Causa nº 11095 ccalp “ahuad adela beatriz y otros c/ poder judicial s/ pretension anulatoria”



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11.095

AHUAD ADELA BEATRIZ Y OTROS C/ PODER JUDICIAL S/ PRETENSION ANULATORIA”

En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de Octubre del año dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “AHUAD ADELA BEATRIZ Y OTROS C/ PODER JUDICIAL S/ PRETENSION ANULATORIA”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -11095-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Daniel Spacarotel y Gustavo Juan De Santis.

El Tribunal resolvió plantear la siguiente



A N T E C E D E N T E S

1. Contra la sentencia que rechaza la demanda promovida (fs. 179/136 vta.), se alza la parte actora e interpone recurso de apelación (fs. 190/204).

2. Sustanciado el recurso (fs. 205 y contestación del memorial de fs. 208/217), elevada la causa al Tribunal, declarada la admisibilidad de la impugnación (conf. res. de esta Cámara de fs. 222/222 vta.) y dictada la providencia de autos, corresponde plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto? En su caso: ¿qué pronunciamiento procede dictar?



V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:

I.- 1. La jueza de primera instancia dicta sentencia por la que resuelve rechazar la demanda promovida por las señoras Adela Beatriz Ahuad, Graciela Cristina Berlini y Liliana Rosa Gambande, imponer las costas en el orden causado y regular honorarios profesionales.

Puntualiza en primer término los antecedentes del caso.

En tal sentido, refiere que la acción es entablada contra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por las señoras Ahuad y Berlini -licenciadas en psicología- y la señora Gambande –médica-, en su carácter de peritos en el cargo de “Perito II” en la Delegación de la Dirección General de Asesorías Periciales del Departamento Judicial de San Isidro del Poder Judicial de la Provincia, solicitando el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título del 25% del sueldo y gastos de representación (conf. art. 41, ley 10.475).

En tal contexto, continúa la a-quo, peticionan asimismo la liquidación retroactiva de dicho adicional desde la fecha del reclamo administrativo realizado en el expediente Nº 3001-1312/02 y por todo el plazo no prescripto -que conforme afirman es de 10 años-, con más los intereses a la tasa activa desde la fecha de su devengamiento y hasta el efectivo pago, con actualización de las sumas reclamas y costas a la demandada.

Por último, destaca, articulan la nulidad e inconstitucionalidad de la Acordada Nº 2.171 dictada por la Suprema Corte de Justicia con fecha 10-02-1987, así como la nulidad de las resoluciones Nº 365/05 y Nº 513/05 -ambas dictadas en el marco del expediente Nº 3001-1312/02 -, y solicitan+ se condene a la demandada a realizar los respectivos aportes al Instituto de Previsión Social por las sumas y conceptos reclamados.

Efectúa la reseña de las actuaciones y fundamentos de la pretensión que contiene el líbelo inicial, y tras dicha circunstanciada exposición, la iudex se detiene luego en la contestación de la demanda realizada por la Fiscalía de Estado (fs. 101/114).

Destaca las principales defensas esgrimidas por la demandada sobre los distintos aspectos de la controversia.

Una vez plasmado el relato de las posiciones de ambas partes, circunscribe la jueza el thema decidendum a determinar acerca de la legitimidad o no de las resoluciones Nº 356/05 y Nº 513/05, mediante las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Provincia desestimó la petición formulada por las demandantes, tendiente a la percepción de la bonificación del 25% por bloqueo de título contemplada en el artículo 41 de la ley 10.475.

Para abordarlo, comienza por dilucidar previamente el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Acordada Nº 2172, en tanto la extinción de las resoluciones atacadas, señala, se halla subordinada a la ponderación previa de la validez constitucional de la norma general sobre la cual reposan.

Analizado el marco legal (artículo 41, ley 10.475), la jueza advierte que el acto reglamentario atacado (Ac. 2172 cit.) fue derogado por el Acuerdo Nº 3.427 de fecha 1º de abril de 2009 y en consecuencia, destaca, la controversia sub judice debe resolverse a la luz de las prescripciones de la última acordada vigente.

Sentado ello, se expide luego sobre el planteo de la parte actora acerca de la incompetencia de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el artículo 41 de la ley 10.475.

