucumán

19

Tierra del Fuego

1

Total

960

375. Los logros principales son los siguientes:

a) Se ha confeccionado una base de datos con la información proporcionada por los registros provinciales de comunidades y las direcciones provinciales de personas jurídicas, que contiene a 565 comunidades y asociaciones civiles indígenas registradas. Este número es aproximado, pues los distintos organismos provinciales no tienen una respuesta homogénea en el momento de informar al INAI sobre la existencia de alguna incorporación.

b) En resumen, aproximadamente se cuenta con 960 entidades con personería jurídica nacional o provincial, ya sea bajo la forma de comunidad indígena u otras formas asociativas.

c) Existen 145 solicitudes de inscripción de personería jurídica en trámite. En la mayoría de los casos la demora se debe a conflictos internos de las comunidades, a incompatibilidades y yuxtaposiciones entre diferentes solicitudes de inscripción y/o a falta de documentación.

d) Se han desarrollado talleres de capacitación para el reconocimiento de las personerías en distintas provincias, en muchos casos acompañando el Programa de regularización dominial. Asimismo, se ha comenzado el proceso de reconversión a sus formas tradicionales de las personerías otorgadas bajo el régimen de la ley civil.

c) Programas de regularización dominial

376. Los Programas de regularización dominial constituyeron una de las primeras acciones en orden al cumplimiento del imperativo constitucional de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan las comunidades indígenas. En tanto, a través de dicho programa se realizaron, y se continúan llevando a cabo, las siguientes medidas.

377. A través del Área Tierras, por medio del Programa de regulación dominial, se diseña, ejecuta y financia, junto con los gobiernos provinciales y las comunidades indígenas, la regularización de la situación de las tierras que habitan (provincia de Río Negro, Chubut y Jujuy, en donde recientemente se han entregado los títulos comunitarios de aproximadamente 300.000 h de tierra a comunidades aborígenes del departamento de Susques). En el año 2005, la financiación de proyectos fue por un total de $ 610.206,50. Este programa presta especial atención a sentar los mecanismos necesarios para que el dominio de las tierras no sea en ninguna circunstancia enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargo.

378. Por otra parte, el Programa fortalecimiento comunitario, Resolución Nº 235/04, es el encargado de subsidiar a las comunidades indígenas que lo soliciten, para afrontar los gastos que demanden la defensa o promoción de las acciones jurídicas que tengan como objetivo la regularización dominial de las tierras que ocupan ancestralmente. Esto es, el pago del trabajo de profesionales idóneos, comprometidos con las demandas comunitarias y su especialización en el derecho indígena. La labor profesional será de acciones y/o defensas judiciales: asesoramiento juridicocontable; capacitación legal, y ejecución e inscripción de mensuras.

379. El INAI también podrá efectuar supervisión técnica en cualquier momento, para lo cual tendrá acceso a la documentación de la beneficiaria, pudiendo también requerirle toda la información complementaria que juzgue necesaria.

d) Comunidad indígena Lhaka Honat

380. En el marco del conflicto de larga data vinculado al reclamo de titulación de las comunidades indígenas que habitan los lotes 55 y 14 del departamento de Rivadavia de la provincia de Salta, (que abarca aproximadamente 600.000 ha), es menester recordar que, en el año 2000, la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat solicitó a la CIDH la adopción de medidas cautelares, dando inicio al proceso de solución amistosa, que aún sigue en proceso.

381. Desde entonces se llevaron a cabo reuniones presididas por la CIDH entre el Estado nacional, el Gobierno de la provincia de Salta y los peticionarios, en las que el Estado nacional se comprometió a no continuar con el proceso de entregas parciales de tierras.

382. Desde el año 2000 y hasta octubre del 2004 se llevaron a cabo periódicamente una serie de reuniones con la presencia de los distintos actores involucrados, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada del conflicto.



383. Finalmente, cabe señalar que en 2007 el poder ejecutivo de la provincia de Salta dictó el Decreto Nº 27/86 relativo al proceso de regularización de los lotes fiscales 55 y 14. Dicha norma aprueba un acta de consenso entre la provincia de Salta y Lhaka Honhat, firmada el 17 de octubre de 2007, a través de la cual ambas partes acuerdan asignar 400.000 ha a las comunidades indígenas.

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* Con arreglo a la información transmitida a los Estados Partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

** Los anexos están disponibles en la Secretaría a disposición de quien desee consultarlos.

GE.08-40968 (S) 170308 250308



1 Véanse, entre otros, fallo Ignacio Villacampa c. María Angélica Villacampa, sentencia de 9 de febrero de 1989; Sejean c. Zaks de Sejean, sentencia de 27 de noviembre de 1986.

2 Hacia un Plan nacional contra la discriminación, la discriminación en Argentina, diagnóstico y propuestas, INADI 2005, III. Diagnóstico. Áreas de análisis, religión págs. 200 y ss.

3 Ibídem.

4 Corte IDH, OC-3783: Restricciones a la pena de muerte, 8 de septiembre de 1983, serie C N° 3.

5 Véase Organización Internacional para las Migraciones, Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina, Buenos Aires, 2003.

6 Contenido y desarrollo del Plan nacional contra la discriminación fue expuesto precedentemente.

7 Nexo institucional del Estado con las diversas organizaciones religiosas del país y como tal tiene una serie de competencias de carácter administrativo y legal. Sin embargo, más allá de esas obligaciones formales, lo característico de la gestión es la impronta política con la que se asume el compromiso público. El signo distintivo de esta gestión está caracterizado por la promoción de la libertad religiosa y de conciencia, la cultura de la paz y el desarrollo de políticas activas de apertura e inclusión.

8 La inscripción de la personería jurídica como comunidad indígena se tramita en el INAI y en los registros provinciales de comunidades indígenas de las provincias de Misiones, Chubut, Jujuy y Río Negro. En los últimos dos casos, el INAI firmó convenios con las provincias, con el fin de unificar los criterios para la inscripción y reconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas y crear una base de datos única. En las demás provincias, las comunidades tramitan su personería jurídica bajo la forma de asociación civil y, para ello, deben cumplir los requisitos de cualquier asociación civil.



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