Caso de la Prisión de Castro Castro



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VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

1. He concurrido con mi voto a la adopción de la presente Sentencia de Interpretación que viene de adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú, en la cual declara admisibles las demandas de Interpretación sometidas a su consideración tanto por el Estado recurrente como por los representantes legales (otros que la interveniente común) de un grupo de víctimas, y en la cual busca aclarar los puntos planteados por dichas demandas. Sin embargo, considero el razonamiento de la Corte insuficiente e insatisfactorio en relación con algunos puntos por ella abordados, por lo que me veo en la obligación de dejar constancia, en el presente Voto Razonado, de mi propio razonamiento, como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada. Antes de pasar a los puntos sustantivos en cuestión, permítome trazar algunas consideraciones previas, a empezar por el contenido mismo, en particular, de la demanda estatal de Interpretación de Sentencia sometida a la consideración de la Corte.

I. El Contenido de la Cuestión Central Objeto de la Sentencia de Interpretación de la Corte.

1. Demanda Estatal de Interpretación.

2. En su demanda de Interpretación de Sentencia, del 15 de marzo de 2007, en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el Estado peruano se refiere a distintos puntos de la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d'espèce de esta Corte (del 25.11.2006), resumidos en la presente Sentencia de Interpretación que viene de adoptar la Corte (párrs. 2, 6, 12 y 28-32). La preocupación que se desprende de dicha demanda de interpretación, de 33 páginas, es, sin embargo, obtener de la Corte aclaraciones, en forma de obiter dicta, acerca de todo el conjunto de los miles de victimados en el conflicto armado interno peruano, o sea, las víctimas de los actos terroristas tanto del Sendero Luminoso como de agentes del Estado. En su demanda, el Estado argumenta tener presente la protección debida a la totalidad de estas víctimas, "sin asimetrías que corren el riesgo de ser percibidas como injusticias por la reacción concernida" (párr. 6.20).
3. La Corte debe, naturalmente, atenerse a los hechos constantes de la demanda inicial, que conllevó a la Sentencia de fondo y reparaciones. El propio Estado recurrente declara, al inicio de su demanda de interpretación, que no busca de modo alguno una revisión de la anterior Sentencia de la Corte, ni una rediscusión de cuestiones de hecho o de derecho ya determinadas por la Corte (párr. 3.4). Declara, además, que, "honrando el principio pacta sunt servanda", respeta y acatará los mandatos emanados de la Sentencia de la Corte (párr. 3.2). Lo que busca el Estado recurrente son sobre todo aclaraciones sobre los puntos expuestos en su demanda de Interpretación de Sentencia, inclusive los avances doctrinales sobre "la responsabilidad de grupos no-estatales por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa-humanidad" (párr. 6.2).

2. Escritos Sometidos a la Corte sobre la Demanda Estatal de Interpretación.

4. Varios escritos fueron presentados a la Corte en relación con la demanda de Interpretación de Sentencia interpuesta por el Estado. En uno de sus tres escritos (todos del 31.07.2007) sometidos a la Corte, la Representante legal e interveniente común de las víctimas (Sra. Mónica Feria Tinta) observó que


"Un conjunto considerable de víctimas representado por esta representación legal está constituido por familiares de personas que nunca estuvieron en detención, ciudadanos peruanos quienes nunca han sido sometidos a proceso penal alguno y contribuyentes de sus impuestos como todo ciudadano, así como víctimas directas del ataque a los pabellones 1A y 4B que fueron absueltos o indultados en los procesos que motivaron su detención y otros que habiendo sido sentenciados no son miembros de Sendero Luminoso. Este conjunto de víctimas por tanto no considera relevante para sí las consideraciones hechas por el Ilustrado Estado peruano en relación a un grupo minoritario de personas que serían miembros de Sendero Luminoso a cuyo nombre les corresponde pronunciarse a sus representantes legales. (...) La Sentencia de la Corte en el caso del Penal de Miguel Castro Castro es la afirmación de la recta ratio por sobre una lógica que pretende desdeñar el hecho que existen reglas de derecho también en las guerras y que existen normas de jus cogens que no son derogables ni en el caso extremo de una situación de conflicto armado y que no descansan en principios de reciprocidad.

