Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp.1486-1487.

977 ARMENTA DEU, T., El proceso penal: nuevas tendencias…, op.cit., pp.65-66, resume la crítica a la conformidad, destacando de entre las garantías procesales fundamentales, los aspectos que, desde esta concreta perspectiva, más resultan violados. En este sentido, destaca:«a) la igualdad entre las partes negociadoras, ya que en tanto una se mueve libremente en los márgenes del arbitrio legal y con la capacidad para generar asentimiento que deriva de su “status”, para el imputado el objeto de la negociación es su propia libertad; lo que convierte el pretendido consenso en un compromiso al que la parte más debil deberá adherirse, a la vez que pone seriamente en entredicho la libre voluntad de aquél que consensúa y del procedimiento a través del cual se llega al acuerdo, generalmente carente de regulación y garantías suficientes (al igual que acontece en muchos casos de ADR). Y, b) la renuncia, no sólo al derecho de defensa – aspecto admitido por el Tribunal Constitucional – sino a otros derechos como el no declarar contra uno mismo, a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías (y especialmente, al juico oral o a la fase de prueba) y a la tutela judicial efectiva, en alguno de sus específicos contenidos, como el derecho a los recursos».

978 Para una crítica a la conformidad, vid, de entre otros, BARONA VILAR, S., La conformidad en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 1994, Valencia; RODRÍGUEZ GARCÍA, N., El consenso en el proceso penal español, Bosch, 1997, Barcelona; ALMAGRO NOSETE, El nuevo proceso penal, op.cit., p.143; ARMENTA DEU, T., El proceso penal: nuevas tendencias…, op.cit., pp.62-68. Sobre el tema, defiende la autora la tesis tradicional para posicionarse en contra la conformidad, baseándose en la idea del recorte de derechos y la ruptura con los fines teleológicos. En este sentido, sostiene la autora que la búsqueda de la verdad material se convierte en el primer gran obstáculo para toda solución consensuada, fundada necesariamente en admitir la búsqueda de la verdad formal, esto es, aquella que fijan las partes mediante su acuerdo. Sobre este tema se hace remisión al capítulo 3 de este trabajo, apartado correspondiente al analisis del objeto del proceso.

979 En MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.114.

980 En este sentido, vid los comentarios de ALMAGRO NOSETE, J., El nuevo proceso penal, op.cit., p. 144.

981 Según señala SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I.J., Los derechos de las víctimas…, op.cit., p.???, sobre la regulación de la conformidad, «al colocarse, en consecuencia, el centro de la institución en la rápida respuesta al hecho criminal con el menor esfuerzo posible de la maquinaria estatal (Judicatura y Fiscalía) y de los profesionales jurídicos (abogados defensores) se produce un olvido de las víctimas, quienes, salvo que se encuentre personada en el proceso en calidad de acusación particular con su propia representación y defensa técnica, se verá postergada de toda intervención en el proceso negociador y abocada a soportar la decisión consensuada por las partes formales del proceso penal». En este sentido, también señala RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’, op.cit., p. 1467, que «estos intereses de la víctima, su teórica protección, es uno de los argumentos principales que se utiliza para legitimar el recurso a este tipo de soluciones alternativas, cuando luego en la práctica en demasiadas ocasiones se ven preteridos por ‘molestar’ en el avance rápido de los trámites procesales. Más allá de todo ello, esta reforma pone su grano de arena en la política general de redescubrimiento de la víctima del delito, a la cual se le va a dar cuenta del desarrollo de las actuaciones, incluso aunque no se haya personado como parte en el litigio, puesto que al fin y al cabo el proceso penal debe ser el instrumento adecuado para repararla adecuadamente».

