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Género: Femenino: 118 Masculino: 1490


Sentido de la Resolución

Número de asuntos

Libradas

1370

Negadas

191

Sin Materia

13

Otro

34

Amparo Indirecto en contra de órdenes de arraigo

Femenino: 1931 Asuntos con sentencia


Sentido de la Resolución

Número de asuntos

Ampara

65

No ampara

125

Sobreseimiento

1695

Acumulación

21

Impedimento

1

Incompetencia

24

Masculino: 7711 Asuntos con sentencia


Sentido de la Resolución

Número de asuntos

Ampara

247

No ampara

676

Sobreseimiento

6551

Acumulación

118

Impedimento

1

Incompetencia

118

Cabe señalar que no existen recomendaciones formuladas, dictadas y dirigidas a la Procuraduría General de la República, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de arraigo.

4. Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura

54. El 11 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura para prohibir tratos crueles, inhumanos o degradantes a personas sometidas a arrestos, detención o prisión. El dictamen fue avalado por unanimidad y se remitió a la Cámara de Diputados para su dictaminación.

55. Esta ley faculta a la CNDH para realizar visitas y supervisiones, a fin de denunciar y evitar actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo Federal encargados de la procuración de justicia.

56. De acuerdo con el dictamen, se pretende sancionar a los servidores públicos que inflijan a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin, tomando en cuenta que se define a la tortura como la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

57. Respecto de las sanciones, el dictamen fija una pena de prisión de siete a 16 años y de 500 a mil días multa, así como la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente. Serán aplicadas a los servidores públicos que induzcan a un tercero o se sirvan de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales.

58. Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a un detenido.



5. Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones

59. El 16 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, la cual tiene por objeto establecer las bases legales del sistema carcelario federal, la administración de la prisión preventiva, punitiva, así como las medidas de vigilancia especial. Dicho ordenamiento contempla la figura de jueces ejecutores de sanciones y dota al Ejecutivo de la administración de los establecimientos penitenciarios.

60. Para ello, se contempla adicionar un artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que los jueces de ejecución federales conocerán la modificación y duración de las penas y de la substanciación del procedimiento para la reparación del daño.

61. Además, establece nuevos niveles de seguridad y custodia en los centros penitenciarios, destacando los niveles 5 máxima, y 6 súper máxima, en los que se internarán a secuestradores y miembros de la delincuencia organizada.

62. La Ley plantea cinco ejes rectores para la reinserción social: i) trabajo, ii) capacitación para el trabajo, iii) educación, iv) salud y v) deporte. Asimismo, contempla los lineamientos para que los internos sean evaluados objetivamente con valoraciones técnicas de especialistas en salud mental, médica, educativa y laboral para revisar su comportamiento y la compurgación de su pena.

63. Con la Ley se espera modernizar el concepto de “prisión”, toda vez que se beneficiará a más de 229 mil reclusos. Dicha reforma responde al mandato de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en el que se ordena un nuevo sistema penal para establecer el régimen acusatorio oral, contradictorio y adversarial.



6. Proyecto de Ley General de Víctimas

64. El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley General de Víctimas, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 24 de abril del mismo año. El proyecto se remitió al Ejecutivo para los efectos relativos a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

65. El objeto del proyecto normativo es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en particular en lo referente a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, tomando como base estándares internacionales de protección, atención, reparación integral, favoreciendo la más amplia protección a la persona.

66. El proyecto de Ley es reglamentario de tres artículos constitucionales: artículo 1º, en el que se establece la obligación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, y su artículo 2º transitorio, que prevé la creación de una Ley de Reparación; artículo 17, resultado de la reforma en materia de justicia penal de 2008, que establece los derechos procesales y los principios constitucionales en materia de reparación del daño, incluyendo las acciones colectivas; y artículo 20 apartado C, en el que se reconocen los principios generales de protección, respeto y reparación a los derechos de la víctima o del ofendido.



67. Los aspectos más importantes del dictamen aprobado son los siguientes:

  • Obliga al Estado mexicano a velar por la protección de las personas que hayan sido víctimas del delito o de violación a los derechos humanos. De manera particular, busca la restitución de los derechos violados, la debida diligencia de los hechos, la no repetición y demás derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.