Así, tras destacar que la competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa que ejercen los tres órganos estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) y lo concerniente a las limitaciones consagradas en el propio ordenamiento constitucional (arts. 31, 75 inc. 22º y concs., Const. Nac.; 11, 57, 93, 164 y concs., Const. Prov.), concluye que tanto el Acuerdo Nº 2.172 -derogado- como el Acuerdo Nº 3.427 -actualmente vigente-, han sido dictados en ejercicio de las atribuciones reglamentarias inherentes a la Suprema Corte de Justicia en el marco del ordenamiento constitucional (art. 164, Const. Prov.) y de conformidad con las prescripciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 5.827 (art. 32 inc. “s”), sin invadir entonces la materia reservada a la ley. Pues en el caso, señala la magistrada, tales actos se limitan a reglar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, los pormenores para la implementación de la bonificación por bloqueo de título establecida por el Poder Legislativo en la respectiva Ley de Presupuesto (art. 103 inc. 2º, Const. Prov.).

Dilucidada dicha cuestión, la iudex se dedica a examinar si la Acordada vigente (Nº 3.427), armoniza con la norma legal de rango superior que incorporó la bonificación sub examine (art. 41 cit.). Así, tras efectuar tal exégesis, sostiene que del análisis de los distintos supuestos contemplados en el citado acto reglamentario (arts. 1 a 4), no se advierte la configuración de un agravio al principio de igualdad y no discriminación consagrado en el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales (arts. 16, Const. Nac. y 11, Const. Pcial.; 1.1. y 24, C.A.D.H.; cita doc. Corte I.D.H. Ser. A, OC-4/84). Al respecto, resalta que la garantía constitucional invocada no se encuentra comprometida toda vez que las distinciones reguladas en el Acuerdo Nº 3427 (arts. 1, 2, 3 y 4) no lucen arbitrarias e irrazonables y encuentran su fundamento en los distintos ordenamientos legales que regulan las profesiones liberales.

En virtud de lo expuesto, señala que la Acordada sub examine no luce contraria al postulado de primacía de la ley, ya que su contenido reglamentario armoniza con el texto de la norma de rango superior sin contrariar su espíritu ni su finalidad.

Sentado ello, la magistrada puntualiza que de conformidad con las probanzas aportadas a la causa, las actoras poseen los títulos de licenciadas en psicología (Sras. Ahuad y Berlini) y médico (Sra. Gambande), desempeñándose en la Administración de Justicia en el cargo de Perito II, sin que se desprenda del legajo personal correspondiente a cada una, la suspensión y/o cancelación de las respectivas matriculas, las que se mantienen activas según se desprende de los informes producidos por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires respectivamente (v. fs. 149 y 151).

En virtud de tales consideraciones, y habiendo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazado los distintos reclamos formulados por las peritos psicólogas y médico en virtud de no encuadrar su situación en el supuesto previsto en el artículo 41 de la ley 10.475 (resolución Nº 3.732/02) ante la falta de previsión normativa expresa que contemple una inhabilitación legal para el ejercicio profesional en los marcos normativos regulatorios de dichas actividades, la a-quo decide desestimar la pretensión sub judice, con costas en el orden causado (arts. 12 inc. 1º y concs., ley 12.008 –texto según ley 13.101-; Acuerdo Nº 3.427).

2. Apela la sentencia la parte actora (fs. 190/204) y, habiendo cumplido los extremos de admisibilidad (conf. Res. de este Tribunal de fs. 222/222 vta.), corresponde analizar los agravios planteados en su escrito recursivo, los que se reseñan seguidamente.

En primer lugar, considera que la sentencia atacada ha resuelto la causa sobre la base del Acuerdo Nº 3427/09 dictado por la propia demandada, vulnerando así los derechos de defensa en juicio e igualdad de las partes (Punto III.1).

Para fundar dicho tópico señala que el Acuerdo de mención (Ac. SCBA Nº 3427/09) constituye un hecho nuevo respecto del cual, habiendo la a-quo omitido dar traslado a la actora, ésta no tuvo oportunidad de impugnar. Asimismo, y en orden a demostrar la violación al principio de igualdad, aduce que la magistrada dio preeminencia para la resolución del caso a un acto administrativo emitido por la propia demandada, otorgándole así una indebida posición de privilegio a la accionada al permitirle, con posterioridad a la traba de litis, modificar unilateralmente el marco normativo y los supuestos de hecho objeto de la litis.

En dicho contexto, aduce que ventilándose en la causa la validez del Ac. 2172/87, su derogación por el Ac. SCBA Nº 3427/09 produce una modificación sustancial en el objeto del proceso y, agraviándose del criterio sentado por la a-quo en cuanto entiende que la causa debe resolverse en el marco de esta última acordada, solicita se deje sin efecto la sentencia de primera instancia.