982 En este sentido, RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p.1466, hace una crítica severa al instituto de la conformidad, apuntando que «se ha tratado de fortalecer las soluciones consensuadas como mecanismo redentor de la Justicia penal, privatizándola de manera inaceptable para evitar en la medida de lo posible la celebración del juicio oral, por lo que se puede producir una perversión burocrática y policíaca de una buena parte de la justicia penal y transformar el juicio en un lujo reservado para aquellos que están dispuestos a afrontar los gastos y los riesgos que conlleva; es el peligro de que el proceso se pueda convertir en un juego de azar en el cual el imputado, en ocasiones inocente, es puesto en la tesitura de tener que elegir entre la condena a una pena reducida y el riesgo de un juicio ordinario que efectivamente puede terminar en su absolución pero que también, puede acabar con una condena mucho más alta».

983 Vid ARMENTA DEU, T., El proceso penal: nuevas tendencias, nuevos problemas, op.cit., p. 62.

984 En este sentido, señala ARMENTA DEU, T., El proceso penal: nuevas tendencias…, op.cit., p. 63, que «la pretensión aceleradora no debe ser ni la única, ni quizá la finalidad absolutamente prioritaria: las tendencias de política criminal y de tratamiento de la criminalidad deberían constituir el punto de referencia obligado que señale los aspectos específicos en que la legalidad puede ceder a la oportunidad, configurando toda una serie de circunstancias evaluables a la hora de decidir el ejercicio o no de la acción penal (así las que concurren en la víctima, en el autor, los intereses del Estado…)

985 En este sentido, vid los comentarios de ARMENTA DEU, T., El nuevo proceso abreviado…, op.cit., p. 132.

986 En este sentido, GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., pp. 212-213, definen la conformidad como «un acto unilateral de postulación y de disposición de la pretensión, efectuado por la defensa y realizado en el ejercicio del principio “puro” de oportunidad, por el que, mediante el allanamiento a la más elevada petición de pena, que nunca puede exceder a los seis años de privación de libertad, se ocasiona la finalización del procedimiento a través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada».

987 Para ALMAGRO NOSETE, El nuevo proceso penal, op.cit., pp.143-144, al contrario, la conformidad regulada en el procedimiento ordinario es la fórmula que más se aproxima del plea guilty inglés, pues, según sostiene «el origen de la conformidad en España no es otro que el de la desaparecida “confesión con cargos” y que como enseña la historia del derecho procesal, allanamiento y confesión son especies de confesión (“confessio in iure” o allanamiento y “confessio apud iudicen” o confesión)».

988 En GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p. 213.

989 En SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I.J., Los derechos de las víctimas…, op.cit., p.????

990 En MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.113.

991 A este respecto, GIMENO SENDRA, V. y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas, op.cit., p. 212, sostiene en favor de la reforma total de la LECrim la necesidad de uniformizar lo que denomina de “frondosa selva” de conformidades existentes en el proceso penal español.

992 A este respecto, RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p. 1469, sostiene que el régimen de conformidad del art. 787 LECrim «en algunos aspectos debería ser también aplicable en el proceso penal ante el Tribunal del Jurado (art. 50 L.O.T.J.), en el proceso penal de menores (art. 32 L.O.R.P.M.), y en el proceso penal militar (art. 283 L.O.P.M.), e incluso en los juicios de faltas, entre otras cuestiones en lo que se refiere al ámbito de aplicación, al análisis del juzgador sobre si el acusado presta su conformidad libremente y con conocimiento de sus consecuencias, y a la recurribilidad de las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos previstos legalmente».