(...) Entre los deudos y familiares de los prisioneros que fueron asesinados o que sufrieron el ataque representados por la suscrita se encuentran todo tipo de personas, incluidas, miembros de la Policía peruana. Acaso ello sirva de reflexión al Estado peruano para entender que los efectos de lo sucedido al conjunto de personas afectadas por la masacre ocurrida en el Penal de Castro Castro alcanzó a todo sector de la sociedad peruana y que por tanto la insistencia en estigmatizar a dicho conjunto como ‘terroristas' que hemos visto reflejada en algunos sectores, se desdice con la realidad" (párrs. 7-8).


5. A su vez, los abogados del "Grupo Canto Grande 92" de víctimas (Srs. Douglass Cassel y Sean O'Brien) señalaron, en su escrito del 01.08.2007, que la demanda estatal de interpretación se refería a entidades y personas no participantes en el presente proceso (p. 3), y que la condenación por el Estado al terrorismo tiene que darse mediante "procesos judiciales, conforme a los principios de un Estado de Derecho" (p. 8). Recordaron, al respecto, que la Corte Interamericana, en el caso Lori Berenson versus Perú (Sentencia del 25.11.2004, párr. 91), dejó bien claro su "más enérgico rechazo" a la "violencia terrorista - cualesquiera que sean sus protagonistas - que lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad" (p. 11); asimismo, recordaron que la Corte Interamericana, en su Sentencia (del 25.11.2003, párr. 134.8-13) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala, en su "ampliación del contexto histórico" del caso, "no pretendió condenar a ninguna entidad o persona ausente del proceso" (p. 4).
6. De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su escrito del 01.08.2007, observó que la demanda estatal de interpretación se refiere a materias que "no fueron objeto de la litis, como lo reconoce el mismo recurrente" (párr. 5), y agregó que la Sentencia de la Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro (párrs. 424-428) estableció con claridad que "las indemnizaciones deben ser entregadas a sus beneficiarios" (párr. 21). Finalmente, la Corte recibió un escrito (el 11.05.2007), en calidad de amici curiae, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sometiendo nuevos argumentos a su consideración. Observaron que "la calidad de víctima de violación de los derechos humanos no depende de la conducta previa de la persona perjudicada", y sostuvieron que lo ocurrido en la Prisión de Castro Castro "fue un crimen cometido por agentes estatales", en el cual "deliberadamente se privó de la vida a 41 personas encarceladas en el citado centro penitenciario, violándose también otros derechos fundamentales de los internos e internas sobrevivientes" (párrs. 5-6).
7. En seguida, el IDL y la CNDH solicitaron a la Corte que considerara, en su Sentencia de Interpretación,
"el sufrimiento y los graves problemas sociales, económicos y políticos que Sendero Luminoso generó al Perú. Creemos que ello podría contribuir a que la sociedad peruana entienda mejor, y sin apasionamientos, el trascendental rol que cumple la Corte Interamericana en la defensa de los derechos humanos en la región (...).

(...) Todo Estado tiene el deber de asegurar que todas las medidas adoptadas para combatir el terrorismo se ajusten a sus obligaciones contraídas en virtud del Derecho Internacional, en especial las normas de derechos humanos, el Derecho de los Refugiados, y el Derecho Internacional Humanitario.



(...) [Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación] Sendero Luminosos fue el causante del 54% de las víctimas del conflicto armado, siendo los pobres e indefensos la población más afectada. (...) Ésta fue una de las excusas - aunque no la única, por cierto - para que el Estado peruano reaccionara de forma abusiva y extrema y con ello aumentara el número de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

(...) La ilustre Corte podría `ejercer una función narrativa' (...), enriqueciendo su análisis sobre el contexto histórico del conflicto armado interno vivido en el Perú (...). Ésta no sería la primera vez que la honorable Corte efectuara una ampliación del análisis del contexto histórico (...). En el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (2003), se realizó un breve análisis del contexto social que atravesaba Guatemala en el momento en que se produjo el lamentable asesinato de la investigadora y socióloga Myrna Mack Chang" (párrs. 7, 14. 21-22 y 26-27).