Sentado ello, y en el entendimiento de ser la presente la primera oportunidad, impugna por ilegítimo e inconstitucional el Ac. 3427/09, -reiterando en lo sustancial los argumentos vertidos en el escrito postulatorio respecto del Ac. 2172/87 (exceso reglamentario)-.

Por último, y a todo evento, alega que el Ac. 3427 constituye un cambio normativo que no debe ser aplicado de modo retroactivo.

3. Al contestar el memorial de agravios, la Fiscalía de Estado solicita el rechazo de la impugnación.

Argumenta que los Acuerdos 2172/87 y 3427/09 no resultan incompatibles con cláusula constitucional alguna, en tanto no son inconciliables con el texto del art. 41 de la ley 10.475, ni se han apartado del espíritu de dicho precepto legal, el que concede la bonificación por bloqueo de título sólo ante el supuesto de existencia de una inhabilitación legal para desempeñar la profesión.
No se advierte, agrega, en dónde radica la incongruencia entre aquella norma y las inferiores (Acuerdos cits.) en tanto los únicos profesionales que prestan servicios en el Poder Judicial que se encuentran inhabilitados legalmente para ejercer su profesión son los abogados, procuradores y escribanos, en virtud de normas que dan sustento a los Acuerdos cuya inconstitucionalidad se pretende (ver art. 3 inc. b) de la ley 5177 –respecto de abogados y procuradores- y art. 33 inc. 3 de la ley 9020 –respecto de escribanos-).

Es así que las incompatibilidades expuestas generan para los abogados y procuradores la suspensión de la matrícula profesional mientras dure su relación de empleo con el Poder Judicial (art. 12 aps. 3º y 5º, ley 5177 –texto según ley 12.277-) y el cese directo en el ejercicio de las funciones notariales, en su caso (arts. 30 ap. 2º y 33 ap. 3º, ley 9020).

Asegura que, en cambio, en autos no se ha demostrado la existencia de normas análogas a las mencionadas que establezcan en forma expresa inhabilitaciones legales, pues lo dispuesto en la ley 5827 (art. 126) como en la Acordada 879/81 respecto de los peritos oficiales, no se asimila al supuesto del art. 41 de la ley 10.475.

Por ello, entiende, aún de considerarse que los Acuerdos 2172/87 y 3427/09 son inconstitucionales, el recurso se debe igualmente desestimar, pues las accionantes no reúnen los recaudos establecidos por dicha preceptiva legal para acceder a la bonificación pretendida.

Es que, señala, las leyes que regulan las profesiones de las actoras (médicos y psicólogos: leyes 4534 y 10.306) no los inhabilitan expresamente en sus calidades de funcionarios administrativos para el ejercicio de aquéllas, requisito sine qua non para el reconocimiento del adicional pretendido.

Interpreta que la ley 5827 sólo establece prohibiciones que revelan incompatibilidades con el ejercicio de las funciones resultantes de la oposición de intereses entre los particulares en litigio y la administración de justicia, pero no inhabilitación legal. Y añade que tampoco ella se configura en virtud de las Resoluciones SCBA Nº 879/81 y Nº 1515/91 que impiden a los peritos oficiales inscribirse en otras jurisdicciones.

Destaca que lo que en autos sucede es la lógica consecuencia de la dedicación a las funciones durante el horario de desempeño, que las mismas exigen, de modo que si el profesional ha optado por prestar servicios en el Poder Judicial, es obvio que no puede pretender una compensación por las horas que permanece afectado.

Tras rebatir otros tópicos de la expresión de agravios, en torno a las cuestionadas Acordadas del alto tribunal, defendiendo su validez, concluye solicitando la desestimación del recurso interpuesto.

II- Así expuestos los antecedentes de la cuestión sometida a juzgamiento ante esta alzada, anticipo que el recurso no puede prosperar.

1. Me apresuro a señalar que ello se debe a que las accionantes no acreditan cumplir los presupuestos previstos en el art. 41 de la ley 10.475 para acceder a la percepción de la bonificación por bloqueo de título allí instituida. Ello, independientemente de lo dispuesto por los Acuerdos Nº 2172/87 y Nº 3427/09, cuya eventual descalificación constitucional no serviría, en este caso, para avalar la postura de las interesadas, amén de tratarse de un asunto que revela diferentes opiniones en los precedentes que, sobre la temática de autos, se registran (especialmente SCBA: causas “Anglada”, “Pozzi”, “Carreto”, “Pomponio”), en cuyo marco tampoco podría tener acogida el reclamo de autos.