993 Al respecto, RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p. 1490 y (nota 94), señala que «esta petición del Abogado tendrá que motivarla, puesto que su disenso no provoca automáticamente la continuación del juicio, al ser la conformidad un acto de ‘doble garantía’, el Juez o Tribunal tiene que estimar ‘fundada’ su petición. Asimismo, coincide con FLORES PRADA en considerar que «salvo en aquellos casos en los que el juzgador aprecie que la conformidad no es libre y voluntaria, debe hacer prevalecer la voluntad del acusado frente a la de su defensor y dictar sentencia de conformidad, sin que sea necesario continuar desarrollando el juicio oral; en última instancia, el acusado es quien asume los riesgos de la celebración del juicio, por lo que de dar prevalencia a la voluntad del defensor para la celebración del juicio podría suponer causar un grave perjuicio al acusado en el caso de que la celebración de la prueba fuera perjudicial para sus intereses. A mayores, este perjuicio sería difícilmente reparable salvo que la Fiscalía, en los casos en que el acusado haya mostrado su conformidad con los hechos y con una pena inferior a la inicialmente pedida, pero dentro del marco legal, y el juicio se haya celebrado por voluntad de su defensor, modifique en el trámite de conclusiones definitivas la pena inicialmente solicitada, para adecuarla a la que era aceptada por el acusado». En este sentido, MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 122, encierra la cuestión con la afirmación de que «esta exigencia de la intervención personal y directa del acusado es debida al propio carácter de los derechos procesales a los que se renuncia y de la responsabilidad criminal que se acepta, que son de su exclusiva titularidad».

994 A este respecto, se hace remisión al análisis llevado a cabo en este capítulo, en el apartado correspondiente al control judicial, y, en el capítulo tercero, al análisis de la exégesis del principio acusatorio, aplicado al proceso penal español.

995 Véase MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 123.

996 En este sentido, MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 125, señala que a diferencia de los juicios rápidos – en donde se toma en consideración tanto la pena abstracta como la solicitada, así como la suma de las penas, considerada las razones que informan la regulación del instituto en este procedimiento y la doble limitación que se establece en el art. 801.1.2º y 3º - en cambio, en el procedimiento abreviado hay que atender a la pena con la que se conforma el acusado, considerada la acusación por cada delito individualmente. También sigue esta posición RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p.1478.

997 Esta es la opinión de RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp.1467 y 1478-1479. Sostiene el autor que « el favorecimiento de soluciones consensuadas es una más de las medidas a adoptar, un consenso entendido como alternativa limitada y no como sustitutivo genérico del proceso penal, siempre bajo el estricto control judicial, con sujeción al imperio de la ley y teniendo siempre presente los intereses de la víctima del delito». Por tanto, concluye el autor, «la idea básica con la que se debe afrontar la reforma del proceso penal y la introducción del principio de oportunidad es que el recurso a las soluciones consensuadas, al menos dentro del proceso penal, debe ser excepcional; es decir, que la regla general debe ser la celebración de un proceso penal revestido de todas las garantías reconocidas constitucionalmente».

998 En este sentido, señala MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 124, que «ésta pura función unificadora parece haber sido la razón última del plazo de los seis años de prisión, que no encuentra correspondencia en otras previsiones del proceso abreviado ni de los juicios rápidos, ni en la distribución de la competencia de los órganos judiciales, ni en las clases, cuantía y gravedad de las penas establecidas en el CP siete años antes de la Ley 38/2002».

999 Señala GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J., Los nuevos juicios rápidos y de faltas..., op.cit., p. 215 que «la institución de la conformidad responde, pues, fundamentalmente a razones de economía procesal: para el Ministerio Público su utilidad reside en evitar juicios procesales orales e, incluso, si hubiera admisión de hechos o en los procesos rápidos, en obviar la realización de fases instructoras innecesarias, pudiéndose estimar (aunque no hay estadísticas oficiales) en un 15% los procesos penales ordinarios que finalizan mediante sentencia de conformidad, cifra que, en el caso de los juicios rápidos, según las estadísticas judiciales, se eleva al 35%, llegando en los delitos contra la propiedad al 75% y en los de conducción etílica al 88% de sentencias de conformidad, frente a un 12% de Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal. Y, para el acusado, la ventaja o causa de la conformidad reside en despejar la incertidumbre que para él supone la realización del juicio oral en el que, ras la consiguiente modificación de la acusación, puede sufrir una pena incluso más grave a la solicitada en el escrito de calificación provisional, así como evitar la pena adicional que la publicidad del juicio siempre ocasiona en su propia fama».

