Carlos raúl a. G., por el delito de posesión y tenencia



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117-2017

Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente: Santa Ana, a las quince horas del ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

El recurso de apelación que se conoce ha sido interpuesto por el licenciado Jorge Alberto Figueroa Menéndez, en su calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República, impugnando la sentencia definitiva absolutoria pronunciada por el Juez Miguel Ángel Barrientos Rosales, juez suplente del Tribunal Segundo de Sentencia de este distrito, a las diez horas del doce de octubre del presente año, en el proceso común instruido contra CARLOS RAÚL A.G., por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, previsto y sancionado en el Art. 34 inciso segundo de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.

El recurso de apelación ha sido formalizado por escrito, en el que se ha expresado el motivo de la impugnación, su respectivo fundamento y la solución pretendida. Además, ha sido planteado dentro del plazo legalmente establecido, por sujeto procesal facultado y contra resolución judicial recurrible en apelación; la que causa agravio al recurrente. Consecuentemente, con fundamento en los Arts. 452, 453, 459, 468, 469, 470, 473 y 475, todos del Código Procesal Penal, ADMÍTESE.

Examinado el recurso se procede a dictar la sentencia correspondiente.

I.- FALLO DEL JUEZ SUPLENTE DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA DE ESTE DISTRITO.

Que mediante sentencia relacionada en el preámbulo se resolvió: “... EL SUSCRITO JUEZ, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FALLA: ABSUÉLVESE A CARLOS RAÚL A.G., DE GENERALES CONSIGNADAS EN EL PREÁMBULO DE ESTA SENTENCIA, DEL DELITO DE POSESIÓN Y TENENCIA, PREVISTO Y SANCIONADO SEGÚN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS, EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, CESE LA DETENCIÓN PROVISIONAL DEL IMPUTADO Y EJECÚTESE SU LIBERTAD DESDE ESTE TRIBUNAL AL NO GUARDAR DETENCIÓN PROVISIONAL A LA ORDEN DE AUTORIDAD DISTINTA A ÉSTE, SEGÚN OFICIO POR EL CUAL FUE PRESENTADO EL IMPUTADO EN JUICIO. ABSUÉLVESE DE RESPONSABILIDAD CIVIL AL ACUSADO. NO HAY CONDENA POR COSTAS PROCESALES. FIRME LA SENTENCIA, ARCHÍVASE LA CAUSA DEFINITIVAMENTE. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD FISCAL PROMOVER ANTE AUTORIDAD A CUYA ORDEN SE ENCUENTRA LA DROGA INCAUTADA, SU DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.”



II.- Contra el anterior pronunciamiento, el fiscal licenciado Jorge Alberto Figueroa Menéndez, interpuso recurso de apelación, alegando como único motivo que la motivación de la sentencia es contradictoria; respecto de cuál se hacen las consideraciones siguientes:

Del libelo recursivo presentado por el fiscal licenciado Figueroa Menéndez, este tribunal expresa, que el mismo en todo su contenido es incongruente y contradictorio en su desarrollo, el cual no reúne los estándares de un profesional que labora en una Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, pues resulta un tanto difícil a esta cámara delimitar los puntos que le causan agravios respecto a la resolución apelada; pero, para no vedarle el derecho a una tutela judicial efectiva a recurrir y siendo los suscritos conocedores del Derecho, logran advertir mínimos argumentos que le causan agravios y por ello se entrará a conocer de este recurso, pero en lo sucesivo se le sugiere al referido profesional que sea más cuidadoso en la elaboración de sus recursos.

En el caso sub júdice, los suscritos advierten que son dos las inconformidades alegadas por el recurrente en la apelación que es la omisión de la fundamentación y motivación de la sentencia, así como la valoración realizada a los testimonios de los agentes B.O.G.V. y S.T.G., por existir entre ellos ciertas contradicciones, ya que el primero de ellos menciona que al imputado se le encontró una bolsa amarilla que la llevaba en una gorra; mientras que el segundo expresa que al ser requisado al sujeto fue que debajo de la gorra que llevaba, tenía una bolsa negra, con material vegetal; pues dice que la sentencia debe de reunir ciertos requisitos tales como debe ser expresa, clara, completa, legítima y coherente, por lo que al verificar dicha sentencia se observa que carece de fundamentación y motivación, ya que se advierte que es muy escueta en su contenido.