En efecto.

El art. 41 de la ley 10.475 (B.O. 18-2-87), en el que las demandantes sustentan su pretensión de obtener el suplemento, establece para el personal jerarquizado superior comprendido en el art. 37 de la ley 10.396 y para el personal del Poder Judicial comprendido en la ley 10.374 (magistrados, funcionarios y empleados), una bonificación por bloqueo de título.



Dicho adicional será igual al veinticinco (25) por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad.

El adicional establecido en el presente artículo, se exceptúa del artículo 3 de la ley 10.374, no computándose en consecuencia a los fines del sistema determinado por dicha norma legal.

Las actoras aducen hallarse afectadas por un bloqueo parcial en el ejercicio de sus profesiones (medicina, psicología) en función de lo dispuesto por los arts. 125 de la ley 5827 y 67 inc. g) del Acuerdo 2300/88 (estatuto del personal del poder judicial). Sin embargo, como será analizado, no se comprueba con ello la configuración de una inhabilitación legal mediante bloqueo parcial para su libre actividad como la ley requiere, para la procedencia del suplemento.

Sin perjuicio de ello, cabe remarcar que las recurrentes consideran que no podría recortárseles en un monto inferior el aludido beneficio, pese al carácter parcial del impedimento que alegan pues, dado que la ley no distingue, debe serles abonado en el único porcentaje (25%) consignado en el texto normativo, tal como se decidiera en el caso Pozzi.

Invocan –además- las Resoluciones de la SCBA Nº 879/81, que declara incompatible la inscripción de peritos médicos del Poder Judicial en las listas de oficio de otras jurisdicciones (Nacional o Federal) y Nº 1515/91 que hace extensiva la anterior a la totalidad de los peritos dependientes de la Dirección General de Asesorías Periciales.

En cuanto al marco normativo, corresponde asimismo precisar que, tal como apunta la demandada, las leyes reglamentarias del ejercicio de las profesiones que ostentan las accionantes (leyes 4534 y 10.306, aplicables respectivamente a la medicina y a la psicología), no establecen ningún obstáculo al libre desempeño de aquéllas ocasionado por el trabajo en relación de dependencia en el Poder Judicial (o en la Administración Pública), a diferencia de cuanto sucede con los abogados y procuradores (arts. 3 inc. “d” y 65, ley 5177 –texto según ley 12.277-), escribanos (art. 33 inc. 3º, ley 9020) y, asimismo, con los graduados en ciencias económicas (art. 242, ley 10.620), si bien, en este último caso, a través de un enunciado que presenta cierta indeterminación (conf. norma cit. y causa B. 51.847, cit.).

Por otra parte, más allá del embate constitucional dirigido hacia los Acuerdos Nº 2172/87 -hoy derogado- y Nº 3427/09 -actualmente vigente-, debe señalarse que la cuestión bajo examen viene siendo motivo de preocupación por parte del alto tribunal, en aras de lograr la adecuada canalización de las situaciones de funcionarios y agentes de la administración de justicia, en razón de los ordenamientos que rigen las profesiones liberales. En este contexto se inscribe el dictado de tales reglamentaciones, en particular, la segunda que –en cuanto interesa al sub-judice- recoge con carácter general, el criterio decisorio frente a los disímiles supuestos. En similar dirección puede mencionarse la Resolución SCBA Nº 835 del 10-4-1999, pese a considerarla inaplicable la parte actora para decidir el caso, como el dictamen de la Procuración General que se agrega a fs. 123 y, también, la Resolución Nº 2596/01 del superior tribunal.

Es que, si bien se alega por la parte recurrente el principio de igualdad de trato (art. 16, Const. Nac.), lo cierto es que se advierten, sin dificultad, diferencias objetivas en la situación de los agentes abocados a desempeñar tareas en el Poder Judicial, según los títulos profesionales que posean, en punto al bloqueo del libre ejercicio de la actividad autónoma.

Y, al respecto, el pago del adicional pretendido constituye una compensación por la pérdida total o parcial de la labor profesional en razón de una inhabilidad de carácter legal, en tanto el interesado debe encontrarse expresamente inhabilitado por la normativa pertinente para ejercer libremente dicha actividad profesional (conf. doc. SCBA causas B. 52.991 “Ayllón”, sent. del 2 VI 1992; B. 53.863 “Cáceres”, sent. del 7 VI 1994; B. 55.574 “Roldán”, sent. del 5 VII 1996 y B. 54.980 “Vampa”, sent. del 5 IV 2000).