1000 En GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p.216.

1001 Anótese que pese a que el elenco de delitos es un numerus clausus (a)delitos de lesiones, coacciones, amenazas, o violencia física o psíquica habitual cometidos contra las personas a las que se refiere el art. 173.2 del CP; b)delitos de hurto; c)delitos de robo; d)delitos de hurto y robo de uso de vehículos; e)delitos contra la seguridad del tráfico; f)delitos de daños referidos en el art. 263 CP; g)delitos contra la salud pública previstos en el art. 368.2 CP; h)delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los arts.270, 273, 274 y 275 CP) el juicio rápido sólo se aplica a aquellos delitos en que concurran efectivamente la flagrancia o sencillez de la investigación. Al respecto, advierte FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.86, para el desacierto de la reforma al introducir una lista de delitos como presupuesto para la aplicación del juicio rápido, pues, «en suma, lo que viene a sentar este presupuesto es que, presentando atestado policial por cualquiera de los delitos señalados, y estando detenido o citado el presunto responsable, podrán incoarse diligencias urgentes aunque tales delitos no sean flagrantes o la instrucción no sea presumiblemente sencilla, lo que es en sí mismo contradictorio con el objetivo y estructura del juicio rápido. Tal efecto es el producto de una inadecuada ordenación de los presupuestos, habiéndose configurado como alternativo un requisito necesario y general como es la sencillez de la investigación». En este sentido, GIMENO SENDRA,V. y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos…, op.cit., p. 35, advierten que «más criticable puede parecer la inclusión de ciertos delitos, como el supuesto de la violencia psíquica o física habitual, hechos punibles todos ellos que, con cierta dosis de voluntarismo, prevé y quiere el legislador que su enjuiciamiento suceda a través de este procedimiento, sin reparar en la circunstancia de que la compleja instrucción, que en muchos casos requiere la averiguación de este tipo de delitos, hará que dicho precepto no constituya más que una norma “ad exhibendum”. Por otra parte, plantea igualmente cierta problemática esta tipificación, por la que se decide el legislador en esta regla segunda, la cual evidentemente puede entrar en colisión con otros procedimientos, ya que existen supuestos que, pese a estar enumerados en esta regla segunda, por la cuantía de la pena, no podrán nunca enjuiciarse por el mismo, y otros que, por razones materiales, tampoco, cual es el caso, por ejemplo, de las amenazas condicionales, cuya competencia, en principio, vendría atribuida al Tribunal del Jurado». En lo que corresponde a los supuestos de violencia física o psíquica habitual que caracterizan la violencia doméstica, señalan GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J. C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., pp. 37-38, que «no obstante la inclusión, que el legislador ha efectuado de este delito en el ámbito de aplicación de este proceso especial, no parece que, dada la naturaleza de esta infracción delictiva y las dificultades que normalmente conlleva la instrucción de estos delitos sea muy compatible con este procedimiento de juicios rápidos, pues el criterio exigido por el legislador de la “habitualidad” hará, en la mayoría de los casos, imposible la instrucción concentrada de estos delitos a ante el juzgado de guardia». Según pone de relieve FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp. 88-89, «las dificultades que pueden plantear el enjuiciamiento rápido en estos casos da la hora de hacer constar la habitualidad han sido puestas de manifiesto por la Circular 1/2003 FGE, indicando al efecto que: “ el delito de violencia familiar habitual (art. 153 CP) presenta no pocas dificultades para su instrucción en el plazo del servicio de guardia. Ello se debe a varios factores reconducibles al diseño típico del art. 153, que alberga numerosas cuestiones de acumulación de causas y de concursos de infracciones; a la necesidad de periciales médicas complejas, máxime aún en supuestos de violencia psíquica; y – en definitiva – a la circunstancia de tratarse de hechos que se prolongan en el tiempo, con los que se vulneran importantes derechos fundamentales no sólo de un sujeto sino, generalmente, de un círculo de perjudicados más amplio que el sujeto lesionado o golpeado, y en los que deben calibrarse muy detenidamente determinadas circunstancias – familiares, laborales, económicas, sociales, etc. – para incidir acertadamente en su resolución».