  • Reconoce la calidad de víctima directa al ofendido de un delito, así como a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y de víctimas indirectas a sus familiares y/o a las personas a su cargo y/o con quienes tengan relación inmediata.

  • Reconoce a las víctimas como sujetos de derecho y establece como principios rectores los siguientes derechos: respeto a la dignidad de las víctimas; a la no re victimización; a la buena fe (que considera cierto el dicho de las víctimas); a la debida diligencia, y al enfoque diferenciado y especializado. Además de estos principios, la ley establece una serie de derechos de las víctimas como el de ayuda, asistencia y atención; al acceso a la justicia; derecho en el proceso penal; a la verdad, y a la reparación integral.

  • Por lo que respecta al derecho a la verdad, establece que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen el derecho a conocer los hechos que dieron origen al delito y/o a las violaciones a derechos humanos, la identidad de los responsables, las circunstancias que propiciaron su comisión, así como a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

  • Establece un Formato Único de Declaración, así como la obligación de toda autoridad de recibir la declaración de la víctima. En ese sentido, posibilita a las víctimas a presentar su declaración ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, incluidas Embajadas, Consulados, Secretarías de Salud o Educación, Sistema Nacional DIF, síndico municipal, albergues, entre otros.

  • Establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas como la máxima institución en la materia que tendrá como objetivo establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño. Se integrará por representantes de todas las instituciones y entidades púbicas de los tres niveles de gobierno. Dicho Sistema Nacional contará con una Comisión Ejecutiva, como órgano facilitador de la representación y participación de las víctimas y sociedad civil en el Sistema. Se integrará por nueve comisionados, propuestos por el Ejecutivo Federal y elegidos por el Senado.

  • Se crea el Registro Nacional de Víctimas, que rastreará el proceso de ingreso y registro de las víctimas. El ingreso al registro se hará por denuncia, queja o noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, un organismo público de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento de los hechos.

  • Se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por un fideicomiso público, el cual tendrá por objeto indemnizar a las víctimas. Sus recursos serán previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados en procesos penales; fianzas o garantías; multas y sanciones pecuniarias; donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; subastas públicas y sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, entro otros.

  • Establece una serie de acciones de atención a las víctimas con un enfoque integral:

  • Medidas de ayuda, inmediatas y humanitarias. Incluyen acciones en materia de salud, alojamiento y alimentación, transporte, y protección.

  • Medidas de asistencia y atención. Encaminadas a restablecer a la víctima el ejercicio pleno de sus derechos, mediante acciones en materia de educación, situación económica y de desarrollo, así como atención y asistencia en la procuración y administración de justicia.

  • Medidas de reparación integral. Incluyen los principios de restitución de derechos, rehabilitación, compensación, satisfacción, medidas de no repetición y la reparación colectiva. Estos elementos han sido reconocidos en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

  • Sobre las responsabilidades de los servidores públicos, establece, entre otras, la de garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos.

  • Faculta al Ministerio Público a solicitar las medidas cautelares o de protección necesarios para la protección de la víctima, su familiares y/o bienes cuando sea necesario. De igual forma, faculta al Poder Judicial para dictar medidas precautorias que garanticen la seguridad de las víctimas y sus bienes jurídicos.

  • Refrenda las facultades constitucionales de la CNDH, establecidas en el artículo 102, para investigar violaciones a los derechos humanos y remitir las denuncias sobre dichas violaciones al Ministerio Público. Además, establece la facultad para que recomiende las reparaciones a favor de las víctimas.

68. El dictamen incluye la reforma al artículo 73 constitucional a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas, con el objeto de generar criterios homogéneos en la materia, así como la coordinación entre las autoridades.

7 . Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA)

69. El 6 de septiembre de 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.

70. El objeto de esta Procuraduría es brindar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de la normativa aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia, y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.

71. El artículo tercero del Decreto mediante el cual se crea este organismo, establece las siguientes funciones:



  • Atender a las víctimas u ofendidos de delitos a efecto de orientarlos y prestarles, por sí o en coordinación con las instituciones especializadas, los servicios multidisciplinarios y especializados que requieran para su atención oportuna, adecuada e integral.

