Caso de la Prisión de Castro Castro


El Derecho de Realización de la Justicia Material



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2. El Derecho de Realización de la Justicia Material.

139. El entendimiento de la materia avanzado por la Corte Interamericana en su construcción jurisprudencial en los últimos años - la cual no admite retrocesos - ha sido en el sentido de que el derecho de acceso a la justicia (lato sensu) en los planos nacional e internacional corresponde a un derecho de realización de la justicia material. Como tal, abarca no solamente el acceso formal a un tribunal o juez, sino además las garantías del debido proceso legal, el derecho a un juicio justo, las reparaciones (siempre que debidas), y la fiel y cabal ejecución de las sentencias.
140. Según la jurisprudence constante de la Corte hasta la fecha, la Convención Americana requiere no solamente el acceso formal a la justicia en el plano del derecho interno (el derecho a un recurso efectivo bajo el artículo 25), pero además la propia realización de la justicia material. Con este propósito, la Convención determina la fiel observancia de las garantías judiciales (artículo 8), estas últimas tomadas lato sensu, abarcando la totalidad de los requisitos procesales que deben ser observados para que todos los individuos puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del poder estatal que pueda afectar sus derechos.
141. Como recordé en mi extenso Voto Razonado (párrs. 35-43) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, referente a Colombia (Sentencia del 31.01.2006), la Corte ha hasta la fecha relacionado consistentemente la protección judicial (artículo 25) a las garantías judiciales (artículo 8)105. Sigue ésta siendo su posición hasta la fecha de hoy, 02 de agosto de 2008, de adopción de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro. Es ésta un área que no admite retrocesos; caso éstos vengan a ocurrir en el futuro, los responsables por eventuales retrocesos tendrán que responder, por sus alteraciones impensadas o infundadas, ante la historia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
142. Movido por esta preocupación - quizás un tanto ambiciosa - en evitar retrocesos, permítome aquí volver a advertir que el actual Reglamento de la Corte, al conceder el acceso directo de los individuos peticionarios a la Corte Interamericana - en la forma de locus standi, a ser seguido por el jus standi106 - forma parte de un proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento del mecanismo de protección bajo la Convención Americana. El próximo paso en esta línea de evolución debe consistir, como vengo sosteniendo por muchos años, en un Protocolo de Reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos107, para en este incorporar, y de ese modo consolidar, los avances reglamentarios ya logrados, e ir más allá.
143. Con este propósito preparé, por designación de mis pares, como relator y Presidente de la Corte, y presenté a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en mayo de 2001, mi Informe titulado Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer Su Mecanismo de Protección108. Desde entonces dicho Informe ha invariablemente marcado presencia en la agenda de la Asamblea General de la OEA de 2001 hasta 2008 (en los documentos pertinentes de las Asambleas de San José de Costa Rica en 2001, de Bridgetown/Barbados en 2002, de Santiago de Chile en 2003, de Quito en 2004, además de las Asambleas subsiguientes de 2005-2006109 y 2007-2008). El Informe supracitado nutre la esperanza de que el jus standi de los individuos directamente ante la Corte Interamericana pueda ser alcanzado en el futuro.