1002 Véase la Circular 1/2003, de 7 de abril, de la Fiscalía General del Estado – Procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.

1003 Para un estudio más detallado de la conformidad en los juicios rápidos, véase, de entre otros, GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., pp. 211-236; GONZÁLEZ CANO, I. (y FLORES PRADA, I.), Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp. 245-286; LÓPEZ JIMÉNEZ, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., pp. 67-84; y RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L.H.,), Criterios de flexibilización en el ejercicio y sostenimiento de la acción penal…, op.cit., pp. 7-12; MARTÍN RÍOS, M. P., La conformidad en los juicios rápidos (I), en Diario La Ley, n.º 5968, 4 de marzo de 2004, pp. 1-28.

1004 Según destacan RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L. H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p. 8, la posibilidad de presentar acusación ante el Juez de Guardia y que sea el mismo quien dicte la sentencia de conformidad consiste en una previsión legal sin precedentes en el ordenamiento procesal penal español, rompiendo así todas las estructuras de los procesos penales españoles. Asimismo, destaca el autor que «la especialidad de esta norma determinó en su momento la necesidad de efectuar una modificación del art. 87 LOPJ, puesto que otorga funciones enjuiciadoras a los Juzgados de Instrucción. Cabe señalar, sin embargo, que actualmente la mayor parte de la doctrina se inclina por considerar que dichas atribuciones son perfectamente compatibles con el texto constitucional, toda vez que la participación judicial en el pronunciamiento de la sentencia de conformidad no implica una labor investigadora y de valoración de medios probatorios, sino que más bien consiste en una suerte de homologación de un acuerdo previo entre la acusación o acusaciones y la defensa.

1005 A este respecto, destaca MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 125, que en los juicios rápidos se toma en consideración tanto la pena abstracta como la solicitada. Sobre el límite penológico para que se preste la conformidad ante el Juez de Guardia, señalan RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (y CONTRERAS ALFARO, L. H.,), Criterios de flexibilización…, op.cit., p. 8, que «esta modalidad de conformidad tiene un límite penológico inferior que las otras manifestaciones de la conformidad del Derecho procesal penal español. Cabe destacar además, que la pena máxima que puede ser objeto de conformidad no coincide con el límite de aplicación del juicio rápido, cuyo ámbito comprende los delitos castigados con pena privativa de libertad que no sea superior a cinco años. Se trata, por tanto, de un tipo de conformidad especial reservado a aquellas infracciones penales menos graves que provoquen escasa lesión social, siempre que además sean delitos flagrantes, o bien se trate de un hecho cuya instrucción presumiblemente sea sencilla, o que se trate de alguno de los delitos expresamente previstos en el art. 795 LECrim».

1006 A este respecto, advierte LÓPEZ JIMENES, R., La conformidad ante el Juzgado de Instrucción…, op.cit., pp. 73-74, que «el legislador ha fijado el límite en tres años por coherencia con el límite establecido en el Código Penal para aplicar la suspensión o la sustitución de la pena de prisión». Pero, en nota a pie de página (nota 30), advierte que el artículo 33.3 del CP se refiere a las penas menos graves y, por tanto, este fundamento no es del todo cierto ya que las sentencias de conformidad no quedan circunscritas a los delitos menos graves, dado que comprenden aquellos delitos que llevan aparejada pena privativa de derechos superiores a seis años y, por tanto, éstos se reputan como delitos graves. Asimismo, como requisito para que se preste la conformidad premiada, tratándose de una suma de penas privativa de libertad, éstas no podrán superar los 2 años de prisión, con la rebaja de un tercio (art. 801.3 de la LECrim). Destaca la autora que la razón de este precepto era cumplir con el límite penológico que el CP imponía para la suspensión o sustitución de la pena de prisión (arts.80 y 88 del CP), pero la reforma del CP por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, deja en parte sin sentido la razón apuntada, ya que ha modificado el límite anterior para cinco años.
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