  • Proporcionar, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes, los servicios de atención a víctimas u ofendidos de delitos, los cuales serán, entre otros:

  • •Asistencia médica

  • •Asistencia psicológica especializada

  • •Orientación y asesoría jurídica, y

  • •Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas

  • Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para brindar la atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como dar el seguimiento que corresponda.

  • Tratándose de delitos del fuero común, orientar a la víctima o al ofendido de delitos y, en su caso, canalizarla a las instancias estatales o municipales competentes en la materia.

  • Establecer módulos o unidades dentro del territorio nacional para la debida atención a víctimas u ofendidos de delitos.

  • Brindar defensa legal gratuita a la víctima o al ofendido de delitos, de conformidad con las bases y criterios que apruebe la Junta de Gobierno; las disposiciones aplicables y las previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto.

  • Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas u ofendidos de delitos, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes.

  • Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas u ofendidos de delitos a los subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales.

  • Coordinarse y celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas para la atención a las víctimas u ofendidos de delitos.

  • Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y con la atención que éstos reciban.

  • Promover la investigación y elaborar y difundir diagnósticos y estudios sobre la situación de las víctimas u ofendidos de delitos, así como recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar su reconocimiento y atención eficaz y oportuna.

  • Elaborar y proponer la instrumentación de modelos y protocolos de atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como prestar asesoría técnica en esa materia.

  • Generar, compilar, manejar y sistematizar la información derivada de los programas y mecanismos de atención a las víctimas u ofendidos de delitos.

B. Legislación estatal

72. Además de la existencia de la Ley Federal en la materia, el delito de tortura se encuentra regulado en todas las entidades federativas, ya sea en leyes especiales o en Códigos Penales.

73. Los 15 estados que cuentan con legislación específica sobre tortura son:


  • Aguascalientes (14 mayo 1995)

  • Campeche (28 octubre 1993)

  • Coahuila (27 julio 1993)

  • Colima (13 mayo 1995)

  • Chiapas (9 febrero 1994)

  • Estado de México (25 febrero 1994)

  • •Jalisco (21 diciembre 1993)

  • •Morelos (22 diciembre 1993)

  • •Nayarit (27 agosto 2005)

  • •Oaxaca (20 noviembre 1993)

  • •Quintana Roo (13 noviembre 1992)

  • •Tlaxcala (11 diciembre 2003)

  • •Veracruz (17 abril 1999)

  • •Yucatán (1 diciembre 2003)

  • •Guerrero (26 diciembre de 1990)2

Los 17 estados restantes incluyen la tipificación del delito de tortura en su Código Penal.

74. Destacan las recientes reformas legislativas en el Distrito Federal entre las que se encuentran:



1. Código Penal del Distrito Federal

75. El 29 de marzo de 2012, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en pleno diversas reformas al Código Penal del Distrito Federal que tienen por objetivo homologar el delito de tortura conforme a los estándares más altos de protección de derechos establecidos en el Protocolo de Estambul, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

76. Con la reforma se amplía el concepto de tortura a fin de facilitar al ministerio público la acreditación del delito, lo que permitirá sancionar de manera más eficiente a las y los servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, o apliquen métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Además se incluye la violencia sexual como método de tortura y se establece la imprescriptibilidad del delito, para quedar como sigue:

2. Capítulo II: Tortura

Artículo 206 bis. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, incluida la violencia sexual, con fines de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otro fin.

Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el presente artículo, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.

No se consideraran como tortura dolores o sufrimientos físicos a consecuencia únicamente de sanciones legales o derivadas de un acto legal de autoridad.

ARTÍCULO 206 ter. Para la reparación de daño a las víctimas de los delitos de tortura, se estará a las reglas establecidas por el Capítulo VI del Título Tercero del Libro Primero, el pago a que se refiere el artículo 48 de este Código, se realizará en una sola exhibición.

ARTÍCULO 206 quarter. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho probablemente constitutivo de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y de quince a sesenta días multa.