2. Desde la perspectiva jurisprudencial, la distinta integración y conclusiones obtenidas en los precedentes que sobre la materia se registran en el ámbito de la Suprema Corte, impiden de allí derivar un criterio uniforme en torno a la validez de las Acordadas reglamentarias; empero permiten inferir que no se ha propiciado la extensión de una solución favorable en relación a circunstancias como las de autos, donde peritos con título de médico o psicólogo reclaman la lisa aplicación del art. 41 de la ley 10.475 a sus respectivas situaciones.

En efecto, en las causas I-1298 (“Pozzi”, sent. de 12-5-1998), B- 52.873 (“Carreto”, sent. de 1-XII-1998) y B-51.847 (“Pomponio”, sent. de 17-3-2010), todas estimatorias –total o parcialmente- de reclamos del mismo emolumento, se trataba de agentes que ostentaban el título de contador público, en cuyo marco fue especialmente alegada (causa I-1298, conf. surge de los antecedentes) o ponderada (en los casos restantes) la ley específica del ejercicio profesional (art. 10.620 –B.O. 7-1-88-, art. 242).

En cambio, un caso referido a perito médico, fue motivo de desestimación, si bien, en parte, debido a deficiencias impugnativas o limitaciones concernientes a la vía procesal utilizada, según interpretación sostenida entonces (causa B-52.162, “Anglada”, sent. de 22-5-1994).

Todavía cabe destacar que, en los antecedentes que reconocieron el bloqueo parcial en beneficio de profesionales en ciencias económicas, ello fue con diferente alcance, ya el 25% (Pozzi), o un porcentaje inferior, del 15% (Carreto) o del 12,50% (Pomponio).

Vale referenciar que las actoras sólo reconocen como aplicable al sub-lite el precedente Pozzi, cuando, conforme se viene desarrollando, se trata de un supuesto –profesionales en ciencias económicas- que difiere del presente –peritos médicos y licenciados en psicología-. Es por ello que, aún prescindiendo del Acuerdo Nº 2172/87 como postulan las recurrentes y se decidiera en el citado antecedente por vía de su descalificación constitucional, tampoco sería factible arribar a una solución acorde con sus peticiones.

La asimilación que persiguen obtener carece de andamiento pues faltan las condiciones para que la situación que alegan pueda ser subsumida en la norma legal, que justamente atañen a la demostración del bloqueo que esgrimen, tal como se habrá de desarrollar seguidamente, dentro de los lineamientos pretorianos.


3. Las restricciones generadas por la labor judicial no resultan suficientes, sin previsión del mentado bloqueo ni otra disposición específica de la ley reglamentaria de la profesión respectiva, para acceder al beneficio.

En efecto.

El art. 125 de la ley 5827 establece que “en ningún supuesto los integrantes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial podrán intervenir como peritos a propuestas de parte en causas que se sustancien ante cualquier fuero en el ámbito provincial, ni inscribirse en las listas de profesionales auxiliares de la justicia para nombramientos de oficio”.

La prohibición comprende a las actoras en tanto ocupan cargos de Perito (II, nivel 17), en las especialidades licenciadas en psicología (Ahuad y Berlini) y médico forense (Gambande) en la Asesoría Pericial de San Isidro (conf. fs. 40 del escrito de demanda e informe de fs. 128 de la causa).

Sin perjuicio de ello, la mentada limitación ha sido extendida por la Suprema Corte a todos los “agentes judiciales” (conf. resolución 290 del 1-III-1988 dictada en el expediente 3001 070/88, “Carreto Pedro Jesús”), encontrándose por tanto los profesionales con desempeño en el Poder Judicial, impedidos de efectuar tareas como auxiliares de justicia (conf. resolución 1220/01 del 22-III-2001; todo ello conf. resulta de la causa B-51.847, cit.).

Además, el óbice alcanza a la actuación en otras jurisdicciones (conf. Resoluciones 879/81 y 1515/91).

Así, pues, las demandantes están impedidas de actuar como peritos de parte en los procesos judiciales ante cualquier fuero en el ámbito provincial y de inscribirse en las listas de profesionales auxiliares de la justicia para nombramientos de oficio.

