Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., p.69, que «del tenor literal del art. 801.1.1 de la LECrim debería entenderse que el Ministerio Fiscal debe presentar por escrito la acusación, pero considero que, por coherencia con la norma general contenida en el art. 800.2 de la LECrim, debería entenderse que también cabe prestar la conformidad cuando el Ministerio Fiscal formule la acusación oralmente».

1008 A este respecto, GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas..., op.cit., p. 221, sostiene que en el caso de que la defensa recurra a estos 5 días para la presentación del escrito de defensa (art.800.2.II), ya no podrá realizarse la conformidad premiada. Según entiende «el indicado precepto se refiere a un escrito de defensa contradictorio, que habrá de ser presentado ante el Juez de lo Penal, quien podrá aceptar la conformidad contemplada en el art. 787, pero no la del 801, que, como se ha reiterado, es una conformidad con sustanciales rebajas de pena, la cual tan sólo puede transcurrir ante el Juez de Instrucción, en el proceso abreviado o, ante el Juez de Guardia, en los juicios rápidos».

1009 Señalan RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L. H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p.9, existir razones de peso para argumentar tanto el rechazo como la posibilidad de conformidad cuando exista acusación particular en la causa. Según sintetiza el autor, en contra esta posibilidad puede argumentarse que esta opción atentaría contra del objetivo de celeridad procesal que inspira la nueva ley. En cambio, en favor de esta posibilidad puede alegarse el principio de igualdad (art. 14 CE), «puesto que el acusado podría quedar privado de la posibilidad de ejercer la opción de conformarse con rebaja de la pena si la sentencia fuera pronunciada por el Juez de lo Penal por la única razón de que el Ministerio Fiscal no ejercite la acusación de modo exclusivo; esto es, que el premio quedaría en manos del ofendido por el delito». Pero, conforme argumenta el autor al prevalecer esta limitación, es decir, la exclusión de la conformidad en los casos en que se persone acusación particular, se estaría siendo muy poco respetuoso con los derechos de la víctima, pues, en efecto, conforme destaca el autor «lo más probable es que esté más abierta a la conformidad que el propio Ministerio Fiscal por lo que le puede suponer de ventaja en cuanto a la responsabilidad civil».

1010 Advierten RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L. H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p.10, que «mientras el legislador no acometa una nueva modificación del art. 801 para enmendar su ambigüedad, los argumentos de una u otra opción interpretativa se estrellarán siempre con el tenor literal de la norma que en una parte rechaza la conformidad si el Ministerio Fiscal no es la única parte acusadora que ejercita la acusación en la causa, mientras que en otra lo acepta abiertamente».

1011 En este sentido se posiciona LÓPEZ JIMENEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., pp.70-71. Al respecto, destaca la autora que «la laguna existente en la ley en relación con el trámite procedimental a seguir, se han aportado varias soluciones. La primera de ellas la de acudir a una aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 800.2.2 de la LECrim, entendiendo que el juzgado de instrucción de guardia puede conceder al acusado un plazo, que como máximo sería de cinco días, para presentar el escrito de defensa. El problema aquí sería que la presentación de este escrito se tendría que hacer ante el juzgado de lo penal, y no ya ante el juzgado de instrucción de guardia, lo que, a mi parecer, impediría, como veremos, dictarse sentencia de conformidad premiada. La otra solución planteada sería la de que una vez presentados los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y del acusador o de los acusadores particulares (art. 800.4 de la LECrim), el juzgado de instrucción de guardia convocase a todas las partes a una vista, reanudándose así la comparecencia a la que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 800 de la LECrim donde el acusado podría prestar o no su conformidad. Si tras reanudarse la comparecencia, el acusado solicita que se le conceda un plazo para presentar el escrito de defensa, resultará aplicable lo dispuesto en el art. 800.2.2 de la LECrim, esto es, dicho escrito deberá presentarse entonces ante el juzgado de lo penal». Señala la autora que ésta ha sido la solución más acertada y defendida por la doctrina. Pero, en todo caso, concluye la autora que «una vez que el acusado solicita la concesión de un plazo para presentar su escrito de defensa, entendemos que la conformidad será premiada dependiendo de si el escrito de defensa se presenta ante el juzgado de instrucción de guardia o ante el juzgado de lo penal. A mi juicio, si el acusado se conforma en el escrito de defensa con la pena más grave de las acusaciones dentro de los cincos días que le ha concedido el juez de guardia, es decir, sin agotarlos,, y lo presenta todavía durante el servicio de guardia del juzgado de instrucción, la sentencia de conformidad debe contener la rebaja de un tercio de la pena solicitada por la acusación. Si, por el contrario, el acusado presenta el escrito de defensa ante el juzgado de lo Penal, la sentencia de conformidad no contendrá la rebaja de la pena en un tercio, ya que lo que se pretende con la reforma es premiar a aquella persona que se conforme ante el Juzgado de Instrucción de guardia, agilizando el procedimiento y evitando con ello un gran número de trámites procesales».

