Casos de muerte materna y violencia obstétrica en México



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INFORME ALTERNATIVO PARA EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Casos de muerte materna y violencia obstétrica en México

(En relación con los artículos 2°, 3° y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)


Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), A.C.
62° Sesión

28 y 29 de septiembre de 2017


Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas



Informe alternativo sobre corresponsabilidad en la vida laboral y personal, en el marco del quinto y sexto informes periódicos (México)

62° Sesión

Septiembre 28 y 29 de septiembre, 2017.
Distinguidos miembros del Comité:
En México, el acceso a la justicia para las familias de las niñas y mujeres que sufren violencia obstétrica o que mueren por causas prevenibles en el embarazo, parto y puerperio —en particular para sus hijos— es precario o nulo. Los diferentes mecanismos de queja existentes en el país carecen de una perspectiva de derechos humanos, no son accesibles y no permiten la reparación integral a las víctimas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones locales de derechos humanos son organismos autónomos de denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos. Dado que las comisiones no son instancias judiciales, el resultado de sus investigaciones concluye con la emisión de recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio y dependen, en última instancia, de la voluntad política de la institución pública correspondiente para aceptar la recomendación.



Los cuatro casos siguientes –Irma (Oaxaca), Susana (Chiapas), María Ligia (Yucatán) y Yesenia (Chihuahua), — son algunos de los que GIRE ha acompañado en los últimos años. En los tres primeros, la CNDH ha emitido recomendaciones, desafortunadamente, las medidas de reparación que se establecen son de corte individual y no estructural, por lo cual se ha perdido la oportunidad de señalar medidas que tengan el potencial de modificar las condiciones que ocasionan la violencia obstétrica y las muertes maternas evitables en México.1
Irma2 (Oaxaca)
Irma, de origen mazateco, esperaba a su tercer hijo a los 30 años. El 2 de octubre de 2013, al sentir dolores de parto, acudió al Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, en donde le dieron la instrucción de salir a caminar porque aún faltaba para que naciera su bebé. En ese momento sintió que se le rompió la fuente y momentos después parió en el patio del hospital, sin atención médica alguna. Fue hasta después que Irma y su hijo fueron admitidos al Centro de Salud.
La CNDH inició una queja de oficio, emitiendo la Recomendación 1/2014 en la que determinó que existieron violaciones a los derechos humanos de Irma y de su hijo, atribuibles al Gobierno del estado de Oaxaca, por la negación de la atención médica adecuada. La recomendación estableció como medidas de reparación la capacitación en derechos humanos del personal de salud, así como su certificación, con el objeto de brindar un servicio médico adecuado y profesional. También, la adopción de medidas para la correcta integración y protección del expediente médico, la tramitación de procesos penal y administrativo para señalar y sancionar a los responsables, además de la reparación del daño. Respecto de esta última, hay que resaltar la lamentable determinación de la CNDH, que dejó la cuantificación del monto al total arbitrio de la autoridad responsable, sin establecer parámetros objetivos. y sin tomar en consideración las peticiones expresas de Irma presentadas en la ampliación de queja. Tampoco especificó las medidas que habrían de tomarse para evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos.
El 20 de marzo de 2014, el Gobierno de Oaxaca, Irma y GIRE como su representante legal firmaron un convenio en el que se establecieron obligaciones para el Estado, entre ellas, garantías de no repetición consistentes en la construcción del Hospital Básico de Jalapa de Díaz, con infraestructura médica y hospitalaria en un periodo de ocho meses; b) construcción, habilitación y acondicionamiento de 50 salas de parto en seis jurisdicciones de la entidad; y c) difusión de los criterios y procedimientos contenidos en la NOM 007-SSA2-2010 , Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido (NOM 007).
Desafortunadamente, bastó que se cumplieran sólo parcialmente los compromisos anteriores para que la CNDH decidiera declarar como cumplida la recomendación hace poco más de un año. Al día de hoy, el pueblo de Irma, San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, no cuenta con servicios médicos desde hace un par de años, debido a que el personal de la Casa de Salud está en huelga y el hospital, aunque ya se construyó, no está en funcionamiento. Dos mujeres mazatecas han muerto este año en ese mismo municipio por la falta de acceso a servicios de atención reproductiva de calidad; otra mujer y su recién nacido sufrieron graves consecuencias en su salud.
Susana3 (Chiapas)

Susana, mujer tzotzil de Chiapas, tenía 26 años, un hijo de seis años y estaba esperando a una niña. El 4 de octubre de 2013 acudió al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con indicaciones de realizarse una cesárea.