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentara hasta en una mitad al servidor público que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura con su intervención inmediata, y sin riesgo propio o ajeno, no lo hiciese.

ARTÍCULO 206 quintus. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad de los delitos de tortura, el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones, medidas de seguridad o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

El delito de tortura es imprescriptible.

La aprobación de la iniciativa presentada en abril de 2011 con el concurso de diversas organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobierno del Distrito Federal es fundamental para avanzar en la erradicación de éste delito y ampliar la protección a las víctimas.

3. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal

77. Derivado de la Reforma Constitucional, el 17 de junio de 2011, se publicó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que tiene como objeto regular el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial, así como la organización, administración y operación del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

78. En este sentido, se crea la figura del Juez de Ejecución como la autoridad encargada de la sustitución, modificación o extinción de las penas o medidas de seguridad, bajo los principios de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

4. Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal

79. En materia de Justicia Penal para Adolescentes, se cuenta con la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, publicada el 14 de noviembre de 2007 y reformada el 8 de febrero de 2011 para regular la mediación como mecanismo alternativo en los juzgados y así otorgar una mayor celeridad en la solución de los casos que se presenten.

80. Actualmente se está trabajando en un proyecto de Ley de Justicia para Adolescentes en el marco del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, en mesas interinstitucionales e internamente con los jueces y magistrados de la materia, mismo que se encuentra en revisión a efecto de que se presente una propuesta final al propio Consejo de Coordinación por parte del Tribunal.

81. Por otro lado, respecto a mecanismos alternativos de solución de controversias se realizó su inclusión a través de un capítulo en la Ley de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para el Distrito Federal, para lo cual se revisaron varias legislaciones nacionales que los contemplan, comparando la definición y su congruencia con la procedencia, trámite y efectos, a fin de ubicar las mejores prácticas, lo cual se integró a través de diversas sesiones de trabajo con los jueces en delitos no graves de adolescentes a fin de recoger sugerencias, observaciones y retroalimentar la propuesta.



5. Implementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal en el Distrito Federal.

82. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con los otros dos órganos de gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido diversas acciones en cada uno de los ejes rectores para la implementación de la reforma de justicia penal, tanto para adultos como adolescentes, siendo éstos los siguientes:



  • Comunicación y difusión

  • Tecnología de la información

  • Infraestructura

  • Medios alternativos de solución de controversias

  • Capacitación

  • Reorganización institucional

  • Normatividad

83. Dentro de las principales acciones emprendidas por el Tribunal destacan las siguientes:

a) Creación de la Unidad Especial para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, como instancia que coordine todo lo relativo a la implantación del nuevo sistema de justicia penal en el Tribunal, avocándose a los aspectos relacionados con planeación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), capacitación, reorganización institucional y rediseño de procesos operativos, comunicación y difusión, entre otros, de carácter eminentemente administrativo;

b) Impartición de cursos y realización de foros y talleres, con el fin de difundir la reforma constitucional y sensibilizar a los servidores públicos del Tribunal, en cuanto al cambio que se avecina, y

c) Capacitación a los servidores públicos integrantes de la UNESIRP, con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia, para que éstos se orienten adecuadamente al diseño y desarrollo de los procesos de implementación de la reforma constitucional.

84. Para la planeación y desarrollo del modelo acusatorio apropiado para el Distrito Federal, la capacitación es una pieza fundamental, en la que los servidores públicos comisionados asistieron a talleres y conferencias en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialistas chilenos y colombianos auspiciados por Banco Mundial y en la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal dependiente de la Secretaría de Gobernación (SETEC). Asimismo, se han visitado los tribunales de las entidades federativas que ya están operando este sistema, como Morelos, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, y Chihuahua, con el objetivo de aprender de sus experiencias y levantar datos e información de los modelos adoptados.