1012 En este sentido, señala LÓPEZ JIMENEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., p. 73, que «la delimitación temporal de la conformidad especial indica que uno de los fundamentos del beneficio de la reducción de la pena radica precisamente en la temprana manifestación por el imputado de su deseo de conformarse y de su determinación a simplificar el proceso; por el contrario, la conformidad manifestada fuera de los momentos procesales descritos anteriormente producirá los efectos prevenidos en el art. 787 de la LECrim sin el beneficio de la reducción de pena».

1013 En LÓPEZ JIMÉNEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., pp.74-75. Señala la autora que «la idea original de la Proposición de LO 122/000227 complementaria de la Ley de reforma parcial de la LECrim, desglosada de la Proposición de Ley 122/000199, era vincular la aplicación de esta modalidad especial de conformidad a la concurrencia de los requisitos legales exigidos en el CP para acceder a alguno de estos beneficios (…) Por tanto, de acuerdo a dicho artículo, y tal y como establecía la doctrina tenían que concurrir los presupuestos y requisitos establecidos en el CP para acordar la suspensión o sustitución – arts. 80 y ss. de dicho Texto – , por lo que la sentencia de conformidad no iba destinada a aquellos acusados que hubiesen delinquido con anterioridad. Según la doctrina se pretendía con esto beneficiar a aquellos que hubiesen delinquido por primera vez (…) En consecuencia, la exigibilidad de este requisito para dictar sentencia de conformidad hubiese supuesto castigar la reincidencia, ya que sólo los delincuentes primarios podrían haberse beneficiado de esa reducción del tercio de la pena interesada en el caso de conformidad y los que hubiesen sido condenados, aparte de no poder prestar su conformad ante el Juez de Instrucción de guardia para esa reducción punitiva, ingresarían en prisión en el caso de ser condenados en el juicio rápido que se celebraría en el plazo máximo de 15 días».

1014 En este sentido, véase los comentarios de ORTÍZ ÚRCULO, J.C., El principio de oportunidad…, op.cit., p.133 y LÓPEZ JIMENEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., p. 79. Señala la autora que la reforma flexibiliza considerablemente la acreditación de los requisitos exigidos para la suspensión o sustitución de la pena, dispuestos en el art. 81.3 del CP (es imprescindible que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado), pues además de no condicionarlo a la reparación de la víctima, requiere únicamente el “compromiso del acusado de obtener dicha certificación”. En este sentido, señalan RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L.H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p.12, que «lejos de establecer la reparación como presupuesto o requisito para la rebaja de la pena, la nueva Ley afecta esta institución en cuanto facilita o flexibiliza el régimen para la obtención del beneficio de la suspensión de la pena, como una especie de premio anexo a la rebaja de la medida del castigo».

1015 En LÓPEZ JIMÉNEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., p. 75. En este sentido, destaca la autora que «durante la tramitación de la Ley en el Senado se suprimió del art. 801 de la LECrim el apartado 1.4 que establecía que “(…) tratándose de penas privativas de libertad, se den los presupuestos y requisitos previstos en el CP para acordar la suspensión de la ejecución de la pena o su sustitución por otra pena no privativa de libertad”, por lo que, en definitiva, la reforma permite que aquellos sujetos en los que no concurran los requisitos legales para la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad puedan también prestar su conformidad y ver reducida la pena en un tercio».

