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CAT/OP/MEX/1/Add.2




Naciones Unidas

CAT/OP/MEX/1/Add.2



Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes


Distr. general

17 January 2013


Original: español

Subcomité para la Prevención de la Tortura

Segundas respuestas de México a las recomendaciones y preguntas formuladas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en su informe sobre la primera visita periódica a México (CAT/OP/MEX/1)* **

Índice


Párrafos Página

I. Introducción 1–28 4

II. Avances legislativos o normativos en materia de prevención de la tortura 29–128 7

A. Legislación federal 29–71 7

B. Legislación estatal 72–118 30

C. Normativa institucional relevante a nivel Federal 119–128 40

III. Capacitación de servidores públicos en materia de prevención de la tortura 129–191 41

A. Esfuerzos en el ámbito federal 129–149 41

B. Esfuerzos en el Distrito Federal 150–166 51

C. Esfuerzos en el Estado de México 167–175 55

D. Esfuerzos en el Estado de Jalisco 176–178 57

E. Esfuerzos en el Estado de Oxaca 179–185 58

F. Esfuerzos en el Estado de Nuevo León 186–191 60

IV. Políticas públicas en materia de erradicación de la tortura 192–225 61

A. Políticas públicas relevantes en el ámbito federal 192–202 61

B. Políticas públicas relevantes en el Distrito Federal 203–224 63

C. Políticas públicas relevantes en el Estado de Jalisco 225 66

V. Registro de quejas del Mecanismo Nacional de Prevención de la


Tortura durante 2011 226–230 68

A. Visitas a lugares de detención 226–228 68

B. Visitas de seguimiento 229–230 68

VI. Acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia 231–253 68

A. Información relevante a nivel federal 231–239 68

B. Información relevante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 240–253 73

VII. Acciones para el mejoramiento de las condiciones de los centros de detención 254–320 77

A. Ámbito federal 254–259 77

B. Construcción de nuevos penales 260–278 78

C. Mejoras realizadas a los centros de detención 279–320 80

VIII. Gestiones realizadas para incrementar los recursos económicos
y administrativos de los centros de detención 321–333 88

A. Distrito Federal 321–325 88

B. Estado de México 326–329 90

C. Estado de Jalisco 330–333 92

D. Estado de Oxaca 334 93

IX. Fomento de la cooperación entre el Estado y mecanismos


internacionales de protección de los derechos humanos 335–347 94

X. Desafíos en materia de prevención de la tortura en México 348–354 95



I. Introducción

1. El 11 de abril de 2005, el Gobierno de México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo Facultativo), el cual establece un sistema de visitas periódicas a todo lugar de detención a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y por los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos similares.

2. El gobierno de México, reconociendo el importante papel que juega el SPT en la prevención y la erradicación de prácticas que atentan contra la dignidad de las personas sometidas a cualquier forma de detención y valorando la colaboración con este mecanismo para el mejoramiento de las condiciones de y en los centros de detención del país, acordó la realización de una visita de ese mecanismo en agosto de 2008.

3. Durante su misión a México, el SPT visitó un total de 17 centros de detención: 12 recintos policiales y judiciales con separos, una prisión militar, dos centros para menores infractores y dos hospitales psiquiátricos, ubicados en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

4. En junio de 2009, el SPT transmitió al gobierno mexicano las observaciones derivadas de su visita, las cuales incluyen 122 recomendaciones al Estado mexicano que pueden clasificarse en los siguientes rubros: capacitación de servidores públicos; implementación de reformas legislativas; diseño e implementación de políticas públicas; fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia; mejoramiento de las condiciones de los centros de detención; dotación e incremento de recursos para la administración de los centros de detención; fomento de la cooperación entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y cuestiones de carácter general.

5. El 13 de abril de 2009, el Estado mexicano estableció el Grupo de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura, derivadas de su visita a México, conformado por las autoridades estatales y federales que participaron en la visita del SPT, con el objetivo de coadyuvar para la implementación de las recomendaciones del SPT, mediante un plan de acción que implica esfuerzos a nivel federal, local y de los diversos poderes.