85. La Unidad Especial, durante el periodo que se informa, ha continuado con los trabajos del proceso de implementación en tres temas: 1) Juez de Ejecución; 2) Sistema de Justicia para Adolescentes y 3) Sistema Penal Acusatorio. Durante el primer semestre del año los trabajos se enfocaron al primer tema, en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del decreto de Reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008 ordena establecer un nuevo sistema de reinserción social, concediendo facultades a la autoridad judicial sobre el cumplimiento, modificación y duración de las penas, para lo cual otorga un plazo de tres años a partir de la publicación de la reforma, mismo que feneció el 19 de junio de 2011.

86. Respecto a la implementación de la figura del Juez de Ejecución de Sentencias, el Tribunal Superior de Justicia a través de la UNESIRP, realizó diversos trabajos relacionados con la implementación de la figura del juez de ejecución, las cuales se circunscriben a la figura de un juez de ejecución bajo un modelo acusatorio. Dicho modelo establece un número determinado de jueces que funcionan bajo un sistema de audiencias, las cuales serán asignadas por un administrador que contará con un sistema de gestión judicial y personal a su cargo, encargándose de todas las funciones administrativas y de apoyo a los jueces. Por lo anterior, en los diversos ejes rectores se planteó lo siguiente:

a) Infraestructura

87. A efecto de contar con la infraestructura adecuada para albergar a los jueces de ejecución, se plantearon al Gobierno del Distrito Federal a través de la Presidencia del Tribunal, dos propuestas: 1) remodelación de los diversos reclusorios, y 2) construcción de edificios nuevos.



  • Remodelación de espacios. Se presentó la propuesta de crear espacios físicos adecuados, proponiendo su ubicación en cada uno de los centros de internamiento (Reclusorio Norte, Sur, Oriente, Santa Martha y Comunidad para Mujeres y para Varones–Adolescentes, en conflicto con la ley penal), a fin de que el nuevo juez ejecutor y el personal de apoyo administrativo realicen sus funciones de vigilar y monitorear el cumplimiento adecuado de las sanciones impuestas de manera eficaz y eficiente, evitando traslados de los internos.

  • El objeto es la remodelación de los Centros de Ejecución de Sanciones Penales de dichos centros penitenciarios considerando los elementos formales que resaltan las nuevas reformas (identidad, proyección, seguridad y aprovechamiento tecnológico). Cabe señalar que dichos espacios son propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

  • Monto total estimado del proyecto: 43.3 millones de pesos

  • Monto solicitado a SETEC: 3.746 miles de pesos

  • Monto otorgado: 1.466 miles de pesos

  • Construcción de edificios nuevos. Esta propuesta consiste en la construcción de edificios nuevos en cada uno de los reclusorios señalados en el punto anterior, con un sistema de gestión judicial y un modelo acusatorio, el cual considera la inversión en construcciones propias, incluyendo los requerimientos de seguridad que exige la materia, así como el nuevo sistema penal acusatorio.

  • Monto estimado en infraestructura 695.0 millones de pesos

b) Reorganización institucional (planeación)

88. Derivado del análisis de cargas de trabajo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como del análisis de los asuntos que se llevan en mesa de ejecución en los juzgados de primera instancia en materia penal y de justicia para adolescentes, se presentó la propuesta del número de jueces de ejecución necesarios en el Distrito Federal.

89. De la misma forma, se presentaron perfiles de puestos para los Tribunales de Ejecución de Sentencias Penales que estarían ubicados en cada uno de los reclusorios, así como en el Centro de Internamiento para Adolescentes. Se elaboraron los manuales de organización y de procedimientos que constituyen una herramienta fundamental para el diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de automatización del trabajo administrativo de los nuevos tribunales.

90. Por otro lado, se atendió la creación de la estructura de la Unidad de Apoyo Integral, descrita en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada el día 17 de junio del año en curso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; asimismo, con base en dicha ley se crearon los “Lineamientos de Operación de la Unidad de Apoyo Integral”.



c) Capacitación

91. Uno de los aspectos más relevantes en la implementación de la figura del juez de ejecución es la capacitación a los operadores, la cual se llevó a cabo a pesar de que no se contaba con la ley de la materia. Sin embargo, se elaboró el programa de capacitación respectivo tanto para los aspirantes a jueces, como para el personal administrativo que iniciaría sus funciones el 19 de junio del año en curso.