Al valorar ese estado de cosas la Corte local ha entendido que se está en presencia de una inhabilidad de carácter legal, reflejo de ciertos deberes impuestos al funcionario para prevenir un conflicto de intereses con la Administración Pública, que siempre deben prevalecer (doc. causa B. 54.980 “Vampa”, sent. de 5 IV 2000, citada en la causa B-51.847, cit.).

Empero, para de allí concluir que la situación de los interesados subsumía en las disposiciones de la ley 10.475, se ponderó, de consuno, la concurrencia de factores –tales como lo dispuesto por la ley profesional respectiva y el efectivo bloqueo del título invocado- que no se presentan en la especie.

Se trataba de agentes –con título de contadores públicos- a los que la Suprema Corte había declarado comprendidos en los alcances del art. 41 de la ley de marras, amén de lo dispuesto por la ley 10.620.

Como se ve, eran profesionales en ciencias económicas, esto es, un ámbito de actuación distinto al que concita la presente controversia, a tenor de lo dispuesto por cada marco regulatorio.

4. Las actoras no explican (se limitan a una mención genérica en el punto V. 7. de la demanda, fs. 43/43 vta.) ni de las leyes respectivas puede colegirse, cuáles serían las incumbencias inherentes a sus títulos profesionales que se hallarían privadas de desplegar como consecuencia de los puestos que ocupan en el Poder Judicial, y que no sean derivación propia del horario y dedicación a los que se hallan afectadas por dicha labor, que incluye las limitaciones –ya mencionadas- tendientes a evitar la confluencia de intereses.

Las leyes 4534 –para los médicos- y 10.306 –para los psicólogos- no sólo no contemplan la incompatibilidad, sino que tampoco establecen el reconocimiento de alguna bonificación por título como sí lo hace el art. 242 in fine de la ley 10.620 que dispone que los profesionales de ciencias económicas que se desempeñen en relación de dependencia en la Administración Pública nacional, provincial o municipal, y que como consecuencia de ello, se vean imposibilitados del ejercicio de las actividades que conforman la incumbencia profesional (enumeradas en los arts. 10, 12, 13 y 16), deberán percibir un adicional por título, precepto que se integra y armoniza con el art. 41 de la ley 10.475 (conf. doc. causa B-51.847, cit.).

Menos aún prescriben la suspensión de la matrícula –como sucede con los abogados y procuradores, art. 12 ley 5177 texto según ley 12.277- o el cese del ejercicio profesional –tal la situación de los escribanos conf. arts. 30 y 33, ley 9020-.

Así tampoco acreditan las demandantes que se encuentren imposibilitadas de desempeñar sus profesiones o que tengan bloqueados sus títulos; antes bien al contrario, de las constancias de autos surge que se hallan habilitadas sus respectivas matrículas profesionales (informe del Colegio de Médicos de fs. 149 en relación a la Dra. Rosa Gambande), sin registrarse solicitud de suspensión y/o cancelación de la habilitación (nota del Colegio de Psicólogos de fs. 151 en relación a la actora Adela B. Ahuad), manteniéndose activa la matrícula respectiva (de la misma nota, en relación a la actora Graciela C. Berlini).

No alegan por otro lado la voluntaria declinación del libre ejercicio de la profesión que podría haber generado un distinto tratamiento, en todo caso, a fin de evaluar si se trataría de un aspecto disponible y con qué efectos en la esfera jurisdiccional.

La prohibición que invocan las demandantes, prevista por el art. 67 del Acuerdo 2300/88, no coadyuva a la pretensión que intentan, en tanto antes que instituir un bloqueo profesional, se halla orientada a evitar la configuración de intereses contrapuestos en el agente, en su carácter de tal como integrante de la administración de justicia, de un lado, y por el de otras personas, del otro.

En cambio, surge claramente de los términos de la norma legal consagratoria de la bonificación por bloqueo de título, que al exigir la inhabilitación legal para el libre ejercicio de la profesión no abarca la situación de quienes, si bien por ser peritos se ven limitados en función de los dispuesto por el art. 125 de la ley 5827 (y Acordadas citadas, incluyendo la normativa estatutaria), no se hallan menoscabados por una interdicción en la labor profesional. Tal conclusión deriva de los propios términos de la ley, aún cuando su aplicación a las diferentes hipótesis, conforme se viene comentando, hubiese impulsado a la Suprema Corte a peticionar o efectuar la precisión de sus conceptos.