6. Cabe destacar que las acciones enmarcadas en dicho plan se vinculan con las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 a partir de los siguientes rubros: difusión, capacitación y promoción, medidas de control, investigación, condiciones de privación de la libertad, reforma al sistema de justicia penal y cumplimiento de las recomendaciones de los organismos públicos de protección de los derechos humanos.

7. En marzo de 2011, el gobierno mexicano presentó su primer informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del SPT. En dicha ocasión, el gobierno mexicano informó sobre las acciones puntuales realizadas para cumplir cada una de las recomendaciones del SPT, entre las que destacan:



  • La adopción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del nuevo formato al que debe sujetarse el personal médico adscrito a las prisiones militares al ingreso de una persona, el cual considera el registro de los antecedentes de exposición reciente a actos de violencia, así como una evaluación de la consistencia entre los antecedentes de violencia, el estado actual de salud/síntomas y los hallazgos objetivos.

  • La designación de nuevos funcionarios administrativos del Centro de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León en septiembre de 2009, tras la cual se presentó el proyecto de reestructuración del centro. Dicho proyecto contempla, entre otras cosas: el aumento de las actividades de orientación y apoyo para los internos por parte de las áreas técnicas; el incremento de materiales benéficos para la estancia de los internos; la organización de diversas actividades de capacitación para los funcionarios administrativos y de custodia del centro de detención, así como la presentación del anteproyecto de reglamento interno para el Centro.

  • Después de la revisión y actualización por parte del Gobierno del Distrito Federal de los manuales y protocolos de visitas y procedimientos, incluyendo metodologías de indicadores de avance en la prevención de la tortura, dicho gobierno estableció acuerdos para las reclusas que viven con sus hijos; ha iniciado el establecimiento de mecanismos o controles de seguimiento de las denuncias sobre tortura; promovió programas de capacitación y especialización del personal de seguridad penitenciario en temas que incluyan una política de derechos humanos; diseñó campañas amplias de sensibilización sobre la prevención de la tortura y de información sobre cómo y dónde denunciar los casos de tortura; implementó campañas para el mejoramiento de los sistema de registros dentro de los centros penitenciarios, incluyendo el registro de los exámenes físicos que se realizan a los reclusos y mejoró las condiciones materiales de los centros penitenciarios.

  • Se realizaron proyectos de capacitación por parte del gobierno del Estado de México sobre la implementación del Protocolo de Estambul en los centros de detención, así como la facilitación de canales de información para los padres de los menores infractores recluidos en el centro la “Quinta del Bosque”. Respecto del derecho de los indígenas a recibir intérpretes para las actuaciones jurídicas, políticas y/o administrativas, el gobierno del estado reforzó al Instituto de la Defensoría de Oficio, a fin de brindar un mejor apoyo a los indígenas que se encuentran bajo proceso penal. Por último, el gobierno del estado mantuvo una capacitación y actualización continua del personal directivo, administrativo, técnico, de seguridad y custodia de los centros de detención, logrando que en el año 2008, 1305 servidores públicos fueran capacitados, mientras que en 2009, un total de 1,956 funcionarios recibieran dicha capacitación.

  • Implementación de acciones del gobierno del Estado de Jalisco para mejorar centros estatales de Readaptación Social, incluyendo el fortalecimiento de los servicios médicos otorgados en los centros y el desarrollo de diversas campañas de capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, dirigidas al personal administrativo y de custodia de los centros de detención.

8. Este segundo informe busca profundizar en los avances alcanzados en materia de prevención de la tortura desde marzo de 2011 a la fecha, incluyendo aquellos aspectos que representan un reto a superar.

9. El informe comprende los desarrollos más importantes en la materia a nivel del gobierno federal, con información de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instituciones. Igualmente, comprende información sobre las entidades federativas visitadas por el Subcomité en el 2008: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

10. Entre los principales avances nacionales se encuentra la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, la aprobación por parte del Congreso de la Unión del Proyecto de Decreto de Ley General de Víctimas, la construcción de nuevos centros penitenciarios y el mejoramiento de los existentes, así como la capacitación de servidores públicos en materia de prevención de la tortura.