3. Nuevos Escritos Sometidos por las Partes.

8. Más recientemente, el Estado sometió nuevos escritos, el 26.02.2008 sobre los beneficiarios de reparaciones con base en la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d'espèce y sobre el monumento "El Ojo que Llora", y el 23.07.2008 con datos adicionales a su demanda de interpretación1. La Representante legal e interveniente común de las víctimas presentó, en su escrito del 26.03.2008 (recibido en la Corte el 03.04.2008), argumentos contrarios a los del Estado sobre estos puntos2, y se refirió a la Sentencia de fondo y reparaciones de la Corte como "un triunfo de la razón y del Estado de Derecho"3. Tal como señalado en la presente Sentencia, los representantes de las víctimas, en sus observaciones del 30.07.2008, solicitaron a la Corte que desestimara el escrito del 23.07.2008 del Estado (párr. 18).

II. Consideraciones Preliminares sobre la Referida Demanda de Interpretación de Sentencia.

9. Fueron éstos, en suma, los argumentos principales sometidos a la Corte por los intervenientes en el presente proceso de Interpretación de Sentencia. Es cierto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, en su extenso Informe Final (2003), al abordar los factores que conllevaron a la violencia generalizada y al "desencadenamiento del conflicto armado interno", responsabilizó el Sendero Luminoso por el "54% de las víctimas fatales" que le fueron reportadas4. De su parte, la Corte Interamericana procedió naturalmente a su propia determinación de los hechos en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, a partir de la demanda que fue sometida a su conocimiento.
10. En relación con los hechos probados en el cas d'espèce, la Corte señaló, en su Sentencia del 25.11.2006, que "a partir del golpe de Estado de 05 de abril de 1992, y con el fin de combatir a grupos subversivos y terroristas, el Estado implementó en las prisiones prácticas incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas" (párr. 197.9). La Corte acudió a partes relevantes (tomos VI-VII) del propio Informe Final (2003) de la CVR, para la resolución del caso concreto, y observó, también en cuanto a los hechos probados, que
"La CVR recibió miles de denuncias sobre actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producidos durante el período comprendido entre 1980 y 2000. En su Informe Final afirma que de 6443 actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registrados por dicho órgano, el 74.90% correspondió a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o personas que actuaron bajo su autorización o aquiescencia, y el Informe Final expresó que `la desaparición forzada de personas fu[e...] uno de los principales mecanismos de lucha contrasubversiva empleados por los agentes del Estado, adquiriendo las características de una práctica sistemática o generalizada'. `Del total de víctimas reportadas a la CVR como ejecutadas o cuyo paradero continúa desconocido por responsabilidad de agentes del Estado, el 61% habrían sido víctimas de desaparición forzada'" (párr. 197.5).
11. Aunque los escritos sometidos a la Corte en el presente proceso de Interpretación de Sentencia (supra) se posicionen de maneras distintas en cuanto a que ésta dé o no respuesta a la cuestión básica planteada por el Estado recurrente, sin embargo todos los escritos dieron respuesta a dicha cuestión al presentar sus puntos de vista al respecto. Trátase de una cuestión que, a mi juicio, atañe al sentido o alcance de la Sentencia de fondo y reparaciones de la Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro. Dicha cuestión ha sido objeto de cuidadosa atención, en distintos foros jurídicos internacionales, por parte de la doctrina jusinternacionalista contemporánea, y merecería ser aclarada con el mayor detenimiento y la más sólida fundamentación por parte de la Corte Interamericana.
12. El presente caso de la Prisión de Castro Castro se enmarca en una situación de violencia crónica y generalizada, en que se reaccionó a atrocidades con atrocidades, al terrorismo del Sendero Luminoso con el terrorismo del Estado, multiplicando los miles y miles de víctimas, y descomponiendo el tejido social. La tragedia a que se aludió en el presente proceso legal de Interpretación de Sentencia, - cuyo examen debería haber sido profundizado por la Corte, sin de modo alguno modificar en lo más mínimo su Sentencia de fondo y reparaciones del 25.11.2006, - me suscita una serie de reflexiones personales, que - como ya señalé - dejo consignadas a continuación, en el presente Voto Razonado, como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada.
13. Mis reflexiones versan sobre los puntos siguientes: a) el primado del Derecho sobre la fuerza bruta en el pasaje histórico de la venganza privada a la justicia pública; b) la perennidad de la búsqueda por la justicia; c) la importancia del procedimiento oral y la necesidad de realización de audiencias públicas; d) razón y persuasión; e) el imperativo kantiano y el debido proceso legal; f) aclaración y fundamentación; g) el primado del Derecho en cualesquiera circunstancias, inclusive en la lucha contra el terrorismo; h) la salvaguardia de los derechos humanos en medio a la lucha contra el terrorismo; i) las víctimas y las precisiones en cuanto al derecho aplicable; j) la ceguera de la venganza privada y el "Ojo que Llora" aún más; y k) el derecho de acceso directo a la justicia (nacional e internacional) como derecho de realización de la misma, y como imperativo del jus cogens. Paso, pues, al examen de cada uno de los puntos aquí señalados.