Desde que llegó al Hospital, Susana fue víctima de maltratos por parte del personal de salud como dejarla desnuda en una camilla a la vista del personal por una supuesta falta de batas.

Esa misma noche, a pesar de que el estado de salud de Susana era grave, su familia no recibió ninguna información al respecto. Horas después, se les notificó que se le había realizado una cesárea junto con la extracción de la vesícula, sobre lo cual no existió consentimiento informado por parte de Susana o de su familia.



A pesar de que las notas médicas reportaban su condición de salud como estable, Susana falleció el 6 de octubre por un paro respiratorio. De acuerdo a una opinión técnica elaborada por el Dr. Marcos Arana, responsable del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, el expediente médico de Susana reporta un diagnóstico de Síndrome de Hellp, una complicación grave que debió ser suficiente para la realización inmediata de una cesárea, además de posponer la extracción de la vesícula.
La familia de Susana no recibió mayor explicación respecto a la muerte de Susana. En ese momento, les entregaron a su hija recién nacida, sin ropa, sin documento alguno y cubierta de sangre, lo cual ocasionó que más tarde presentara un cuadro de hipotermia por el que debió ser tratada en una clínica privada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conoció del caso iniciado de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Después de hablar con los familiares de Susana y asumir su representación legal, GIRE presentó una ampliación de queja ante la CNDH el 14 de febrero de 2014.
El 17 de julio de 2014 la CNDH emitió la Recomendación No. 29/2014 en la que determinó que se contaba con elementos suficientes para evidenciar la violación a los derechos humanos de Susana y de sus familiares —su esposo y sus hijos —. Se recomendó, por un lado, la indemnización a las víctimas y su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como el seguimiento de la denuncia penal y la administrativa del caso; por el otro, el establecimiento de garantías de no repetición en las clínicas, hospitales y centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud del estado: la integración debida de expedientes médicos, la revisión de credenciales del personal de salud y su capacitación. Sin embargo, la Recomendación fue omisa en establecer medidas de reparación integral incluidas en la ampliación de queja presentada por GIRE, como la cobertura en salud y educación para los hijos de Susana, el pronunciamiento de una disculpa pública por parte del Estado y la atención psicológica a las víctimas.
El 14 de noviembre de 2014 el Gobierno del estado de Chiapas y los familiares de Susana firmaron un convenio para dar cumplimiento a la Recomendación de la CNDH. Sin embargo, el documento no atendía todos los elementos incluidos en la Recomendación, además de que, de acuerdo con lo que las víctimas narraron a GIRE, la firma del mismo se efectuó en un contexto de presión.
El 19 de noviembre, el Gobierno de Chiapas llevó a cabo un acto de disculpa pública por la muerte de Susana, la primera disculpa emitida en México por parte de una autoridad por un caso de muerte materna.
Sin embargo, a pesar de que el reconocimiento del Estado mexicano de un caso de muerte materna como uno de violaciones a derechos humanos representa un cambio fundamental de paradigma, es esencial que los organismos públicos de derechos humanos establezcan medidas de reparación integral para recomendaciones de este tipo que incluyan: a) la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables; b) medidas de restitución; c) medidas de satisfacción; d) medidas de rehabilitación; d) indemnizaciones, y e) garantías de no repetición.
María Ligia4 (Yucatán)
María Ligia, mujer maya de 41 años de edad, estaba casada, era madre de cinco hijos. Originaria de la comunidad de Chacsinkin, en Yucatán, cursaba un embarazo gemelar. Durante su embarazo, María Ligia había enfrentado maltratos y humillaciones por parte de personal del hospital de Chacsinkin, le habían negado el acceso a anticonceptivos e incluso la habían amenazado con que si se quejaba podría afectar su acceso a servicios de salud y al programa Oportunidades.
Por eso, cuando en su quinto mes de embarazo presentó fuertes dolores, decidió trasladarse al Hospital Comunitario de Peto, a 20 minutos de Chacsinkin. Al llegar al hospital, el 25 de enero de 2014, el médico que la atendió le dijo que tenía tres centímetros de dilatación, que era necesario realizarle una cesárea y que perdería el embarazo. María Ligia y su esposo aceptaron.
Al día siguiente, les dijeron que ya no era necesaria la cesárea. Un día después, la familia fue notificada de que sí se realizaría la cesárea debido a ciertas complicaciones. Para ello, María Ligia fue trasladada al Hospital Agustín O’Horan, en Mérida, donde falleció ese mismo día. Nunca se practicó la cesárea. Su esposo no recibió información oportuna respecto a su estado de salud y las causas de su muerte y la pérdida del embarazo. El personal médico entregó el cuerpo de María Ligia el 28 de enero, y tardaron ocho días en entregar los restos de los productos, argumentando que no había ley que los obligara a entregarlos.
Derivado de este caso, la CNDH emitió la Recomendación 24/2014, en la que se señalan las fallas en el servicio de salud y la existencia de violaciones a derechos humanos en contra de María Ligia. GIRE, y Amelia Ojeda, abogada integrante de RADAR 4°, quienes llevan el caso desde el inicio, no recibieron notificación alguna de la emisión de dicho documento y la familia de María Ligia fue notificada mediante una visita a la comunidad sin un intérprete que pudiera explicarles correctamente el contenido del mismo. Además, la Recomendación contiene medidas poco precisas para las autoridades de salud y está lejos de establecer una reparación integral para las víctimas.