11. Especial mención merece la aprobación, por parte del Senado de la República, de la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura del 11 de abril 2012, mediante la cual se modifica la denominación de la ley a efecto de incorporar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De este modo se adecúa el concepto de tortura al previsto por el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, salvo que, a diferencia de lo que esta Convención establece, en dicha reforma aún permanece el adjetivo de “grave”, como condición de la conducta ejecutada.

12. Asimismo, la ley incorpora programas y procedimientos permanentes para la capacitación en materia de promoción y respeto a los derechos humanos, así como para la legal actuación de los cuerpos policiales.

13. Mediante esta reforma, el Estado mexicano da cumplimiento a recomendaciones de mecanismos internacionales en la materia, en particular las relativas a la homologación del término de tortura, además de fortalecer las labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

14. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Estado mexicano es reformar el sistema penitenciario, abatiendo el rezago estructural en términos de penales, infraestructura, sistemas y personal de los centros de readaptación social.

15. Cabe señalar que en México, el sistema penitenciario federal se remonta a la creación, en 1905, de la Colonia Penal Islas Marías, la cual estaba destinada a los reos de mayor peligrosidad. Durante 86 años este fue el único centro de reclusión federal. En diciembre de 2006, la actual administración recibió un sistema penitenciario federal con rezago estructural y de sistemas.

16. Un primer paso hacia la reestructuración del sistema penitenciario es la Estrategia Penitenciaria Federal, puesta en marcha en 2007, con base en cuatro ejes fundamentales: la ampliación de la capacidad instalada en los centros federales y en el Complejo Penitenciario Islas Marías; la transferencia de centros estatales al sistema penitenciario federal y la innovación de una fórmula de inversión pública-privada para construir nuevos centros penitenciarios federales mediante contratos de prestación de servicios.

17. En la actualidad, se encuentran en construcción ocho nuevos penales federales bajo esta fórmula, lo cual permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria en más de 20 mil espacios adicionales. Ello dará casi el mismo número de espacios para que los reos federales pasen a control federal, con mecanismos superiores de vigilancia de inteligencia, en términos de custodia.

18. Actualmente el sistema penitenciario federal también es capaz de albergar a internos del fuero común que, por su nivel de peligrosidad, requieren de un nivel máximo de seguridad y, por primera vez, cuenta con espacios especializados para mujeres.

19. El 28 de febrero de 2012 se inauguraron dos penales del Complejo Penitenciario Federal Noroeste que cuentan con equipo de vanguardia para la clasificación, control y vigilancia de los internos, así como personal capacitado para la operación y custodia de los detenidos.

20. La ampliación de la capacidad instalada del Gobierno Federal ha venido acompañada de una política de apoyos y de subsidios a las autoridades locales para el fortalecimiento de su infraestructura en materia de seguridad pública y penitenciaria.

21. México cuenta con una estructura penitenciaria conformada por 429 centros de reclusión, distribuidos en el territorio nacional, con una capacidad para 176,911 internos, pero existe una sobrepoblación de 45,386 internos, lo que representa un 25.65% más de su capacidad.

22. Al inicio de esta administración se encontraban en todo el sistema penitenciario del país 210,140 reos, de los cuales 49,217 eran por delitos del fuero federal. En ese momento, solamente 3,164 reos en total cumplían sentencia en penales federales, es decir, el equivalente al 6.4% del total de presos federales del país.

23. A la fecha, se encuentran en todo el sistema penitenciario, 230,943 reclusos, de los cuales 47,816 corresponden a procesos por delitos federales. Asimismo, un total de 18,263 reos se recluyen en penales federales, el equivalente al 38% del total de reos federales del país, lo que significa una ampliación de 6 veces en la capacidad de reclusión del fuero federal en tan solo 5 años.

24. Las entidades con mayor número de custodia de reos locales y federales a nivel nacional son: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, quienes en su conjunto representan el 50% de la custodia total.

25. A la fecha, se han ampliado y modernizado los centros federales de readaptación social (CEFERESOS) de El Altiplano, Estado de México, El Salto, Jalisco, Matamoros, Tamaulipas, Tepic, Nayarit, Cuautla, Morelos e Islas Marías.