III. De la Venganza Privada a la Justicia Pública: El Primado del Derecho sobre la Fuerza Bruta.

14. Todos están sometidos al Derecho, en una sociedad democrática en el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - tanto los gobernados como los gobernantes. Nadie está sustraído a la protección del Derecho; están protegidas, y con derecho a reparación, tanto las víctimas de violaciones de derechos humanos como las víctimas de actos terroristas. Hay, sin embargo, precisiones a ser formuladas, en cuanto al derecho aplicable a las situaciones de unas y otras, como indicaré más adelante (cf. infra). Las necesidades contemporáneas de protección se han visto revestidas de dificultades alegadas ante el actual fenómeno de la diversificación de fuentes, estatales y no-estatales, de violaciones de los derechos humanos (cf. infra).
15. Es este un punto relevante a revelar la complejidad de la materia, planteada como un todo en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú. En perspectiva histórica, fue necesario esperar mucho tiempo, en realidad siglos, para que se alcanzara el grado de evolución culminando en el primado del Derecho sobre la fuerza bruta, - que ciertamente seguirá adelante - en el universo conceptual del Derecho. Sus raíces históricas encuéntranse en la antigüedad. Concentrémonos, de inicio, en la protección y reparación, aseguradas por el Derecho, a todas las personas y todas las víctimas de violaciones de sus derechos, perpetradas tanto por agentes estatales como por agentes no-estatales y clandestinos.
16. En la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo, la cadena de venganzas privadas que afligían y victimizaban sus personajes sólo logró suspenderse o interrumpirse con la emergencia (en la tercera pieza de la tríada) de diké, la figura emblemática de la constitución de un tribunal penal, - con la identificación de las partes (víctima y acusado), la instrucción del proceso el juicio justo (due process, procès équitable), y la sentencia. La justicia correctiva o restaurativa se sobrepuso a la justicia privada (la venganza), la respuesta racional a la reacción brutal, reconstruyendo de ese modo el tejido social.
17. En su Orestíada, un clásico literario de la antigua Grecia esencialmente sobre la justicia, Ésquilo no capituló frente al espíritu de la tragedia, pues, en medio al intenso sufrimiento humano, reveló su creencia en la ascensión ética; en Las Euménides, pieza final (458 a.C.), ponderó Ésquilo que, al fin y al cabo, debían prevalecer, para el bien común, el bien de todos, la razón y la persuasión de lo justo5. En Las Euménides, la creación del tribunal del Areópago, - el primer del mundo clásico, - logró poner fin al ciclo destructivo de las venganzas privadas, en medio a la ausencia, hasta entonces, de instituciones públicas de justicia penal.
18. Al final de la Orestíada, las Furias se encolerizaron con Atenea, pero ésta logró persuadirlas en el sentido de la aceptación del veredicto y de su nuevo lugar como "metoikoi benéficas de la ciudad", como "deidades tutelares del tribunal", como Euménides (Bondadosas); de ahí la escena final del juicio de Las Euménides, la aclaración del sentido de la justicia, el establecimiento de la diké como justicia legal6. La perenne lección de la Orestíada de Ésquilo sigue actual y válida en nuestros días, en los turbulentos final del siglo XX e inicio del siglo XXI. La trilogía trágica evolucionó del caos a la ley de la polis, de la oscuridad a la luz, de la incomunicación al entendimiento, de las venganzas de sangre a la justicia legal de la razón7.
19. El ciclo de venganzas privadas de sangre, que consumirá a toda la familia, - al heroico Agamemnón, a Clitemnestra, a Orestes (al final absuelto por el tribunal de Atenea, pero también tragado por la violencia), - sólo tuvo fin con la instauración del tribunal de justicia y la aserción del primado del Derecho sobre la fuerza bruta. Como bien se ha señalado en relación con la Orestíada de Ésquilo, "la trilogía transforma la oscuridad en luz, la túnica ensangrentada de Agamemnón en los atuendos festivos de la procesión final (...) de Las Euménides"8. La comprensión de la tragedia griega puede ayudarnos a "mitigar la presión que las formas modernas de la vida ejercen sobre nosotros" (sin que esto implique en retorno indeseable al pasado), teniendo presente "la sabiduría duramente obtenida que adviene con el sufrimiento", la cual es deber de todos nosotros cultivar9.