La directa relación entre la ley que establece el beneficio y el caso, no permite subsumirlo en la disposición, al advertirse que las actoras mantienen el libre desempeño de sus profesiones de médico y psicólogo en lo jurídico (leyes respectivas) y en los hechos (informe de los Colegios donde se hallan matriculadas); empero pretenden obtener una compensación del 25 % del sueldo en razón de no poder actuar dentro de la órbita jurisdiccional, por fuera del ámbito de sus funciones periciales. Restricción que evidencia la natural consecuencia de su trabajo en relación de dependencia, tendiente a conjurar un eventual conflicto de situaciones encontradas, preservando la administración de justicia.

5. En las condiciones de la causa, no deviene pues procedente la pretensión de las actoras, quienes reclaman el reconocimiento del ya varias veces mentado suplemento sin conformarse la condición legal establecida para ese fin.

Tampoco es viable analizar si sería pertinente el otorgamiento de un porcentaje inferior, no sólo porque rechazan las accionantes esa posibilidad, sino porque no cabe asimilarlas a los profesionales que han obtenido, con menor alcance, el adicional de marras, motivo por el que no procede abrir juicio sobre tal situación.

Menos aún cabría asemejarlas a los abogados, procuradores y escribanos que prestan servicios en el Poder Judicial, afectados por una total incompatibilidad con el ejercicio de sus respectivas profesiones, tal como ya se ha señalado.

6. Definida la cuestión planteada por las recurrentes, con arreglo a la preceptiva legal, devienen inconducentes para modificar la suerte material del reclamo, otros argumentos con los que se alzan contra la sentencia desestimatoria que, a fin de darles respuesta, se habrán de considerar, en lo pertinente.

Con tal prevención, los reparos en punto al actual Acuerdo 3427/09 de la Suprema Corte no pueden tener acogida.

Cierto es que la jueza de instancia se ha sustentado en el nuevo reglamento, mas ha dado cuenta de tal decisión (considerando 1º) arribando finalmente a una solución del diferendo que, en lo sustancial y más allá de tal normativa, coincide con la que vengo propiciando.

Al respecto, la postura de la recurrente no logra conmover la validez de la sentencia en cuanto se informa en la interpretación que proviene del Acuerdo vigente, antes que en el que quedara derogado, toda vez que, conforme se ha entendido ante una situación similar Si bien esa normativa no es aplicable a la situación planteada en autos, exterioriza lineamientos útiles como parámetros de valoración que no pueden ser desconocidos en el sub examine (arg. art. 163 inc. 6º, C.P.C.C.) (cfr. causa B-51.847, cit.).

De todas formas, la apelante cuestiona ambas normas, la que se hallaba en vigor al dictarse los actos censurados (Ac. 2172), como la que vino a suplantarla (Ac. 3427), emanada durante el transcurso del proceso.

En este marco, debe resaltarse que el enfoque que el pronunciamiento contiene no ha sumido en indefensión a la parte actora, como aduce en el recurso, cuyo contenido evidencia el ejercicio efectivo de esa garantía, acerca del tema. De allí que, desde tal perspectiva, fracasa el embate intentado (art. 15, Const. Prov.; art. 18, Const. Nac.).

Similar es la suerte que depara al recurso, el contenido de la impugnación dirigida contra el Acuerdo vigente, en cuanto al sub-examine se refiere, esto es, apartando de ello unos agravios que atacan disposiciones atinentes a otras circunstancias, tales como las que rigen para los profesionales en ciencias económicas y los abogados, procuradores y escribanos.

En relación al caso puntual, profesionales cuyos marcos regulatorios no prescriben en forma expresa la inhabilitación para el ejercicio profesional, lo que la Corte viene a realizar es la ratificación de un criterio (conf. considerando IV, especialmente en cuanto remite a la Resolución 3732/02) que se plasma con alcance general (art. 3 del Acuerdo) en torno a la falta de adecuación de dicha situación con la exigencia prevista por el art. 41 de la ley 10.475, temperamento que no difiere del que, según entiendo, corresponde adoptar para decidir el sub-judice.

Y al respecto, los agravios no logran desvirtuar la razonabilidad de dicha solución, toda vez que, tanto desde la mira del principio de igualdad, como desde la que provee la índole del beneficio legal y sus presupuestos condicionantes, en modo alguno puede reputarse que aquella regla plasmada en el Acuerdo, devenga desproporcionada o extraña y excesiva con relación al marco superior.