3. El Derecho de Acceso a la Justicia como Imperativo del Jus Cogens.

144. Paso, en fin, al último punto de mis reflexiones finales en el presente Voto Razonado, acerca del derecho de acceso a la justicia como imperativo del jus cogens. Hace tres años, en mi Curso General de Derecho Internacional Público, ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, caractericé la construcción doctrinal y jurisprudencial del jus cogens internacional como propia de un nuevo jus gentium, el Derecho Internacional para la Humanidad. Sostuve, además, que, en este entendimiento, y por definición, el jus cogens internacional va más allá que el derecho de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y abarcando, en última instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los propios fundamentos de un Derecho Internacional Universal, y es un pilar básico del nuevo jus gentium110.
145. No es mi propósito aquí reiterar las extensas consideraciones que desarrollé en mi referido Curso General en la Academia de La Haya, sino más bien complementarlas con un aspecto adicional, de gran relevancia, que no puede pasar desapercibido: el de la ampliación del contenido material del jus cogens, a la cual me he dedicado con toda convicción, en la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana. En efecto, durante mis más de doce años de labor como Juez Titular de la Corte Interamericana, ésta última (seguida del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Ex-Yugoslavia), ha sido el tribunal internacional contemporáneo que más ha contribuido para la evolución conceptual del jus cogens, en el fiel ejercicio de sus funciones de protección de la persona humana, inclusive cuando se encuentra ésta en situaciones de la más completa adversidad o vulnerabilidad.
146. Hace más de doce anõs, advertí para la necesidad del desarrollo jurisprudencial de las prohibiciones del jus cogens, en mis Votos Razonados en el caso Blake versus Guatemala (excepciones preliminares, Sentencia del 02.07.1996111; fondo, Sentencia del 24.01.1998112; y reparaciones, Sentencia del 22.01.1999113). En una etapa inicial de notable evolución jurisprudencial (en casos contenciosos), la Corte afirmó la prohibición absoluta, del jus cogens, de la tortura, en toda y cualquier circunstancia, seguida de la misma prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Sentencias del 18.08.2000, en el caso Cantoral Benavides versus Perú, párr. 99; del 08.07.2004, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú, párrs. 111-112; del 07.09.2004, en el caso Tibi versus Ecuador, párr. 143; entre otros114).
147. En la misma línea de pensamiento, reiteré mi posición al respecto en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 14.03.2001) en el caso Barrios Altos versus Perú115, así como en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 01.09.2001) en el caso Hilaire versus Trinidad y Tobago116; en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 27.11.2003) en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala117; en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 08.07.2004) en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004)118; y en mi Voto Disidente en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (Sentencia sobre excepciones preliminares del 23.11.2004)119.
148. En una nueva etapa de su construcción jurisprudencial al respecto, la Corte fue más allá, al ampliar el contenido material del jus cogens en su histórica Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003), sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de modo a abarcar el principio básico de la igualdad y la no-discriminación (párrs. 97-101 y 110-111)120. Sobre este otro gran avance jurisprudencial paralelo emití un extenso Voto Concurrente (párrs. 1-89), en el cual respaldé la posición de la Corte, reconociendo que este principio básico permea todo el ordenamiento jurídico, y llamando atención para su importancia, y la de todos los principios generales del derecho, de los cuales emanan las normas y reglas, y sin los cuales, en última instancia, no hay "ordenamiento jurídico" alguno (párrs. 44-46 y 65)121.
149. Desde entonces, pasé a insistir, en el seno de la Corte, en sucesivos casos contenciosos, en la necesidad de ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar del mismo modo el derecho de acceso a la justicia122, y atender a las necesidades apremiantes de protección de la persona humana. Lo hice, inter alia, en mi Voto Razonado (dedicado al derecho de acceso a la justicia lato sensu) en la Sentencia de la Corte (del 31.01.2006) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, en el cual ponderé inter alia que

"La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (...) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario123, tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección" (párr. 64).
150. Poco después, en mi Voto Razonado en el caso López Álvarez versus Honduras (2006) me permití insistir en mi entendimiento en el sentido de que el derecho al Derecho (el acceso a la justicia lato sensu) es un imperativo del jus cogens (párrs. 52-55). Asimismo, en mi Voto Razonado en la Sentencia de la CtIADH en el caso Baldeón García versus Perú (fondo y reparaciones, del 06.04.2006), al recordar sus precedentes de la construcción jurisprudencial de las prohibiciones del jus cogens (cf. supra), discrepé del razonamiento de la mayoría de la CtIADH que consideró que las obligaciones estatales de prevención, investigación y sanción de los responsables serían simples obligaciones "de medio, no de resultados". Distintamente de la mayoría de la Corte, ponderé en aquel Voto Razonado que
"En mi entendimiento, el acceso a la justicia también integra el dominio del jus cogens internacional. (...)

(...) Estamos ante un derecho imperativo, y, por consiguiente, las obligaciones estatales de prevención, investigación y sanción de los responsables, no son simples obligaciones `de medio, no de resultados', como afirma la Corte en el párrafo 93 de la presente Sentencia. Me permito discrepar de este razonamiento de la mayoría de la Corte.



Tal como lo señalé en mi Voto Razonado (párr. 23) en la reciente Sentencia de la Corte, adoptada el 29.03.2006 en la ciudad de Brasilia, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay:

`(...) Las obligaciones del Estado son de diligencia y resultado, no sólo de mera conducta (como la adopción de medidas legislativas insuficientes e insatisfactorias). En efecto, el examen de la distinción entre obligaciones de conducta y de resultado124 ha tendido a efectuarse en un plano puramente teórico, presuponiendo variaciones en la conducta del Estado, e inclusive una sucesión de actos por parte de este último125, - y sin tomar suficiente y debidamente en cuenta una situación en que súbitamente ocurre un daño irreparable a la persona humana (v.g., la privación del derecho a la vida por la falta de la debida diligencia del Estado)'.