Yesenia (Chihuahua)

En marzo de 2015, Yesenia acudió al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, en trabajo de parto, pero no fue admitida. Al día siguiente regresó, pero tardaron tres horas en atenderla. La dejaron a la espera de un parto vaginal pero, finalmente, fue ingresada a quirófano para una cesárea. Adicionalmente, dijeron que había sufrido un “desgarro de 4 grados”, cuando en realidad le realizaron mal una episiotomía. El 29 de marzo fue dada de alta junto con su hija por presentar una evolución favorable.


Quince días después, Yesenia presentaba fiebre, escalofríos, dolor vaginal, vómito y dificultades para orinar. Regresó al hospital, donde le diagnosticaron una infección en vías urinarias y le recetaron medicamento. Pero la fiebre y el dolor no cedían. Pasó un mes antes de que un médico en el Hospital de la Mujer le diagnosticara “puerperio patológico tardío, incontinencia fecal y comunicación recto vaginal”, originada por una mala sutura de la episiotomía que le realizaron al momento de su parto.
Entonces, Yesenia y su madre acudieron a una institución privada, donde descubrieron que su cuerpo estaba infectado porque sus deshechos se filtraban al interior. Gracias a las gestiones de este hospital y, debido a que su familia no podría pagar su tratamiento, Yesenia fue trasladada al Hospital General en Chihuahua, donde le cortaron parte del intestino y la realizaron una colostomía. Quince días después fue dada de alta, quedando pendiente programar otra cirugía para cerrar la fístula.
En mayo, la madre de Yesenia inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua porque su hija no mejoraba y no se programaba la cirugía prometida. En respuesta, la Comisión Estatal solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua una medida cautelar para que se brindara la atención médica y quirúrgica. Sin embargo, ésta no fue atendida y la autoridad local, en lugar de vigilar que Yesenia contara con la atención que requería, ordenó realizar un dictamen médico pericial para determinar que no existía responsabilidad médica. Mientras tanto, el estado de salud de Yesenia continuaba deteriorándose.
Once meses después se realizó la cirugía. El hospital tardó este tiempo en conseguir una engrapadora para cerrar la fístula, misma que pretendieron cobrar a su familia argumentando que el Seguro Popular “no la cubría”. Se realizó la operación, pero no utilizaron la engrapadora, por lo que no colocaron la grapa que uniría sus intestinos. Una semana después de la operación, Yesenia fue diagnosticada con sepsis abdominal y neutropenia. Le practicaron un lavado peritoneal y otra colostomía.
En ese contexto, el 29 de febrero de 2016, la madre de Yesenia presentó un recurso de amparo contra la falta de atención médica del Hospital General de Chihuahua, que comprometía la vida e integridad personal de su hija. Ese mismo día, el Juez le ordenó a la autoridad proporcionarle dicha atención. Sin embargo, Yesenia sólo recibió una visita médica y una notificación de que el Seguro Popular no cubría los medicamentos que requería. Al observar que su condición se agravaba, Yesenia escribió una carta al director del Hospital General Salvador Zubirán, en la que exponía su caso. Nunca recibió respuesta.
Luego de vivir esta angustia prolongada, Yesenia y su madre viajaron por última ocasión a la ciudad de Chihuahua, para una nueva cirugía, con la intención de colocarle la grapa que necesitaba. La mala atención que recibió en este hospital generó que su intestino se reventara, provocando una fuerte infección y daños en riñones y pulmones.