En otro orden, el reproche por aplicación retroactiva (arts. 17, Const. Nac. y 3, Código Civil), también ha de ser desestimado, pues no se configura ese vicio, en la sentencia de marras, a juzgar porque se decide, en definitiva, sobre la pertinencia del suplemento de acuerdo a la ley, el que –en sus términos y por inmediata aplicación de ella- carece de procedencia, ya se interprete la cuestión bajo las pautas de uno u otro de los cuestionados Acuerdos.

Lo expuesto determina, asimismo, que resultaría inoficioso expedirse acerca de la potestad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia (art. 164, Const. Prov.), en relación al supuesto de autos, toda vez que, tal y como lo evalúa la demandada, aún de arribarse a una conclusión contraria a su ejercicio, ello no sellaría una suerte diferente al litigio. Por otra parte, el reparo que las recurrentes formulan hacia la previsión que las afecta, carece de debida correlación y congruencia en torno a otras normas emanadas del mismo tribunal que, en materias relacionadas, son esgrimidas como formando parte del bloque de legalidad (vgr. fs. 42/42 vta.). Ello desmejora de convicción el embate, al no explicitar debidamente las razones de tal entendimiento diferencial que, admite aptitud reglamentaria para un caso y la niega para otro.

Tampoco resultaría decisivo pronunciarse en torno al contenido y alcance del primigenio Acuerdo (2172) del superior tribunal, puesto que, aún de considerárselo descalificable en su enunciado o en su interpretación (v. arg. en tal sentido desarrollado en la causa B-51.847, cit.) en relación a la especie, la solución resultaría infructuosa al propósito buscado por las apelantes, dado que no permitiría obtener un distinto encuadre de la situación de marras.

Por otro lado, el Acuerdo actual proporciona unas pautas exegéticas sobre la cuestión, frente a los matices diferenciales que la componen –bloqueo total y parcial; distintos profesionales del Poder Judicial; diferentes regímenes normativos- que, aún cuando no sean de directa aplicación, conforman reglas hermenéuticas útiles acerca del alcance de la norma legal en cuanto al caso respecta.

Todo lo expuesto define un sentido decisorio acorde con el adoptado en la sentencia, pues –en cuanto interesa a la especie- las distintas hipótesis que recoge el citado Acuerdo, que se condicen con los respectivos marcos legales aplicables a las profesiones, proporcionan un dato objetivo y razonable que no permite considerar afectado el principio de igualdad (art. 16, Const. Nac.), armonizando con el espíritu y finalidad de la norma superior sin extralimitar, en todo caso, su enunciado (art. 28, Const. Nac.).

En mérito de las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar, en cuanto fuera motivo de agravio, la sentencia apelada (arts. 55, 56, 58 y concs., CCA).

Con costas de la instancia en el orden causado (art. 51, CCA).

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:

I.- Coincido con los argumentos y decisión expresada por la Dra. Milanta, a los que adhiero.

II.- En efecto, a mayor abundamiento agrego que, si la norma aplicable al caso prevé como condición para la percepción de la bonificación por bloqueo de título que deba existir inhabilitación legal del ejercicio profesional, ha de recordarse que la incompatibilidad debe guardar relación con las tareas inherentes al cargo ocupado por el agente, éste no puede percibir dicha bonificación por título profesional si las tareas desarrolladas en el ámbito del ejercicio libre no guardan relación con el servicio de justicia comprometido.

Así lo voto.



A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:

Adhiero al criterio que expone el primer voto para rechazar la pretensión articulada.

Junto a la Dra. Milanta considero sin acreditación, por parte de las demandantes, las circunstancias sobre las cuales gira la bonificación por bloqueo de título requerida.

Sus labores en el Poder Judicial no implican la incompatibilidad profesional a la que refiere el sistema normativo, tal y como lo desarrolla la intervención que me antecede, con fundamentos que comparto.

Así, me expido en el mismo sentido decisorio.

Así lo voto.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se confirma, en cuanto fuera motivo de agravio, la sentencia apelada (arts. 55, 56, 58 y concs., CCA).

Con costas de la instancia en el orden causado (art. 51, CCA).

Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado, Dr. Leandro Nimo, en la suma de pesos setecientos ochenta ($ 780,00), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. a y 16, ley 6716 y modif.; 10, 15, 31, 49, 54, 57 y concs., dec.-ley 8904/77).



Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.

Firmado: Claudia A. M. Milanta. Jueza. Gustavo Daniel Spacarotel Juez. Gustavo Juan De Santis. Juez. Mónica M. Dragonetti. Secretaria. Registrado bajo el nº 388 (S).
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