Trátase, en definitivo, de obligaciones de resultado y no de comportamiento, pues, de lo contrario, no estaríamos ante un derecho imperativo, y esto conllevaría además a la impunidad" (párrs. 5-7 y 9-12).
Más recientemente, insistí en este mismo punto en mi extenso Voto Disidente (párrs. 1-60) en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (Sentencia de Interpretación, del 30.11.2007).
151. Pero fue en el caso de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), relativo a la siniestra "Operación Cóndor" de los llamados "servicios de inteligencia" de los países del Cono Sur de América del Sur (en la época de las dictaduras de tres décadas atrás), que la Corte en fin endosó la tesis que yo venía sosteniendo en su seno ya por más de dos años126, al efectivamente ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e internacional127.
152. Efectivamente, en su mencionada Sentencia del 22.09.2006 en el caso de Goiburú y Otros, la Corte, al constatar violaciones del jus cogens en el cas d'espèce, afirmó que
"(...) El acceso a la justicia constituye una norma imperativa del Derecho Internacional, y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones (...)" (párr. 131)128.
Poco después, en su Sentencia del 29.11.2006 en el caso La Cantuta versus Perú, la Corte volvió a hacer esta misma afirmación (párr. 160). La gradual expansión del contenido material del jus cogens, abarcando recientemente el derecho de acceso a la justicia, ha ocurrido pari passu con la reciente condenación judicial de violaciones graves de derechos humanos y de masacres, que conforman, en mi entender, verdaderos crímenes de Estado129.
153. Si la Corte viniera a lamentablemente abandonar esta construcción jurisprudencial, estaría dejando de cumplir con su función de órgano judicial máximo de salvaguardia de los derechos humanos en el sistema interamericano de protección, y en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Como lo señala la doctrina jusinternacionalista, el jus cogens internacional amplía en ámbito de operación de un verdadero ordre public internacional, atiende a los intereses más altos de la comunidad internacional como un todo, y realza la necesidad de control judicial de la observancia de las normas perentorias del Derecho Internacional130.
154. En nada sorprende que ha sido precisamente en el dominio de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana que el contenido material del jus cogens viene siendo definido131. Nadie cuestionaría hoy día, v.g., que las prohibiciones de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario son efectivamente prohibiciones del jus cogens internacional132, que se proyectan también en el ordenamiento jurídico interno de los Estados133. Los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se muestran aquí en interacción, en el combate a violaciones del jus cogens.
155. Estamos ante un ordre public humanizado (o mismo verdaderamente humanista) en que el interés público o el interés general coincide plenamente con la prevalencia de los derechos humanos134, - lo que implica el reconocimiento de que los derechos humanos constituyen el fundamento básico, ellos propios, del ordenamiento jurídico135, en los planos internacional y nacional. Subyacente al concepto de jus cogens encuéntrase el pensamiento jusnaturalista, que conlleva a normas perentorias a partir de la afirmación y consagración de valores éticos que buscan beneficiar a la humanidad como un todo136.
156. En lo que atañe al derecho de acceso a la justicia, el hecho de no figuraren los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en la lista de derechos inderogables del artículo 27(2) de la misma es un problema más aparente que real. Las derogaciones sólo serían posibles si no fueran incompatibles con las obligaciones que el Derecho Internacional impone a los Estados, como lo advierte el artículo 27(1) de la Convención; aquí, el carácter imperativo del derecho de acceso a la justicia pone en evidencia tal incompatibilidad. Los Estados Partes en la Convención tienen aquí, en mi entender, obligaciones de resultado.
157. Sería inconcebible negar a cualquier persona el derecho de acceso a la justicia. Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la persona humana137. Es este un imperativo del jus cogens. Efectivamente, sin el derecho de acceso a la justicia, no hay en realidad un verdadero sistema jurídico. Sin el derecho al Derecho, no hay Derecho. Y sin el Derecho, sin la justicia pública, no alcanzamos la alentadora culminación que pone fin a la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo.
158. Espero que mis reflexiones, que dejo consignadas en el presente Voto Razonado, sirvan para algo: que sirvan para ayudar a aclarar todas las consultas formuladas a la Corte en el presente proceso de Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro; que sirvan para asegurar el cumplimiento por el Estado recurrente - fiel a su mejor tradición jurídica - de la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d'espèce, aquí debidamente aclarada (la res interpretada sobre la res judicata); y que sirva para ayudar a la Corte a seguir adelante en su construcción jurisprudencial más garantista, que ha beneficiado a tantas víctimas en situaciones de la más aguda adversidad. Me atrevo a alimentar la confianza en que no sea esto tal vez esperar demasiado.

Antônio Augusto Cançado Trindade

Juez
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario





1. Resumidos en los párrafos 12 y 16 de la presente Sentencia.


2. Resumidos en el párrafo 13 de la presente Sentencia.


3. Pág. 7 del escrito.


4. Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Informe Final, tomo VIII, partes II-III, Lima, 2003, p. 355.


5. W. Kaufmann, Tragedy and Philosophy, Princeton, University Press, 1992 [reprint], pp. 178, 183 y 190.


6. C. Rocco, Tragedia e Ilustración, Santiago/Barcelona, Edit. Andrés Bello, 1996, pp. 144, 203 y 207.


7. Ibid., pp. 47, 64-65, 184-185, 201, 204-205 y 214.


8. Ibid., p. 201.


9. Ibid., p. 261.


10. Primo Levi, Le devoir de mémoire (1982), Paris, Fayard, 2006, p. 38; y cf. Primo Levi, "Si c'est un homme" (1947), in Oeuvres, Paris, Éd. R. Laffont, 2005, pp. 5-157; M. Belpoliti y R. Gordon (eds.), The Voice of Memory - Interviews (1961-1987) with Primo Levi, N.Y., New Press, 2001, pp. 223 y 255.

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