IV. La Perennidad de la Búsqueda por la Justicia.

20. La perenne actualidad de la tragedia griega es ilustrada por la tragedia del Perú, del terrorismo de agentes clandestinos enfrentado por el terrorismo de Estado, conllevando a un ciclo de venganzas que causó más de 30 mil muertos, y que hasta hoy flagela la sociedad peruana. Del seno de esta misma sociedad emergió la conciencia de la necesidad de la búsqueda de justicia, de la justicia pública, para poner fin al ciclo autodestructor de venganzas. Como en la Orestíada de Ésquilo, se entendió que ya no más se podía sobrevivir en medio a la descomposición creciente del tejido social, en medio al dolor intenso de los familiares sobrevivientes de tantas víctimas fatales. Se comprendió que cabía salir de la oscuridad en búsqueda de la luz, que cabía abandonar la violencia en pro de la solución de los problemas sociales con base en la razón.
21. Las víctimas no pueden caer en el olvido. Hay un deber de memoria, como señaló Primo Levi en el siglo XX, en su lucha tenaz por la preservación de la memoria en honor de las víctimas, sobre todo en un mundo de rápida mutación, un tanto "livré au hasard"10. Inclusive para defender la memoria - como forma de reparación - hay que acudir a la justicia. La justicia, de Atenea en la Orestíada, se impone, para asegurar la debida reparación por los daños sufridos por todas ellas, - en nuestros tiempos las víctimas tanto del terrorismo por actos de agentes clandestinos como del terrorismo de Estado. En el seno de esta Corte, he destacado el deber de memoria en mi Voto Razonado en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia (Sentencia del 12.09.2005).