El 14 de marzo de 2016, casi un año después de haber acudido en busca de atención médica, Yesenia falleció, a los 19 años de edad y dejando a una bebé atrás. Más tarde, el Juez que tuvo conocimiento de los hechos sobreseyó el asunto por el fallecimiento de la víctima, argumentando que la Ley de Amparo permite cerrar un asunto cuando la víctima de las violaciones a derechos fallece. No reconoció a sus familiares como víctimas. Con esta decisión, se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. Hasta ahora, la familia de Yesenia no ha tenido acceso a una reparación integral. GIRE acompaña su caso para exigir a las autoridades su acceso a la justicia.


Conclusiones
Es urgente mejorar el sistema de acceso a la información para dar seguimiento a las quejas remitidas por parte de las comisiones locales de derechos humanos a la CNDH, la emisión de recomendaciones y los mecanismos de seguimiento a éstas, así como la notificación oportuna a las víctimas con respecto a estos procesos. Además, las recomendaciones emitidas por la CNDH en casos de muerte materna distan de representar una reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos que permita establecer medidas de no repetición conducentes a evitar este tipo de muertes prevenibles. Los organismos locales y nacional de protección a los derechos humanos podrían cumplir un papel esencial en el acceso a la justicia de las víctimas en casos de muerte materna y violencia obstétrica, así como de la reparación integral a estas violaciones.

1 De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 33.4 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto, sufrieron violencia obstétrica. Ver: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf; De acuerdo a los boletines de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la razón de mortalidad materna en 2014, fue de 38.9 mujeres embarazadas por cada 100 mil nacidos vivos, que en números absolutos se tradujo en 872 muertes maternas y en 2015, en 712. Ver: http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores-nacionales/boletines-de-mortalidad-materna/2014 y http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores-nacionales/boletines-de-mortalidad-materna/2015

2 Este caso puede consultarse en extenso en: GIRE, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, P. 119-121. Disponible en: https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-GIRE-2015.pdf, ver también: GIRE, Tribunal simbólico, muerte materna y violencia obstétrica, pp. 95-97. Disponible en: http://tribunal-simbolico.gire.org.mx/assets/pdf/MEMORIA-TRIBUNAL.pdf

3GIRE, Niñas y mujeres, Op. Cit., p. 157 y ss; Ver también: GIRE, Tribunal simbólico, Op. Cit., pp. 30-33.

4 GIRE, Niñas y mujeres, Op. Cit., p. 176; Ver también: GIRE, Tribunal simbólico, Op. Cit., pp. 14-17.



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