26. Cabe destacar que en el Congreso de la Unión se analiza la Ley de Seguridad Pública, la cual prevé el nivel de seguridad, el tipo de seguridad y la mecánica de operación de cada penal, inclusive en términos de seguridad interna. De la misma forma contempla los derechos de los internos ligados y utiliza una perspectiva de autoridad de vigilancia para evitar actividades delictivas dentro de los penales.

27. El gobierno mexicano estima que, no obstante los avances alcanzados, se requiere un esfuerzo mayor en materia de capacitación para la implementación plena de las normas y estándares internacionales existentes para la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, así como para sancionar conforme a dicho marco jurídico a aquellos responsables de su comisión en el territorio nacional.

28. Como es del conocimiento del SPT, México es un Estado Federal, con 32 entidades federativas autónomas. Como tal, el Estado mexicano mantiene el enorme desafío de homologar en todo el territorio nacional los estándares para prevenir, erradicar y sancionar esta lamentable práctica, de acuerdo con los estándares establecidos por el sistema internacional. Otros retos son identificados en el último capítulo de este informe.

II. Avances legislativos o normativos en materia de prevención de la tortura

A. Legislación federal

1. Reforma constitucional en materia de derechos humanos

29. El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, con la que, entre otras cosas, se busca erradicar la comisión del delito de tortura a nivel nacional.



30. Mediante dicha reforma se logró:

  • Otorgar una nueva jerarquía a los tratados de derechos humanos en el orden jurídico mexicano, al establecerse que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte (Artículo 1).

  • Incorporar el Principio Pro Personae de interpretación judicial, que obliga al juez a aplicar las normas de derechos humanos de la manera más amplia posible en beneficio de las personas (Artículo 1).

  • Incorporar los cuatro principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, criterios que deberán seguir los legisladores y las autoridades judiciales y administrativas (Artículo 1).

  • Incorporar la prohibición por motivos de “preferencias sexuales” a la lista de categorías prohibidas que ya figuraba en el artículo 1.

  • Prever el respeto a los derechos humanos como un principio de la educación pública (Artículo 3).

  • Establecer el derecho de toda persona a solicitar asilo por motivo de orden político y refugio por causas de carácter humanitario (Artículo 11).

  • Incorporar la prohibición de la celebración de tratados que alteren derechos humanos. (Artículo 15).

  • Detallar que la organización del sistema penitenciario debe estar basada en el respeto a los derechos humanos (Artículo 18).

  • Respecto de la suspensión de garantías, enlistar los derechos que no podrán ser restringidos, de manera acorde con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales (Artículo 29).

  • Prever un procedimiento administrativo que regule los casos de posible expulsión de extranjeros, con fundamento en la ley, así como el lugar y tiempo que dure la detención (Artículo 33).

  • Incorporar formalmente la observancia del principio de respeto, protección y promoción de los derechos en materia de política exterior (Artículo 89).

  • Asignar a la CNDH la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, antes otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el artículo 97 constitucional (Artículos 97 y 102).

  • Establecer que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por los organismos para la protección de los derechos humanos, deberán publicar las razones de su negativa; plantea que las legislaturas de las entidades federativas garantizarán que dichos organismos cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y propone que la elección de los titulares de la CNDH y de los organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos sea a través de la consulta pública y la participación social (Artículo 102).

  • Incorporar a todos los tratados, y no sólo a los de derechos humanos, al catálogo de acciones de inconstitucionalidad que puede someter la CNDH ante la SCJN (Artículo 105).

31. Un punto esencial de la reforma se encuentra reflejado en el tercer párrafo del artículo primero, en el que se integran las obligaciones del Estado no sólo de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, sino también de reparar los daños derivados de las mismas, y de todas las autoridades — a todos los niveles y en los tres órdenes de gobierno — de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo la prevención de la tortura.

32. Cabe destacar que los artículos transitorios de la reforma conllevan la expedición de cuatro leyes reglamentarias a los nuevos textos constitucionales de los artículos 1º, 11, 29 y 33, así como modificaciones existentes en materia de organismos públicos de derechos humanos. Para ello, la reforma establece un plazo de un año contando a partir de la promulgación del decreto:



  • Ley sobre reparaciones. La reforma constitucional contempla en el artículo 1º la obligación del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” El artículo 2 transitorio establece que deberá expedirse una Ley sobre reparación, en el plazo de un año.