92. El programa de capacitación se elaboró y se llevó a cabo junto con el Instituto de Estudios Judiciales, dirigido a aspirantes a jueces especializados en ejecución de sentencias penales que aprobaron el concurso de oposición.

d) Difusión

93. En coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito se realizaron 19 programas radiofónicos que se trasmitieron en ABC Radio, en el 760 de Amplitud Modulada, para el programa “Conoce tus Derechos”, de los cuales 11 fueron dedicados a la figura del juez de ejecución. Asimismo, se elaboraron proyectos de comunicación y difusión para la implementación de la reforma en dicha materia, con el fin de que se asignaran recursos para el ejercicio fiscal 2011 del TSJDF.

94. Se participó con la Procuraduría General de Justicia y la Defensoría de Oficio del Distrito Federal en la elaboración del proyecto de comunicación y difusión especializada de la implementación de la reforma constitucional en materia penal 2011, la cual, si bien no estaba totalmente enfocada a la figura que nos ocupa, abarcaba todo el sistema penal acusatorio. Dicha propuesta fue presentada y aprobada por la SETEC por un monto de 1.8 millones de pesos, recursos que serán ejercidos por la Secretaría Técnica del Distrito Federal a cargo de la PGJDF en su calidad de Unidad Implementadora del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal.

95. En colaboración con el Instituto de Estudios Judiciales se organizó y llevó a cabo el foro “La Figura del Juez de Ejecución en el Nuevo Sistema Penal Mexicano”, que se celebró los días 18 y 19 de mayo de 2011. En colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales se llevó a cabo el foro “Juez de Ejecución de Sentencias” los días 20 y 21 de junio de 2011.



6. Reformas relevantes en el Estado de México

96. Respecto a la labor legislativa en materia de prevención de la tortura en el Estado de México, el 13 de febrero de 2012 se anunció la presentación de un paquete legislativo en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra la reforma en materia penal para combatir y sancionar la tortura, la cual fue publicada el 30 de marzo de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de México, de conformidad con los criterios internacionales, dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de Estambul, con el objetivo primordial de velar por los derechos humanos con los estándares más altos a nivel mundial para prevenir y castigar los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por alguna autoridad.

97. Como parte de las acciones realizadas para garantizar el debido proceso para las víctimas de tortura, a fin de garantizar la valoración de la prueba de tortura, derivado de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el Estado de México dio inicio a la implementación del sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial u oral previsto por la citada reforma constitucional, donde además se establecieron lineamientos de protección a quienes tengan la calidad de ofendidos o víctimas tanto en la etapa de investigación como en el proceso penal, todo ello contenido en el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, los cuales son:

“I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.”

98. Estos principios se han incorporado en el Código de Procedimientos Penales de la entidad, los cuales deben ser observados por todos aquellos a los que les es aplicable, entre los que se encuentra el Ministerio Público, por ser la institución encargada de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito y en su carácter de parte en el proceso penal.

99. Asimismo, el 14 de febrero de 2008 se publicó en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el Acuerdo número 21/2007, del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el cual se establecen las Directrices institucionales que deberán seguir los agentes y secretarios del ministerio público, peritos médicos legistas, psicólogos y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, el cual a la fecha es vigente y cuyo objeto es instruir a los agentes del Ministerio Público, Peritos, Médicos Legistas, Psicólogos y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, respecto de la aplicación del Protocolo de Estambul, a cualquier persona que alegue dichos abusos, así como establecer las directrices institucionales que rigen su implementación.

100. Cabe destacar que en los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153, fracción II del Código procedimental citado, se establece que la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

101. Respecto a las iniciativas legislativas para establecer el funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes, el Estado de México, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, reformó el párrafo cuarto, adicionó los párrafos quinto y sexto, y recorrió en su orden los dos últimos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un Sistema Integral de Justicia aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por la leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Federal para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo le han sido reconocidos.

102. De igual manera, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005, la H. LVI Legislatura del Estado de México, por Decreto número 29 publicado en la Gaceta del Gobierno del 25 de enero de 2007, emitió la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, que contempla un proceso predominantemente oral.