22. Aunque el derecho aplicable sea distinto en diferentes situaciones, de perpetración de ilícitos imputables a agentes estatales o a grupos no-estatales (cf. infra), todas las víctimas encuéntranse bajo el manto protector del Derecho (precisamente para evitar la trágica escena de la túnica ensangrentada de Agamemnón). Y todos los responsables, tanto los grupos no-estatales como el propio Estado, encuéntranse bajo el Derecho (el rule of Law, la préeminence du Droit, en una sociedad democrática), nadie encuéntrase sustraído a la protección o a las prescripciones (incluso punitivas por ilícitos perpetrados) del Derecho. Las propias relaciones jurídicas no pueden ser consideradas in abstracto, haciendo abstracción de los justiciables; la "administración" de justicia no puede perder de vista a los justiciables.
23. Durante años, en el seno de esta Corte, he sostenido la imperiosa necesidad de buscar una mayor aproximación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal contemporáneo (v.g., en mis Votos Razonados en los casos de Myrna Mack Chang versus Guatemala, Sentencia del 18.09.2003; de Goiburú y Otros versus Paraguay, Sentencia del 22.09.2006; de Almonacid Arellano versus Chile, Sentencia del 26.09.2006). Lo he hecho precisamente para asegurar la realización de la Justicia en todas y cualesquiera circunstancias, y hacer frente a un nuevo fenómeno perturbador para la protección (internacional) de los derechos humanos: el de la diversificación de las fuentes de violaciones de los derechos humanos.
24. En suma, todas las víctimas tienen derecho a las reparaciones por el sufrimiento que padecieron, y todos los agentes perpetradores de actos ilícitos (nacionales e internacionales) deben asumir las consecuencias jurídicas de los ilícitos cometidos.
En lo que concierne a los tratados de derechos humanos, la propia doctrina jurídica contemporánea hoy día se esfuerza por determinar sus efectos en relación con terceros11, precisamente con miras a asegurar una protección integral de los derechos humanos consagrados.
25. En este Voto Razonado en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú (2007), no podría dejar de evocar mis reflexiones consignadas en dos otros de mis Votos Razonados en dos casos de masacres atinentes a distintos Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a saber, el caso de la Masacre de Mapiripán, concerniente a Colombia (Sentencia del 15.09.2005), y la Masacre de Plan de Sánchez, referente a Guatemala (Reparaciones, Sentencia del 19.11. 2004)12. En efecto, en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán, me permití ponderar que
"No se combate el terror con el terror, sino en el marco del Derecho. Los que acuden al uso de la fuerza bruta se brutalizan ellos mismos, creando una espiral de violencia generalizada que termina por victimar los inocentes, inclusive niños. (...)

La fuerza bruta genera la fuerza bruta, y, al final, qué tenemos? La nada, la devastación general, la descomposición del tejido social, las venganzas, las torturas y ejecuciones sumarias y otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la transformación de los seres humanos en meros instrumentos de la confrontación y destrucción, - abriendo heridas que requerirán generaciones para cicatrizar" (párrs. 46-47).


26. Y, en el mismo Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán, agregué:
"Como me permití recordar en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez (reparaciones, Sentencia del 19.11.2004), "ya los antiguos griegos se daban cuenta de los efectos devastadores del uso de la fuerza bruta y de la guerra tanto sobre vencedores como sobre vencidos, revelando el gran mal de la sustitución de los fines por los medios" (párr. 29); desde la época de la Ilíada de Homero hasta hoy, todos los partidarios de la fuerza bruta se transforman en piezas del engranaje de la máquina de matar. Como en la Ilíada de Homero, "no hay vencedores ni vencidos, todos son tomados por la fuerza, poseídos por la guerra, degradados por la devastación de las brutalidades y las masacres" (párr. 30), que se perpetúan en el tiempo, multiplicando sus víctimas inocentes.

Mucho después de Homero, en el siglo III de nuestra era, Plotino (204-270), en sus Eneades, sostuvo que la suerte de los seres humanos no puede estar abandonada al acaso, a la fortuna, pues los seres humanos son dotados de razón, que debe primar13 en todas circunstancias, y que no es una razón cualquiera, sino noble, que queda por encima del estado natural, y que orienta a todos14. La perenne lección de Plotino, quién tanto buscó la "liberación" o "emancipación" del alma15, debe ser recordada en estos tiempos sombríos en que vivimos" (pars. 48-49).


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