  • Ley sobre asilo. La reforma constitucional contempla en el artículo 11: “[…] En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.” El artículo transitorio 3 establece que dicha ley deberá ser expedida en un plazo máximo de un año.

  • Ley para reglamentar la suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. La reforma constitucional contempla en el artículo 29: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; […].” El artículo 4 transitorio establece que deberá expedirse una Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año.

  • Ley para reglamentar la expulsión de extranjeros. La reforma constitucional establece en su artículo 33: “[…] El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.” El artículo 5 transitorio establece que se expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros, en un plazo máximo de un año. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.

  • Realizar las adecuaciones necesarias a las legislaturas locales para otorgar autonomía a los organismos de derechos humanos estatales.

  • Realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la facultad de investigación.

2. Reforma al sistema de justicia penal

33. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, pretende hacer más expedita la impartición de justicia a través de juicios orales y establece un sistema en el que se respetan los derechos tanto de las víctimas u ofendidos, como de los indiciados, lo cual redunda en el fortalecimiento del debido proceso. Entre las principales disposiciones en materia de derechos humanos se encuentran las siguientes:



  • La transición de un sistema procesal penal formal-acusatorio o mixto a un proceso penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

  • El establecimiento del principio de presunción de inocencia de toda persona imputada, el cual ya se encontraba contemplado.

  • El reconocimiento del derecho a toda persona imputada de declarar o guardar silencio, quedando prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura.

  • La anulación del valor probatorio de toda confesión rendida sin la asistencia de un defensor, así como de cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales.

  • El establecimiento de un plazo razonable para juzgar, de cuatro meses en caso de delitos cuya pena no exceda de 2 años y de un año si la pena excede dicho plazo.

  • La institución del derecho del imputado a una defensa adecuada por el abogado que elija libremente o por el defensor público que, en su caso, designe el juez, reconociéndose el derecho irrenunciable a la defensa, así como la obligación del Estado de proporcionarla.

  • El reconocimiento del derecho del imputado a ser juzgado en audiencia pública.

  • El establecimiento de límites a la prisión preventiva, la cual sólo podrá ser decretada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos y la comunidad; para la protección de bienes jurídicos, cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por un delito doloso. El juez ordenará de oficio la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso y secuestro, entre otros delitos graves.

  • La limitación del arraigo a delitos de delincuencia organizada ordenado por una autoridad judicial, con límites de tiempo establecidos por la ley y no prorrogables indefinidamente, y sólo cuando se acredite la necesidad para el éxito de la investigación, la protección de bienes jurídicos y personas, o cuando existe riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia.

  • La creación de la figura del juez de control, que resolverá de manera inmediata y por el medio más rápido las solicitudes que haga el Ministerio Público sobre medidas cautelares o precautorias y técnicas de investigación, respetando siempre las garantías de las partes. También verificará que la actuación de la parte acusadora esté apegada a derecho. Asimismo, siempre deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones que existan entre jueces y ministerio público.

  • La definición del concepto de flagrancia y el establecimiento de la obligación de la autoridad de realizar un registro inmediato de las detenciones. Cabe destacar que con motivo de la Reforma de Seguridad y Justicia, se elimina la posibilidad de que en la legislación secundaria se mantenga la flagrancia equiparada, la cual, ha sido criticada por el mal uso que se hacía de ella.

  • La obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por el Ministerio Público a la autoridad judicial.

  • La regulación de las comunicaciones privadas, normando las grabaciones entre particulares como medio de prueba.

  • La incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo en materia penal.

  • La reparación del daño en materia penal

  • La transformación del sistema de reinserción social, indicando que el sistema penitenciario se organizará sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Con la reforma al sistema de ejecución de sanciones, se implementará la figura del juez de ejecución de sanciones, el cual velará por la legalidad y el respeto de los derechos humanos de la personas sentenciadas, y



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