Ahora bien, respecto a la fundamentación o motivación de la sentencia que alega el recurrente en el escrito de apelación, consta en la sentencia 513-2005 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las diez horas cincuenta y un minutos del quince de octubre de dos mil diez, aparece que “... Se ha sostenido –Sentencia de Amparo Ref. 306-2007 Considerando IV, entre otras- que la Constitución establece en el artículo 2 una serie de derechos consagrados a favor de la persona, considerados fundamentales para la existencia humana e integrantes de su esfera jurídica; entre ellos se encuentra el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos subjetivos instaurados en favor de toda persona, esto es, un derecho de protección en la conservación y defensa de los mismos.---- En tal sentido, el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional conlleva la posibilidad de (Sic) que una persona titular del derecho (Sic) o interés legítimo pueda acceder a los órganos competentes a plantear su pretensión, a oponerse a la ya incoada, a ejercer todos los actos procesales o procedimentales en defensa de su posición, y a que el proceso o procedimiento se tramite y decida de conformidad a la Constitución y a las leyes correspondientes.---- Ahora bien, este derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional se manifiesta, entre otros aspectos, a través de la garantía de obtener una resolución debidamente justificada.---- El objeto que persigue la justificación de las decisiones jurídicas es dar razones justificatorias a favor de ellas, es decir, convincentes, lo cual implica que cada vez que se justifica una decisión jurídica cualquiera, se espera que sea fundamentada, que se den en su favor razones de peso, en el contexto de un derecho dado, que hagan aceptable la decisión de que se trate para todas las personas.

El incumplimiento del deber de motivación induce a pensar que el órgano actuante no ha realizado el necesario contrapeso de los intereses enfrentados en el caso concreto.

Si bien el requisito de motivación no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todas las perspectivas que las partes puedan tener de una cuestión, la resolución ha de reunir los caracteres esenciales de la motivación judicial (clara, completa, expresa y legítima) debiendo referirse al hecho y al derecho, valorando los elementos incorporados y suministrando las conclusiones a que arribe el tribunal sobre su examen; aunque cuando se trate de afectación de derechos fundamentales que determina el enjuiciamiento penal sí debe extremarse el celo en la expresión de las razones que conducen a la privación de libertad, o que pueda entenderse desvirtuada la presunción de inocencia constitucionalmente amparada.

El requisito de fundamentación de las decisiones judiciales se exige en el Art. 144 Pr. Pn. que prescribe: “Es obligación del juez o tribunal fundamentar las sentencias ... --- La fundamentación expresará con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas, en todo caso expresarán las razones de la admisión o no de las pruebas, así como la indicación del valor que se le otorgue a las que se hayan producido.--- La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes no sustituirán en ningún caso a la fundamentación.--- La falta de fundamentación producirá la nulidad de las decisiones”.

De lo anteriormente señalado puede decirse que una decisión judicial está fundamentada si se expresan las razones en apoyo de la misma; y, que la fundamentación de la sentencia definitiva, se divide en cuatro momentos esenciales:

1. La fundamentación probatoria descriptiva consiste en la enumeración e indicación de las circunstancias más sobresalientes de cada uno de los medios de prueba considerados en la vista pública.

2. La fundamentación probatoria analítica debe expresar los criterios de valoración que se han utilizado al definir cuáles pruebas se acogen y las que se rechazan, y los elementos de juicio con que cuenta el juzgador para tomar determinada decisión.

3. La fundamentación fáctica es la relación clara, concreta y circunstanciada del hecho que el juzgador estima acreditado y sobre el cual deberá recaer la aplicación del derecho.