7. Reformas relevantes en el Estado de Oaxaca

103. En el estado de Oaxaca, el 15 de abril de 2011, fueron publicadas, en el periódico oficial del gobierno del estado, diversas modificaciones al articulado constitucional en materia de derechos humanos. Dichas reformas fueron en el sentido de cambiar la denominación y atribuciones de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, así como para la creación de una sala de constitucionalidad dependiente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual tiene entre sus facultades, substanciar el juicio para la protección de los Derechos Humanos, pudiendo hacerse referencia a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 8º apartado B fracción II de la Constitución Local concernientes a la prohibición de actos de tortura por parte de las instituciones del Estado mexicano, entre ellas las de seguridad pública; así como también al Artículo 170-BIS 2º párrafo del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, en cuanto a la imposición oficiosa de la prisión preventiva al que cometa el delito de tortura, previsto en el artículo 1º y sancionado en los artículos 2,3 y 4 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

104. Por otro lado, en el mes de agosto del 2011, el gobierno del estado de Oaxaca aprobó la “Ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado de Oaxaca”, donde se retoman las conductas descritas por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dentro de dicha Ley, se establece como una obligación general de las instituciones de seguridad pública la implementación de acciones permanentes para evitar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza así como la prohibición de infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública del estado se encuentra trabajando en el manual para la implementación de dicha Ley, proceso para el cual se está retomando el Protocolo de Estambul.

105. Cabe destacar que en cuanto a la figura del arraigo, ésta fue derogada de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca en el mes de marzo del 2012. Como parte de esto, se deroga la fracción XVII del Artículo 17 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y reforma la fracción III del Artículo 2, así como los Artículos 19 Bis, y 64 del Código de Procedimientos Penales.

106. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca se encuentra promoviendo la adopción dentro del orden jurídico oaxaqueño, de una ley en materia de atención, asistencia y protección a víctimas, que comprenderá a las víctimas del delito y considerará al término víctima en un sentido amplio.

107. En materia de justicia penal, el gobierno de Oaxaca ha implementado en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Mixteca, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, previendo el Consejo para la implementación de dicho sistema en las regiones de la Costa a partir del 9 de mayo de 2012, en la Cuenca a partir del 9 de mayo de 2013, y en los Valles Centrales a partir del 9 de mayo de 2014. En una segunda etapa se implementará en las regiones de la Cañada, la Sierra Norte y la Sierra Sur, en caso de que las partidas presupuestales asignadas a la entidad lo permitan. Cabe mencionar que los periodos para que entren en vigencia son modificables, previo decreto de la Cámara de Diputados.

108. Con la finalidad de facilitar los mecanismos para la consolidación y avance de la reforma en materia penal, el gobierno del estado se encuentra en proceso de presentar una estrategia de cofinanciamiento con agentes internacionales, como el gobierno de los Estados Unidos.

109. El Departamento de Servicios a la Comunidad, en coordinación con el Departamento de Asesores del Procurador, han realizado diversas actividades encaminadas a prevenir casos de tortura, capacitando a autoridades municipales y público en general.

110. Por su parte, la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones ha implementado cursos en materia de Derechos Humanos a los Agentes del Ministerio Público a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional. De igual manera, en cada una de las Agencias del Ministerio Público, Investigadoras y con Detenidos, existen carteles en los cuales se dan a conocer las garantías que tienen todas las personas que se encuentran detenidas conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución Federal.

111. Cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia del estado busca promover una ley en materia de protección especializada a los sujetos intervinientes en el proceso penal, en cumplimiento a la garantía constitucional que manda al Ministerio Público garantizar dicha protección a las partes intervinientes.

112. Si bien, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca no cuenta con un reglamento interno, es importante mencionar que la Agencia Estatal de Investigaciones se rige bajo la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura y en su Ley Orgánica. En el caso de que dichos agentes se vieran implicados en actos de tortura, se les iniciará el procedimiento administrativo correspondiente ante la Procuraduría del estado mediante la Fiscalía de Control Interno y Evaluación, independientemente del proceso penal al que pudieran ser sometidos.