1016 Vid LÓPEZ JIMENEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., p. 78. Destaca aun esta autora que «la rebaja de un tercio de la pena pedida por el Ministerio Fiscal ha sido una de las cuestiones más discutidas y más criticadas tanto por los Grupos Parlamentarios, como por el propio consejo General del Poder Judicial» Como prueba de ello, señala las razones expuestas por el Grupo Parlamentario Vasco en su enmienda n.º 72 presentada en el Congreso de los Diputados y que manifestaba su rechazo a la rebaja de la pena por entender que «no se comprende bien por qué razón de orden material un reo deba ver disminuida su pena por el hecho de conformarse con ella. ¿Acaso se pretende estimular las conformidades con reducciones de pena para quitarse de encima? Por otro lado, si el Ministerio Fiscal sabe que la pena por él solicitada y luego confirmada va a verse reducida en un tercio, cabe suponer que en su calificación solicitará un tercio más de la pena que tenía previsto solicitar, con lo cual tampoco se consigue nada. En otro orden de cosas cabe preguntarse por qué razón la pena privativa de libertad conformada va a verse reducida en un tercio y no se prevé el mismo régimen para las penas de multa, o de privación del carné de conducir o de otros derechos. Si se admite lo más, lo coherente sería también admitir lo menos». Vid, apud de la autora, Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, VII Legislatura, serie B: Proposiciones de Ley, n.º 223-7, 23 de mayo de 2002, p. 51.

1017 En este sentido, se posiciona DELGADO MARTÍN, J., El Estatuto de la víctima en el proceso penal español, en AA.VV., Las reformas procesales, Estudios de Derecho Judicial, n.º 58, CGPJ, Madrid, 2004, p. 359.

1018 A este respecto, advierten RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L. H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p.12, que «si el legislador penal definió las penas que corresponden a las diferentes infracciones, entonces una rebaja preceptiva injustificada tornaría en desproporcionada, por insignificante, la respuesta del cuerpo social frente a un determinado hecho punible, provocando el deterioro de los fines de prevención general y especial de las penas».

1019 Sobre ello, señala FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 94, que «si la relación delictiva del art. 795.1.2ª pretende subrayar los delitos menos graves que más afectan a los índices de seguridad ciudadana, entre ellos figura sin duda el tipo básico del art. 368 CP, que castiga los actos de cultivo, elaboración o tráfico, o la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que no causan grave daño a la salud, para los cuales se fija una pena de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga. Las razones desde el punto de vista de la política criminal debieran pues estar claras al considerar que se trata de delitos muy extendidos en ámbitos urbanos no necesariamente marginales, que empiezan a involucrar a sujetos tanto activos como pasivos cada vez más jóvenes, y que gozan de una suerte de tolerancia sobre todo en relación con el hachís o las modernas sustancias sintéticas. Considerando que en la mayoría de lso casos estaremos ante conductas de tenencia para el tráfico (posesión), y que su intervención policial (por lo general en el curso de controles o redadas) encaja en los presupuestos del delito flagrante, parece aconsejable la aplicación del juicio rápido sobre todo si, como indicamos, el análisis pericial de naturaleza y pureza de la sustancia puede realizarse dentro de los breves plazos de la investigación policial concentrada».

1020 En este sentido, señala FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.87, que «si tomamos ahora en consideración la lista de delitos prevista en el art. 795.1, resulta fácil advertir que se trata de una selección basada fundamentalmente en las conductas que más incidencia tienen en los índices de seguridad ciudadana. Excepción hecha de los delitos de violencia doméstica, que no pueden considerarse estrictamente como pequeña delincuencia y que quizá por ello son los que plantean más problemas a la hora de aplicar el juicio rápido, los demás tipos ocupan, sin duda, los primeros puestos en la llamada delincuencia habitual de media o baja intensidad».