4. La fundamentación jurídica es la etapa en la que se hace la subsunción del hecho acreditado a la norma sustantiva, de la que se deriva la correcta calificación del mismo y adecuación de la manera de intervención de los procesados en los hechos acreditados, después de analizadas las posibles opciones.

En el presente caso, de la lectura de la sentencia se advierte que el juez hizo énfasis en una una fundamentación descriptiva, que incluso la incluye en el apartado de la sentencia denominado “contenido, análisis y valoración de la prueba”; pues el juez en su sentencia se limitó a transcribir las declaraciones rendidas por los agentes B.O.G.V., S.T.G., pericia de la droga y acta de captura además, pero no realizó una integral fundamentación jurídica de todo el acervo probatorio que inmedió durante la vista pública para adecuarlo a los hechos acusados.

En toda sentencia, además del establecimiento de los hechos probados, requiere de la explicitación de los motivos fácticos y jurídicos por los cuales dichos hechos probados conducen llevar al pleno convencimiento del juez acerca de la culpabilidad o inocencia del procesado por una conducta sancionada penalmente; es decir, debe contener expresamente las razones por las cuales los elementos de prueba inmediadas en el juicio llevan a la firme convicción del juez acerca de la inocencia del incoado ya que se limita a expresar que existen contradicciones y por ello hacen perder credibilidad en los testigos, sin dar mayores explicaciones, de cuáles son las contradicciones que tienen esa trascendencia de hacer perder credibilidad; ya que al examinar las declaraciones de: B.O.G.V. dice que la bolsa de era de color amarilla y el S.T.G., de color negro, esta sí es una contradicción, pero en cuanto a la cadena de custodia está acreditado que fue S.T.G. quien es el encargado de la misma, esto lo expresan ambos testigos y no como los afirma el juzgador, y una tercera contradicción es en relación al apellidos del testigo G.V. que se menciona por T. G. como V. V., a nuestro criterio estas dos contradicciones no tiene la trascendencia como para derivar su decisión en una pérdida de credibilidad de la prueba testimonial.

Acerca de lo anterior, puede afirmarse que el referido juzgador, no valoró todo el elenco probatorio de forma lógica, coherente e integral, lo que lo condujo a realizar un uso incorrecto de las reglas de la sana crítica racional, es decir, la lógica, la psicología y la experiencia común; puesto que, como ha quedado establecido, dicho juzgador no hizo constar de una manera integral en la sentencia absolutoria emitida, la valoración otorgada a cada una de las declaraciones de los testigos de cargo que se recibieron en la vista pública, ya que de haberlo realizado otro resultado se hubiera obtenido.

Para el caso subjúdice, esta Cámara considera necesario expresar que el Arts. 1 y 2 Cn. establece que el Estado de El Salvador debe garantizar a sus habitantes la seguridad jurídica; en ese sentido, todos aquellos criterios –jurisprudencia- que este Tribunal ha sostenido o sostiene respecto de causas y hechos similares, constituyen para sí misma lineamientos de obligatoria observancia, lo cual se encuentra sustentado en el principio de Stare Decisis –estarse a lo resuelto-, Ello en virtud que es obligación el fiel acatamiento de los principios doctrinales establecidos por ella en sus resoluciones anteriores para casos semejantes; a efecto de garantizar la equidad, el bien común y sobre todo, la justicia; asimismo, es obligación de toda juzgadores y en general de todos los operadores de la administración de justicia, evolucionar hacia mayores niveles de justicia, pues sería jurídicamente absurdo y socialmente pernicioso que los criterios jurídicos se mantuvieran petrificados.

Dicho lo anterior es procedente expresar que, el criterio establecido por esta cámara en resoluciones anteriores, vale decir sus autoprecedentes consistía en que respecto a las sentencias absolutorias, al considerar este tribunal que con la prueba vertida en vista pública, existieran elementos suficientes que lograran establecer la existencia del delito y la participación del imputado o imputados relacionados en este, la cámara revocaba dicha sentencia absolutoria y procedía directamente a condenar al incoado o incoados.