113. En este mismo sentido, y dado que el respeto a los derechos humanos en general lleva implícito el respeto al derecho a la integridad y seguridad personal, el 11 de julio de 2011, fue emitida la circular PGJE/SSP/10/2011, a través de la cual se instruye a todo el personal a respetar los derechos humanos tanto de las víctimas u ofendidos del delito, como el de los indiciados y de todas las personas con las cuales se tenga trato en el desempeño de sus funciones, lo que será primordial y de estricta observancia en todas y cada una de las áreas que conforman la Procuraduría estatal, ya que cualquier violación a los derechos humanos puede derivar en responsabilidad administrativa y penal.

114. Por otra parte, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca en conjunto con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizó el evento denominado “Mesa de Diálogo sobre las Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en el estado de Oaxaca”, el cual tuvo lugar los días 1º y 2 de febrero de 2012.

115. Dicho evento contó con la asistencia de personal del gobierno del estado, sociedad civil, academia, víctimas de tortura, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un miembro del mismo SPT.

116. Producto de dicha reunión, se logró recopilar una memoria de las necesidades para el correcto seguimiento a las recomendaciones realizadas por el SPT, la cual ha llevado a la creación de un grupo de trabajo permanente en el tema, para el cual se ha designado personal especializado por cada dependencia y que está próximo a sostener su primera sesión, misma que será encabezada por el gobernador del estado y en la cual se espera contar con los insumos de la sociedad civil, organismos internacionales y nacionales expertos en la materia, así como víctimas de tortura en la entidad.

117. Cabe destacar que en los separos preventivos dependientes de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, a las personas detenidas a quienes se les atribuye un hecho delictivo, se les valora médicamente por un perito médico legista, quien certifica su integridad física, describe las lesiones que pueda presentar y, si éstas ameritan internamiento hospitalario, se les canaliza al Hospital Civil. Aunado a lo anterior, existe una revisión periódica a cargo del Instituto de Servicios Periciales para vigilar el estado de salud de cada uno de los detenidos, a quienes en caso de requerir medicamento alguno, se le suministra previo diagnóstico y autorización del perito médico; en tanto, por parte de la Unidad Administrativa se les dota de alimentos durante su estancia.



8. Reformas relevantes en el Estado de Nuevo León

118. El gobierno del estado de Nuevo León se encuentra trabajando en reformar la Ley de Seguridad Pública, para adicionar una sección para regular el “uso de la fuerza”. Dicha reforma, entre otras cuestiones, establecería que “los servidores públicos policiales no deberán por ningún motivo abusar del uso de la fuerza física en función de sus capacidades técnicas e intensidad de las operaciones, tampoco provocarán dolores o sufrimientos físicos o psíquicos por mera superioridad circunstancial en el momento de la neutralización física, de los sujetos a controlar, ni someterán a dichos sujetos a maltratos, castigos o torturas”.



C. Normativa institucional relevante a nivel federal

119. Por lo que se refiere a los avances en la normatividad interna de las instituciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de conformidad con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, logró los siguientes avances:



  • Establecer la distribución de competencias y una efectiva y eficaz coordinación entre la Federación, Distrito Federal, los estados y municipios.

  • Establecer la creación y fortalecimiento de Instancias de coordinación en la SNSP.

  • Prever la instrumentación del Registro Administrativo de Detenciones

  • Instituir las bases para el Sistema Integral de Desarrollo Policial

  • Regular la información nacional sobre seguridad pública

  • Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública.

120. Por otra parte, en la Ley de la Policía Federal, del 1° de junio de 2009, reformada el 25 de mayo de 2011, se vela por la garantía y respeto de los derechos humanos al señalar:

“Articulo 15. La actuación de los miembros de la Policía Federal se sujetará invariablemente a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución.

Articulo 16. La Carrera Policial (…) Se regirá por las normas siguientes:

XII. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de integrantes serán establecidos en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan, y

Articulo 17. Para ingresar o permanecer en la Policía Federal se requiere:

A. Para el ingreso:

VI. Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza

XI. Cumplir con los deberes establecidos en esta ley, y demás disposiciones que deriven de esta:

B. Para la permanencia

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza”




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