1021 En este sentido, YLLANES SUÁREZ, J.P., El estatuto de la víctima: aspectos esenciales, op.cit., p. 199, insiste en situar la satisfacción moral de la víctima mediante la reparación de los perjuicios de dicha índole producidos por la conducta delictiva «en un plano de igualdad y con la misma efectividad reconocida al resarcimiento económico, en aquellos casos en que la propia víctima sitúe con carácter preferente a la reparación pecuniaria la de los perjuicios morales ocasionados por la conducta reprochable penalmente».

1022 En GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p. 224.

1023 A este respecto, señala YLLANES SUÁREZ, J.P., El estatuto de la víctima: aspectos esenciales, op.cit., p. 193, que «no se trata de una cuestión baladí, sino que nos sitúa ante el grave incumplimiento por parte del legislador nacional de la obligación de transposición que le incumbe, a más tardar el 22 de marzo de 2006, del contenido del art. 10 de la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 que reclama que los Estados miembros procuren impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que, a su juicio, se presenten a este tipo de medida, debiendo insistirse en que el primer paso del legislador español ha sido no la promoción de la mediación, sino su estricta prohibición».

1024 En este sentido, opina YLLANES SUÁREZ, J.P., El estatuto de la víctima: aspectos esenciales, op.cit., pp. 192-193.

1025 En este sentido se posiciona LÓPEZ JIMENES, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…., op.cit., 68. Al respecto, observa la autora que «una de las críticas que, a mi parecer, se puede hacer a esta reforma es que no se haya aprovechado la ocasión para alejar la conformidad de un sistema “puro de transacción” y acercarla, de acuerdo con las legislaciones europeas, a la conformidad bajo condición de que el acusado haya de cumplir futuras prestaciones individuales o sociales».


1026 Al respecto, HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p. 362, señala que la mayor importancia de la regulación de la solicitud de sobreseimiento por todas las partes acusadoras (art. 782.1 LECrim), radica en que «regula la primera irrupción del principio acusatorio, en un sentido fuerte, en el procedimiento abreviado. La fórmula nemo procedat iudex ex oficio, encuentra en dicho precepto su plasmación más genuina al transferir a las partes titulares de la acción penal, un alto poder dispositivo sobre el proceso: las pretensiones de sobreseimiento formuladas por todas las partes acusadoras, por cualquiera de las causas que se contemplan en los arts. 637 y 641 LECrim, arrastran un intensa y correlativa vinculación del Juez a lo pretendido, a salvo las excepciones que se contemplan, quien sólo dispone de un mecanismo subsidiario para excitar la continuación o el mantenimiento de la acción, en los términos previstos en el art. 782.2 LECrim».

1027 Véase GIMENO SENDRA, V. y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p. 162.

1028 A este respecto, señala FUENTES SORIANO, O., La investigación por el fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 96, «en un sistema de instrucción judicial como el nuestro, la introducción de esta previsión resulta digna de alabanza desde la perspectiva de los derechos de la víctima, aunque se sacrifique con ello la celeridad del procedimiento y aunque suponga que, como sostiene MUERZA, se sida consagrando de este modo la posición directora del Juez frente de la instrucción de la causa».

1029 Sobre los fines de reinserción que debe perseguir la respuesta penal, CONDE-PUMPIDO, C. F., El impacto de la victimología en el proceso penal..., op.cit., p. 146, señala que «tal vez la omisión más patente se encuentre en la regulación de la pena de “trabajos en beneficio de la comunidad” (art. 49), en la que, en contraste con lo que se viene estableciendo en otras legislaciones, no se prevén las prestaciones a favor de la víctima (en algún caso, de carácter asistencial, especialmente cuando se trata de víctima con limitaciones físicas o psíquicas)». Y concluye el autor (nota 88), refiriéndose a los requisitos para obtención de la libertad condicional (art.90 CP), que «la incidencia que en la reinserción social del condenado tiene la voluntad de éste de asumir las consecuencias reparatorias del daño causado por el hecho penado, es algo que raramente, por no decir nunca, se tiene en cuenta al emitir el pronóstico que sobre su reinserción social exige la circunstancia 3ª del art.90).