No obstante, en la presente resolución, este tribunal cambia su criterio en primer lugar, por una nueva conformación subjetiva y segundo lugar a interpretar la norma del art. 475 Inc. 2° Pr. Pn. en el sentido que solo y únicamente cuando se revoca y estamos en presencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley, está habilitado este tribunal para dictar sentencia directamente; nunca en otros supuestos de dicha norma precitada, en el sentido que, de ahora en adelante al presentarse una sentencia definitiva absolutoria y al considerar esta cámara que ha existido un equívoco por parte del juez sentenciador al emitir ese fallo y proceda anular la sentencia de primera instancia, deberá aplicarse la figura del reenvío, no deberá dictar directamente la condena la cámara. Sino que otro juez de primera instancia, sea quien celebre el juicio o vista pública e inmedie y valore la prueba y así pueda emitir una decisión conforme a Derecho, respetando el debido proceso y garantizando el derecho del imputado a poder recurrir en apelación de la sentencia condenatoria dictada por el juez de primera instancia; esto ha sido la finalidad al regular el recurso de apelación en el código procesal penal vigente, es decir, que ante cualquier condena todo justiciable tenga derecho a una tutela judicial efectiva en el componente a tener derecho a un recurso ante un tribunal superior.

Por tanto, se concluye que por no haber examinado y valorado la prueba vertida en juicio de una manera integral las declaraciones de los agentes ya relacionadas por cuanto este tribunal no advierte que la contradicción que relaciona el juez sentenciador sea de peso para absolver al imputado; por tanto, por su fundamentación errónea e ínfima que existió en relación de las declaraciones de los testigos, conllevó al vicio de la sentencia contemplado en el numeral 5 del Art. 400 Pr. Pn. Por todo lo anterior, conforme a lo establecido en los Arts. 346 numeral 7 y 475 inciso 2º Pr. Pn. deberá declararse la nulidad absoluta de la sentencia objeto de alzada, así como de la vista pública que le dio origen; debiendo remitirse el expediente a un juez distinto al que conoció de la vista pública, a fin que, posteriormente a un nuevo juicio oral.

En relación a la figura procesal del reenvío, hay que indicar que es lo procedente en estos caso de anulación de sentencia por este tribunal, porque este tribunal no debe de dictar la resolución declarándolos culpables aun cando la prueba pudiere incriminar al imputado CARLOS RAÚL A.G., por las siguientes razones: primero, a él no se le ha desvirtuado su inocencia hasta este momento de dictar esta resolución, porque fue absuelto en primera instancia y si se dictara la resolución que a criterio de esta Cámara debería corresponder, se vulneraría la tutela judicial efectiva en el componente a tener derecho a recurrir de la resolución por medio del recurso de apelación.

Es decir, todo imputado tiene derecho a recurrir en apelación de una sentencia, si la Cámara dictara una resolución de condena, se anularía del derecho a recurrir por medio del recurso de apelación, porque la apelación es para resoluciones dictadas en primera instancia; además de conformidad con el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, una de las garantía judiciales que tiene todo justiciable es, “derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior”. Normativa que es vinculante para todo administrador de justicia por mandato constitucional art. 144 Cn, es decir los tratados internacionales suscritos por el El Salvador son leyes de la República.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia ya se ha pronunciado sobre el derecho de recurrir en segunda instancia, en el caso MVS ARGENTINA, de fecha veintitrés de noviembre de 2012 y en su considerando numero ciento cincuenta y dos sostuvo en lo pertinente.

“152. La Corte determinó que el señor Mno tuvo a su disposición un recurso que, de acuerdo a los estándares del artículo 8.2.h de la Convención Americana, permitiera la revisión de la sentencia que lo declaró culpable y condenó por primera vez en la segunda instancia del proceso penal que se le siguió por el delito de homicidio culposo (supra párrs. 90 a 117). En consecuencia, de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención, que estipula que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados”, el Tribunal ordena al Estado que:--- Adopte las medidas necesarias para garantizar al señor OAM el derecho de recurrir del fallo condenatorio emitido por la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 22 de febrero de 1995, de conformidad con los parámetros convencionales establecidos en el artículo 8.2.h de la Convención Americana (supra párrs 90 a 117). Esta medida debe de cumplirse en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia…”

Es decir, en el presente caso que se cita el Estado de Argentina fue condenado, por haber sido absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia, por ello, ante una anulación de sentencia no se puede dictar directamente el tribunal de alzada la sentencia respectiva, sino que tiene que reenviarlo a nuevo juicio. Situación diferente es cuando se revoca la sentencia por inobservancia o errónea aplicación de la ley art. 475 inciso segundo Pr. Pn ahí puede dictar directamente la sentencia la Cámara, pero no es este el caso.

Y es que aun cuando la norma, art. 475 inciso segundo del código procesal penal pudiera interpretarse en el sentido que habilita a las Cámaras dictar directamente la sentencia condenatoria, debe en ese caso, primero hacer una interpretación conforme a la Constitución, segundo una interpretación conforme a la convención y tercero la inaplicabilidad, para salvar el derecho de recurrir en apelación de toda sentencia condenatoria que se dicte en contra de cualquier justiciable.

Eso es, a nivel internacional, hoy examinemos la jurisprudencia interna, la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del treinta de junio del dos mil quince en casación 85C2013, se argumentó lo siguiente en dicho precedente.



“6.- por lo que, a la luz del sentido y alcance dado por los máximos intérpretes de dicho precepto sobre derechos humanos (CIDH Y CDHUN) confieren a toda persona declarada, el derecho de recurrir ante un tribunal superior vía un recurso ordinario accesible y eficaz en pro del derecho de defensa técnica o material de los justiciables; y siendo que, en el caso sometido a conocimiento de los suscritos, el imputado Adán M. acusado por el delito de Violación en Menor o Incapaz, absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia a la pena de catorce años de prisión, se estima que el procesado está en plena desventaja frente a aquellos que han sido condenados en primera instancia en razón que la sentencia condenatoria y la pena impuesta por primera vez proferida por el Ad quem. En el orden de lo anterior, la condena impuesta al imputado Adán M. por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente debe de casarse.”

POR TANTO, con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 11, 12 de la Constitución, 51 literal a, 143, 144, 395, 468, 469 y 475 del Código Procesal Penal, a nombre de la República de El Salvador esta cámara FALLA: a) declárase nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor del imputado CARLOS RAÚL A.G., por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, previsto y sancionado en el Art. 34 inciso segundo de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública y se deja sin efecto la vista pública respectiva; b) ordénase la reposición de la vista pública por otro juez diferente del mismo Tribunal de Sentencia de este distrito; y c) por medio de la secretaría de este tribunal, devuélvase el expediente original, junto con la certificación de la presente, al tribunal de sentencia ya relacionado, para asignar el expediente a un juez distinto del mismo tribunal. Notifíquese.
Pronunciada por los señores Magistrados que la suscriben.
Catálogo: DocumentosBoveda -> DOC
DOC -> 75-p-137 CÁmara de la cuarta sección del centro
DOC -> Vistos en apelación de la sentencia definitiva condenatoria
DOC -> ConmutacióN de la pena de siete años de prisión, impuesta a mdl
DOC -> Cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro; San Salvador
DOC -> Se ha tramitado en contra de la imputada roxana marisol m. D. V
DOC -> Ts-204-2016. Tribunal de sentencia, san francisco gotera, departamento de morazan
DOC -> Ac tribunal segundo de sentencia de san salvador
DOC -> Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
DOC -> Hurto agravado continuado tipificado y sancionado en el Articulo 07, 208 N° en relación con el 42 y 72 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la Universidad Modular Abierta –uma, represtada legalmente por el Licenciado M. A. C. M
DOC -> Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada


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