1030 En este sentido se posiciona YLLANES SUÁREZ, J.P., El Estatuto de la víctima: aspectos esenciales, op.cit., p. 198.

1031 En este sentido, FUENTES SORIANO, O., La investigación por el fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 265, señala que «las ventajas de introducir estos sistemas de transacción o de negociación procesal como factores determinantes del sobreseimiento por razones de oportunidad pueden centrarse, fundamentalmente, en que con ellos se estimula, por una parte, la pronta reparación de la víctima; se evitan, por otra, los efectos criminógenos de las penas privativas de libertad; y, finalmente pueden llegar a lograr la readaptación social del delincuente – fin esencial de las penas privativas de libertad que se conseguiría así por otra vía menos gravosa – que se somete voluntariamente a un proceso rehabilitador».

1032 Véase HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p.321.

1033 En este sentido, señala HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p.322, ha sido la posición mantenida por el Tribunal Supremo.

1034 Destaca HERNÁNDEZ GARCÍA, J., ídem, que en sentido contrario, se posicionan ROXIN, JESCHECK y JAKOBS, de entre otros. Señala el autor que, «para los objetores de la teoría de los elementos negativos del tipo, negar autonomía a las causas de justificación frente a la tipicidad supone desconocer las especiales funciones político-criminales que tienen cada una de tales categorías del injusto». Asimismo, reportándose a la posición de ROXIN, señala que, al tener función preventiva general, «las causas de justificación operan con carácter general, más allá de los concretos tipos, encontrando su base en los principios rectores del orden social, por lo que su interpretación y aplicación aparece desprovista de los estrechos límites que se derivan del principio nullum crimen, nulla poena sine lege, lo que permite, incluso, incorporar al derecho penal causas de justificación extrapenales. En segundo lugar, la ubicación del tipo y de la antijuridicidad en escalones valorativos diferentes del injusto, permite apreciar con mayor claridad, las diferentes consecuencias jurídicas que se derivan de la atipicidad o de la concurrencia de una causa de justificación».

1035 Ídem

1036 En este sentido, véase FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el Proceso Penal…, op.cit., p. 96.

1037 Sobre ello, destaca HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p. 321, que en la nueva redacción dada al art. 779.1.1º LECrim el Juez de Instrucción adquiere amplísimas facultades de sobreseimiento, cuyos efectos, definitivos o provisionales, vendrán determinados por el presupuesto normativo en el que se funde. En este sentido, señala que, «en efecto, la nueva redacción dada al art. 779.1.1º LECrim no deja mucho espacio a la duda de que el Juez de Instrucción podrá ordenar el sobreseimiento libre cuando los hechos que constituyen el objeto del proceso incoado no son constitutivos de infracción penal. No obstante, la fórmula sigue planteando la cuestión problemática relativa a su alcance y, en particular, si se refiere exclusivamente a supuestos de falta de tipo en sentido estricto, por ausencia de alguno de los elementos incluidos en su contorno descriptivo, o si se extiende también a aquellos supuestos donde pudiera apreciarse la concurrencia de alguna causa de justificación. La cuestión no es baladí, pues de la solución o respuesta que se alcance dependen los límites del espacio judicial de decisión con efectos definitivos de cierre del proceso».

1038 Vid FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p.22.

1039 FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 19, destaca que en el marco de las novedades incorporadas por la Ley 38/2002 y su complementaria LO 8/2002, por las que se crean los denominados “juicios rápidos” y se reforma el procedimiento abreviado, pese las voces alzadas en el ámbito de la Comisión (de entre ellas la de Gimeno Sendra, vocal de la Comisión Especial de Derecho Procesal) a favor de otorgar al Ministerio Público la dirección de la instrucción de los nuevos procesos penales, «la iniciativa, sin embargo, no prosperó y, en lugar de otorgar la dirección de la investigación procesal al Ministerio Fiscal se optó por mantener el sistema de instrucción judicial incrementando notablemente las facultades de la policía judicial en claro detrimento de las que podían haber recaído sobre el Ministerio Fiscal».

1040 En este sentido, véase FUENTE SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., pp. 263-269. Señala la autora, op.cit., p. 268, que «en relación con la introducción de nuevas formas de oportunidad reglada en el proceso que contribuyan a la aceleración del mismo y a la descarga de los Tribunales, así como a evitar los efectos criminógenos de las penas cortas de libertad, se ha señalado ya la conveniencia, no sólo de mantener sino incluso fomentar, la actuación del resto de partes acusadoras del proceso sin que, obviamente, la existencia de las mismas en nada entorpezca la posibilidad de llegar a ese sobreseimiento que se propone por razones de oportunidad. Eso sí, como se comentó, la posibilidad de alcanzar el mismo deberá recaer exclusivamente sobre la figura del Ministerio Fiscal en tanto en cuanto el sobreseimiento por razones de oportunidad se promoverá, tan sólo, por motivos de interés público.

1041 A este respecto, señala MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 100, que «cuando solamente interviene el Ministerio Fiscal, y como parte actora solicita el sobreseimiento, si no hubiera personado en la causa algún acusador particular dispuesto a sostener la acusación, el juez de instrucción está facultado para “salir en busca” de un acusador, si entiende que debe sostenerse la imputación contenida en su auto de transformación en proceso abreviado (…) Por tanto, resulta indiferente a estos efectos que se hubieran personado uno o varios acusadores, pues si ninguno de ellos formulara escrito de acusación el juez seguirá facultado para dirigirse bien a otros ofendidos o perjudicados, bien al superior jerárquico del fiscal que hubiere pedido el sobreseimiento, con independencia de que los personados hubieran adoptado una posición puramente pasiva, sin evacuar el trámite, o hubieran pedido el sobreseimiento».

1042 En contra esta posibilidad, argumenta FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 139, que esta opción reitera, a su juicio, «la desconfianza del legislador en el funcionamiento del Ministerio Fiscal».

1043 Señala HERNÁNDEZ GARCÍA, J. en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p. 324, que «el tratamiento “procesal” separado de la tipicidad y de la antijuridicidad, como presupuestos de diferentes decisiones sobreseyentes, no agota, ni mucho menos, los problemas que sugiere la delimitación de los respectivos espacios de sobreseimiento a la luz de las diferentes categorías que se manejan en la teoría del delito. En efecto, cabe plantearse la duda en relación con un buen número de subcategorías “interminables” como las condiciones objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias, causas de exención de pena, cuya ubicación en las categorías tradicionales de la teoría jurídica del delito son objeto de intensas discusiones dogmáticas».

1044 Ídem.

1045 A este respecto, señala HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p. 365 que «otra cuestión de interés, pasa por determinar el orden en el que deben o pueden activarse los mecanismos de continuación, esto es, si se presentan como instrumentos simultáneos, alternativos o en relación subsidiaria. El texto legal no ofrece una solución particularmente clara. Sin embargo, el criterio de la ordenación normativa de los propios instrumentos y, en especial, el contenido del inciso final del apartado a) del 782.2 LECrim, cuando se refiere a que “si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente”, parecen sugerir una relación de subsidiariedad entre los instrumentos. Ello supone que el principal será el del ofrecimiento específico del mantenimiento de la acción a los ofendidos o perjudicados y, en su defecto, con carácter subsidiario, el traslado de la pretensión sobreseyente para su supervisión, al superior jerárquico del Fiscal».

1046 Véase FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 140.

1047 En este sentido, advierte HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p. 364, que «además de los presupuestos explícitos antes referidos (solicitud de sobreseimiento por el Ministerio Fiscal y ausencia de acusador particular personado en la causa) cabe identificar un presupuesto implícito, pero no menos esencial, para la activación de tales mecanismos, cual es que el Juez considere improcedente o errónea la pretensión sobreseyente».

1048 En FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 140.

1049 En GIMENO SENDRA, V. y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p. 187.





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